ANDALUCÍA. El
contrato al sobrino del presidente del Parlamento, "plagado de
irregularidades"
El Presidente del
Parlamento, su sobrino y Susana Díaz, por Luis Escribano.
El gabinete de Juan Pablo Durán, Presidente del Parlamento andaluz, ha contratado directamente a la empresa en la que trabaja su sobrino, Alejandro Fernández Durán, sin concurrencia con otras empresas, para una campaña en redes sociales con motivo de la celebración de los 40 años del 4-D, por un importe de 14.000 euros.
Casualmente, su sobrino es también el secretario de redes sociales de la organización “Juventudes Socialistas” de Córdoba, y como puede comprobarse en dichas redes, es un fiel “susanista”. Por cierto, mucho está tardando Susana Díaz en denunciar en su partido a Juan Pablo Durán, tanto que habla de ética en la política y de "luchar implacablemente" contra la corrupción.
Se trate o no de otro acto de corrupción –podría incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias, acto que además de haber beneficiado a la empresa engordando su curriculum, podría ayudar a promocionar a su sobrino dentro de la misma-, este caso constituye el ejemplo perfecto para explicar por qué los corruptores y corrompidos siguen actuando bajo el amparo de esa impunidad que tantos ciudadanos censuramos.
Contratos ocultos en el
SAS, por Luis Escribano.
Resulta muy llamativo que el único organismo que se excepciona de la búsqueda de los contratos menores sea el Servicio Andaluz de Salud, para lo cual remite a su página web, que curiosamente sólo ofrece datos desde el año 2015. ¿Acaso no hubo contratos menores desde 2008?
También es casualidad que el órgano que más movilizaciones ciudadanas ha provocado en Andalucía –el SAS- se haya convertido en el organismo más opaco en cuanto a información histórica sobre los contratos adjudicados, siendo el órgano que más millones de euros gasta en la Junta de Andalucía. Y precisamente en la época más investigada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, por este diario y por algunos medios de comunicación.
El contrato al sobrino del presidente del Parlamento,
"plagado de irregularidades"
La
contratación de la empresa en la que trabaja el sobrino del presidente del Parlamento andaluz, el
socialista Juan Pablo Durán, para que hiciera la campaña
institucional sobre el 4D estuvo «plagada de
irregularidades». Es la conclusión a la que ha llegado Podemos Andalucía
tras analizar los tres folios de los que consta el expediente administrativo
que sirvió a la Cámara andaluza para fichar a la firma madrileña El Cañonazo
Transmedia.
Como viene informando este diario, el
presidente del Parlamento andaluz contrató 'a dedo', sin concurso público ni publicidad, aunque la ley lo permite para
contratos menores por importes inferiores a 18.000 euros como éste, a la
empresa en la que trabaja su sobrino Alejandro Fernández Durán para que hiciera una campaña para la Cámara autonómica en redes sociales
con motivo del 40 aniversario de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977.
Fernández Durán es hijo de la dirigente
socialista de Córdoba, Inmaculada Durán, que ha sido
diputada, directora general de la Junta y concejala del Ayuntamiento de la
capital.
Entre las «irregularidades» del
expediente administrativo destacan las fechas de la memoria justificativa,
que hacen sospechar que la empresa empezó a hacer el vídeo promocional sin que
se hubiera tramitado el contrato en el Parlamento. Así, la directora general
del Gabinete de la Presidencia, Sol Calzado García, firma el 22 de
noviembre pasado una memoria en la que se indica que la campaña en redes
sociales se llevará a cabo «del 23 de noviembre de 2017 al 22 de diciembre de
2017».
Para justificar la contratación de la
empresa de Madrid en la que trabaja el sobrino de Durán, la memoria
justificativa subraya que «ha trabajado con marcas de primer nivel e instituciones
de distintos ámbitos» y cuenta con una «acreditada experiencia».
Baile
de cifras.
«Proponemos la contratación de la
empresa El Cañonazo para llevar a cabo una campaña de diseño, producción,
difusión, análisis e impacto en las redes sociales sobre el 40 aniversario del
inicio del proceso autonómico andaluz, por importe de 14.047 euros sin IVA (16.996,87 incluido el 21% del IVA)», detalla el documento firmado por Sol Calzado García.
La cuantía del contrato es 2.996,87 euros más que la cifra aportada por la Presidencia del Parlamento días atrás.
Además, en comparación con otros
expedientes similares, no aparece la «retención del crédito» ni hay ningún
documento firmado por el personal administrativo de la Cámara andaluza que haya participado en el procedimiento para acreditar
que «todo está correcto», alertó Podemos.
Hay más irregularidades. La formación
morada detectó varios posibles incumplimientos de la Ley de Contratación Pública, que en su artículo 60 detalla las «prohibiciones de contratar» con familiares. «La prohibición se extiende
igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga
relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a
parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas,
cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de
contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la
facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero», dice la
citada ley.
También podría haber una vulneración de
la Ley de Contratación Pública en su artículo 138, que regula el «proceso de adjudicación» y especifica que en los contratos de servicios de suministros no se puede
superar en ningún momento los 15.000 euros IVA incluido. Sin embargo, el
contrato efectuado por el presidente del Parlamento a la empresa donde trabaja
su sobrino se acerca a los 17.000 euros.
Además, se ha de contar previamente con
un presupuesto y, sin perjuicio de lo establecido en la norma, es
«recomendable» contar al menos con tres ofertas de empresas capaces de cumplir los mismos, señaló Podemos.
El Presidente del
Parlamento, su sobrino y Susana Díaz
El
gabinete de Juan Pablo Durán, Presidente del Parlamento andaluz, ha
contratado directamente a la empresa en la que trabaja su sobrino, Alejandro Fernández Durán,
sin concurrencia con otras empresas, para una campaña en redes sociales con
motivo de la celebración de los 40 años del 4-D, por un importe de 14.000
euros.
Casualmente,
su sobrino es también el secretario de redes sociales de la
organización “Juventudes Socialistas” de Córdoba, y
como puede comprobarse en dichas redes, es un fiel “susanista”. Por cierto,
mucho está tardando Susana Díaz en denunciar en su partido a Juan Pablo Durán,
tanto que habla de ética en la política y de "luchar implacablemente"
contra la corrupción.
Se
trate o no de otro acto de corrupción –podría incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias, acto que además de haber beneficiado a la
empresa engordando su curriculum, podría ayudar a promocionar a su sobrino
dentro de la misma-, este caso constituye el ejemplo perfecto para explicar por
qué los corruptores y corrompidos siguen actuando bajo el amparo de esa
impunidad que tantos ciudadanos censuramos.
Como
ha publicado el diario ABC, el Presidente del Parlamento llevó a la Mesa del
mismo la modificación de la normativa un mes antes de contratar a dicha empresa. El
motivo que alegó –según la noticia- es que “la burocracia que se exigía frenaba la
actividad diaria de la Cámara. Entre esta burocracia se encontraba la necesidad
de contar con tres ofertas de otras tantas empresas diferentes para cualquier
contrato, permitiendo así comparar precios y servicios”. Sin
embargo, ese motivo de la burocracia y la necesidad de flexibilizar el
procedimiento no se sostiene hoy día, como explicaré a continuación.
Cuando
el legislador, los que desarrollan las leyes mediante reglamentos (decretos,
órdenes, circulares, etc.) y quienes los interpretan (instrucciones, etc.),
introducen “flexibilidades” para eliminar “burocracia”, se acaba abriendo
puertas y ventanas a corruptores y corruptos.
El
pretexto o excusa de la “burocracia”
y “agilización de la gestión” no
constituye actualmente un motivo válido para eliminar controles en los
procedimientos de gasto de las Administraciones. Cualquier funcionario público
formado, sensato, honesto y honrado sabe que esa agilización se puede conseguir
sin necesidad de eliminar los necesarios controles en los procedimientos
administrativos.
No
olvidemos que los procedimientos
administrativos -con sus oportunos controles- constituyen una garantía para todos los ciudadanos, pues es la única manera de evitar que algún
funcionario o autoridad pueda abusar de sus atribuciones y actuar
arbitrariamente, es decir, a su antojo o capricho. Por ejemplo, un
procedimiento bien diseñado podría evitar que cualquier desalmado pueda nombrar
a quien se le antoje como funcionario, pueda otorgar una subvención a quien no
reúna los requisitos necesarios o pueda contratar a una empresa sin
concurrencia con otras empresas.
Resulta
llamativo –aunque nada sorprendente- que, a fin de agilizar la gestión, los
políticos nunca pongan el foco en la desastrosa organización de los centros directivos
de las Administraciones, como ocurre en la Junta de Andalucía, cuya nefasta
política de recursos humanos (normativa, aplicación y gestión) provoca como
efecto perverso que los más idóneos no lleguen a los
puestos de responsabilidad, sino que son ocupados por personas bajo otros
criterios muy alejados del interés del servicio público y una buena
administración.
Y
cuando personas no idóneas se encargan de dirigir una organización, las vías de
agua se abren por todos lados, y la gestión diaria se convierte en un caos. Si
una relación de puestos de trabajo de una Consejería se realiza pensando en los
nombres y apellidos de las personas a beneficiar ocupando dichos puestos, o se
crean entes instrumentales inútiles y prescindibles (Agencias, Fundaciones,
etc.) para colocar allegados o para cumplir sentencias judiciales que obligan a
recolocar a trabajadores -que no entraron mediante una oposición libre- porque
la Junta de Andalucía ha estado incumpliendo la normativa laboral, lo lógico es
que nada funcione adecuadamente.
Por
tanto, la solución al problema es bien fácil: que el legislador
cumpla con los principios constitucionales que deben regir las leyes, y que el
poder ejecutivo se ajuste a los mismos y no actúe desviando el poder. La organización debe responder a los fines a
cumplir, y no debe diseñarse en función de las personas que quiero colocar o
beneficiar, como hace la Junta de Andalucía constantemente. Y los
procedimientos deben ajustarse a esos fines y ser garantes de los principios
legales y derechos de los ciudadanos.
Por
otro lado, hoy día la gestión electrónica y la transparencia son dos instrumentos muy potentes para
agilizar cualquier gestión de la Administración, siempre que haya voluntad de
utilizarlos adecuadamente, la cual no abunda precisamente en las
Administraciones andaluzas.
En
el caso del Presidente del Parlamento, pedir tres ofertas a distintas empresas
para un contrato menor de servicios (su importe es menor de 18.000 euros) no
suponía ningún obstáculo para la gestión. Sin embargo, justo antes de contratar
a la empresa de su sobrino, pidió eliminar ese requisito.
Pedir
tres ofertas a distintas empresas no vinculadas es una garantía para
evitar tratos de favor y tráfico de influencias. En uno de los Servicios en los que he
trabajado en la Junta de Andalucía, conseguíamos las tres ofertas en la misma
mañana que se solicitaban a distintas empresas. Cualquier empresa a la que le
interese un contrato de 14.000 euros presenta su oferta en cuestión de una o
dos horas, y tal como está hoy día el mercado, cuesta creer que las empresas
puedan tardar mucho en presentarlas.
Por
tanto, el motivo alegado por el Presidente del Parlamento de "flexibilizar" la normativa de contratación del Parlamento es
tan grosero, tan burdo, tan poco creíble, que mucho me temo que la alegada “flexibilización” del procedimiento tenía otra intención oculta,
y que a la vista del resultado, resulta patente para cualquier ciudadano
medianamente formado. La ingenuidad brilla por su ausencia.
Si
la Fiscalía no
abre de oficio una investigación al respecto, o los grupos parlamentarios no la
exigen, nos encontraremos con otro efecto más de la partitocracia que rige la
vida de los andaluces. Ya no se trata de discutir si es legal o no la
contratación: éticamente es absolutamente rechazable, y si
el Presidente del Parlamento tuviera un mínimo de vergüenza, debería dejar su
cargo. Y si no lo hiciera, los diputados del Parlamento deberían actuar para
destituirlo. ¿O acaso existe algún pacto de no agresión entre los partidos del Parlamento? Porque
visto lo visto a estas alturas, cuesta trabajo creer su inexistencia.
Y
respecto a lo que hará Susana Díaz, conviene
recordar sus palabras del discurso de toma de posesión del pasado 14 de junio
de 2015:
“Quisiera
también revalidar mi compromiso con una política honesta y con la lucha más
enérgica contra la corrupción en cualquiera de sus formas. La corrupción no
sólo ofende y humilla a los trabajadores, a los empresarios, a los
contribuyentes en general, sino que también desvirtúa la democracia, porque
arrebata a los ciudadanos una parte de su capacidad de decisión y de control y
porque los aleja de las instituciones que tienen que ser de todos. La
corrupción debe ser eliminada, extirpada y nuestra obligación no sólo es
intentarlo, es conseguirlo.”
http://www.eldemocrataliberal.com/2017/12/contratos-ocultos-en-el-sas.html
Contratos ocultos
en el SAS
Los partidos políticos con presencia en
Andalucía comienzan a calentar motores. Se acerca el inicio de la carrera
para ocupar los sillones del Parlamento andaluz. Las elecciones autonómicas
están próximas, las adelante o no Susana Díaz para finales de 2018. Y en mayo
de 2019, las elecciones locales.
Según parece, los cargos del PSOE andaluz
entienden que, para llegar a las próximas elecciones en mejores condiciones, la
opacidad de su gestión en la Junta es fundamental: a menor información, menos
escándalos saltarán a la opinión pública.
Si en el anterior artículo exponía la parte
del discurso que Susana Díaz dedicó a la corrupción el día de su toma de
posesión en 2015, hoy traigo sus palabras sobre la transparencia (la negrilla
es mía):“Hoy, la gente nos demanda que los tengamos siempre, en cada
momento, presentes a la hora de gobernar. La gente nos pide cercanía,
sensibilidad, honestidad, rigor y mucha transparencia. Y así
voy a gobernar.”
Sin embargo, una vez más sus palabras se
muestran vacías. Su empeño en hacer lo contrario de lo que dice es
irremediable. Y hoy toca como ejemplo la información sobre las contrataciones
administrativas de la Junta de Andalucía.
Aparte de no figurar en la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía todos los contratos adjudicados -ningún
órgano comprueba o vigila que se publiquen todos ellos, especialmente
los negociados sin publicidad y menores-, la información es, en demasiadas
ocasiones, muy incompleta: faltan pliegos, resoluciones del órgano de
contratación, publicaciones en BOJA, etc. Y como este comportamiento irregular
no se sanciona nunca, la transparencia brilla por su ausencia; es decir, el
campo está abonado para la corrupción.
Hace unos días, en el Portal de la Junta de
Andalucía, se ha modificado la Plataforma de Contratación. En su
buscador de licitaciones figura este aviso (la negrilla es mía):
“Este buscador permite consultar las
licitaciones publicadas en los distintos Perfiles de Contratante de la
Administración de la Junta de Andalucía desde el año 2008, con el
fin de asegurar la transparencia de la información relativa a la actividad
contractual y el acceso público a dicha información, pudiendo filtrar por
múltiples criterios y visualizando sólo aquellas licitaciones que cumplen las
condiciones establecidas.
La búsqueda por procedimiento de
adjudicación Menor no incluye los contratos menores del Servicio
Andaluz de Salud, que se visualizan en este enlace.”
Resulta muy llamativo que el único
organismo que se excepciona de la búsqueda de los contratos menores sea
el Servicio Andaluz de Salud, para lo cual remite a su página web, que
curiosamente sólo ofrece datos desde el año 2015. ¿Acaso no hubo contratos
menores desde 2008?
También
es casualidad que el órgano que más movilizaciones ciudadanas ha provocado en
Andalucía –el SAS- se haya convertido en el organismo más opaco en cuanto a
información histórica sobre los contratos adjudicados, siendo el órgano
que más millones de euros gasta en la Junta de Andalucía. Y precisamente en
la época más investigada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, por este
diario y por algunos medios de comunicación.
Sin
embargo, para otros entes y órganos de la Consejería de Salud sí hay
información de contratos menores de años anteriores (2011, por ejemplo, aunque
no anteriores). No obstante, no aparecen todos los contratos menores y
negociados sin publicidad adjudicados desde 2008 por los órganos de la Junta.
Por
tanto, queda claro que la transparencia está reñida con el Gobierno de
Susana Díaz, y parece ser que ha contagiado incluso al Presidente
del Parlamento andaluz (caso de su sobrino y el contrato menor) y al
Grupo parlamentario de Ciudadanos, que calla y mira hacia otro lado
-¡qué empeño en arrojarse al precipicio!-.
Y
también es casualidad que la competencia sobre dicha Plataforma de Contratación
reside en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la que desde el
año 2013 dirige la ex Consejera de Salud (2004-2013), María Jesús
Montero Cuadrado.
¡Con
Susana Díaz y María Jesús Montero hemos topado! Tanto monta, monta tanto, la
información ocultando. ¿Qué temen ambas? ¿Habrá sorpresa para las próximas
elecciones autonómicas? Creo que el año 2018 será muy interesante.
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