El
exsecretario andaluz de Universidades condenado a un año de prisión por fraude
- El tribunal entiende que Francisco Triguero y el funcionario Joaquín Torres defraudaron las ayudas millonarias a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos
Primera condena a un ex alto cargo de la Junta por fraude en subvenciones públicas
- El ex secretario general de Universidades de la Junta, condenado a un año por fraude en subvenciones en el caso del CIBIC de Málaga
- Arranca el juicio por el fraude millonario con subvenciones para el edificio CIBIC
El exsecretario andaluz de Universidades condenado a un año de prisión por
fraude
- El tribunal entiende que Francisco Triguero y el funcionario Joaquín Torres defraudaron las ayudas millonarias a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos
Francisco
Triguero, ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de
la Junta de Andalucía ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 11 de Málaga
a un año de prisión por un delito de fraude de subvenciones en las
ayudas millonarias concedidas a la Fundación para la Investigación del
Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic) para la creación de un centro de
innovación denominado Centro de Investigación para el Bienestar Integral de los
Ciudadanos (Cibic) en Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. También se
condena a la misma pena a Joaquín Torres, funcionario de la administración
andaluza en la Secretaría General de Universidades por los mismos hechos.
El
Juzgado considera probado que tramaron un plan para conseguir la financiación pretendida
para finalizar el edificio, ocultando a la inspección la información relativa a
ayudas previas concedidas al proyecto y que hubieran determinado la denegación
de los importes solicitados a la Junta de Andalucía. El relato de los hechos se
revela que, en septiembre de 2011, el Patronato de la Fundación acordó
solicitar al Gobierno andaluz una subvención de 11,5 millones de euros, petición que se
tramitó, acompañando diversa documentación, entre la que se encontraba una
memoria técnico-económica explicativa de la construcción del edificio, que ya
había recibido otras subvenciones públicas.
En
noviembre de ese mismo año tuvo lugar otra reunión del Patronato, tras la cual
los acusados, «conscientes de los obstáculos que suponían el haber recibido
previamente subvenciones para la construcción del edificio por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas
pesaran procedimientos de reintegro, decidieron ocultar estos hechos». Fue
entonces cuando el funcionario condenado requirió a una empleada para que redactara una nueva memoria técnico-económica «en la que se suprimieran las
referencias a subvenciones anteriores». Pese a la nueva
memoria, la Intervención General de la Junta denegó la ayuda.
El
tribunal entiende que esto se hizo «siguiendo las directrices de Francisco Triguero» para
solicitar una nueva subvención de 15,5 millones, cifra en la que se incluía el
importe de la subvención a la que se renunciaba. Esta segunda solicitud, junto
con la memoria modificada, fue efectivamente presentada en diciembre de 2011.
Se tramitó un nuevo expediente excluyéndose cualquier referencia a subvenciones
anteriores. «Fruto de dicha ocultación, se emitió informe favorable» por parte
de la Intervención andaluza en enero de 2012 y el propio Triguero propuso la
concesión de la subvención que él mismo había solicitado.
El importe no llegó a ser entregado
materialmente a la fundación. Sólo la cantidad de
2.555.221,95 euros se consideró abonada por la propia resolución, mediante la
compensación con la deuda que la fundación asumía como consecuencia de la
obligación de reintegrar la subvención a la que renunciaba. En total, entre el
Gobierno central y la Junta aprobaron conceder 19,4 millones de euros, cuando
la construcción del Cibic se fijó en 16,9 millones de euros.
Finalmente,
el Juzgado de lo Penal 11 de Málaga los condena por el fraude, pero los absuelve del delito de prevaricación. A
su vez, ratifica la absolución del resto de procesados, entre ellos el director
del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, el exrector de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón, la
tesorera de la Fundación, Cristina Díaz, y la funcionaria, Inmaculada Vera.
Primera condena a un ex alto cargo de la Junta por fraude en subvenciones
públicas
- El ex secretario general de Universidades de la Junta, condenado a un año por fraude en subvenciones en el caso del CIBIC de Málaga
El ex secretario general de Universidades
de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, es ya el primer ex alto cargo de
la Administración andaluza condenado por la concesión irregular de una
subvención a la espera de lo que finalmente suceda con el escándalo de los
cursos de formación o con el propio caso ERE, en los que se investiga y se
juzga igualmente el destino supuestamente fraudulento de cientos de millones de
euros en ayudas públicas.
A Triguero la juez de lo Penal 11
de Málaga le considera uno de los dos responsables de que la Junta concediera
una subvención de 15,5 millones de eurosa la Fundación para la
Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (FIBIC), de la que el ex
secretario general de Universidades fue patrono y que nació con el teórico
objetivo de colocar al ciudadano en el centro de las estrategias de innovación.
Para lograr tal fin, el FIBIC -del que
también formaba parte la Universidad Internacional de Andalucía junto a la
Consejería de Innovación- proyectó la construcción de un modernísimo edificio
al que bautizaron como Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano en
pleno corazón del Parque Tecnológico de Andalucía. Y ahí entran en juego las
ayudas públicas.
Según la sentencia del Juzgado de
lo Penal 11 de Málaga, que se conoció ayer, Triguero ideó y ejecutó un «plan»
para, burlando todos los
controles y la normativa vigente, conseguir luz verde a
una subvención de 11,5 millones de euros a FIBIC que le iban a permitir, por un
lado, terminar de construir parcialmente su sede y, por otro lado, hacer frente
a los expedientes de reintegro de otras subvenciones.
Junto a Francisco Triguero, la juez
Serrano culpa y condena a uno de sus colaboradores más directos, el entonces coordinador de la Dirección General de Universidades y, al
mismo tiempo, secretario general
de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Joaquín Torres.
A los dos les condena a un año de cárcel
por un delito de fraude de subvenciones, además de
al pago de una multa de 2,5 millones de euros a cada uno de ellos. Les
absuelve, no obstante, del otro delito por el que estaban imputados,
prevaricación.
La sentencia, por otro
lado, absuelve a
los otros cuatro encausados en este procedimiento, entre ellos el ex rector de
la UNIA, Juan Manuel Suárez Japón, que formaba parte del patronato de la FIBIC,
o el director del PTA, Felipe Romera, después de que la Fiscalía retirase
la acusación contra ellos.
Triguero y Torres, destaca la magistrada
en su sentencia, «tramaron»
un plan para conseguir la financiación que necesitaba la
fundación malagueña y, para ello, llegaron a información a la Intervención
General de la Junta y la propia Administración andaluza en el expediente
correspondiente.
El principal problema para acceder a la
subvención era, precisamente, las ayudas públicas que ya había recibido la
FIBIC, tanto del Gobierno central como de la propia Junta andaluza. Conscientes
de ello, cuenta la resolución del Juzgado de lo Penal 11 de Málaga, y del escollo que igualmente suponía el que les hubieran
exigido la devolución de esas ayudas, los dos condenados decidieron ocultar
estos datos.
La Intervención General ya se había
manifestado en contra de una primera solicitud de subvención y, por eso,
acordaron que se elaborase una nueva solicitud en la que ya no constase
referencia alguna a anteriores ayudas o reintegros pendientes. Ésta sí pasó los controles y el ex secretario
general de Universidades pudo proponer la concesión de la ayuda, aunque la
FIBIC sólo recibió 2,5 millones de euros porque con la ayuda se compensó otra
que había que devolver.
Sin intención.
En su declaración, Triguero
mantuvo que «en ningún caso hubo intención de ocultar datos a la Intervención»,
apuntando que ésta «tenía conocimiento de las ayudas recibidas» por otras solicitudes previas en las que aparecía, reconociendo un interés de la
administración en que saliera adelante el proyecto «pero no fuera de la ley» y
negó que él tuviera un empeño personal fuera de derecho en ello y que influyera
en los funcionarios.
La jueza considera que las manifestaciones realizadas por los acusados
deben «ser consideradas desde su legítimo derecho de defensa», para lo que ha tenido
en cuenta la documentación existente y las declaraciones en el juicio tanto por
los testigos, como por el resto de procesados respecto de los cuales se retiró
su acusación.
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