TRIBUNALES. "El acoso en la Junta al testigo protegido del fraude de la formación se multiplicó por mil"
- Juicio por el 'mobbing' al funcionario que destapó el fraude de la formación
I JORNADAS #NoMásCorrupción UCM. 30-11-17 Mañana
Mesa 15 . Casos denunciantes de corrupción
• Ana Garrido. Denunciante Gürtel. Colaboradora de la Plataforma X la Honestidad
• Roberto Macías. Denunciante Cursos de Formación Andalucía. Miembro Plataforma X la Honestidad
• Maite Morado. Denunciante Corrupción
Jaime González, Denunciante caso Infoca.
Los trucos de Jaime... pa ser corrupto (I)
https://m.youtube.com/watch?v= uiuUL1zGeH4&feature=youtu.be
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"El acoso en la Junta al testigo protegido del fraude de la formación se multiplicó por mil"
- Juicio por el 'mobbing' al funcionario que destapó el fraude de la formación
«La salud no es buena, pero desde hace
tiempo mantengo el desafío ingrato de acudir cada día a trabajar». Con estas
palabras terminó este martes su declaración el conocido como «testigo protegido» en la investigación judicial
sobre el presunto fraude con las subvenciones del Gobierno andaluz para los
cursos. Este funcionario acudió este martes a juicio en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 13 de Sevilla para narrar ante el juez los
episodios de «acoso y hostigamiento» que afirma estar sufriendo en la Junta, en la que
lleva décadas trabajando al frente de los cursos de formación.
La
fuentes oficiales de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de Sevilla en la que trabaja este funcionario negaron
tajantemente a EL MUNDO que exista tal acoso o discriminación hacia este
funcionario.
Sin embargo,
dos testigos que comparecieron en la vista oral corroboraron la situación de «hostilidad» y
«aislamiento social» a la que se enfrenta a diario este trabajador.
Ambos, que son funcionarios de la Junta, coincidieron en señalar que «el acoso se
multiplicó por mil» y «empeoró» tras las denuncias judiciales del
testigo protegido sobre las irregularidades que había con las ayudas para los
cursos. El juicio se celebró después de que el testigo protegido presentara un
recurso para la protección
de sus derechos fundamentales en el que describe el supuesto «acoso laboral» que
está padeciendo tras poner al descubierto un sinfín de irregularidades
relacionadas con los cursos subvencionados con casi 3.000 millones de euros por el Gobierno
andaluz durante una década.
El negocio del siglo
Este
funcionario, jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional
Ocupacional (FPO), explicó en 2014 a la juez Mercedes Alaya y también el año pasado ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación, que
estas subvenciones se habían convertido en el «negocio del siglo en la Junta», en el que los sindicatos y la patronal gozaban de un estatus especial y de
beneficios del «cien por cien». Tras su declaración, la juez Alaya lo convirtió
en testigo protegido para preservar su testimonio de cualquier presión durante
la instrucción de la causa.
Precisamente un testigo remarcó en el
juicio que «el acoso» hacia este funcionario «se multiplicó por mil» después de que
éste acudiera a la Justicia para contar el cúmulo de
irregularidades que había presenciado en su larga trayectoria al frente de la
formación. A preguntas del juez, este testigo subrayó que sabe que el «acoso»
se intensificó porque la presunta víctima se lo contó y «yo lo he vivido»,
indicó, tras explicar que cuando acudió a la oficina donde trabaja este
funcionario «se
mascaba la tensión» tan sólo al preguntar por él.
Era una «situación extremadamente tensa, desagradable y de hostilidad»,
resumió.
Además, este testigo, experto en
prevención de riesgos laborales, indicó que la Junta no le ha dado
«ninguna solución», de forma interna, a esta denuncia por
acoso.
El otro testigo indicó que la «tensión»
hacia este funcionario «se cortaba con un cuchillo» en el departamento al que
está adscrito, hasta el punto de que en un grupo de 'whatsapp' de compañeros de
trabajo en la Junta se hicieron comentarios «negativos y vejatorios» hacia él.
En su recurso ante el juez, el funcionario describe cómo, poco a poco, su
puesto de jefe del departamento de Gestión de PFO se ha ido quedando sin competencias. Ha pasado de gestionar entre 15.000 y 20.000 cursos a tan sólo una decena y
de tener a su cargo 45 técnicos a contar con menos de diez. El funcionario ya
pidió amparo en diciembre de 2016 al Parlamento andaluz porque lo estaban
marginando, al dejarlo sin apenas competencias. Esta denuncia desencadenó una gran
bronca política en la Cámara andaluza, ya
que no llegó a sus destinatarios y fue eliminada
del registro.
En su recurso ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo 13, también expone, entre otros episodios de presunto
acoso laboral, que lleva ya más de un año reclamando sin éxito que le faciliten
las claves
informáticas de las distintas aplicaciones que
necesita para poder hacer su trabajo. Las ha pedido al menos 35 veces, una de
ellas al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero.
Las fuentes oficiales de la Junta
afirman que no se le están quitando competencias a este funcionario, sino que
se ha reorganizado el
trabajo. La Administración
andaluza admite que el testigo protegido no tiene acceso a todas las
aplicaciones informáticas, como el funcionario ha denunciado, pero matiza que
sí cuenta con todas las que necesita para poder hacer su trabajo.
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