La Junta lleva dos años ocultando a la juez datos clave del fraude de los cursos
La juez Núñez imputa a 23
personas por contratos "irregulares" de la Fundación de Formación de
la Junta
- 8.844 contratos irregulares en la Faffe en sólo dos años y medio
- La juez declara compleja la causa de los cursos en Faffe
El fiscal pide 5 años de cárcel para el ex consejero Luciano Alonso por falsedad en los 'cargos fantasma'.
- El ex consejero de Cultura vuelve al banquillo al ordenar el Tribunal Supremo la repetición del juicio que lo absolvió de la acusación de prevaricación
La investigación de la trama de UGT-A, un año paralizada
- El juez pregunta a los peritos por su informe al cumplirse un año del encargo
Conclusión: ¿Junta de Andalucía, versus corrupción institucionalizada?
Justicia: ¿ maridaje a la andaluza?
TRIBUNALES
La Junta lleva dos años ocultando a la juez datos clave
del fraude de los cursos
El Gobierno andaluz, que preside la
socialista Susana Díaz, lleva dos años ocultando información clave sobre el presunto fraude de los cursos de formación al Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla que investiga este caso. En concreto, la
Administración andaluza no remite los expedientes de reintegro que le ha
abierto a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que dependía de
la Consejería de Empleo.
A través de estos reintegros, la Junta
solicita la devolución de subvenciones para cursos concedidas a su fundación
que no se destinaron a los fines previstos y, por lo tanto, en ellos se pueden
ver las irregularidades cometidas y a dónde fue a parar el
dinero desviado.
Fue el pasado 21 de septiembre de 2015 cuando el juzgado reclamó a la Administración estos documentos que todavía
no han sido entregados a los investigadores. Por ello, la juez María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla, en una providencia conocida este jueves, reitera la
petición a la Dirección General de Formación para que envíe los reintegros
abiertos a la Faffe.
La juez exige esta documentación a la
Junta después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera el pasado 6 de septiembre los expedientes reclamados dos años antes
por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada del caso.
La Faffe, en el ojo del huracán durante
años por los casos de nepotismo y contratación de familiares y allegados a
dirigentes del PSOE, se extinguió en
2011, dejando un agujero
de 48,8 millones de euros en
subvenciones sin justificar, tal y como detectó la Cámara de Cuentas. El
Juzgado de Instrucción 6 investiga ese agujero millonario, además de las
irregularidades con las subvenciones para los cursos y también contratos
«indiciariamente irregulares» de la Faffe con
empresas por importe de 9.465.332 euros, como viene informando EL MUNDO.
En el marco de estas pesquisas, la juez
Núñez citó a
declarar como investigadas a 23 personas, tal y como le
había pedido la Fiscalía Anticorrupción, los días 16, 22 y 23 de febrero del
próximo año 2018. Entre los imputados se encuentra el ex director general de la
Faffe Fernando José Villén Rueda, que fue
secretario de Empleo de la Ejecutiva regional del PSOE andaluz; Joaquín Morales, ex director de Organización y
Sistemas de Faffe; y el ex alcalde socialista de la localidad sevillana de
Lebrija Antonio Torres García. El ex alcalde cobró
535.000 euros de la Faffe, pese a que no ha
podrido acreditarse que desempeñara trabajo alguno, según consta en un informe
de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva del que ya informó este
diario.
Además, la juez libró oficio a la
Dirección General de Formación para el Empleo a fin de que facilite a la UCO de
la Guardia Civil «las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos
celebrados» por la Faffe, «incluyendo la adjudicación a sociedades con
adjudicaciones de contratos irregulares». También le pide que facilite a la UCO
«el repositorio de correos electrónicos» de la Fundación Faffe y que «se informe sobre la existencia del repositorio
de correos electrónicos de la Fundación», así como que se facilite a la Guardia
Civil «la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central».
TRIBUNALES
La juez Núñez
imputa a 23 personas por contratos "irregulares" de la Fundación de
Formación de la Junta
La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigadas a 23 personas dentro de la pieza separada de
la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de
formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que la
Faffe realizó contratos
"indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros.
En una providencia, a la que ha tenido
acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada
por Anticorrupción y cita a declarar a las 23
personas investigadas los días 16, 22 y
23 de febrero del próximo año 2018.
Entre las 23 personas imputadas se
encuentran el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; Joaquín Morales, ex director de Organización y Sistemas de Faffe, o el ex alcalde socialista
de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García.
La juez, en esta providencia fechada el
día 27 de noviembre, cita además a declarar los días 1 y 2 de febrero de 2018 a una decena de testigos.
Asimismo, la magistrada acuerda
numerosas diligencias, como librar a oficio a la Dirección General de Formación
para el Empleo para que remita el expediente de los distintos
reintegros incoados contra la Faffe e
informe "sobre los trabajos de justificación y liquidación previo a la
integración de la Faffe en el SAE".
De igual modo, reclama a la Faffe que
emita un informe sobre el estado en que se encuentran las subvenciones
investigadas y del resultado de revisión de las
mismas por parte del grupo de trabajo que se formó en la propia Dirección
General de Formación, "debiendo emitir informe definitivo, a la mayor
brevedad, sobre posible fraude de estas subvenciones".
Además, la juez libra oficio a la
Dirección General de Formación para el Empleo a fin de que facilite a la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados" por la Faffe, "incluyendo la adjudicación a
empresas y sociedades con adjudicaciones de contratos irregulares".
También le pide que facilite a la UCO
"el repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe y que
"se informe sobre la existencia del repositorio de correos electrónicos de
la Fundación", así como que se facilite a la Guardia Civil "la
operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central".
Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción realizó todas estas peticiones a la juez en un escrito fechado el 6 de septiembre, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
A juicio de Anticorrupción, del informe
elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad
o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos
tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de
adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y
sin publicidad, que según la normativa tendría carácter
excepcional".
Según expone el Ministerio Público,
estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de
acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia
y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con
mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
Malversación
La Fiscalía considera que estos hechos
podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de
caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente
irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas
empresas.
Al hilo, precisa que, para llevar a
cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la
"influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las
sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas
instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.
También alude a otros instrumentos como
la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto,
o la participación en los procedimientos de contratación de empresas
vinculadas.
La Fiscalía concluye igualmente que las
actuaciones realizadas en esta investigación "habrían confirmado la
existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la
Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las
declaraciones de los empleados.
TRIBUNALES
El
fiscal pide 5 años de cárcel para el ex consejero Luciano Alonso por falsedad
en los 'cargos fantasma'
- El ex consejero de Cultura vuelve al banquillo al ordenar el Tribunal Supremo la repetición del juicio que lo absolvió de la acusación de prevaricación
El ex consejero de Cultura y Deportes
Luciano Alonso ha vuelto este miércoles al banquillo de los acusados para
escuchar de nuevo la petición de la Fiscalía, cinco años de cárcel, en el caso
de los 'cargos fantasma' nombrados durante
su gestión en esta Consejería de la Junta, un juicio celebrado el pasado mes de
enero, del que salió absuelto pero que se repite ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por decisión del Tribunal Supremo.
El juicio ha repetido los argumentos
del pasado mes de febrero, con momentos de tensión palpable entre el presidente
del TSJA, Lorenzo del Río, que presidía la vista, y el fiscal, al que la
presidencia ha reconvenido durante la sesión para que se ciñese a los hechos.
Un presunto delito de falsedad continuada en documento público, según el alegato de la Fiscalía, por los
nombramientos de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz del Flamenco
(CAF) y de Alejandro Cárdenas y María Centeno al frente de la Filmoteca de
Andalucía, quienes en la práctica desarrollaron entre 2012 y 2015 funciones
distintas a las atribuidas y no llegaron a ocupar dependencias de los
departamentos asignados. A los cinco años de prisión, la acusación suma una
pena de inhabilitación por igual periodo
y el pago de 12.000 euros de multa.
La defensa de Alonso reclama la libre
absolución que proclamó la sentencia, al tras el juicio de enero, al no
apreciar los elementos subjetivos y objetivos que darían a la conducta
irregular del ex consejero la comisión del delito de prevaricación, por
considerar no probado que actuase "a sabiendas" de la ilicitud de su conducta.
En aquella vista, la Fiscalía en el
momento de presentar sus conclusiones definitivas sumó al delito de
prevaricación, incluido en el escrito de acusación, el de falsedad, que es el
que ha motivado la repetición, ya que el Tribunal Supremo -al tiempo que
confirmó la absolución del ex consejero por el delito de prevaricación- ordenó
en su sentencia que el juicio se reanudase a partir de la atribución de
falsedad en la actuación de Alonso. La Fiscalía entiende que los tres
nombramientos como personal de confianza no se ajustaron a las funciones
requeridas en función de su cargo y se trató de documentos
"falsos" y
"simulados" con "voluntad de trastocar la realidad".
Para el abogado defensor del ex
consejero, sin embargo, la acusación es "temeraria y absurda", una
vez que tanto el TSJA como el Tribunal Supremo que examinó el recurso han
absuelto a Alonso de prevaricación, en resoluciones judiciales que proclaman
que el ex consejero "jamás hizo uso del amiguismo ni se desvió del servicio de la función pública".
La versión de la defensa
Alonso defendió en el juicio de enero
que no intervino en el procedimiento puramente administrativo para el nombramiento
de Guerrero y que nunca se le trasladó su "encaje" como director del
Centro Andaluz del Flamenco (CAF), un puesto que no supo que ostentaba en
"toda la legislatura" hasta que "no salió en prensa",
alegando que dada la ingente cantidad que afronta un consejero no podía
ocuparse al detalle de estos procesos administrativos.
Por contra, el fiscal ha reiterado este
miércoles que existió "un fraude deliberado" pues Guerrero
"desempeñó las funciones de asesor de la Consejería de Cultura en
Málaga", mientras que los sucesivos directores de la Filmoteca de
Andalucía ejercieron el cargo sin desarrollar las funciones que les hubieran
correspondido sino otras, lo que el ministerio público considera "de
gravedad extraordinaria" pues transmite ante la opinión pública la
impresión de que "se puede hacer lo que se quiera" con el dinero que
los ciudadanos aportan con sus impuestos: "Podemos beneficiar a nuestros amigos, familiares" y crear
"sociedades que llenamos de cargos afines".
En este sentido, el fiscal ha manifestado sentirse "desasistido y
solo", lamentando que la Junta de Andalucía diese "la callada por
respuesta" cuando la Fiscalía se le ofreció personarse en el caso,
mientras los testigos que comparecieron en el juicio de enero son funcionarios "agradecidos"
o "subordinados administrativos del propio acusado".
La defensa de Alonso, en cambio, censura que el fiscal no haya desistido de su
acusación, pues "lo único" que ampara su recurso por parte del
Tribunal Supremo, que lo aceptó parcialmente, es que "no puede tocar los
hechos". Así, la defensa estima que el fiscal"no puede decir que
Alonso falseó un documento a sabiendas" porque no está recogido así en el
relato de los hechos que refieren las sentencias del TSJA y del Supremo que
absolvieron a Alonso de prevaricación.
TRIBUNALES
La investigación
de la trama de UGT-A, un año paralizada
- El juez pregunta a los peritos por su informe al cumplirse un año del encargo
Un año totalmente paralizada. Así se encuentra la investigación
judicial de la presunta trama diseñada por la federación andaluza de UGT para desviar
subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, que
terminaron costeando comilonas en la caseta del sindicato en la Feria de Abril
de Sevilla y protestas sindicales. Estas pesquisas comenzaron hace cuatro años
tras las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios.
El titular del Juzgado de Instrucción 9
de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, encargó, a través de una
providencia fechada el 19 de diciembre de 2016, una pericial que sirviera para fijar la cuantía presuntamente malversada por el
sindicato con las subvenciones para cursos de formación y otras materias que le
otorgó la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, periodo en el que al frente de UGT-A se encontraron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Ambos están imputados en esta causa, que se instruye desde septiembre de
2013.
Esta pericial es fundamental para que avancen las pesquisas, hasta el punto de que hay numerosas
diligencias que se encuentran aplazadas hasta que los peritos emitan su informe
sobre la suma desviada a través de facturas falsas y alquileres
ficticios que sirvieron para justificar las
subvenciones. Otro método empleado fue el 'bote' reflejado en la contabilidad
interna, que se iba engordando con el dinero que se iba sustrayendo de cada
subvención tras inflar y falsear facturas, con la colaboración de los
proveedores de confianza del sindicato.
Las fuentes del caso consultadas por EL
MUNDO coincidieron en señalar que es «razonable» y tiene «lógica total» que el
juez mantenga la investigación
en punto muerto hasta que cuente con la pericial.
«Si llama a declarar a cualquier
investigado es fundamental conocer exactamente de qué se le acusa y a cuánto
asciende la suma malversada; de lo contrario, se le podría generar indefensión», señalaron las fuentes. De hecho, el 3
de noviembre de 2014, Fernández
Sevilla fue citado como investigado -antes
imputado- para que declarase ante el juez, pero se negó a hacerlo, acogiéndose
a su derecho constitucional y alegando que faltaba por llegar al
juzgado importante documentación sobre el caso.
Dimisión por el
escándalo
Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir de secretario general de UGT-A por el escándalo de las facturas falsas en diciembre de 2013 tras permanecer solamente siete meses en el cargo, justificó su negativa a declarar ante el juez en que había documentación que fue intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros que hubo en las dependencias del sindicato que no estaban a disposición del juzgado.
Sin embargo, los investigadores de la
UCO ya han entregado en el juzgado varios atestados en los que analizan el material incautado en los registros practicados en
diciembre de 2013 y en septiembre de 2015 en varias sedes de UGT-A. En ellos,
se confirman las informaciones periodísticas de este diario sobre el concierto
entre el sindicato y sus proveedores de confianza para falsear facturas -probado a través de un sinfín de correos electrónicos-
y el uso de locales cedidos por el Gobierno central a coste cero que UGT
utilizó para simular
gastos ficticios con los que justificar ayudas
concedidas por la Junta para los cursos de formación.
Ahora, para que la investigación
judicial avance es necesaria la pericial encargada sobre la cuantía
presuntamente malversada por el sindicato que están elaborando dos peritos. En
una providencia fechada el pasado 7 de noviembre, el magistrado García Vélez
«requiere a los peritos designados a fin de que se informe sobre el estado de la pericial encomendada».
No es la primera vez que lo hace. El
pasado 3 de febrero de 2017 compareció en el juzgado el perito Luis Gayo para informar del
estado de su informe, después de que el juez instructor lo requiriese.
En ese momento solo había un perito,
pero finalmente se nombró a un segundo por la complejidad de la materia.
Entonces, Gayo informó al juzgado de que está analizando un total de 15
expedientes que suman al menos 100,3
millones de euros en
subvenciones de la Junta. El técnico descarta trascendencia penal en otras 16
ayudas por la escasa cuantía económica de las mismas.
Una veintena de
imputados
Las investigación sobre la presunta trama de desvío de subvenciones, a través de las facturas falsas que habría utilizado UGT-A para justificar subvenciones millonarias, acumula 19 investigados -antes imputados-.
El último investigado que prestó
declaración en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla fue Enrique Goicoechea
Salazar, administrador y consejero delegado de
Soralpe, que compareció hace más de un año, el 14 de septiembre de 2016. La
Fiscalía pidió su citación tras el análisis del atestado de la UCO que detalla
la «facturación ficticia y elevada» de la que se sirvió UGT-A para justificar las subvenciones para los cursos.
Entre los 19 investigados están también
los ex secretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco
Fernández Sevilla. Ninguno ha testificado ante el juez. El
primero, por la enfermedad que padece, y el segundo se acogió a su derecho a no
declarar el 3 de noviembre de 2014.
Los 16 restantes fueron detenidos el 24
de junio de 2014, en la operación simultánea que hizo la UCO en varias
provincias. Entre ellos está Federico Fresneda, tesorero de UGT-A durante 15 años entre 1998 y 2013; y María Charpín, ex vocal de la comisión de garantías de
UGT Confederal y ex secretaria de Gestión Económica del sindicato en Andalucía.
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