TRIBUNALES. Así funcionaba el triángulo del PSOE, la Junta y
los cursos de formación
- La empresa ligada al ex 'número 2' del PSOE-A que recibió subvenciones fichó a un ex alto cargo y a un chófer del partido, que también fue alumno
La Junta admite ya un agujero de 149 millones de euros en subvenciones para cursos sin justificar
- El consejero sigue ocultando la cuantía de las subvenciones que está reclamando a UGT y otros entes afines al PSOE
La Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, admite ya un agujero de 149 millones de euros en subvenciones para cursos de formación que no se destinaron a los fines previstos. Sin embargo, trata de desvincularlo de la existencia de un "fraude generalizado", que niega, a pesar de las investigaciones judiciales y policiales abiertas.
El Gobierno de Susana Díaz, incapaz de recuperar el
dinero de la corrupción
- El presupuesto refleja que sólo ha recaudado un 26% de las subvenciones desviadas
INFORME DE FISCALIZACIÓN. Sierra Nevada, al margen de la ley y de los
recortes
- Los directivos de Cetursa, la empresa pública de la Junta que explota la estación de esquí, cobraban sueldos por encima de lo legal
- La Cámara de Cuentas acusa a la consejera delegada de idear una argucia para burlar las leyes presupuestarias
La empresa de la Junta que gestiona Sierra Nevada
paga a sus trabajadores «pluses a la constancia»
- La sociedad pública Cetursa lleva diez años contratando personal sin convocatoria pública y al margen de la ley
La empresa autonómica que gestiona la estación de
esquí de Sierra Nevada, Cetursa S.A., funciona como una isla sin ley en el «archipiélago» de entes
instrumentales que componen la denominada Administración paralela de la Junta. Así lo constata la Cámara de
Cuentas de Andalucía tras fiscalizar las cuentas del ejercicio 2015. La
sociedad que dirige la exconsejera María José López González ha estado durante diez años contratando a su personal
sin convocatoria pública y saltándose la Ley de
Administración de la Junta de Andalucía, del año 2007.
Los ascensos tampoco se guían por criterios
objetivos. En los procesos de promoción interna «no queda acreditado
el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la
selección de los candidatos», afirma.
ANDALUCÍA. Durán dice que la retribución de los directivos de
RTVA de 2,3 millones supone un 1,19% de su presupuesto
- El subdirector general de RTVA afirma que Canal Sur presenta un superávit de 244.366 euros a 30 de septiembre
TRIBUNALES
Así funcionaba el triángulo del PSOE, la
Junta y los cursos de formación
- La empresa ligada al ex 'número 2' del PSOE-A que recibió subvenciones fichó a un ex alto cargo y a un chófer del partido, que también fue alumno
La Junta de Andalucía, que preside la
socialista Susana Díaz, es incapaz de
recuperar todo el dinero que se ha desviado a través de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno andaluz, como
el de los ERE irregulares, el fraude de los
cursos de formación o la trama de las facturas falsas de la federación andaluza
de UGT.
Ni
recupera todo el dinero ni cumple las previsiones que el propio Gobierno andaluz incluye cada año en los presupuestos en la
partida de los ingresos que espera recibir a través de los expedientes de
reintegro, con los que trata de recuperar el dinero desviado procedente de
subvenciones, según queda reflejado en las cuentas andaluzas de los últimos
años y en el avance de liquidación del presupuesto de 2017 analizados por EL
MUNDO.
El dato más revelador sobre el escaso
éxito que ha tenido la Junta a la hora de recuperar el dinero de subvenciones
que no se han destinado a los fines previstos es la «recaudación neta» alcanzada en los diferentes expedientes de reintegro. De los ejercicios
presupuestarios cerrados, la recaudación neta es tan sólo un 26%, es decir, que de los 279,5 millones de euros que el Gobierno andaluz
esperaba recaudar tan sólo ha ingresado 73,5
millones de euros.
Las fuentes de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero, consultadas por este diario indicaron que esos datos -los últimos
disponibles- están cerrados a 30 de septiembre, por lo que confían en que, de
aquí a final de año, se cumplan las previsiones.
Además, la Administración no calcula el porcentaje
recaudado sobre el total reflejado en el presupuesto, sino sobre los «derechos
reconocidos», de manera que consigue un dato más favorable: el 43%, en vez del
26%.
Otro dato significativo sobre el dinero
que la Junta es incapaz de recuperar por los casos de corrupción son las
partidas reflejadas en los presupuestos, que van a la baja. En 2017, el
Gobierno esperaba recaudar 442,9 millones de euros por los expedientes de reintegro (279,5 millones de ejercicios
cerrados y 163,4 millones del presupuesto corriente). En cambio, el año que
viene, la cifra se reduce en 69,8 millones, al pasar a 373,1 millones (233,9 de ejercicios cerrados y 139,2 del corriente).
Las fuentes oficiales de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública puntualizaron que «reintegro no es
igual a fraude», ya que en este
capítulo también hay, por ejemplo, ayuntamientos que recibieron una subvención
de la Junta para construir una instalación deportiva y finalmente no la
pudieron hacer, por lo que deben devolver el dinero a través del
correspondiente expediente de reintegro. Sin embargo, sí tienen forma de
expedientes de reintegro los desvíos de subvenciones de la federación andaluza de UGT.
Como viene informando este diario, este
sindicato tiene abiertos al menos 34 expedientes de reintegro correspondientes a 34 ayudas distintas en los que la Junta le exige
la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que no destinó a los fines previstos. La cantidad exacta
que reclama la Junta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El
Gobierno de Susana Díaz se ha negado a facilitarla a la oposición en el
Parlamento andaluz y a este diario a través del Portal de la Transparencia.
La Junta abrió estos reintegros a UGT
después de que este diario y otros medios documentaran los numerosos desvíos de
ayudas, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato regaló a los
asistentes a un congreso regional o gastos de protestas del sindicato.
Pero no sólo está UGT. A través de los
expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz trata de recuperar el dinero
desviado con el fraude de la formación. Aunque Susana Díaz y sus consejeros
insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están
archivando las investigaciones, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos
reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como las de los
consorcios controlados por la Administraciíon andaluza, que gastaron fondos
destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, en jamones o fiestas.
Por lo tanto, la partida presupuestaria
que incluye el dinero que se ha desviado a través de los casos de corrupción
son los expedientes de reintegro abiertos por la Junta a entidades que han
recibido subvenciones, pero que no las destinaron a los fines previstos. Además
de corrupción, hay reintegros que no encierran ningún tipo de fraude, pero la
Administración no discrimina y los mete a todos en el mismo saco.
La Junta admite ya un agujero de 149
millones de euros en subvenciones para cursos sin justificar
- El consejero sigue ocultando la cuantía de las subvenciones que está reclamando a UGT y otros entes afines al PSOE
La Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, admite ya un agujero de 149 millones de
euros en subvenciones para cursos de formación que no se destinaron a los fines
previstos. Sin embargo, trata de desvincularlo de la existencia de un "fraude
generalizado", que niega, a pesar de las investigaciones judiciales y
policiales abiertas.
La
Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz,
admite ya un agujero de 149 millones de euros en subvenciones para cursos de
formación que no se destinaron a los fines previstos. Sin embargo, trata de
desvincularlo de la existencia de un "fraude generalizado", que
niega, a pesar de las investigaciones judiciales y policiales abiertas.
El
consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha explicado este jueves durante su comparecencia
en comisión parlamentaria que la Junta está reclamando a través de 1.750 expedientes de reintegro la
devolución de 149 millones de
euros que recibieron entidades y empresas que no destinaron las subvenciones
para los cursos a los fines previstos.
A
partir de 2013 y después de que estallara el escándalo de la formación, la
Junta inició una investigación
interna para revisar miles de expedientes de subvenciones: 8.505
ayudas concedidas en los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2011 por valor
de 1.613 millones de
euros.
Aunque
la revisión de estas ayudas para la formación comenzó hace cuatro añoscon el entonces
consejero de Educación Luciano
Alonso, competente en esta materia, siguió con su sucesor José Sánchez Maldonado y continúa
con el actual consejero Carnero, lo cierto es que la Junta ha sido incapaz de
cerrar ya la revisión y justificación de las subvenciones millonarias que
concedió.
De los 8.505 expedientes, sólo se han concluido 6.501, según la información facilitada por el consejero Carnero. Por lo tanto, tras
cuatro años de trabajo, a la Junta todavía le quedan por revisar y concluir
2.004 subvenciones para los cursos.
Carnero
ha admitido un "retraso
considerable" en la gestión de estas subvenciones por parte de
su departamento, pero ha culpado de ello a la "judicialización" del fraude de la formación, que
han estado investigando juzgados de toda Andalucía.
"Van
a paso de tortuga", ha lanzado la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, que ha recordado
que en diciembre del año pasado la cifra de expedientes liquidados
definitivamente era de 5.808, frente a los 6.501 que hay actualmente, según las
cifras ofrecidas este jueves por el consejero.
Oculta el fraude de UGT
El consejero ha persistido
en la estrategia de la Junta de mantener oculto el presunto fraude de la federación andaluza de UGT, que acumula 7 expedientes de reintegro para
que devuelva ayudas de la formación, que se suman a otra veintena de reintegros
sobre subvenciones de otras materias.
La Junta reclama a UGT-A la
devolución de subvenciones millonarias, después de que, a partir del verano del año
2013, este diario y otros medios acreditan con facturas, documentos contables y
correos electrónicos el uso irregular que se le había dado a parte de las
ayudas públicas, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla y
los 700 maletines fabricados en
Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso
regional. Y son sólo dos ejemplos del sinfín de irregularidades publicadas por
este diario y que están bajo lupa del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla en
una causa en la que hay una
veintena de investigados -antes imputados-.
Pese a que la diputada del PP Ruiz-Sillero ha reclamado con insistencia al consejero que
aclarase la cuantía de las subvenciones que le exigen a UGT-A además de otras entidades afines al PSOE que cuentan con expedientes de reintegro,
Carnero ha evitado ofrecer el dato.
El consejero ha justificado su negativa a dar
información en
que cuando acabe el proceso la cantidad podría ser menor. Ha puesto el ejemplo
del Ministerio de Empleo que solicitaba la devolución de 9 millones de euros
que finalmente se quedaron en 600.000 euros tras los recursos pertinentes.
Sin embargo, en pleno
escándalo de la trama de las facturas falsas de UGT, el 30 de octubre de 2014,
el entonces de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el socialista José Sánchez Maldonado, sí informó de que la Junta estaba reclamando a UGT
Andalucía la devolución de 15,3
millones de euros mal justificados.
Red clientelar
Tampoco
ha facilitado el consejero la cantidad recuperada por la Junta en este proceso
de revisión. Ruiz-Sillero se ha preguntado si el Gobierno andaluz no estaría haciendo "a posta una revisión
errónea para
no perjudicar a la red clientelar" que se benefició de las subvenciones
millonarias para los cursos de formación.
La
diputada ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) que dio la razón a UGT-A en un expediente de
reintegro abierto por la Junta para que devolviera 1 millón de euros porque la
Administración empleó una vía errónea para
reclamárselo.
Como informó ELMUNDO.es, la
sentencia destaca que la Junta, en vez de abrir un expediente de reintegro,
tenía que haber iniciado un proceso de «revisión de oficio», idéntico a los que la Administración
andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a
través de los ERE irregulares.
ANDALUCÍA
El Gobierno de Susana Díaz, incapaz de recuperar el
dinero de la corrupción
- El presupuesto refleja que sólo ha recaudado un 26% de las subvenciones desviadas
La Junta de Andalucía, que preside la
socialista Susana Díaz, es incapaz de
recuperar todo el dinero que se ha desviado a través de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno andaluz, como
el de los ERE irregulares, el fraude de los cursos de
formación o la trama de las facturas falsas de la federación andaluza de UGT.
Ni recupera todo el dinero ni cumple las previsiones que el propio Gobierno andaluz incluye cada año en los presupuestos
en la partida de los ingresos que espera recibir a través de los expedientes de
reintegro, con los que trata de recuperar el dinero desviado procedente de
subvenciones, según queda reflejado en las cuentas andaluzas de los últimos
años y en el avance de liquidación del presupuesto de 2017 analizados por EL
MUNDO.
El dato más revelador sobre el escaso
éxito que ha tenido la Junta a la hora de recuperar el dinero de subvenciones
que no se han destinado a los fines previstos es la «recaudación neta» alcanzada en los diferentes expedientes de reintegro. De los ejercicios
presupuestarios cerrados, la recaudación neta es tan sólo un 26%, es decir, que de los 279,5 millones de euros que el Gobierno andaluz
esperaba recaudar tan sólo ha ingresado
73,5 millones de
euros.
Las fuentes de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero, consultadas por este diario indicaron que esos datos -los últimos
disponibles- están cerrados a 30 de septiembre, por lo que confían en que, de
aquí a final de año, se cumplan las previsiones.
Además, la Administración no calcula el porcentaje
recaudado sobre el total reflejado en el presupuesto, sino sobre los «derechos
reconocidos», de manera que consigue un dato más favorable: el 43%, en vez del
26%.
Otro dato significativo sobre el dinero
que la Junta es incapaz de recuperar por los casos de corrupción son las
partidas reflejadas en los presupuestos, que van a la baja. En 2017, el
Gobierno esperaba recaudar 442,9 millones de euros por los expedientes de reintegro (279,5 millones de ejercicios
cerrados y 163,4 millones del presupuesto corriente). En cambio, el año que
viene, la cifra se reduce en 69,8 millones, al pasar a 373,1 millones (233,9 de ejercicios cerrados y 139,2 del corriente).
Las fuentes oficiales de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública puntualizaron que «reintegro no es
igual a fraude», ya que en este
capítulo también hay, por ejemplo, ayuntamientos que recibieron una subvención
de la Junta para construir una instalación deportiva y finalmente no la
pudieron hacer, por lo que deben devolver el dinero a través del
correspondiente expediente de reintegro. Sin embargo, sí tienen forma de expedientes
de reintegro los desvíos de subvenciones de la federación andaluza de UGT.
Como viene informando este diario, este
sindicato tiene abiertos al menos 34 expedientes de reintegro correspondientes a 34 ayudas distintas en los que la Junta le exige la
devolución de más de
15 millones de euros por subvenciones que no destinó
a los fines previstos. La cantidad exacta que reclama la Junta se mantiene en
secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha negado a
facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través
del Portal de la Transparencia.
La Junta abrió estos reintegros a UGT
después de que este diario y otros medios documentaran los numerosos desvíos de
ayudas, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en
Asia que el sindicato regaló a los
asistentes a un congreso regional o gastos de protestas del sindicato.
Pero no sólo está UGT. A través de los
expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz trata de recuperar el dinero
desviado con el fraude de la formación. Aunque Susana Díaz y sus consejeros
insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están
archivando las investigaciones, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos
reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como las de los
consorcios controlados por la Administraciíon andaluza, que gastaron fondos
destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, en jamones o fiestas.
Por lo tanto, la partida presupuestaria
que incluye el dinero que se ha desviado a través de los casos de corrupción
son los expedientes de reintegro abiertos por la Junta a entidades que han
recibido subvenciones, pero que no las destinaron a los fines previstos. Además
de corrupción, hay reintegros que no encierran ningún tipo de fraude, pero la
Administración no discrimina y los mete a todos en el mismo saco.
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Sierra Nevada, al margen de la ley y de
los recortes
- Los directivos de Cetursa, la empresa pública de la Junta que explota la estación de esquí, cobraban sueldos por encima de lo legal
- La Cámara de Cuentas acusa a la consejera delegada de idear una argucia para burlar las leyes presupuestarias
Cetursa, la empresa pública de la Junta
de Andalucía que explota la estación de esquí de Sierra Nevada, es un auténtico chollo sobre todo para sus directivos. O, al menos, lo ha sido en los
últimos años.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha
desvelado en su último informe de fiscalización sobre la sociedad y sus filiales cómo en todo este entramado empresarial
dependiente del Gobierno andaluz se han mantenido privilegios, sobre todo económicos, al margen de la legalidad y obviendo los ajustes
presupuestarios que sí afectaron a administraciones y otras sociedades
públicas. Todo con el objetivo, señala el informe de la Cámara, de cobrar por
encima de lo permitido.
El informe que hizo público ayer el
órgano fiscalizador autonómico dibuja un panorama de arbitrariedad y absoluto desprecio a los sucesivos planes financieros y leyes
presupuestarias, tanto estatales como andaluces, de manera que los altos cargos
de Cetursa apenas vieron reducidas sus remuneraciones.
De hecho, señala el informe, la
dirección -al frente de la cual, como consejera delegada, está la ex consejera
de Justicia María José López- ignoró durante dos años la Ley 3/2012, que
imponía ajustes en los sueldos de
cargos y empleados públicos y lo mismo hizo con las leyes de presupuestos.
Hasta 2014, la consejera delegada de
Cetursa no se da por enterada de la reducción de sueldos que ya sufría el
sector público. Es entonces cuando da la orden al departamento de Recursos
Humanos de rebajar las remuneraciones de los directivos.
Sin embargo, señala la Cámara de Cuentas,
apenas tardó dos meses en idear una trampa para volver a burlar los recortes legalmente establecidos. Lo hizo
aprobando un nuevo organigrama de Cetursa en virtud del cual las direcciones y
subdirecciones se convirtieron en áreas y sus titulares, hasta entonces
directores y subdirectores, son cesados y nombrados a continuación «jefes de
servicio».
Con este cambio, los directivos pasaron
a estar incluidos dentro del convenio colectivo, con lo que sus sueldos -que habían sido reducidos- recuperaron buena
parte de lo perdido y subieron de nuevo.
Un ejemplo: Uno de los cinco altos cargos de Cetursa ganaba en 2014 68.977 euros, una
cantidad que bajó a 61.307 en 2014, cuando al fin la empresa pública asumió la
reducción de sueldos obligatoria. Sin embargo, al año siguiente la remuneración
alcanzó los 71.841 euros, más incluso que antes de aplicar los ajustes
establecidos en los planes económico financieros y en los presupuestos.
Esa subida coincide, precisamente, con
la supresión de las direcciones y subdirecciones y el encuadramiento de sus
antiguos titulares en el convenio como «jefes de servicio».
Más sueldo que la presidenta
El resultado, a finales de 2016, es que tres miembros de la cúpula de Cetursa cobran más incluso que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuyo sueldo anual, según los datos oficiales actualizados a 30 de septiembre de 2017, es de 65.090,88 euros.
El que estos cambios en el organigrama
no respondían a otra estrategia que a la de desobedecer las normas de ahorro estatales y autonómicas lo dicen los mismos autores del informe
de la Cámara de Cuentas, que hablan de menoscabo de fondos públicos e indicios
«de posible responsabilidad contable administrativa».
Aunque hay más irregularidades. Estos cambios los ordenó la consejera delegada sin constar acuerdo del
consejo de administración y tampoco contó con los informes preceptivos de la
Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, de
la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública.
La modificación del organigrama, y la
consecuente adhesión al convenio de los altos cargos, no fue autorizada por el
titular de la Consejería de la que depende la empresa, Turismo y Deporte.
Con todo, el chollo de los directivos
no es la única anomalía que ha encontrado el órgano de control. Además, Cetursa
ha hecho contrataciones
a dedo y paga incentivos y gratificaciones
arbitrariamente y sin que estén recogidos en los convenios colectivos
aplicables.
Además de los cinco directivos, cobran
estos pluses un total de 51 trabajadores, gratificaciones que también debieron quedar
suspendas con los recortes.
Y a todo lo anterior hay que añadir una
póliza de vida y accidentes para la plantilla por la que Cetursa debía haber practicado retenciones y pagos a cuenta
de más de 10.000 euros a Hacienda.
La empresa de la Junta que gestiona Sierra Nevada
paga a sus trabajadores «pluses a la constancia»
- La sociedad pública Cetursa lleva diez años contratando personal sin convocatoria pública y al margen de la ley
La empresa
autonómica que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, Cetursa S.A.,
funciona como una isla sin ley en el «archipiélago» de entes instrumentales que componen
la denominada Administración paralela de la Junta. Así lo constata la Cámara de
Cuentas de Andalucía tras fiscalizar las cuentas del ejercicio 2015. La
sociedad que dirige la exconsejera María José López González ha estado durante
diez años contratando a su personal sin convocatoria pública y saltándose la
Ley de Administración de la Junta de Andalucía, del año 2007.
Los ascensos
tampoco se guían por criterios objetivos. En los procesos de promoción interna
«no queda acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la
selección de los candidatos», afirma.
Además del
complemento de antigüedad, el personal incluido en el convenio de remontes
tiene reconocido el denominado «plus de permanencia», devengado por todos los
trabajadores con una antigüedad en la empresa superior a los 1.550 días, y un «plus a la constancia»
que se paga a los 15 años (equivalente a una mensualidad), a los 25 años (dos
mensualidades) y a la baja definitiva (tres mensualidades).
Cetursa, que tiene
en nómina a 670 personas, reconvirtió de la noche a la mañana a sus directivos en «jefes de
servicio» para
mantener sus elevadas retribuciones y sortear la ley autonómica de 2012 que
rebajaba el tope salarial de los directivos como medida de ahorro ante la
crisis, según revela el órgano fiscalizador.
La
Cámara de Cuentas avisa de posible menoscabo de fondos públicos
No es hasta el año 2014
cuando «se da la orden de adecuar la nómina de los directivos a la norma, con
lo que hay un periodo de aproximadamente dos años en el que
las Leyes
de Presupuestos no son cumplidas, ordenándose pagos en
contra de sus prescripciones», expone el informe.
El «truco» consistió en un
cambio del organigrama. El 31 de diciembre de 2014, «las subdirecciones y direcciones
se reconvierten en áreas y sus titulares son
cesados como directores» y designados como «jefes de servicio» ese mismo día.
Fue un cambio nominativo, porque sus funciones no variaron y sus sueldos, que
rondan entre 56.105 y 82.476 euros anuales, tampoco.
La Cámara ve indicios de
responsabilidad contable en esta actuación y «el consecuente menoscabo de
fondos públicos».
Todo ello, en una empresa
que, según denunció ya en 2016 el diputado andaluz de Podemos, David Moscoso,
en el Parlamento, acumula pérdidas anuales de 6 millones y cada vez externaliza
más servicios.
El incumplimiento resulta
flagrante para el equipo fiscalizador. «No consta el acuerdo del consejo de
administración que autorice el cambio de estructura directiva». Cetursa
tampoco tiene el informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos. No fue autorizado por el
titular de la Consejería de Turismo y Deporte, a la que está adscrita la
empresa, ni por la Consejería de Hacienda.
La política de personal
también es un territorio sin ley, según la fiscalización realizada. «Las cinco
direcciones/jefaturas de servicios y un total de 51 trabajadores
tienen reconocidos en sus nóminas incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias no
recogidos en los convenios colectivos», dice el informe.
El importe pagado por este complemento a los
jefes/directivos no sigue un patrón fijo. En 2015, osciló entre un mínimo de
100 euros y un máximo de 815 euros brutos al mes en 15 pagas.
Durante una década Cetursa
ha contratado personal de manera discrecional. «La contratación de personal con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2007 de la Administración de la
Junta de Andalucía, no ha ido precedida de convocatoria pública en medios
oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los
principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así
como,los de mérito y capacidad», advierte la Cámara. La empresa alega en los últimos
años la plantilla se ha reducido de 829 a 670 personas.
ANDALUCÍA
Durán dice que la retribución de los directivos de
RTVA de 2,3 millones supone un 1,19% de su presupuesto
- El subdirector general de RTVA afirma que Canal Sur presenta un superávit de 244.366 euros a 30 de septiembre
El
subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, ha destacado este
martes que el coste total de las retribuciones de los directivos de RTVA supone
un 1,19 por ciento del total
del presupuesto de la empresa pública, mientras que el coste de los miembros del
Consejo de Administración corresponde a un 0,56 por ciento del
mismo.
Así
lo ha detallado Durán durante una pregunta planteada por el diputado de Podemos Andalucía Jesús Romero en la comisión parlamentaria de
control de la RTVA y de sus sociedades filiales, donde se ha interesado por el
coste que le supone a la empresa andaluza dichas retribuciones.
De
esta manera, el responsable de la cadena ha detallado igualmente que el coste
de las retribuciones de los directivos, que asciende a 2.353.353,76 euros, supone un 2,23 por ciento del dinero destinado a
gasto de personal, mientras que el dispuesto para los consejeros, con un
montante de 1.163.100 euros, representa en los
fondos destinados a gastos de personal un uno por ciento.
En
lo que al Consejo de Administración respecta, Durán ha explicado que tanto para
el 2017 como para el 2018 la cantidad destinada ha sido similar y que la misma
incluye tanto los salarios, como la Seguridad Social y otros gastos. En este
marco, ha advertido de que, en relación a lo presupuestado, se gastarán unos 250.000 euros menos pues el presupuesto se
elabora en base a los 15 consejeros que debe tener el órgano y, actualmente, hay tres miembros menos.
Sobre
los directivos, ha detallado que Canal Sur cuenta ahora mismo con 29 personas en la dirección y que desde el 2008
"se ha producido una bajada con un 40 por ciento menos" de
directivos. En este caso, de los 2.353.353,76 euros contemplados, responden a
los salarios 1.946.715 euros y a la Seguridad Social 406.638 euros, de una
partida que en los dos últimos años "se ha reducido en 130.000
euros".
De
su lado, el representante de Podemos Andalucía ha agradecido a Durán sus
explicaciones y ha reclamado que se lleve a efecto la renovación del Consejo de
Administración de la RTVA para que "represente la voluntad de la
ciudadanía representada en las urnas y que Podemos y Ciudadanos estemos presentes" en el mismo.
Se
ha mostrado convencido de que si se elimina "el bloqueo" para renovar
el Consejo de Administración, "podremos empujar mejor", momento en el
que ha reclamado respaldo a las enmiendas que presentará la formación morada a
las cuentas autonómicas del 2018 para "mejorar
la financiación" de esta empresa pública.
El presupuesto
Por otra
parte, el subdirector general de RTVA ha informado de que Canal Sur "tiene
una liquidación positiva a 30 de septiembre de 2017 de 244.366 euros, frente a la estimación de resultado
equilibrado en el presupuesto de 2017", cuando en el mismo periodo del
ejercicio 2016 "se produjo un resultado negativo de 1.388.026 euros".
Así
lo ha anunciado Durán durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria,
donde ha calificado de equilibrada la ejecución
presupuestaria hasta el momento "ya que
presentamos superávit gracias al esfuerzo de contención del gasto que, una vez
más, ha compensado la caída de los ingresos
comerciales,
debido a la situación del mercado".
Durán
ha desgranado que los gastos a 30 de septiembre de 2017 ascienden a 116.963.252
euros que, con respecto a los 164.005.621 euros presupuestados para el
ejercicio, representa un 71,32 por ciento de
ejecución del gasto, "por debajo del 75 por ciento que correspondería al mes
de septiembre si suponemos una distribución homogénea del presupuesto a lo
largo del ejercicio".
Estos
datos suponen una reducción de 2.346.276 euros con respecto a la ejecución de
gastos a septiembre de 2016 -119.309.528 euros-, es decir un 1,97 por ciento menos
que en ejercicio anterior.
Por
otra parte, ha concretado que los ingresos del periodo
ascienden a 117.207.618 euros, habiéndose ejecutado por tanto el 71,47 por
ciento del presupuesto de ingresos del ejercicio 2017 -164.005.621 euros-, que
ha disminuido con respecto a la ejecución de los ingresos en septiembre de 2016
en un 0,61 por ciento (713.884 euros), "bajada que se ha visto compensada
con la disminución de los gastos".
Programas
En cuanto a
la partida de aprovisionamientos, que recoge los gastos
asociados a programas, ha explicado que la ejecución a 30 de septiembre de 2017
asciende a 25.726.035 euros,
frente al presupuesto del ejercicio de 40.890.868,00 euros, lo que representa
un porcentaje de ejecución del 62,91 por ciento, "por debajo del 75 por
ciento que supondría una ejecución equilibrada a septiembre". Significa
una disminución del 8,04 por ciento con respecto al gasto por este concepto a
septiembre de 2016 (2.250.052 euros menos).
Por
otra parte, Durán también ha explicado que los gastos de personal a
30 de septiembre ascienden a 65.780.393 euros que
frente al presupuesto del ejercicio de 86.242.110 euros, "lo que supone un
porcentaje de ejecución del 76,27 por ciento".
Críticas del PP
Por el PP-A, Guillermo García de Longoria, si bien ha
señalado que "hay un equilibrio" en las cuentas, ha considerado que
esto es así porque "hay poco margen para el descuadre". Así, ha
explicado que los ingresos que aporta la Junta están definidos, en 104 millones,
pero la dirección de RTVA "no tiene capacidad para aumentar los
ingresos" de su lado, pues por ahora "solo ha obtenido once
millones". De esta manera, ha lamentado que la televisión pública "la acaban pagando los andaluces"
prácticamente en su totalidad.
Datos positivos
para el PSOE
Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria Olga Manzano ha saludado los datos económicos que arroja la RTVA a 30 de septiembre porque, según ha resaltado, la liquidación "es positiva" y la ejecución presupuestaria es "razonable a tres meses de que termine el año". "Hay normalidad", ha advertido la socialista, que ha agradecido al representante del PP-A que reconozca que "hay equilibrio" en las cuentas.
Jesús Romero, de
Podemos, ha considerado que el presupuesto de la RTVA es "completamente
insuficiente" pues, en virtud del nivel de exigencia que tiene como
servicio público, "necesita un presupuesto que no sea restrictivo sino expansivo". "No estamos en situación de normalidad", ha
abundado el diputado, que ha exigido que la empresa pública sea "mucho más
ambiciosa".
Por Cs, Isabel Albás ha defendido que la RTVA "tiene
que tener más ambición" porque, año tras año, "vemos que hay conformismo y que aumenta la línea positiva pero
de forma muy leve". Ha lamentado que la dirección siempre argumente el
problema que supone la venta de publicidad porque, "aunque no es fácil,
hay que seguir intentando mejorar los resultados económicos para que a los
andaluces nos cueste menos" su puesta en marcha.
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