Cuatro episodios de la muerte de Montesquieu.
Para Montesquieu, la división de poderes es fundamental y sin un respeto a la independencia de quienes han de administrar justicia, no hay Estado de Derecho, por mucho que así se proclame formalmente. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto el descaro con que la clase política interfiere a la recta administración de la justicia. Veamos:
Episodio 1.- Es sintomático, al respecto, la dificultad para
transmitir sensación de imparcialidad por parte de la Audiencia Nacional en el
llamado caso Gürtel, con motivo de haber sido designado ponente el magistrado
Enrique López y presidenta de la vista oral la magistrada Concepción Espejel.
Uno y otra han sido promocionados por el llamado sector conservador de la
judicatura, lo que despierta recelos en los llamados partidos progresistas. El
problema es que, a la inversa, si los responsables del proceso pertenecieran a “Jueces para la
democracia”, los recelos serían para los pertenecientes al sector conservador.
Primera conclusión: Jamás se debiera haber permitido que la
organización de la judicatura se realizara por adscripciones ideológicas sino
estrictamente por criterios profesionales. En un Estado de Derecho lo
importante es ser juez, y quizás no exista otra función mas íntimamente
satisfactoria que la de administrar justicia con equilibrio e imparcialidad, al
margen de criterios ideológicos.
Episodio 2.- El cerco permanente a la labor de la juez Alaya
y la presión constante para apartarla de
investigaciones que incomodan al poder socialista en Andalucía, está dando sus
frutos gracias al esfuerzo de un fiscal metido a consejero que ha conseguido
ubicar en el centro judicial de las decisiones a una juez amiga e inexperta en
causas penales que, con celeridad inusitada, ha decidido atomizar en unas
doscientas piezas separadas el mayor caso de corrupción institucional de la
democracia española.
Segunda conclusión: El tráfico de influencias, como práctica
moralmente deleznable, merece el repudio más profundo cuando las conexiones
personales se utilizan para torcer el recto proceder de la Justicia.
Episodio 3.- La juez Núñez Bolaños, con el satisfactorio
parecer de su mentor, el consejero Emilio de Llera, fracciona en tres partes la
causa de los ERE sin esperar al dictamen de la Audiencia de Sevilla ni a la
resolución del Consejo General del Poder Judicial. El sindicato de funcionarios
Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, estima injerencias políticas
en tales decisiones y denuncia estrechas relaciones entre algunos imputados, el
fiscal metido a consejero y la nueva instructora. El consejero de Llera tilda
de "actitudes impropias de magistrados" al rifirrafe entre Alaya y su
sustituta.
Tercera conclusión: Los políticos procedentes de la
judicatura olvidan muy pronto el respeto debido al cumplimiento de las normas,
anteponiendo criterios políticos a los que debieran, por su procedencia,
definir su personalidad. El llamado "uso alternativo del derecho" es
muy típico de estos personajes y basta recordar el oportunismo de jueces como
Garzón para entenderlo. No habrá Estado de derecho si se sigue permitiendo que
jueces o fiscales que se dediquen a la política puedan volver a desempeñar
funciones judiciales, porque la duda sobre su imparcialidad por parte del
justiciable sería una constante inquietud.
Episodio 4.- La obsesiva invasión del poder ejecutivo
andaluz de las instituciones que deben garantizar la adecuada aplicación de la
Justicia no solo es una constante sino que empieza a ser escandalosa. No se
puede, salvo que el trasfondo dictatorial se apodere de uno, justificar el pago
de la vivienda a quien no pertenece al organigrama de la Junta, como es el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin que ello levante
las sospechas, aparte de su irregularidad, de que se pretende influir en el
órgano que ha de juzgar a los aforados socialistas encausados en los ERE y
otros casos de corrupción. Ni es de recibo que a letrados de alto nivel de
instituciones fundamentales andaluzas, se les facilite la permanencia en sus
funciones forzando la norma en lo que aparenta un reconocimiento a los
servicios prestados en momentos complicados.
Cuarta conclusión: No se puede gobernar una autonomía como
un cortijo, y es inconcebible que, con la composición parlamentaria andaluza,
se estén permitiendo abusos que debieran haber provocado censuras sin fin y
ceses fulminantes, que en todo caso serían insuficientes porque el problema de
Andalucía es que las irregularidades son sistémicas y que la corrupción es
piramidal, tal como la desentrañó la juez Alaya y lo confirmó el juez del
Supremo Alberto Jorge Barreiro.
Corolario: Hoy asistimos, con una oposición paralizada y
entretenida en cuestiones menores, al triunfo del ejecutivo sobre la Justicia,
haciendo bueno lo que hace tiempo proclamó Alfonso Guerra: Montesquieu ha
muerto. Y ahora, en Andalucía, le están dando sepultura.
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