¿Es hora de reflexionar; hacia donde vamos.?
De esta manera se ha ido
debilitando paulatinamente el Gobierno central y disolviendo la identidad
nacional hasta conformar una organización territorial en la que
España no es más que la suma de 17 identidades regionales que defienden
la unidad exclusivamente por conveniencia económica y con nulo sentimiento de
nación....
Aunque algunos lleguen a pensar que ya todo está
superado, los males de fondo permanecen ........el alocado camino hacia la
destrucción de España que ha supuesto este Estado de las Autonomías en el que
el famoso 'café para todos' se ha convertido en 17 desayunos, almuerzos,
meriendas y cenas que la economía española no puede costear.
.... no habrá ningún partido con
representación en las Cortes que abogue por restar poder a las Comunidades Autónomas y
fortalecer al Estado ni por el progresivo desmantelamiento de la elefantiásica
arquitectura administrativa autonómica, de lo que en Andalucía sabemos mucho ya que
soportamos no sólo un edificio sino dos, con lo que suponen
de descontrol en el gasto público hasta el punto de que más de 3.000 millones
de euros -procedentes
de los impuestos que pagamos los ciudadanos- gasta anualmente la
Junta sin saber en qué (véase el último informe de fiscalización de la Cámara de
Cuentas).....
¿A quién benefician las
Comunidades Autónomas?
Artículo de Manuel Vicente
El intento de ruptura de la unidad nacional por
parte del independentismo catalán -con la inestimable ayuda de Podemos y todas
sus mareas-, al que se ha unido de inmediato el vasco para aparecer como el
'poli bueno', está suponiendo el último paso de la desastrosa aplicación del
Estado de las Autonomías que inventaron los padres de la Constitución del 78
como eufemismo de lo que en todo el mundo se conoce como Estado federal.
Independentistas catalanes, y en menor medida vascos, han llegado a la orilla
del Rubicón y han colocado un pie al otro lado después de disponer durante años
del beneplácito de los gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, a los
que garantizaban legislaturas sin sobresaltos a cambio de asumir
progresivamente mayores cuotas de poder, las mismas que tenían que entregar
también al resto de barones autonómicos para apaciguar ánimos.
De esta manera se ha ido
debilitando paulatinamente el Gobierno central y disolviendo la identidad
nacional hasta conformar una organización territorial en la que
España no es más que la suma de 17 identidades regionales que defienden
la unidad exclusivamente por conveniencia económica y con nulo sentimiento de
nación. Hasta que el riesgo de fractura del territorio no ha
sido patente, el ciudadano medio no ha descolgado las banderas de España hacia
el exterior y no se ha sacudido el complejo que identifica español con “facha”, aunque los militantes de izquierda aún
lo conservan en mayor medida cuanto más radicales. La reacción social ha servido quizá
de impulso para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ejecutará la
solución política mediante una tibia aplicación del artículo 155 de la
Constitución -las condiciones puestas por el PSOE revelan que no se ha quitado
el complejo de ser llamado “facha”- y para que haya activado la judicial, como
corresponde, a través de la Fiscalía General del Estado.
Aunque algunos lleguen a pensar que ya todo está
superado, los males de fondo permanecen sin que ninguno de los
cuatro partidos mayoritarios se atreva a afrontarlos desandando el alocado camino hacia
la destrucción de España que ha supuesto este Estado de las Autonomías en el que
el famoso 'café para todos' se ha convertido en 17 desayunos, almuerzos,
meriendas y cenas que la economía española no puede costear. Aunque la crisis catalana
quedara resuelta el 21-D, lo cual es mucho aventurar, se nos avecinan cruciales
debates para la configuración territorial y el sostenimiento de las Comunidades
Autónomas a través de sendas reformas de la Constitución y del sistema de
financiación autonómica, en los cuales no habrá ningún
partido con representación en las Cortes que abogue por restar poder a las
Comunidades Autónomas y fortalecer al Estado ni por el progresivo
desmantelamiento de la elefantiásica arquitectura administrativa autonómica, de lo que en Andalucía sabemos mucho ya que
soportamos no sólo un edificio sino dos, con lo que suponen
de descontrol en el gasto público hasta el punto de que más de 3.000 millones
de euros -procedentes
de los impuestos que pagamos los ciudadanos- gasta anualmente la
Junta sin saber en qué (véase el último informe de fiscalización de la Cámara de
Cuentas).
Difícilmente los impuestos que pagamos los españoles
podrían nunca costear el entramado político-administrativo formado por
Administración General del Estado-Comunidades Autónomas-Diputaciones
Provinciales-Mancomunidades-Consorcios-Ayuntamientos, de ahí que su
sostenimiento se esté realizando a base de un endeudamiento
que alcanza ya el 100% del Producto Interior Bruto, con lo que supone de cargar
nuestros desmanes sobre las próximas generaciones. Además de lo económico, España necesita
poner freno a las inmersiones lingüísticas que desplazan al castellano a un
segundo lugar, a las manipulaciones históricas que se enseñan en los libros de
texto de los colegios, a la proliferación de universidades que compiten entre
sí pero ninguna accede al ránking de las 150 mejores del mundo, al cultivo de
la identidad nacional desde la infancia. Todo esto sólo se
consigue devolviendo la competencia de Educación al Gobierno central, al igual
que deben
devolverse las de sanidad y justicia para garantizar el
mismo servicio a todos los españoles con independencia del territorio en el que
residan.
Partido Popular y PSOE ya dejaron claro hace tiempo
su negativa a modificar el status quo autonómico; mientras que Ciudadanos se
desentendió, en su pacto de legislatura, de incomodar a Mariano Rajoy con
condiciones como la supresión de las diputaciones. El aluvión de
cargos políticos que dejarían de encontrar acomodo en caso de desmantelamiento
de las duplicidades administrativas es un peaje excesivamente alto para los
partidos tradicionales y también para los que se han hecho viejos en sólo tres
años. La infografía que ilustra este
artículo ha sido rechazada en algunos foros aunque curiosamente
nunca se ha expuesto una cifra oficial del número de puestos de carácter
político que se esconden entre tanto organismo nacido al amparo de las
Comunidades Autónomas. Ni se ha expuesto ni probablemente se expondrá jamás, sencillamente porque
ninguna administración sabe con exactitud cuántos sueldos
políticos está costeando con el dinero de los impuestos que pagamos los
ciudadanos. En
esto no esperen, desde luego, que Andalucía sea pionera.
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