Griñan debería saber
En el juicio del caso ERE ayer le tocó el turno a José Antonio Griñán, cuya
declaración no pudo resultar más decepcionante. Los hechos son tozudos y en
realidad fáciles de resumir: en
una década, entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió más de 741 millones de euros de forma arbitraria y eludiendo los controles legales a
través de un "procedimiento específico" con el objetivo político de alimentar el
clientelismo que contribuye a mantener al PSOE en la Junta desde hace cuatro
décadas. Por eso 22 ex altos cargos se
sientan en el banquillo por prevaricación
y malversación. Entre ellos dos presidentes de Andalucía que además
presidieron el PSOE.
Griñán fue también consejero de Hacienda. Por eso no se sostiene
el inverosímil desconocimiento del
fraude sistémico por el que fluía masivamente el dinero público hasta los
beneficiarios. Una docena de informes del
interventor advirtieron de la irregularidad. Griñán
insiste en que sus
subordinados "nunca" le informaron, y considera
"insignificante" la partida que camuflaba el fondo de reptiles -la
31L- para justificar su ignorancia, en la
que no creen ni el Supremo ni el juez de instrucción ni la Fiscalía. De ahí que
se enfrente a una pena de seis años de
prisión y 30 de inhabilitación. Sigue pendiente
la regeneración profunda del socialismo andaluz.
Griñán ve «inocente» el
sistema de pago de las ayudas irregulares del caso ERE y afirma que no podía
actuar
- Quien fuera exconsejero de Hacienda con Chaves ratifica que lo ocurrido con las ayudas fue una «barbaridad», como declaró en el Supremo
Enace Video declaración.
Las cifras de los ERE, el
mayor escándalo de nuestra democracia
- El mayor caso de corrupción de la historia de España en democracia (se extendió durante una década) deja un rosario de números entre imputados, millones desviados y posibles penas de prisión
http://www.abc.es/espana/abci-cifras-andalucia-201804111137_noticia.html
Las negaciones de Griñán en
el banquillo de los ERE: "Nunca vi, nunca me reuní, nunca negocié..."
- Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación, trata de desvincularse del fraude de los ERE en el juicio.
Griñán: "No conozco a
nadie que recibiera ayudas de los ERE"
- Tras el enésimo retraso, el juicio de los ERE alcanza su momento álgido con la declaración de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía
Enace Video declaración.
La Andalucía imposible.
El Régimen Andaluz: Ver, oir y callar.
“la junta colabora, con quien colabora” “el marido de loli es de fiar” ; Laura Gomíz: "si me comprometiera con la ética no estaría trabando aquí", Sabalete: dejar de lado el trabajo y hacer campaña a favor del PSOE, estar en la calle “como los testigos de Jehová”-elecciones 2012- Sabalete les dice a sus subordinados que sus empleos están garantizados “siempre y cuando ganemos las elecciones” + construcción de una inmensa Administración Paralela para huir del derecho administrativo y crear una serie de Agencias, Empresas Públicas, Fundaciones y otros entes que gestionen el dinero público, desde la sanidad a la cultura, desde la innovación a las becas Talentia, de las que nadie de la oposición se ha preocupado de investigar a los beneficiarios de estas becas, por cierto. Siendo el culmen de todo la ya famosa Agencia IDEA que está en el centro de todos los escándalos judiciales que cercan a la Junta de Andalucía. Desde los ERE a los avales a empresas, desde el cierre de Santana Motor a la investigación policial de los fondos Jeremie. Todo un corolario de casos que salpican la gestión de la Junta de Andalucía y que han puesto a Idea en el punto de mira de la acción policial y judicial. De hecho, Manuel Chaves y Griñán están hoy siendo juzgados en el caso ERE.
Y de la Reordenación del Sector Público, el mayor atentado contra una Administración Pública de base constitucional, tampoco sabrá el Sr. Griñan, nada de nada, como tampoco, la Sra. Aguayo, ni los colaboradores necesarios de estos:
Con lo ocurrido en el Tribunal Constitucional y el el TS, en relación a este tema hemos aprendido que los ¿tentáculos del Régimen andaluz llegan lejos?
Recordatorio enlaces ya publicado.
3-12-2015.
Enlace entrada del blog DMD.
Enlace entrada al Blog de Derecho
administrativo. Iuslexblog. Análisis Sentencia del Tribunal Constitucional sobre
determinados artículos de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de Reordenación del
sector público Andaluz: es grave la
reinterpretación que hace el Tribunal sobre el petitum del recurrente. EL
ALTAMENTE DIDÁCTICO VOTO PARTICULAR MERECE LA PENA SER LEÍDO ...Cinco
páginas de conceptos claros y sencillos, en el que se realiza una recopilación
del acervo administrativo en el campo de vaciamiento competencial de las
funciones administrativas, huida del derecho administrativo incluida, cuyo
punto álgido se encuentra en la página 4, cuya transcripción realizamos "
El propio legislador andaluz parece, por otra parte, contradecirse a sí mismo…en
el mismo ordenamiento andaluz… "
https://iuslexblog.wordpress.com/2015/12/03/sentencia-del-t-c-sobre-determinados-articulos-de-la-ley-12011-de-17-de-ferbrero-de-reordenacion-del-sector-publico-de-andalucia/
Entrada 22-2-2013.
Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (I)
Entrada 25-2-2013.
Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (II)
https://iuslexblog.wordpress.com/2015/12/03/sentencia-del-t-c-sobre-determinados-articulos-de-la-ley-12011-de-17-de-ferbrero-de-reordenacion-del-sector-publico-de-andalucia/
Entrada 22-2-2013.
Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (I)
Entrada 25-2-2013.
Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (II)
http://www.elmundo.es/opinion/2018/04/12/5ace407d22601d57018b45c1.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/02/5ac1250ee2704e935a8b45fa.html
Las cifras de los ERE, el mayor escándalo de nuestra democracia
- El mayor caso de corrupción de la historia de España en democracia (se extendió durante una década) deja un rosario de números entre imputados, millones desviados y posibles penas de prisión
El juicio de los ERE de Andalucía ha recibido hoy por
primera vez a Juan José Griñán.
El que fuera consejero de Hacienda (2004-2009) y presidente de la Junta de
Andalucía (2009-2013), declarará casi con total seguridad en sesión de mañana y
tarde para explicar su implicación en el caso de corrupción más cuantioso de la
historia de España. Un suceso cuya magnitud conviene no pasar por alto.
Diez años de trama
Se
calcula que la partida presupuestaria que financió esta trama estuvo «activa»
entre 2001 y 2010. En total, diez años de corruptela que
empezó en pesetas y acabó en euros.
855 millones
La
partida presupuestaria de los ERE, denominada como «fondo de reptiles», estuvo
dotada con 854.838.243 euros, lo que
convierte a este caso en el más cuantioso de la historia de España. El 80% del
dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores
andaluces. Dicha partida presupuestaria, bautizada con el nombre «31L», financió todo un sistema de prejubilaciones presuntamente
fraudulentas.
300 imputados
La
trama de corrupción de la Junta de Andalucía tiene también el récord de
investigados. Son cerca de 300 las
personas que deberán responder acusadas de diversos delitos. A finales del año
pasado, comenzó a juzgarse la «pieza política» de los ERE, de la que
responderán 22 ex altos cargos de la
Junta. La cifra de encausados fue creciendo con los años. En esta infografía del año 2013, este diario colocaba en 126 la
cifra de imputados y en 143 los millones en EREs irregulares. La cosa acabó
siendo mucho más grave de lo que parecía.
Siete años de proceso
El
pasado 9 de enero se cumplieron siete años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/2011, ya conocidas por todos como «caso
de los ERE». En todo ese tiempo, se ha enfrentado a todo tipo de acusaciones
–algunas de las cuales rozaron el insulto– y críticas de género. La juez
instructora reapareció hace poco en una conferencia universitaria donde habló
de la independencia judicial, dejando el siguiente titular: «Hay una justicia para poderosos y otra para los que no
lo son».
1.100.000 folios
El
sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados
por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total,
1.100.000 folios que, puestos uno detrás de otro llegarían de Isla Cristina
(Huelva) a Sierra Nevada (Granada).
741,6 millones
La
Fiscalía Anticorrupción cifró en esta cuantía la responsabilidad civil de los
procesados por malversación de fondos públicos. Griñán,
en concreto, tendría que hacer frente a las arcas públicas a 42,15 millones de
euros si fuera condenado.
Griñán ve «inocente» el sistema de pago de las ayudas irregulares del caso
ERE y afirma que no podía actuar
- Quien fuera exconsejero de Hacienda con Chaves ratifica que lo ocurrido con las ayudas fue una «barbaridad», como declaró en el Supremo
El
expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 y exconsejero de
Hacienda entre 2004 y 2009, José Antonio Griñán, ha asegurado este miércoles
ante el tribunal de la pieza política del caso ERE que siendo consejero de
Hacienda «no conocía exactamente» el programa presupuestario 31L,
al que se cargaban las ayudas bajo sospecha sino que lo conoció cuando estalló
el escándalo en el año 2011, a raíz de una investigación abierta por la juez
Mercedes Alaya.
En el juicio el ex dirigente
socialista también ha subrayado, a preguntas del fiscal, que las transferencias
de financiación, el mecanismo presupuestario elegido por la Consejería de
Empleo para pagar las ayudas, era «inocente e inocuo».
Ha
atacado así uno de los principales argumentos de las acusaciones en el proceso
de los ERE, que, basándose en los informes periciales de la Intervención del
Estado y en los informes de la Intervención autonómica, sostienen que se empleó irregularmente este mecanismo para agilizar el pago de
las subvenciones sacándolas fuera de los controles de la
Intervención sobre los gastos directamente realizados por la Consejería. Para
ello Empleo utilizó una agencia instrumental, IFA/IDEA, que era la que abonaba
las ayudas que Empleo concedía.
Griñán
ha argumentado que «las transferencias de financiación no impedían las
fiscalización» y que éste es un método para allegar fondos desde una
administración a una empresa. Por tanto, responsabiliza indirectamente a
la Consejería de Empleo de la gestión de las ayudas y
afirma que la Intervención no hizo informe de actuación porque no detectó
ningún menoscabo de fondos públicos.
«no se me ha dado traslado jamás de ningún informe que pidiera una actuación directa»
por su parte para frenar las deficiencias e irregularidades detectadas por la
Intervención de la Junta de Andalucía en el procedimiento empleado para abonar
las ayudas.
Griñán ha
estado declarando desde las 10.45 hasta las 14.35 horas en el juicio que se
celebra en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de
Andalucía por el procedimiento supuestamente
fraudulento para repartir 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y
a empresas en crisis entre 2000 y 2011, dentro de la denominada pieza política
del caso ERE. En este caso también está acusado su antecesor al frente del
Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves.
El
exresponsable de Hacienda, que se enfrenta a seis años de
prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos
continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha esgrimido
que «no se puede llegar a ese nivel detalle a nivel de un consejero» cuando el
fiscal le ha preguntado sobre el programa 31L. Añadió que el citado programa de
ayudas sociolaborales es «una parte insignificante de la Consejería de Empleo»
en comparación con el programa para financiar el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE).
Cuando el
fiscal le ha manifestado que era el 31L era el programa de mayor volumen
económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha
respondido que eso es como «quitarle el SAS a la Consejería
de Salud» y que había múltiples programas en una administración
con más de 250.000 empleados.
Durante
el interrogatorio, el exmandatario socialista ha insistido en la idea de que
siendo consejero de Hacienda «no se me informó» de la
existencia de un informe de la Intervención General de la Junta de
Andalucía que alertaba de que se estaba prescindiendo del procedimiento
establecido. Dicho documento fue remitido a él y a los consejeros de Empleo e
Innovación.
Griñán ha
explicado que conoció este informe complementario por la causa penal, no por la
prensa. Además, indicó que imagina que su entonces vicenconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo,
también acusada en este proceso, le dijo que no se le remite a él porque «no
puede actuar el consejero» sino la Consejería «concernida», que era Empleo.
A
propósito de esete informe, remitido para su conocimiento en el año 2005,
cuando era consejero de Hacienda, el responsable de la Intervención General, Manuel Gómez Martínez, que también está acusado, ratificó en el
juicio que sus alertas fueron desatendidas por los tres
consejeros y no tomaron las medidas correctoras que tenían que tomar para
frenar las irregularidades haciendo uso de sus facultades.
El
expresidente andaluz también se ha ratificado en su
declaración como imputado en el Tribunal Supremo el 9 de
abril de 2015. Entonces aseguró que no había recibido los informes de la
Intervención de la Junta de Andalucía que cuestionaban el procedimiento de pago
de las ayudas.
También
admitió que lo que ha ocurrido con los citados fondos es una «barbaridad» y que todas las ayudas han tenido una gestión
poco rigurosa y merecen un reproche «político y penal». «Por
cierto me ratifico en esa declaración del Supremo», ha afirmado antes incluso
de que el fiscal Anticorrupción le preguntara por ello. Al salir de su
declaración, Griñán indicó a los periodistas que «no hubo un gran plan, pero sí
un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar».
Este ex
alto cargo inició su declaración después de que el exconsejero de Empleo
Antonio Fernández García se acogiese a su derecho a no contestar a las
preguntas del presidente del tribunal, José Antonio Calle Peña,
argumentando que se siente «tenso y aturdido» y temeroso y que «no me veo en
condiciones de prestar unas declaraciones con plenas garantías».
La
comparecencia del expresidente ha arrancado con el interrogatorio del fiscal Manuel Fernández Guerra, que le ha
preguntado por los cargos que ha ocupado y por la orden de 1995 que impulsó
Griñán como ministro de Trabajo del Gobierno de Felipe González.
Mediante
esta norma regulaba las primeras «ayudas asistenciales para que
empresas, trabajadores y el Gobierno financien» su
prejubilación para «sobrevenir a situaciones de necesidad», según ha explicado
el expresidente a preguntas del representante del Ministerio Público.
El fiscal
ha exhibido en la sala un documento de la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Empleo donde se especificaba que las ayudas estatales están
sometidas a fiscalización previa, lo que no sucedió en el caso de las ayudas
excepcionales que concedió la Junta de Andalucía. Los requisitos que había que cumplir en el caso de la orden
ministerial son presentar un ERE, solicitar las ayudas y el
Ministerio las concedía «según la disponibilidad presupuestaria».
Respecto
al programa 31L, Griñán ha relatado que no tuvo conocimiento de un desfase
presupuestario de 38 millones de euros que motivó que la Intervención
retuviera el crédito de la agencia que pagaba las ayudas,
IFA/IDEA, que la Consejería de Empleo concedía para pólizas de prejubilación y
empresas en crisis.
«Podía
conocer los datos de ejecución de la cuenta general de la Junta de Andalucía.
En todos y cada uno de ellos, el gasto comprometido y las
obligaciones reconocidas por el 31L fue inferior a los
créditos disponibles. Consta en autos», ha explicado al fiscal. Su declaración
continúa esta tarde.
En el juicio, algunos acusados, como
el propio Antonio Fernández, se han amparado en esta orden para asegurar que
las ayudas autonómicas estaban bajo dicho marco regulatorio.
Las negaciones de Griñán en el
banquillo de los ERE: "Nunca vi, nunca me reuní, nunca negocié..."
- Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación, trata de desvincularse del fraude de los ERE en el juicio
Las seis negativas del ex presidente del
Gobierno andaluz y ex consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE. «Nunca conocí, nunca me reuní, nunca
negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo
conocer».
De esta forma trató este miércoles
Griñán de eludir su responsabilidad en la trama de los ERE que se está juzgando en la Audiencia
de Sevilla desde el pasado diciembre. Este caso de corrupción ha sentado en el
banquillo a 22 ex altos cargosandaluces, entre ellos el
también ex presidente de la Junta Manuel
Chaves, por diseñar un «procedimiento específico» para repartir sin
control y de forma arbitraria más de 741 millones entre 2001 y 2010.
Durante las aproximadamente siete horas que duró el interrogatorio, Griñán insistió
en que «nunca» negoció con el consejero de Empleo sobre la partida
presupuestaria 31L de la que salían las ayudas sociolaborales; «nunca» despachó ni se reunió con el principal acusado
de la trama el ex director general de Trabajo Javier Guerrero;
«nunca» recibió ni conoció los quince informes de la Intervención que alertaban
sobre las irregularidades; y «nunca» actuó porque
el interventor no se lo pidió ni emitió el informe de actuación que le hubiera
obligado a intervenir como consejero de Hacienda.
Las negativas no se quedaron ahí. «No
conozco a nadie que recibiera ayudas de los ERE» y «ningún miembro del Consejo de Gobierno
puede conocer la ejecución presupuestaria de un programa concreto», continuó
Griñán para exculpar al resto de ex altos cargos de
la gestión de las ayudas sociolaborales que salieron de la partida
presupuestaria 31L, también conocida como 'fondo de reptiles'.
Pese a la tesis exculpatoria que esgrime
el enjuiciado Griñán, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que «no
tomó decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la
Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas
sociolaborales». Ello a pesar de que tenía pleno «conocimiento de las
irregularidades», ya que la Intervención alertó de que se estaban usando «de
forma indebida» transferencias de financiación para hacer llegar el dinero
público al 'fondo de reptiles'.
Sobre Griñán, presidente del Gobierno
andaluz entre 2009 y 2013 y consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, pesa una
petición de condena por parte de la Fiscalía de seis años
de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y
malversación. Este caso puso fin a su dilatada carrera política en
el año 2015 tras declarar como investigado -antes imputado- en el Tribunal
Supremo.
"Nunca" negoció
Sobre las
negociaciones que debía desarrollar como consejero de Hacienda con el resto de
consejeros para elaborar el presupuesto, Griñán señaló que «nunca» discutió con el
entonces consejero de Empleo Antonio Fernández sobre
la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas de los ERE en los
contactos previos antes de que las cuentas andaluzas pasaran al Consejo de
Gobierno. De hecho, remarcó que «nunca» abordó la partida 31L con
Antonio Fernández, mientras que la relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
«casi siempre» la trataba.
Sin embargo,
diferentes ex altos cargos que han ido testificando en el juicio han coincidido
en que, para el Gobierno andaluz, era una tarea prioritaria abordar y dar una
respuesta a las diferentes crisis industriales que se desencadenaron en
Andalucía en la década investigada en el caso de los ERE. Y las ayudas sociolaborales eran el
instrumento para mantener la paz social, según
mantiene la Fiscalía.
Tampoco «despaché nunca» con el principal acusado en el
caso ERE, el ex director general de Trabajo Javier
Guerrero, mantuvo Griñán. Esta respuesta hizo que la abogada que representa al
PP en el juicio, Lourdes Fuster, hiciera algún
ademán. Inmediatamente, el magistrado que preside el tribunal de la Sección
Primera que está enjuiciando los ERE, Juan Antonio Calle Peña,
le llamó la atención porque «no se pueden hacer gestos de desaprobación».
Griñán era tan ajeno a las ayudas
sociolaborales de los ERE, según su versión, que «no conoció
exactamente» el programa presupuestario 31L con cargo al que se abonaban las
subvenciones investigadas hasta que estalló el escándalo y la juez Mercedes
Alaya comenzó a investigar la causa en 2011. En la elaboración
del anteproyecto de presupuestos, según declaró, conocía lo que «importa»: el
gasto corriente y la inversión, si bien había «multitud» de programas cuyos
detalles ignoraba. Puntualizó que la partida 31L es una parte «insignificante» de los presupuestos de
Empleo.
Las alertas de la Intervención
El ex interventor
general de la Junta Manuel Gómez, que
también se sienta en el banquillo de los acusados pese a que alertó hasta 15
veces de las irregularidades, remitió una dura carta al presidente del
Parlamento andaluz en noviembre de 2012 con motivo de la comisión de
investigación abierta sobre este asunto. En ella, se refería a los ERE como el
«caso de corrupción más importante de la historia de España» y culpaba a Griñán
de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria»
de la que salieron las ayudas sociolaborales.
Griñán, no obstante, mantuvo que no recibió
los informes de la Intervención, a pesar de que alguno iba dirigido a él en su
etapa como consejero de Hacienda. Sostuvo que nunca actuó ni puso fin a estas
ayudas porque los interventores «nunca» detectaron menoscabo de
fondos o ilegalidad alguna y tampoco emitieron un informe de
actuación que le hubiera obligado a intervenir. El juicio de los ERE se
reanudará en la Audiencia de Sevilla el próximo lunes con la declaración
de Manuel Chaves.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/02/5ac1250ee2704e935a8b45fa.html
Griñán: "No conozco a nadie que recibiera ayudas de los ERE"
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/02/5ac1250ee2704e935a8b45fa.html
Griñán: "No conozco a nadie que recibiera ayudas de los ERE"
- Tras el enésimo retraso, el juicio de los ERE alcanza su momento álgido con la declaración de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía
No conozco a nadie que recibiera ayudas
de los ERE". El ex presidente de la Junta de Andalucía y ex consejero de
Hacienda, el socialista José Antonio Griñán, trata de desvincularse
del fraude de los ERE durante su declaración este miércoles
en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla.
A preguntas del fiscal, Griñán ha
recalcado que todas las ayudas sociolaborales que pagó el Gobierno andaluz a
trabajadores de empresas en crisis pertenecían a "un crédito
presupuestario" de la Consejería de Empleo, ajeno por completo a la Consejería de Hacienda, de
la que él era titular. Por lo tanto, desconoce quiénes fueron los
beneficiarios, según ha declarado.
Tampoco habló "nunca" con el consejero de Empleo sobre
la partida conocida como el 'fondo de reptiles', de la que salieron las ayudas
irregulares, en las reuniones que mantenía con los diferentes consejeros para
ultimar el presupuesto antes de que pasara al Consejo de Gobierno. En esos
contactos, "nunca" abordó la partida 31L con el consejero de Empleo,
Antonio Fernández, mientras que la relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
"casi siempre" la trataba.
De esta forma, Griñán insiste en
su estrategia exculpatoria. Sin embargo, la Fiscalía
Anticorrupción lo acusa de "no poner freno" al
reparto irregular de subvenciones, pese a que "conocía" las
advertencias de la Intervención.
En una década, entre 2001 y 2010, el
Gobierno andaluz repartió más de 741 millones de euros de forma arbitraria
y eludiendo los controles a través de un "procedimiento específico".
Por este asunto, 22 ex altos cargos de la Junta se sientan en el banquillo por
prevaricación y malversación, entre ellos los ex presidentes andaluces Griñán y
Manuel Chaves.
Durante el interrogatorio del fiscal,
Griñán ha asegurado que "no conoció
exactamente" el programa presupuestario 31L con cargo al
que se abonaban las ayudas investigadas hasta el inicio de esta causa judicial
en el año 2011 después de que estallara el escándalo. En la elaboración del
anteproyecto de presupuestos, según su versión, conocía lo que
"importa" en un presupuesto, el gasto corriente y la inversión, pese
a que había "multitud" de programas. Ha puntualizado que la partida
31L es una parte "insignificante" de
los presupuestos de la Consejería de Empleo, donde la mayor partida va
destinada al SAE.
Después de tres meses de juicio, continuos retrasos y la
declaración de 19 de los 22 ex altos cargos, este miércoles le ha llegado el
turno al ex presidente José Antonio Griñán para dar
explicaciones por el fraude de los ERE. Aunque en un principio la declaración
de Griñán y Chaves estaba prevista para la semana pasada, el larguísimo interrogatorio al que ha sido sometido
el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández -se ha prolongado durante siete
días y aún quedaba este miércoles, aunque finalmente ha rechazado seguir
contestando al magistrado porque no se ve "en condiciones" al
sentirse "temeroso y aturdido"- ha provocado otro retraso, el
enésimo, en un juicio que se está caracterizando, entre otras cosas, por
incumplir el calendario y alargarse bastante más de lo previsto.
Finalmente, Griñán ha comenzado a
responder a las preguntas del fiscal Manuel Fernández Guerra este
miércoles a las 10.39 horas. La incógnita
está en cuánto durará en su caso el interrogatorio al ex presidente y también
ex consejero de Hacienda porque de ello depende que le llegue el turno a Chaves
este miércoles, algo poco probable, o tenga ya que esperar hasta la semana
próxima, cuando en Sevilla se celebra la Feria de Abril, para
responder a las acusaciones que pesan sobre él.
Sobre Griñán, presidente de la Junta de
Andalucía entre 2009 y 2013 y consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, pesa una
petición de seis años de cárcel y 30 de
inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos. Más
liviana es la acusación que pende sobre Chaves, presidente del Gobierno andaluz
durante 19 años, ya que la Fiscalía ha solicitado para él 10 años de inhabilitación por
prevaricación.
Los indicios contra
ellos.
Los dos ex presidentes se han desvinculado del fraude, pero ni
el Tribunal Supremo ni el juez de
instrucción ni la Fiscalía Anticorrupción les han creído. El magistrado del
Supremo concluyó que existen indicios de que Chaves y Griñán mantuvieron un
«sistema ilegal» con el que disponían sin apenas control de cantidades
millonarias para ayudas sociolaborales. Además, calificó de «absurdas» las tesis exculpatorias esgrimidas
por los ex presidentes de que sus subordinados no les
mantenían al tanto del sistema.
Esta versión resultaría «incoherente», como si hubiese «una especie de cortafuegos que
impidiera la comunicación e información entre los dos primeros escalones de la
pirámide (presidente y consejeros) y el tercero y el cuarto (viceconsejeros y
directores generales)», dijo el magistrado en un demoledor escrito.
Para la Fiscalía, está muy claro que ni
Chaves ni Griñán «tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus
funciones que pusiera freno al
procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión
presupuestaria de las ayudas sociolaborales». Ello a pesar de que tenían pleno «conocimiento de las irregularidades», ya que la
Intervención les había alertado de que se estaban usando «de forma indebida»
transferencias de financiación para hacer llegar el dinero público al 'fondo de
reptiles' de los ERE. Con las transferencias de
financiación se evitaba la fiscalización previa de la
Intervención.
El ex interventor general de la
Junta Manuel Gómez, que también se sienta en el banquillo de
los acusados pese a que alertó hasta 15 veces de
las irregularidades, remitió una dura carta al presidente del Parlamento
andaluz en noviembre de 2012 con motivo de la comisión de investigación abierta
sobre este asunto. En ella, se refería a los ERE como el «caso de corrupción
más importante de la historia de España» y culpaba a Griñán de «cebar sin
descanso la corrupta partida presupuestaria» de la que salieron
las ayudas sociolaborales.
Compañeros de
banquillo.
Además de los ex presidentes, están
siendo juzgados 20 ex altos cargos, entre ellos la ex
ministra Magdalena Álvarez, el ex 'número dos' de Chaves en la
Junta, Gaspar Zarrías, y los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y
José Antonio Viera.
Les acompaña el principal acusado en
este caso de corrupción: el ex director general de Trabajo y Seguridad
Social Javier Guerrero, que fue quien bautizó la partida
presupuestaria de la que salían las ayudas como 'fondo de reptiles'. Además,
concedió subvenciones a las empresas vinculadas a su chófer en la Junta que,
según el conductor, costearon juergas con cocaína.
Guerrero, que fue director general durante nueve
años con tres consejeros de Empleo distintos, implicó a Chaves en la fase de
instrucción, si bien en el juicio dio marcha atrás. En las declaraciones
prestadas en 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes
Alaya, Guerrero involucró al ex presidente cuando narró que la
«única directriz por escrito» que recibió para beneficiar a una u otra empresa
con las ayudas de los ERE fue de la Consejería de Presidencia en
2004. En ella, se le «ordena que se arregle el conflicto
de Bilore porque el presidente de la Junta [Chaves en esa
fecha] iba a visitar Lucena». Esta empresa se benefició de un ERE costeado por
la Administración andaluza.
El relato de la fiscalía.
Anticorrupción
ve prevaricación y malversación en el diseño y
mantenimiento del «procedimiento específico» empleado por el Gobierno andaluz
para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones de
euros en ayudas durante una década, entre 2000 y 2010. Se trata de una de las
mayores operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red clientelar que ha contribuido, aún hoy, a la
supervivencia del régimen socialista andaluz en una comunidad que desconoce la alternancia política.
Los interventores.
En el 'caso ERE' son claves los informes de la
Intervención de la Junta en los que se alertaba de las irregularidades del «procedimiento específico» instaurado
por el Gobierno andaluz para repartir sin control y de forma arbitraria las
ayudas.
Hay un «hito cronológico» en 2005, según
explica en un auto el juez instructor. El 25 de julio de ese año la
Intervención emitió un «informe adicional al informe definitivo de auditoría de
cumplimiento del ejercicio de 2003» en el que se concluía que el Gobierno
andaluz estaba «prescindiendo de manera total y absoluta» del
procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública
de la comunidad autónoma para la concesión de subvenciones.
«Hasta ese momento, todos los implicados
en la puesta en marcha y funcionamiento del procedimiento específico podrían
pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas
consecuencias», expone el juez. Sin embargo, a partir del informe de
2005 esa coartada exculpatoria de los ex altos cargos «queda descartada de modo
absoluto».
«Ante tales evidencias [las alertas de
la Intervención] no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del
procedimiento específico ni su alcance malversador»,
zanja el juez.
La versión de los acusados.
Cuando Griñán salió del Tribunal Supremo el 9 de
abril de 2015 admitió que el caso de los ERE es «un gran fraude», si bien trató de
desvincularse de él porque «nunca» recibió los informes de la Intervención en
los que se alertaba sobre las irregularidades del sistema, pese a que iban
dirigidos a él, durante su etapa como consejero de Hacienda.
Griñán defiende también que «todas las
actuaciones del Consejo de Gobierno» con las ayudas sociolaborales se hicieron
con los correspondientes informes favorables y las modificaciones
presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.
Chaves ni
siquiera admite que haya un fraude en los ERE. En los últimos años viene repitiendo que
en los 19 años que ha sido presidente «nunca se ha adoptado en un Consejo de
Gobierno ninguna decisión ilegal». En su escrito de defensa,
alega que «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban
las ayudas», al no ser ésta su función como presidente.
«Ni conoció ni pudo conocer las
irregularidades de las ayudas sociolaborales» porque el interventor «no le
informó con ningún informe de actuación», dice su escrito de defensa.
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