ENTREVISTA, Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron
por miedo a que investigara los cursos de formación»
- La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías
El «yo acuso» de la juez Alaya
- En su primera entrevista, la magistrada que destapó el escándalo de los ERE describe un desolador panorama de presiones e interés políticos contra su investigación
- La corrupción en España sale gratis en determinados casos gracias a las presiones que se ejercen desde el poder político de los partidos
La entrevista a la juez Alaya de la que ABC publica hoy su
primer capítulo constituye un documento periodístico excepcional. Además de ser
la primera vez que la instructora de los fraudes de la Junta rompe su silencio,
el contenido de sus manifestaciones es demoledor. Hasta hoy todos teníamos la
sospecha de que el sistema judicial estaba politizado. A partir de ahora
tenemos la certeza. La corrupción en España sale gratis en determinados casos
gracias a las presiones que se ejercen desde el poder político de los partidos.
La juez Alaya, un símbolo del coraje cívico y la independencia judicial, relata
en la entrevista cómo fue apartada de la instrucción de las grandes causas de
corrupción generadas al calor de la red clientelar tejida por el PSOE en
Andalucía gracias a un pacto político de los socialistas con el PP, ejecutado
por la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial con artimañas
engañosas. Más clara, el agua.
LA ABERCA.El pacto anti Alaya.
Las confesiones de la juez revelan que los andaluces no sólo somos pobres, también esclavos. Hemos descubierto, gracias a Alaya, que además de pobres también somos esclavos. Hasta ahora sabíamos que nos habían robado nuestro dinero. Ya sabemos que también nos han robado nuestra libertad.
¿Blanco o en Botella?
.Gracias Ilma. Sra. Magistrada, Doña Mercedes Alaya, por su profesionalidad, trabajo y por hablar en beneficio del interés general, de la Justicia y de todos los ciudadanos; necesitamos personas así.
En Andalucía, la corrupción es el sistema.
Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad, tanto en Cataluña como en Andalucía; porque el presupuesto público da para mucho......Es hora del punto y final.
ENTREVISTA
Mercedes Alaya:
«PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»
- La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías
Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo»
destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a ABC
su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas
expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas
y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre
otras cosas. La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación,
avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General
del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que
siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado
hechos «sumamente graves».
En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la
independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en
España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La
independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y
democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de
los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial
que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean
y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos
países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que
depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de
Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina
finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el
principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se
convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según,
cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier
delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto,
tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil
vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese
principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General
del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del
Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al
Fiscal General del Estado.
En los primeros años de la democracia se acordó la
elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por
parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el
órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia
judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza
inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se
estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de
reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún
sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre
nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron
con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó
el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha
muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales
del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no
significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos
jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del
CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los
magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho
Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de
los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas;
al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano,
así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de
los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de
Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los
parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder
político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales
porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los
procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia
judicial.
Teniendo
en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos
tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a
nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos
encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es
normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o
también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos
iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario,
pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que
haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una
firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir
en esos procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que
permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta
perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que
gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del
Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy
grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le
llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los
investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido
de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes
acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de
Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad,
no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran
algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio
Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que
ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal,
integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los
magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la
diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a
la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las
macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para
ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la
Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil
ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio
entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia
de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los
órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder
Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a
mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar
las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización
verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se
podía producir. Me dieron la
conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y
confianza. Esas personas
estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que
seguir.
El presidente de la Audiencia
Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de
instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años
investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me
mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De
hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore,
estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la
comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa
cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales
del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe
favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos
procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada
por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente
instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de
la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la
denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera
investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas
asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar
que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se
mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus
comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes
en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino
que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi
percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había
formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de
formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era
que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran
el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles
dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no
se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente
previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta
para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían
dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta
formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que
los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo.
Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de
formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de
las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además
estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos
sorprendentes. Insisto
en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de
Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la
Junta de Andalucía, era
presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje
distinto, es decir,
conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que
habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no
llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla,
la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los
ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de
investigación que debían practicarse.
Si hubiera sabido que no le iban a dar
la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la
oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado
porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de
investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado,
los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de
Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a
la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me
acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba
haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.
Se le ha criticado por querer acaparar
toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros
jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el
Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis
guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la
llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que
yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí
enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi
juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me
incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía
permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de
por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios.
Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que
hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no
quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna
ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones
internas del TSJA. Dicho y hecho.
Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido
juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo
para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las
guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la
posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar
en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de
refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado
que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas.
Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me
dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis
niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me
quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de
atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que
pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca
gente conoce.
El «yo acuso» de la juez Alaya
- En su primera entrevista, la magistrada que destapó el escándalo de los ERE describe un desolador panorama de presiones e interés políticos contra su investigación
La juez Mercedes Alaya, magistrada en la Audiencia
Provincial de Sevilla e instructora durante años del caso de los ERE falsos de
la Junta de Andalucía, rompe su silencio en ABC con una entrevista que es un acta de acusación en
toda regla. Describe un panorama desolador de presiones e intereses políticos
contra su investigación de los ERE falsos, la mayor trama de corrupción pública
de la historia democrática de España que ahora se está juzgando. El reproche
alcanza, por ejemplo, a figuras históricas del socialismo, como Alfonso Guerra,
o a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Pero aún hay
más. Cree la magistrada que PSOE y PP, a través de los vocales que designaron
en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), forzaron su
apartamiento de la causa para favorecer el estatus quo que tenían en el poder
autonómico. Alaya pidió la plaza que ahora ocupa en la Audiencia sevillana,
pero su intención era mantenerse en el juzgado de instrucción en comisión de
servicio, lo que el Poder Judicial no permitió. También denuncia presiones del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y deja sobre la mesa «cosas
asombrosas» que vio en la trama corrupta de la Junta de Andalucía. Carga contra
la falta de independencia de la Fiscalía y del órgano de gobierno de los
jueces, controlados por el Ejecutivo de turno, que nombra al fiscal general, y
los partidos, que eligen a los vocales del CGPJ.
Alaya afirma que se expuso a las
maniobras del gobierno socialista andaluz para torpedear su trabajo y ahora se
expone a las críticas (y quién sabe si a una sanción disciplinaria) de los
destinatarios de su «yo acuso» en la esfera judicial. Aunque sus decisiones
como instructora pudieron haber conducido de forma más ágil el desarrollo de la
investigación, lo cierto es que con las denuncias de Mercedes Alaya en la
entrevista que hoy publicamos no hay que hacer lo que el necio y el dedo que
señala la luna, que se queda mirando el dedo, sino plantear qué ha pasado en la
historia judicial de los ERE para que una magistrada de su proyección social dé
un paso de tanto compromiso público para exponer una situación incompatible con
los valores del Estado de Derecho. Porque el alegato de la magistrada sevillana
es, en algunos puntos, de severa gravedad, sobre todo cuando afirma que tiene «la percepción personal» de que desde instancias políticas
se pusieron palos en las ruedas para que no investigara, por ejemplo, el caso
de los cursos de formación. Su testimonio deja tantas sombras preocupantes que debieran
ser rebatidas por los principales destinatarios de este «Yo acuso» de Alaya. A
partir de ahora, quien calla, otorga.
«Hemos visto cosas
asombrosas...»
- La corrupción en España sale gratis en determinados casos gracias a las presiones que se ejercen desde el poder político de los partidos
La
entrevista a la juez Alaya de la que ABC publica hoy su primer capítulo constituye un documento
periodístico excepcional. Además de ser la primera vez que la instructora de
los fraudes de la Junta rompe su silencio, el contenido de sus manifestaciones
es demoledor. Hasta hoy todos teníamos la sospecha de que el sistema judicial
estaba politizado. A partir de ahora tenemos la certeza. La corrupción en
España sale gratis en determinados casos gracias a las presiones que se ejercen
desde el poder político de los partidos. La juez Alaya, un símbolo del coraje
cívico y la independencia judicial, relata en la entrevista cómo fue apartada
de la instrucción de las grandes causas de corrupción generadas al calor de la
red clientelar tejida por el PSOE en Andalucía gracias a un pacto político de
los socialistas con el PP, ejecutado por la mayoría de vocales del Consejo
General del Poder Judicial con artimañas engañosas. Más clara, el agua.
Sería muy saludable que las denuncias de la magistrada, reveladas en ABC
gracias a la tenaz sagacidad de la periodista María Jesús Pereira, no cayeran
en saco roto. Para empezar la presidenta de la Junta, Susana Díaz, debe ordenar
que se ejecuten las medidas necesarias para recuperar los fondos públicos
dilapidados en los eres y demás casos de fraude. Asimismo los órganos
judiciales correspondientes, que el pasado viernes acordaron archivar la trama
política del Caso de los Cursos de Formación por orden del fiscal jefe de
Huelva, están obligados a asumir la responsabilidad de investigar hasta el
fondo las causas aún pendientes para evitar una decepción de los ciudadanos sin
precedentes desde la restauración democrática española. Como bien dice la juez
Mercedes Alaya el sistema judicial español puede darle vente mil vueltas al
resto de sistemas europeos si en la práctica deja de aplicarse el criterio de
discrecionalidad política, consagrado por el Gobierno de Felipe González con la
ley Orgánica 6/1985.
Para que nada falte al fondo del horizonte descrito por la juez en sus
declaraciones aparece nuestra querida Andalucía, entregada en parte por el
partido del Gobierno al PSOE a cambio de no se sabe qué favores políticos. «No
querían que investigase los cursos de formación porque habíamos visto cosas
asombrosas», asegura Alaya. ¿Que será lo
próximo que tengamos que ver?
http://sevilla.abc.es/opinion/sevi-pacto-anti-alaya-201805211315_noticia.html
LA ABERCA
El pacto anti
Alaya
- Las confesiones de la juez revelan que los andaluces no sólo somos pobres, también esclavos
Mercedes Alaya vio «cosas asombrosas» durante su investigación de los
cursos de formación de la Junta de Andalucía, pero se la quitaron del medio. En
la rotunda entrevista que le ha hecho en este periódico María Jesús Pereira,
que ha dado una lección de periodismo por derecho a quienes están todo el día
pontificando sin tocar pelo, la juez asegura con apabullante naturalidad que
hubo un pacto entre el PP y el PSOE para dar carpetazo al caso. Alaya estaba
incomodando demasiado a los políticos y, según su descarnada confesión, alguien
se entretuvo en engañarla para que se fuera a la Audiencia. No interesaba.
Había que maniobrar para eliminarla del paisaje. Todos tenían algo que ganar si
la perdían de vista. Y por eso todos votaron a favor de su ascenso. Ella lo
lamenta ahora públicamente, pero no es una pataleta. Los datos están ahí. Los
miembros del Consejo General del Poder Judicial que representaban a los que
entonces eran los principales partidos españoles coincidieron en su votación.
Alaya tuvo que marcharse. Todo lo demás, ya lo sabemos. Y da asco, miedo y
vergüenza.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, que tanto había criticado las
supuestas relaciones de la juez con el PP y su falta de independencia, fichó
como consejero de Justicia a un fiscal de larga trayectoria en Andalucía. Los
titiriteros funcionan así. Susana incluso presionó al CGPJ, según asevera la
entrevistada sin pestañear. Luego, bajo el mando de Emilio de Llera, llegó la
juez María Núñez Bolaños, su amiga personal. Y en unos meses los cursos de
formación habían desaparecido de la actualidad del juzgado, gracias
fundamentalmente a que el PP cambió de abogados -los que llevaban el tema eran
demasiado buenos- y dejó pasar el toro mirando para el tendido.
Ese «pacto anti Alaya» que todos sospechábamos, pero que ahora ha
confirmado la propia protagonista en una valiente entrevista, es la
confirmación de que Andalucía es un régimen de aguas estancas en el que todos
están cómodos con su papel: el PSOE mandando y el PP contemplando. Ahora
veremos cómo ambos partidos, y sus portavoces mediáticos, atacarán a Alaya por
haber hablado en pleno juicio de los ERE sobre una causa que ella instruyó y
reclamarán, disfrazados de dignos, una independencia judicial que ellos mismos
se han encargado de reventar por dentro. Acusarán a la juez de intervenir en el
proceso exactamente quienes de verdad intervinieron en él. Y nadie se
ruborizará por las revelaciones de una mujer que ha estado años aguantando
presiones infames y, sin embargo, jamás ha abierto la boca. Le discutirán su opinión
sobre la gravedad de los delitos de prevaricación y negarán todas las
acusaciones que hace una profesional acreditada sin dar un solo rodeo. Pero los
andaluces ya sabemos que nuestra clase política es un insulto a la democracia
porque ha pactado contra la división de poderes. Hemos descubierto, gracias a Alaya, que además de
pobres también somos esclavos. Hasta ahora sabíamos que nos habían robado nuestro dinero. Ya sabemos que
también nos han robado nuestra libertad.
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