Los grupos políticos elegirán a los letrados del Parlamento andaluz por primera vez
- Hasta ahora los puestos de letrados del Parlamento andaluz se elegían tras una dura oposición abierta y pública
La situación es insólita en el Parlamento de Andalucía. Los grupos políticos a través de sus representantes en la Mesa del Parlamento van a elegir a los letrados de la Cámara, un puesto de alto funcionario que es clave para el desarrollo de la actividad parlamentaria ya que son los garantes de la legalidad. Hasta ahora, estos puestos se habían cubierto mediante una oposición abierta y pública y los aspirantes que reunían los requisitos técnicos requeridos —que no son pocos— eran seleccionados por un tribunal profesional, tal y como se recoge en el Estatuto del Personal del Parlamento andaluz.
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Una labor fundamental
Lo que sí está claro es que en la convocatoria pública del BOJA no se explica quién compondrá el tribunal que deberá calificarlos, simplemente que será la Mesa del Parlamento la que tome la decisión. Y el Estatuto del Personal del Parlamento es claro en este sentido: debe ser un tribunal profesional compuesto por un miembro de la Mesa o diputado licenciado en derecho (no todos los grupos políticos), un catedrático de universidad, el presidente del Parlamento, el letrado mayor y otro letrado de la Cámara que actuará como secretario.
Los grupos políticos elegirán a los letrados del
Parlamento andaluz por primera vez
- Hasta ahora los puestos de letrados del Parlamento andaluz se elegían tras una dura oposición abierta y pública
La situación es insólita en el Parlamento de
Andalucía. Los grupos políticos a través de sus representantes en la Mesa del
Parlamento van a elegir a los letrados de la Cámara, un puesto
de alto funcionario que es clave para el desarrollo de la actividad
parlamentaria ya que son los garantes de la legalidad. Hasta ahora, estos
puestos se habían cubierto mediante una oposición abierta y pública y los
aspirantes que reunían los requisitos técnicos requeridos —que no son pocos— eran
seleccionados por un tribunal profesional, tal y como se recoge en el Estatuto del
Personal del Parlamento andaluz.
Pero en este caso se ha cambiado
la fórmula. Y sustancialmente. La explicación de este cambio es que, en 2016 se convocó
una oposición para cubrir las plazas que estaban vacantes pero ningún aspirante
logró superar las pruebas, que son muy duras. Pero el trabajo en la Cámara ha
aumentado mucho al ser cinco los grupos parlamentarios en esta legislatura y,
según consta en los documentos oficiales del Parlamento, hay ocho
plazas de letrados y sólo tres están cubiertas, quedando cinco vacantes.
A estos hay que sumar el letrado mayor, Javier
Pardo, y el adjunto al letrado mayor, Vicente Perea. Así, el pasado 14 de
junio, la Mesa del Parlamento (el órgano de gobierno de la Cámara
donde tienen representantes todos los grupos políticos menos Izquierda Unida
que sólo tiene voz) decidió
convocar una comisión de servicio para contratar a tres letrados nuevos por un
período transitorio de un año y con un máximo de tres en el cargo, ya que estas
plazas deben ser ocupadas por un funcionario por oposición.
A esta convocatoria, que no aparece en la página
web del Parlamento de Andalucía, ni en su apartado de contratación de personal,
y que sólo fue publicada en el BOJA del 29 de junio, se han presentado
21 aspirantes que cumplen los requisitos legales solicitados. Un listado que,
por cierto, tampoco se ha publicado a pesar de que al ser una administración
pública, ese debería ser el procedimiento a seguir.
Lo más llamativo de este proceso
es que son los propios representantes de los partidos políticos (del PSOE, del
PP, de Podemos y Ciudadanos) los que están realizando las entrevistas
a los aspirantes, acompañados, eso sí, por el letrado mayor de la Cámara y por
el presidente del Parlamento.
Estas entrevistas se han realizado después de que
los propios grupos hayan hecho una preselección de los
aspirantes en base a los curriculos que han recibido del letrado mayor. Así, se ha
entrevistado personalmente a los aspirantes que habían sido aceptados por dos ó
más grupos políticos, que han entendido que su trayectoria profesional cumple
los requisitos establecidos. Tampoco se ha publicado el listado de
admitidos y de no admitidos, como suele ser habitual en los concursos públicos.
Las entrevistas a los aspirantes se celebraron la
semana pasada —las tardes del martes y el miércoles— y este próximo miércoles, la Mesa del
Parlamento se
pronunciará sobre los elegidos. Todos los entrevistados mostraron un altísimo nivel que
dejó impresionados a los diputados andaluces. Se trataba de letrados de la
Junta con años de carrera, de letrados de otras administraciones públicas y
también de la administración general de la Junta. Sin embargo, los propios
miembros de la Mesa desconocen si serán ellos los que tengan la última palabra
—con el visto bueno del letrado mayor y del presidente del Parlamento— o si
habrá otro criterio superior. Según ha podido saber ABC, a lo largo del proceso
se han ido tomando las decisiones en este sentido, por lo que todavía es
una incógnita cómo se resolverá.
Una labor fundamental
Lo que sí está claro es que en la convocatoria
pública del BOJA no se explica quién compondrá el tribunal que deberá
calificarlos, simplemente que será la Mesa del Parlamento la que tome la
decisión. Y el Estatuto del Personal del Parlamento es claro en este sentido: debe ser un
tribunal profesional compuesto por un miembro de la Mesa o diputado licenciado
en derecho (no
todos los grupos políticos), un catedrático de universidad, el
presidente del Parlamento, el letrado mayor y otro letrado de la Cámara que
actuará como secretario.
La solución adoptada por el Parlamento
andaluz se enmarca, además, dentro de la total autonomía que tiene esta Cámara, que
es completamente independiente en su funcionamiento del resto de poderes
públicos. De ahí la importancia que tiene el cuerpo de letrados
del Parlamento, ya que son quienes garantizan la legalidad.
Los letrados de la Cámara, cuya labor es
fundamental en la Cámara, tienen que ser funcionarios del grupo
A1 y percibirán unas retribuciones que asciende a 93.226,98 euros. Su intermediación es
imprescindible para que los grupos políticos puedan realizar su trabajo tanto
de proponer leyes o mociones como de controlar al Gobierno
andaluz en su
gestión diaria.
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