lunes, 12 de febrero de 2018

Máxima difusión. El fiscal cree que Pedro Pacheco no es "merecedor" de una suspensión de su condena; considera que los tipos de delitos por los que ha recibido son conductas "indisolublemente" unidas a delitos de corrupción pública. Y estas suponen "entre otras cosas una quiebra en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas" y "un ataque a los fundamentos del estado y al sistema democrático" por lo que "es necesario una adecuada respuesta judicial". = Pero en el caso de la Unta, no, la confianza de los ciudadanos no se quiebra nunca, ni con la Administración paralela, ni con que se eche del Consejo Consultivo a quien moleste, ni con los médicos del SAS sin título.. ¿Saben por qué? ¡Porque es una CONFIANZA CIEGA EN SUSANA DÍAZ!

TRIBUNALES


 

.....el fiscal considera que los tipos de delitos por los que ha recibido esta condena, como las otras dos de 5 años y medio de cárcel y de un año y ocho meses de prisión, son conductas "indisolublemente" unidas a delitos de corrupción pública.

Y estas suponen "entre otras cosas una quiebra en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas" y "un ataque a los fundamentos del estado y al sistema democrático" por lo que "es necesario una adecuada respuesta judicial".


Pacheco en la carcél por el caso asesores, y mientras ¿en Andalucía, no pasa na de na, ni con los trabajadores fantasmas, sólo hablan de meras irregularidades administrativas?  Es evidente que algo no cuadra...¿?




¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa ?



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El PP recurre a la Audiencia para que los 22 ex altos cargos de la Junta devuelvan el botín de los ERE + 'Caso ERE', ¿impunidad o más juicios para los ex altos cargos?= ¿Quien defiende el interés general, cuando la corrupción es el sistema mismo? ¿Hacia una nueva conciencia: si colaboras con el sistema corrupto, te protegemos; no responderás del saqueo del "dinero publico de todos" con tu patrimonio? La Junta, sigue degenerando.....y los tribunales ¿no ven lo que todos vemos?



TRIBUNALES El PP recurre a la Audiencia para que los 22 ex altos cargos de la Junta devuelvan el botín de los ERE.






'Caso ERE', ¿impunidad o más juicios para los ex altos cargos?


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  • La decisión de la Audiencia de dejar fuera las ayudas individuales genera dudas sobre la responsabilidad que se les exigirá a los 22 acusados


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En Andalucía, vamos hacia otra conciencia: Dad y se os dará, Evangelio de la corrupción.



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Las nuevas 'exoneraciones' de la formación, al Parlamento = La Andalucía "imposible"; suma y sigue, porque hagan lo que hagan, "no pasa na de na". ¡¡¡¡ Viva la Andalucía del Régimen!!!!

FONDOS PÚBLICOS





  • El PP pregunta al consejero de Empleo por qué va a pagar ayudas a entidades que aún no han justificado subvenciones de años anteriores

Las Viñetas  hablan ¿¿??


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martes, 6 de febrero de 2018

Sanidad Los colegios de médicos advierten que el SAS debe informar si el doctor no tiene título homologado = Susana, ¿seguro que la Sanidad es tu prioridad? ¿Luchas contra los bollycaos en los colegios y permites que personas sin título de especialista nos estén atendiendo en el SAS? ¿ESTÁS CREANDO AHORA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARALELA EN LOS HOSPITALES CON MÉDICOS SIN TÍTULO? ¿Te atreves con todo, también con esto? ¡ANDALUCES, LEVANTAOS!


Sanidad. Los colegios de médicos advierten que el SAS debe informar si el doctor no tiene título homologado

Un quirófano a pleno rendimiento

  • «la colegiación es una garantía para el paciente; hay 40.00 médicos ejerciendo legalmente»

¡¡¡BASTA YA!!!!







FUERA DE GUIÓN. Corrupción a dedo, por RAFAEL PORRAS = En busca de la "agilidad" administrativa, contratos menores, administración paralela, Consejo Consultivo a dedo... ¿No sería mejor que nos entendiéramos todos diciendo "Toma el dinero y corre"?


FUERA DE GUIÓN

Corrupción a dedo




RAFAEL PORRAS
4 FEB. 2018

PUEDE PARECER una tremenda paradoja difícil de entender, pero el sistema permite la existencia de una corrupción con apariencia de legalidad que sirve para eludir los controles y las restricciones que el propio sistema ha previsto para evitar esa corrupción. No se trata, contra lo que puede interpretarse en un principio, de un galimatías dialéctico. El sistema necesita mantener un mundo paralelo de actuación que le permita una cierta arbitrariedad en el uso de los fondos públicos en beneficio ora de su clientelismo ora de la financiación irregular de los partidos.

Con el descubrimiento de los grandes casos de corrupción y, sobre todo, con la consolidación en la opinión pública de que esa práctica era inadmisible con su consiguiente efecto electoral (mínimo, eso sí), la administración pública se vio en la obligación de establecer restricciones y férreos controles aparentes para evitar esa corrupción de alta intensidad. Nos referimos a las concesiones y adjudicaciones de obras y servicios conveniados con las grandes empresas previo pago de comisiones bien a particulares, bien a partidos o a ambos. Además de dar más poder a la Intervención y establecer unidades de lucha contra la corrupción, el sistema estableció exigencias y limitaciones en la contratación pública que intentaran evitar la arbitrariedad que, en el fondo, permitía esa corrupción.

Y hay que admitir que algún efecto positivo ha tenido todo ello, al menos esa corrupción de alta intensidad es casi imposible y los controles, con todas sus limitaciones, descubren con más facilidad esas irregularidades y cumplen en parte el efecto coercitivo necesario. Pero las medidas, más pomposas que eficaces, no han sido capaces de acabar con la corrupción y con el abuso en las concesiones públicas.

Una de las medidas, que ya existía, pero que se ha generalizado, es la de los llamados contratos menores que no requieren concurso público ni publicidad al tratarse de cuantías por debajo de los 18.000 euros. Con eso se pretendía dar agilidad a la administración en asuntos y compras menores y obligar a realizar concursos públicos sobre cualquier proyecto que superase esa cantidad.

Pero, como señalaba, el sistema debía crear su propio escape para eludir esas restricciones. Y es entonces cuando, por un lado, se fraccionan expresamente los contratos o se adaptan los mismos, siempre que sea posible, para que puedan ser troceados sin llamar la atención de los interventores y de la competencia. Esta práctica está generalizada con la aceptación tácita de todos los partidos. Esta semana, EL MUNDO de Andalucía ha revelado cómo el Parlamento ha adjudicado a dedo servicios acudiendo a este sistema, es decir, troceando contratos. También hemos contado cómo hasta el moderado Consejo Consultivo de Andalucía ha señalado en varios dictámenes cómo nada menos que la Consejería de Justicia ha infringido claramente la ley al fraccionar indebidamente los contratos de un servicio como es el de los puntos de encuentro familiares. Los responsables de estas prácticas, todos ellos del PSOE, insisten en que en estos casos no hubo amaño y que todo fue legal, cosa que, para empezar, contradice hasta el sumiso Consejo Consultivo.

En paralelo, en la Diputación de Málaga, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, se ha conocido que una diputada acudía a similar procedimiento para contratar con la empresa de un familiar.

Más allá de estos casos, sobre los que existen evidentes dudas de su legalidad, este tipo de contrataciones son generales en ayuntamientos, diputaciones, en la Junta o en las empresas públicas y, aunque hay que insistir que en ocasiones sirven efectivamente para hacer más eficaz la administración, su uso generalizado propicia la corrupción.

Una corrupción a dedo, pero corrupción.


CRÓNICAS INDÍGENAS. La Roma del 'susanato' por CARLOS MÁRMOL = La Reina de las Marismas ha dicho que no habrá adelanto electoral. ¡Pero sí pulseras!


CRÓNICAS INDÍGENAS

La Roma del 'susanato'


CARLOS MÁRMOL
3 FEB. 2018

LA HISTORIA es la mejor maestra que existe. En la vida y en la política. Se atribuye a Edward Gibbon, el primer historiador moderno, la enseñanza de que las virtudes de la fortuna no perdonan a nada ni a nadie. Igual te sitúan en la cúspide (aparente) que pueden hacerte caer a un pozo negro. Todo depende de cómo sople el viento. Si es que sopla. El escritor británico, autor de un monumental relato en seis volúmenes sobre la decadencia y la caída del imperio romano, fue un consumado maestro en el arte de los augurios. Su sabiduría procedía de la observación y de la lectura atenta del pasado, que casi siempre se hace presente por analogía.

Gibbon, al que deberían leer nuestros próceres (si pueden), concibió su obra magna una tarde de 1764, cumplidos los 51 años, al ver caer la noche sobre las ruinas del Capitolio de Roma. Allí se hizo la pregunta: ¿Cómo es posible que todo esto se hundiera? Tardó 24 años en encontrar las respuestas. Estaban enterradas en los libros de los moralistas latinos, con los que construyó su teoría decadentista: el desastre obedeció a una suma de factores múltiples cuya causa común fue la pérdida de las virtudes de la vida pública, iniciada tras la estirpe de los Antoninos. La historia parece escrita ayer. Es eterna porque se basa en universales. Los signos del desastre tienen la maldita costumbre de repetirse, aunque sea a distinta escala.

La división del imperio en dos mitades -autónomas- hizo aflorar el colapso financiero del poder romano: creció el desempleo, subieron los impuestos y las ventas comerciales se hundieron. Los excesos de la élite política trabaron la macchina romana, que hasta entonces se consideraba infalible. De repente no había dinero para nada. Ni siquiera para cuidar la salud pública. La gente se moría por las calles mientras los patricios se dedicaban a corruptelas y sinecuras.

La falta de decencia, sumada a la ausencia de libertad, trajo consigo una corrupción horizontal y sistemática. El Senado estaba supeditado a los caprichos del César. La guardia pretoriana exigía constantemente soldadas millonarias y condicionaba todas las decisiones políticas. El único valor social cierto era el arribismo. El poder imperial prometía paliativos a un pueblo doliente que sufría la ruina agraria y la pérdida de los tributos de África. El ejército era un nido de pesebristas que parasitaba las instituciones.

Y el cristianismo, la religión que terminaría suplantando al imperio, desmitificó la divinidad de los emperadores, a los que empezaba a considerarse -a la manera de Nietzsche- demasiado humanos. Las sectas católicas se aniquilaban entre sí con una furia que la historia oficial se ha encargado de disimular elogiando el victimismo de los mártires. El poder estaba en manos de los mercenarios. Cuando los bárbaros llegaron, la Ciudad Eterna ya era un triste cascajo.

En la República Indígena esta semana la Reina de la Marisma le ha dicho a sus huestes que no habrá adelanto electoral. De momento. El SAS anuncia que va a poner pulseras de colores a los pacientes de Urgencias para que agonicen sin romper el protocolo.

El susanato reclama al Estado 4.000 millones de euros para mantener la ficción de los servicios públicos basándose en nuestras indudables desgracias: tenemos más pobres y parados que nadie. No parece que podamos dar lecciones. Pero Su Peronísima se ha dado otro paseo por Bruselas para rogar que no nos quiten ni las ayudas agrarias ni los fondos de cohesión. Malas noticias: sí, seguimos siendo pobres. «Como presidenta que soy demando una mirada más sensible al Sur», dijo. Las crónicas cuentan que criticó el populismo «que galopa sobre el sufrimiento de los ciudadanos». El destino, escribió Borges, es ciego. Nuestra fortuna, tuerta.

ANDALUCÍA. El PP denuncia en el Parlamento el "caciquismo" de Susana Díaz tras su golpe de mano en el Consultivo = A continuación y tras su renovación les presentamos "El Consejo Consultivo de la Señorita Pepis"

ANDALUCÍA. El PP denuncia en el Parlamento el "caciquismo" de Susana Díaz tras su golpe de mano en el Consultivo




  • El vicepresidente del Gobierno andaluz pide al PP que "no rompa todos los puentes" y le advierte de que sus "actuaciones tienen consecuencias"

Forman parte del Consejo Consultivo el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo y las ex consejeras del Gobierno andaluz Mar Moreno y Begoña Álvarez Civantos. En la renovación del Consultivo impulsada por Susana Díaz fue cesado Francisco Gutiérrez, que había sido nombrado a propuesta del PP. Este jurista es autor de numerosos votos particulares contra proyectos normativos de la Junta. El último alerta del peligro de que se ponga en entredicho la independencia judicial con peritos judiciales nombrados 'a dedo' por la Junta, tal y como prevé el decreto que regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes por parte de la Administración andaluza.

Máxima difusión. Auto de TSJA de 25-1-2018. Admitido el Recurso de Casación contra la Agencia Andaluza de Cooperación internacional para el Desarrollo = Compañeros, con el segundo recurso nos vamos a Madrid, al Tribunal Supremo. Seguimos Trabajando y sumando.




  


Ver recordatorio enlace ya publicado el 27-1-2018

Máxima difusión. Sentencia desestimatoria del TSJA sobre los Estatutos de la Agencia Andaluza de de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya se ha preparado recurso de casación al Tribunal Supremo, al menos no nos han puesto costas, la Junta lo pidio, de locos. Ver más enlace a documentos. = Una Comunidad, donde la corrupción es el sistema mismo y donde los junteros pueden hacer lo que les da la gana porque nadie los para ¿¿¿??? Los papeles por un lado y la realidad por otro. Como todos sabemos por la vía de los hechos los junteros atribuyen a su personal laboral digital, el trabajo que corresponde exclusivamente a los funcionarios y con ello se usurpan funciones públicas. ¿Los junteros hacen lo que les da la gana, pero nadie quiere ponerle el collar al perro? ¡¡¡Viva la Andalucía del Régimen!!!! y seguimos degenerando; un camino sin retorno. En Cataluña, tambien certificaba la Generalitat que con dinero público de todos no se sufragaba el referendum ilegal y mentían, igual que hacen aquí, mienten y mienten y mienten..... Cuestión de tiempo que el Régimen caiga, aunque ya llevan 40 años; porque tanto aquí como en Cataluña, se mantienen gracias al presupuesto público y este da para mucho.


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"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.




Sobre la vía judicial,  abierta, podeis ver más en los siguientes enlaces:

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Importante, de lectura imprescindible. “La Constitución, desactivada”, por Andrés Betancor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra = Lo que ocurre en Cataluña es aplicable también en Andalucía donde los junteros han desactivado la Constitución en materia de la Función pública. Asistimos a lo que es, en palabras del articulista Andrés Betancor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra: “La versión moderna «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento» (Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones): ponga en la Constitución lo que quiera, que ya me encargaré de hacerlo inviable.”. Los resultados ya los tenemos en los tribunales: Eres, Formación, IDEA, Invercaria…. Se desactiva la Constitución y han quebrado irreversiblemente la Administración de base constitucional, el resultado un fraude generalizado al Empleo público, donde la corrupción es el sistema mismo; ¿hacia un cambio de consciencia, decálogo de la corrupción “da y se os dará”, versus “la junta colabora con quien colabora”?


A FONDO

La Constitución, desactivada



El autor señala que los pactos con los nacionalistas han llevado a desactivar parte de las competencias que la Constitución atribuya el Estado y a laminar las funciones de la Alta Inspección Educativa.
  • PP y PSOE no han regulado la Alta Inspección para evitar supervisar a las CCAA en las leyes de Educación.
  • La Carta Magna no necesita reformas, no lo dudo; pero la más importante es que se cumpla.

Se está convirtiendo en un lugar común hablar de la reforma de la Constitución. Cuando entramos en su cuadragésimo aniversario, numerosas propuestas se están presentando. La organización territorial está en el centro de los análisis. Se denuncian las insuficiencias, los problemas y los defectos; se ofrecen alternativas y soluciones. Sin embargo, pocos se están ocupando en mostrar aquello que, estando contemplado en la Constitución, los políticos se han entretenido en marginar. Me refiero a la Alta Inspección educativa del Estado.

La Constitución establece, en el artículo 27, que los poderes públicos deben inspeccionar el sistema educativo. El reparto competencial hizo posible que a las comunidades les correspondiese la inspección ordinaria, mientras que al Estado la denominada Alta Inspección. Los Estatutos de Autonomía recogieron expresamente la competencia del Estado. Así, los del País Vasco (art. 16), Galicia (art. 31), Andalucía (art. 84), Asturias (art. 18), Cantabria (art. 28), La Rioja (art. 10), Murcia (art. 17), Valencia (art. 53), Canarias (art. 32), Navarra (art. 47) y Madrid (art. 29).

En coherencia con la distribución de competencias, todas las leyes estatales de Educación han contemplado la Alta Inspección. Desde la Ley orgánica 5/1980, pasando por las Leyes orgánicas 8/1985, 1/1990, 10/2002, hasta llegar a la vigente Ley orgánica 2/2006, de Educación. Las dos últimas leyes, la 10/2002 y la 2/2006, son ilustrativas de lo que quiero decir. La primera, obra de la mayoría del PP, especificó en qué consistía la Alta Inspección (art. 104). La segunda, fruto de la mayoría socialista con el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes, asume lo dispuesto en la anterior y detalla que a la Alta Inspección le compete comprobar, velar y verificar el cumplimiento de la legislación del Estado en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza; la inclusión e impartición de los aspectos básicos de los currículos; las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de sus efectos académicos o profesionales; y la adecuación de la concesión de las becas.

A la Alta Inspección se le atribuye, además, una competencia singularmente relevante: «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos» (art. 105). El elenco de competencias debería ser suficiente para evitar los abusos denunciados en las escuelas. El Estado no ha hecho nada para impedirlos cuando tiene reconocidas las competencias adecuadas por una la ley fruto de la mayoría socialista, que el PP no ha reformado.

Los políticos saben perfectamente cómo desactivar las competencias incómodas: se les encarga su ejercicio a un enano organizativo, sin medios, sin recursos y aplastado por una jerarquía que no está interesada en lo que investiga, descubre y denuncia. La versión moderna «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento» (Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones): ponga en la Constitución lo que quiera, que ya me encargaré de hacerlo inviable. Este proceder lo vemos en distintos ámbitos: ¿cómo es posible que el órgano encargado de velar por el respeto del régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses de, por ejemplo, el presidente del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado tenga rango de dirección general? ¿Es razonable, en relación con la Educación, que las competencias de la Alta Inspección estén en manos de una jefatura de servicio inserta en las delegaciones de Gobierno en cada una de las comunidades autónomas? Salvo en la Biblia, David no puede ganar al Goliat organizativo.

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La Constitución es objeto de críticas, algunas merecidas. Menos son las que se vierten contra los políticos que han decidido desactivar sus determinaciones con fines no precisamente confesables. ¿De qué sirven unas competencias si quien las ejerce no cuenta con la fuerza y naturaleza organizativa adecuadas? Desde 1980 no se ha querido regular la organización y el régimen de personal de la Alta Inspección. La inactividad es, también, una forma de hacer política, en este caso, además, a complacencia de los nacionalistas.

La Alta Inspección debe estar en manos de aquél que quiera y pueda ejercerla porque disfruta del estatus organizativo apropiado. Una fórmula organizativa que garantizaría su despolitización sería la de la autoridad administrativa independiente, regulada y con carácter general en la legislación administrativa. Es la propuesta presentada por Ciudadanos y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso, impidiendo que pudiera ser objeto de discusión y debate en el seno del correspondiente procedimiento legislativo. Ni discutirla quieren. No es sorprendente.

Los distintos Gobiernos del PP y del PSOE han renunciado a regular la Alta Inspección para evitar incomodar a las comunidades con la desagradable tarea de supervisar el cómo cumplen con la legislación de Educación y, en particular, con las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes educativos, así como de sus derechos lingüísticos en la enseñanza. La Constitución ofrece un instrumento que está contemplado en la legislación desde 1980 y que, por razones políticas, ha sido desactivado. El resultado es la impunidad con la que se violentan los derechos más básicos de los españoles. No se garantiza la igualdad en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como tampoco el disfrute de los derechos lingüísticos. Es la ley, es la Constitución, no es la ensoñación de utopistas revolucionarios.

Que la Constitución necesita reformas, no lo dudo. Pero la más importante es que se cumpla. Y para cumplirla no necesitamos reformarla. Necesitamos la voluntad decidida de que sus determinaciones no sean piezas de escaparate, sino las reglas básicas que ordenan nuestra convivencia y, sobre todo, garantizan la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier rincón del territorio nacional.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.


Andalucía, versus Cataluña; es hora de Reflexionar.


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En Andalucía donde los junteros han desactivado la Constitución en materia de la Función pública, la de la Administración General de la Junta de Andalucía de base constitucional:

 de acceso al empleo público por los principios de igualdad, mérito y capacidad  (art. 23.2 CE - “a la Administración por oposición”); nada de subrogación laboral ¿por ley?

     la que se somete a las Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18 de la CE (EBEP -reserva de potestades públicas a personal funcionario).

•  Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas (art. 149.1.18 de la CE 

 y la que se rige por los principios de legalidad y seguridad jurídica (art. 9.3 CE), objetividad,  jerarquía,  merito y capacidad e imparcialidad -neutralidad- (art. 103 CE). 


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Todos estos artículos constitucionales,  han sido desactivados por los “Einsteins psociolistos junteros”, gracias a “novedoso diseño” de Administración, la paralela, instrumental,  clientelar y juntera, brazo ejecutor del Régimen, con más de 26.000 efectivos de selección “digital” y más de 6.000 millones de presupuesto que “usurpan por la vía de los hechos las potestades públicas reservadas a personal funcionario”, con la “colaboración necesaria” de las instituciones públicas y con el gobierno de  la Junta de Andalucía a la cabeza; esta Administración paralela al día de hoy manejan el presupuesto público de la Junta, hay causalidad juntera y un plan: ¿porque será?.




“Modus operandi”: El instrumento legal -ingeniería jurídica “ad hoc”-, con el que dan cobertura legal a este fraude monumental al empleo público, es la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida por todos como la “Ley del Enchufismo”, y sus disposiciones de desarrollo.  Asistimos a lo que Andrés Betancor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra llama: La versión moderna «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento» (Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones): ponga en la Constitución lo que quiera, que ya me encargaré de hacerlo inviable.” Y en eso estamos no solo en Cataluña, donde el “independentismo” se financia desde las instituciones con dinero público ¿de todos?, aquí el Régimen hace lo mismo y “no pasa na de na” -Tela de Araña del Régimen andaluz, maridaje a la andaluza. 

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Llegados a esta punto, solo el poder coercitivo del Estado ha podido parar lo que ocurre en Cataluña: cárcel y las sanciones pecuniarias, los que infrinjan la ley tienen que responder de los su actuación con su patrimonio y su dinero, no con el dinero público de todos. 

Mientras en Andalucía, ocurre todo lo contrario, tenemos como brazo ejecutor del Régimen a su propia Administración,  ¿un lugar donde el dinero público de todos desaparece y vuela? Esta a la que han transferido ingentes cantidades de dinero público y competencias de la Administración General de base constitucional, es una organización a la vista de todos, han creado un monstruo  con su propio personal “laboral digital subrogado”, el incentivo selectivo concedido para que participen y colaboren en el sistema es “el empleo público” o la “subvención”…….y esto ¿sirve a los junteros para mantenerse en el poder  y van 40  años? 

En Andalucía, como en Cataluña, se ha desactivado la Constitución, aquí lo que han quebrado irreversiblemente, no es la unidad nacional, sino la Administración de base constitucional Los resultados, del fraude generalizado al empleo público y a la constitución,  ya los tenemos en los tribunales, y esta es la gestión del dinero público de todos de los “Einsteins psociolistos”: Eres, Formación, IDEA, Invercaria….





Los hechos ya han hablado, ya sabemos cuáles son las consecuencias de desactivar la Constitución, tanto en Cataluña como en Andalucía. y que ¿ha pasado con los MOSSOS?

En Cataluña ya se están exigiendo por el Estado responsabilidades económicas y judiciales, en Andalucía es hora de activar también el 155, porque “institucionalmente”  los “gogernantes junteros” BUSCAN la impunidad de sus “colaboradores necesarios” -la Junta de Andalucía,  se aparta de los procedimientos y no exige responsabilidad civil por el grave quebranto ocasionado a las arcas públicas y ademas les sufraga los gastos de la defensa, con dinero público de todos. 

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!!!!!Esto es Jauja¡¡¡¡¡ se predica con el ejemplo y estamos en un  ¿cambio de consciencia, decálogo de la corrupción “da y se os dará”, versus “o conmigo o contra mí”  y “la junta colabora con quien colabora”?  Boadella, se tuvo que exiliar, allí no podía trabajar; por eso nuestros jóvenes, los mejores de Andalucía se irán….


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Por otro lado y como no hay dinero público para los “pesebristas” y los servicios públicos; estos últimos se resentirán, ya lo estamos viviendo y todos los que nos quedemos en Andalucía saldremos perjudicados, porque si esto no se corta YAAAA…...tenemos Régimen para rato, como independentistas, porque el dinero público de todos da para mucho……


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Conclusión: Hay que contar el grifo  y exigir responsabilidades económicas y penales, aplicar el Estado de Derecho con rigor y sancionar a los que desactiven la Constitución,  nada mas... 


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