TRIBUNALES. El
ex interventor alertó sobre las "deficiencias" de los ERE al Gobierno
de Chaves.
- El ex interventor general afirma ahora que sus informes tuvieron "una eficacia tardía".
- Elex interventor sobre el caso ERE: "No es serio que la Cámara de Cuentas nodijera nada en 10 años".
En 2013, el ex interventor general remitió al presidente del
Parlamento andaluz un escrito titulado "Divinas Palabras", en el que acusaba a Griñán de haber "cebado
sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
Un año antes, durante la comisión de investigación sobre los ERE en
el Parlamento andaluz, Gómez utilizó una imagen para
definir cuál fue la actuación del Gobierno andaluz frente a los avisos que le
llegaban de la intervención: "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen
llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para
evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por
carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino
acabe pagando el desaguisado"."Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las
tomó; lo que
resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue
advertido", dijo el 28 de agosto de 2012. Nada de eso salió de su boca durante
las diez horas en las que estuvo declarando.
TRIBUNALES.
Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE.
- El ex viceconsejero de Innovación niega que se concertaran para repartir más de 741 millones de euros.
TRIBUNALES. El
TC rechaza el recurso de la Junta contra la exclusión de los ex cargos en las
piezas de los ERE
En Andalucía, la corrupción es el sistema.
Justicia no impunidad.
Las Viñeta habla ¿¿??
¡¡¡BASTA YA!!!!
TRIBUNALES
El ex
interventor alertó sobre las "deficiencias" de los ERE al Gobierno de
Chaves
- El ex interventor general afirma ahora que sus informes tuvieron "una eficacia tardía"
Tras
unas diez horas de interrogatorio en el juicio de los ERE que
se está celebrando en la Audiencia de Sevilla, el ex interventor general de la
Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez terminó este lunes ratificando las declaraciones que hizo en
el Tribunal Supremo, en las que implicó a tres miembros del Consejo de Gobierno
andaluz, a quienes alertó sobre las
«deficiencias» de estas ayudas
sociolaborales, pero no hicieron absolutamente nada para modificarlas.
Aunque no los mencionó directamente, los tres miembros del
Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves a los que se
refería son José Antonio Griñán, por su etapa como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009; Antonio Fernández, consejero de Empleo
entre 2004 y 2010; y Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009. Estos tres ex
consejeros, además del ex interventor y el ex presidente andaluz Chaves, se
sientan en el banquillo junto a otros 17 ex altos cargos de la Junta, acusados
de prevaricación y malversación por el reparto arbitrario durante una década
del conocido como botín de los ERE: los más de 741 millones que recibieron de forma irregular trabajadores de empresas
en crisis.
«Hasta tres miembros del Gobierno han recibido nuestros
informes en los que ponemos de manifiesto una serie de circunstancias que eran
lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas», recoge la
transcripción consultada por EL MUNDO sobre la declaración del ex interventor
general en el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015.
El fiscal le preguntó este lunes al ex interventor si
corroboraba su testimonio en el Supremo sobre los avisos que envió a tres
consejeros y sobre lo que éstos «no hicieron». «Sí, me ratifico», respondió Gómez,
que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Aunque en su declaración en el Supremo el ex interventor dijo
que el Gobierno andaluz miró «para otro lado» pese a los 17 informes que emitió su departamento durante la
década en la que él estuvo al frente, avisando sobre las irregularidades en las
ayudas a trabajadores, este lunes señaló que sus alertas sí tuvieron «una eficacia tardía».
Fue en 2009, cuando la Junta anunció que utilizaría las
«encomiendas de gestión», en vez de las transferencias de financiación que se
emplearon de forma fraudulenta para hacer llegar fondos públicos a la caja
pagadora de los ERE (el
Instituto de Fomento de Andalucía, luego reconvertido en IDEA). «Todo eso se
cambió como consecuencia de nuestros informes», dijo.
El ex interventor general ratificó que no detectó ni
menoscabo de fondos públicos ni delito alguno en los ERE. Por ello no emitió ningún informe de actuación. La ausencia
del mismo ha sido esgrimido por acusados como Griñán para justificar su inacción ante las alertas que les iban
llegando de la Intervención. En el Supremo, Gómez alegó que estas explicaciones
del ex presidente de la Junta no eran más que «excusas».
El testimonio del ex interventor en el juicio sonó mucho menos incriminatorio para el resto de ex altos cargos enjuiciados que otras
intervenciones suyas, pero lo cierto es que este acusado ratificó, en líneas
generales, sus anteriores declaraciones.
En 2013, el ex interventor general remitió al presidente del
Parlamento andaluz un escrito titulado "Divinas Palabras", en el que
acusaba a Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta
partida presupuestaria de los ERE".
Un año antes, durante la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, Gómez utilizó una imagen para definir cuál fue la actuación
del Gobierno andaluz frente a los avisos que le llegaban de la intervención:
"Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su
extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la
catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo
electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el
desaguisado". "Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que
resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue
advertido", dijo el 28 de agosto de 2012. Nada de eso salió de su boca
durante las diez horas en las que estuvo declarando.
Desfases
presupuestarios.
El ex
viceconsejero de Innovación José María Rodríguez Román ha dicho este lunes que trato con su homólogo de Empleo los
desfases presupuestarios que causaba en la agencia pública IDEA -que pagaba las
ayudas de los ERE- asumir compromisos superiores al dinero que transfería
Empleo para abonarlas, informa Efe.
Las ayudas las concedía la Dirección General de
Trabajo de la Consejería
de Empleo pero desde 2001 se pagaban a través de la entidad pública IFA (luego
IDEA) -según la Fiscalía y las acusaciones para eludir los controles de la
Junta- mediante la firma de convenios entre ambos organismos.
En 2004 IFA/IDEA dejó de depender de Empleo y pasó a
pertenecer a la Consejería de Innovación, de la que Rodríguez fue viceconsejero
entre 2005 y 2010, pero siguió materializando los pagos de las ayudas que otorgaba Empleo.
Según ha declarado Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años
de prisión y 30 de inhabilitación acusado, había un problema de desfase
presupuestario derivado de que IDEA firmaba convenios para pagar ayudas por
determinadas cantidades pero Empleo no transfería dinero suficiente para afrontar su pago, un tema que abordó en reuniones
internas con responsables de IFA/IDEA y que él se encargó de trasladar al
viceconsejero de Empleo Agustín Barberá (acusado en la
causa).
"La solución fue el compromiso que adquirió el
viceconsejero de Empleo que tengo que decir que siempre cumplió", ha
afirmado, consistente en que en Empleo "dejaron de adquirir nuevos
compromisos, salvo cuestiones urgentes, hasta que se pagaron los compromisos
existentes", con lo cual el desfase presupuestario en IDEA desapareció en 2009.
TRIBUNALES
Ex altos
cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE
- El ex viceconsejero de Innovación niega que se concertaran para repartir más de 741 millones de euros.
Uno a
uno, los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están prestando
declaración en el juicio de los ERE que
se está celebrando en la Audiencia de Sevilla se están desvinculando del
presunto fraude que los ha sentado en el banquillo de los acusados, junto a los
ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Durante los interrogatorios, algunos ex cargos están
tratando de ridiculizar y llevar al absurdo la acusación que pesó sobre ellos
por un presunto delito de asociación ilícita que la acusación popular que
ejerce el PP les achacó, si bien finalmente el pasado
febrero el tribunal de la Sección Primera rechazó que fueran juzgados por este delito. De esta forma, los 22 ex altos cargos están siendo enjuiciados por prevaricación y
malversación.
«¿Cómo
podríamos ponernos de acuerdo? ¿Con una contraseña para entrar en el club?», se preguntó este
martes el ex viceconsejero de Innovación José María Rodríguez Román, mofándose de esta
forma del supuesto concierto previo entre altos cargos de diferentes
consejerías de la Junta para repartir de forma arbitraria el conocido como
botín de los ERE, los más de 741 millones de euros en ayudas
sociolaborales que el Gobierno andaluz concedió durante una década, entre los
años 2001 y 2010.
No ha sido este ex alto cargo el único que ha tratado de
desacreditar el relato acusatorio. El ex consejero Francisco Vallejo también calificó de «insólita e increíble» la tesis de que «cientos de personas de distintos ámbitos»
cooperasen «durante 12 años» para sostener adrede un sistema ilegal de
subvenciones arbitrarias.
La defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera también remarca en su escrito de defensa que «no existe
procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo» para idear
un sistema que en Andalucía repartiera el «dinero de los parados a los amiguetes».
Por su parte, Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años de
prisión y 30 de inhabilitación, se mostró este martes hasta «dolido» con las
acusaciones que pesan sobre él
e insistió en que «siempre» trabajó pensando que todo lo que se hacía en la
Administración era «legal»
Este ex alto cargo sorprendió cuando reconoció al fiscal que
no ha tenido «el interés» de leerse el convenio marco del año 2001 que la
Fiscalía sitúa en el origen del fraude y del
reparto discrecional de ayudas públicas, ya que con él se eludió la
fiscalización previa. Este documento lo suscribieron los ex consejeros de
Empleo también enjuiciados Viera y Antonio Fernández, como presidente
del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), hoy IDEA, la caja pagadora de los
ERE. Para justificar su «falta de conocimiento» sobre el convenio marco,
Rodríguez Román dijo que las ayudas sociolaborales de los ERE se
gestionaban en Empleo y no eran competencia de Innovación.
A pesar de que bajo la responsabilidad del ex viceconsejero
de Innovación estaba el IFA, el ente que pagaba las ayudas sociolaborales de
los ERE que concedía la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo, este ex alto cargo afirmó que de estas
subvenciones «ni tenía información ni tenía por qué
tenerla».
Un eslabón de la cadena.
Otro ex
alto cargo de la Junta enjuiciado en los ERE, Javier Aguado, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo
durante más de una década y siempre dedicado al área de gestión económica a
pesar de que es maestro, también se
desvinculó este martes del fraude porque él no era más que «un eslabón de la
cadena».
Cuando el fiscal le preguntó si no vio nada «extraño» en las
ayudas sociolaborales que concedía la Dirección General de Trabajo, Aguado
señaló que los empleados adscritos a la secretaría general técnica de Empleo
eran como «las amas de casa» de la Consejería de
Empleo porque eran los encargados de hacer «toda la cocina». Y en ese contexto
los ERE suponían
«una mínima parte de nuestro trabajo».
A pesar de que entre sus funciones estaban el control del
personal, este ex alto cargo reconoció que no sabía que en la Dirección General
de Trabajo había trabajadores que no eran funcionarios y eran externos
contratados a través de la empresa Umax. «Es que estábamos en un edificio distinto», alegó.
El tribunal de la Sección Primera que enjuicia los ERE,
tras preguntar a las partes, decidió que tras Aguado sea el turno, como estaba
previsto, de la ex secretaria general técnico de Empleo Lourdes Medina. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuya
declaración se ha pospuesto por problemas de salud, comenzará a testificar a
partir del próximo lunes, día 19 de marzo.
TRIBUNALES
El TC
rechaza el recurso de la Junta contra la exclusión de los ex cargos en las
piezas de los ERE
El Tribunal Constitucional (TC) no ha
admitido a trámite el recurso presentado por la Junta contra la exclusión de ex
altos cargos en las piezas separadas sobre ayudas concretas de los ERE,
en el que el Gobierno andaluz denunciaba que su exclusión dejaba "impunes" los perjuicios a las arcas públicas.
La Junta desistió de ejercer la acusación
particular en la pieza
política del caso ERE por la que se
enjuicia a 22 ex altos cargos por prevaricación y malversación al crear o
mantener el "procedimiento específico" por el que durante una década
se repartieron 850 millones en ayudas públicas presuntamente de forma
arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el auto del juez
instructor que cerró la investigación.
Posteriormente, algunos de esos ex altos cargos, como los ex
consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández o los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, han sido excluidos de diversas piezas separadas sobre ayudas
concretas al considerar que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos
hechos, una decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla contraria
a la del tribunal que enjuicia la pieza política para la que en la misma no se
juzgan las ayudas concretas.
La Junta elevó en noviembre un recurso de amparo al
Constitucional, concretamente contra la exclusión de Fernández en una pieza
separada por una ayuda concreta, al considerar que al apartarlo de la misma se
le "veda el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir"
hechos "indiciariamente delicitivos" que "habrían provocado un
enorme quebranto a la Hacienda Pública" y que de este modo quedarían "impunes".
En una providencia fechada el 26 de febrero, a la que ha
tenido acceso Efe, el Constitucional acuerda
"no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia
constitucional que, como condición para su admisión".
El recurso al Constitucional fue la vía que emprendió el
Gobierno andaluz para poder exigir responsabilidades civiles por el presunto fraude en la concesión de ayudas de los ERE tras
renunciar a ejercer la acusación particular en la pieza política, al considerar
que no existió un plan para idear un sistema para defraudar sino que se
produjeron fraudes puntuales en algunas de las ayudas dadas.
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