La Junta considera deteriorado un préstamo de 1,5 M € concedido por una asociación.
Artículo de Luis Escribano; miércoles, 13 de septiembre de 2017
- Se trata de un caso que refleja con detalle el régimen clientelar del PSOE en Andalucía
- El Gobierno andaluz, ¿ha exigido responsabilidades penales a los responsables, a pesar de desconocerse el paradero de más de 3 M €?
- ¿Qué controles tiene establecida la Consejería de Hacienda ante estos casos? ¿Qué actuaciones ha realizado desde que conoció el caso?
Pulso al Estado
Artículo de Luis Marín Sicilia. Martes, 29 de agosto de 2017
- “Hay que estar preparados para el final que se avecina sobre el pulso que al Estado pretenden echarle unos potenciales sediciosos a quienes, sin ambages, habrá que aplicar el peso de la Ley, solo la ley, pero toda la ley”
- “El pulso del separatismo catalán al Estado lo van a perder, porque la ambición política y los intereses partidarios de los políticos no pueden estar por encima del interés general de los españoles”
La colocación estratégica de los esquiroles separatistas [tal y como muestra la siguiente foto de EFE] acredita el grado de manipulación y por qué están indignados quienes, de buena fe, acudieron a la manifestación.
CODA.- Ayer, un grupo de políticos catalanes de ínfimo nivel presentaron la que, pomposamente, llaman "Ley de desconexión o de ruptura".
El nivel jurídico de la pretendida norma es tan deprimente y delirante como la categoría política de quienes la presentaron. El bochorno de la culta, moderada y sensata Cataluña, que es muy mayoritaria, debe ser indescriptible. La "asonada" de los incompetentes está llegando, desde el mayor de los ridículos, a su estación terminal.
Conclusión.
miércoles, 13 de septiembre de 2017
La Junta considera deteriorado un préstamo de 1’5
M € concedido a una asociación
Artículo de Luis Escribano
- Se trata de un caso que refleja con detalle el régimen clientelar del PSOE en Andalucía
- El Gobierno andaluz, ¿ha exigido responsabilidades penales a los responsables, a pesar de desconocerse el paradero de más de 3 M €?
- ¿Qué controles tiene establecida la Consejería de Hacienda ante estos casos? ¿Qué actuaciones ha realizado desde que conoció el caso?
La amargura que produce perder el trabajo y
engrosar las listas del paro no es un plato deseable para ningún trabajador,
especialmente si de los ingresos obtenidos dependen todos los gastos de su
familia. Y si esto ocurre con edades avanzadas, el asunto empeora, pues es más
difícil encontrar un nuevo empleo o aventurarse a crear uno.
Sin embargo, lo que voy a mostrar en este artículo
una vez más es la perversión del sistema que el PSOE andaluz ha
llevado hasta extremos inverosímiles. Presten atención al asunto concreto: la
Junta de Andalucía que preside Susana Díaz premia a una asociación que recibió un
préstamo de 1’49 millones de euros concedido por una empresa cuyo
titular era la propia Junta de Andalucía, y ese préstamo es reconocido como
deteriorado íntegramente en un documento publicado por la Junta de Andalucía, sin que
se informe de lo ocurrido y de los responsables.
Imaginen la situación si a quien concedieran ese
préstamo fuera un ciudadano como usted o yo: ¡¡¡nos habrían embargado hasta la
ropa que llevamos puesta!!! Pero, claro, en este caso se trataba de mantener la “paz
social”, es decir, que el PSOE pudiera seguir gobernando Andalucía, a pesar de su
nefasta gestión en la empresa que estaba en sus manos a través de la Junta de
Andalucía, cuyos trabajadores han acabado despedidos. Sin duda,
el gran negocio del PSOE en Andalucía es la compra de voluntades con el dinero
de los contribuyentes.
Pongamos nombres a todos los
actores: Junta de Andalucía, Santana Motor SA, Asociación de
Promoción Social “28 de Febrero”, UGT y CCOO. Y ahora observemos los distintos
escenarios, siendo el municipio de Linares (Jaén) uno de ellos.
Lo primero es recordar uno de los tantos casos de
corrupción ocurridos en nuestra Comunidad: las “ayudas sociolaborales”
concedidas a Santana Motor por la Junta de Andalucía, millones de euros, a
través de los archiconocidos entes de la administración paralela, la Agencia
IDEA y SOPREA, cuyos cargos públicos están siendo investigado por el Juzgado Nº
6 de Instrucción de Sevilla. La investigación fue iniciada por la Magistrada
Alaya y continuada por la Magistrada Núñez Bolaños. Hay 17 personas
“investigadas” (antes, imputadas) por esta pieza separada, especialmente altos
cargos (2 ex-Consejeros, 3 ex-Directores Generales, 2 cargos del IFA –ahora
Agencia IDEA-, 6 ex-directivos de la empresa). Para conocer en mayor profundidad el tema,
les recomiendo la lectura de los artículos publicado en este diario por Antonio
Barreda, titulado “Santana Motor: otra historia de la Agencia IDEA” y “ Sorpresas SOPREA”.
Resumiendo la historia, la Junta de Andalucía tomó
las riendas de la empresa privada de Santana Motor en los años 90, hasta
llevarla a la ruina y aprobar su liquidación, habiendo aportado millones y
millones de euros, con irregularidades en el primer ERE de 2001 que está siendo
investigado judicialmente.
Este es otro gran “éxito” del PSOE-A que tantos
andaluces le agradecen con su voto. Y como muestra, un botón: no hay más que
ver los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en
Linares, siendo el PSOE el partido más
votado desde el año 2003. ¡Hay que ser muy gilipollas o estar viviendo con el
dinero de los demás! No hay otra explicación posible.
¿Qué es un ERE?
Aclaremos en qué consiste un ERE (expediente de
regulación de empleo) para entender lo ocurrido con Santana Motor (y con otras
tantas empresas a las que la Junta de Andalucía regaló a dedo ayudas económicas
para las “prejubilaciones” de sus empleados con edades de más de 50 años).
Cuando una empresa entra en crisis, suele adoptar
una serie de medidas para solucionarlo. Entre ellas, a fin de disminuir gastos
en recursos humanos, se encuentran la reducción de la jornada laboral, la
suspensión o la extinción de los contratos de trabajo (despidos). Cuando son
varios los trabajadores afectados, la empresa inicia un ERE, procedimiento
administrativo regulado en la legislación laboral para obtener la autorización
de los órganos administrativos competentes para despedir o suspender a los
trabajadores en un marco en el cual se garantizan los derechos de los
trabajadores. Una vez aprobado el ERE con la reducción de la jornada, la
suspensión o extinción de la relación laboral, el trabajador puede solicitar su
prestación por desempleo (paro).
Salvo en algunos sectores muy concretos (minería,
astilleros, etc.), la Unión Europea (UE) no permite ayudas públicas de ningún
tipo a empresas que entran en crisis (para evitar distorsionar la competencia),
y tiene establecido un procedimiento de consulta. Son las empresas las que
deben pactar con sus trabajadores el ERE. Para ello, al inicio del ERE el
empresario envía un aviso a los trabajadores o a sus representantes legales
para iniciar un periodo de consultas y diálogo para reducir los efectos de la
regulación de empleo y alcanzar un acuerdo entre las partes (días de
indemnización, recolocación, etc.).
En Andalucía, como ya expuse en mi artículo sobre
los ERE, “Lo silenciado en el caso ERE”, cuya lectura les recomiendo, esas
ayudas públicas a las empresas fueron disfrazadas por la Junta de Andalucía (y
también antes por los mismos protagonistas, Chaves y Griñán, cuando pasaron por
el Ministerio de Trabajo), que empezaron a denominarlas “ayudas a los
trabajadores”, como si formaran parte de nuestro sistema de Seguridad Social,
para evitar que pudieran ser consideradas “ayudas de Estado” a las empresas, lo
que precisamente prohíbe la UE.
El escenario de Santana Motor.
El PSOE andaluz, viendo la que se le venía encima
con la marcha de Suzuki de la empresa de Santana Motor en los años 90 del siglo
pasado, es decir, más de mil trabajadores en paro en la provincia de Gaspar
Zarrías (Jaén), un granero de votos del PSOE, adoptó como solución fácil adquirir
la propiedad de la empresa con dinero público, en un primer momento de forma
parcial hasta adquirir todas las acciones en 1995.
A partir de aquí, ya se imaginan el resto. El PSOE,
utilizando todos sus instrumentos de propaganda a su alcance, se dedicó a
alimentar la idea de que Linares iba a convertirse en un gran “polo
industrial”. Esto publicaba El País en 2008 con el segundo ERE que se
avecinaba:
"Claro que nos preocupa el ERE,
pero no nos asusta, ya estamos curados de espanto", señala el alcalde de
Linares, el socialista Juan Fernández. Y es que la Santana de hoy poco o nada
tiene que ver con la de los años noventa, y ello gracias a un plan de
diversificación industrial que ha permitido crear varias empresas mixtas en las que ya se genera más empleo
que en el segmento de la automoción. La Santana Motor de toda la vida ha pasado
a denominarse Parque Empresarial Santana. Hasta el momento son nueve las
firmas con las que Santana ha suscrito
alianzas para reorientar su actividad. Destacan la compañía vasca CAF,
con una plantilla de 100 empleados que ampliará pronto a otro centenar para la
fabricación de trenes; Aemsa, un grupo eólico con una plantilla de 130
trabajadores; Iturri, con otros 100 empleados en el municipio de La Carolina
para la fabricación de vehículos ligeros y de emergencias; o el más reciente
acuerdo entre CAF, Grupo Gallardo y GEA 21 para fabricar vagones de mercancías
y que dará empleo a otros 130 operarios. Eso sin olvidar el centro de I+D, con
15 empleados de alta cualificación.... El futuro de la rama de automoción se
llama ahora Fiat Iveco, la multinacional italiana que, si no cambian las cosas,
tiene una opción de compra sobre la fábrica, donde ya fabrica el todoterreno
Massif. Con este acuerdo, Santana preveía acabar este año con las pérdidas, que
han pasado de 40 millones hace apenas cinco años a los 12 millones del último
ejercicio.”
¿En que quedó todo esto? ¿Qué hizo el PSOE-A
con sus “gestores” colocados en la empresa y en la Junta de Andalucía? Lo que sabemos a ciencia cierta
es que Santana Motor está en liquidación, como otras de las empresas del grupo,
proceso que inició hace años. Sus trabajadores estuvieron afectados por dos
ERE: uno en 2001 y otro posterior, con “prejubilaciones” pagadas con nuestro
dinero, estando el primero investigado en la vía penal.
El problema es que, en este caso, el empresario era
la Junta de Andalucía, y el pacto entre trabajadores y empresa en los ERE se
alimentaba de dinero público, y cuando el PSOE mete la mano en el erario
público, acaba arruinándolo todo, en este caso con la inestimable ayuda de UGT y CCOO, que han estado muy activos en
todos los ERE irregulares de otras empresas en los que ha intervenido (lo
convirtieron en un negocio para cobrar suculentas comisiones, apareciendo
incluso trabajadores “intrusos”).
Para calmar los airados ánimos de los trabajadores de
Santana Motor con los gestores socialistas, nada mejor que impulsar la creación de
la Asociación Promoción Social “28 de febrero”, y es lo que hizo la Consejería de Empleo
y los sindicatos UGT y CCOO. Y si había que “prestar” dinero público
a trabajadores y a dicha Asociación para mantenerlos contentos, ahí
estaba el PSOE dando lecciones de “solidaridad”...con nuestro dinero, claro.
Si la Junta no hubiera entrado en el accionariado de
Santana Motor y hubiera dejado a Suzuki –accionista principal- solucionar sus
problemas cuando entró en crisis, el ERE lo hubiera tenido que asumir la
empresa privada sin ayudas públicas. Los trabajadores, como ocurre en la
inmensa mayoría de las empresas, hubieran tenido que pactar con la empresa sus
despidos, y pasar a la situación de desempleo. En vez de ello, el PSOE decidió
que la Junta de Andalucía se metiera de lleno, adquiriendo todas las acciones y
asumiendo ella el coste de las reestructuraciones de Santana Motor, y hasta UGT
llegó a ser consejero de la empresa. Así mantenía la
“paz social”, a base de talonario con fondos públicos, y ya puestos, si algo
caía en el camino, mejor. Ahora el primer ERE está en el Juzgado de Instrucción Nº
6.
A continuación les dejo con un listado de algunas
empresas que desde el año 2008 han aprobado algún ERE -las privadas sin recibir ninguna ayuda pública-, según noticias publicadas en
distintos medios.
¿A cuántos de estos trabajadores afectados por los
ERE o de los que vienen ahora –Iberia, Abengoa, Bancos, etc.- les han buscado
una solución las Administraciones Públicas con dinero del erario público, salvo
poder cobrar el desempleo y registrarse en las oficinas de empleo por si cayera
alguna oferta de empleo? Lógicamente, la mayoría se ha buscado la vida como ha
podido (acuerdos empresa-trabajadores, desempleo, etc.). Seguro que ustedes
conocen en su entorno a familiares y amigos que han quedado desempleados con 50
años, y ninguna Administración les ha pagado “prejubilaciones” hasta cumplir la
edad de jubilación.
Las Administraciones no pueden dedicarse a
solucionar la vida de cada ciudadano despedido a los 50 años de edad con
“prejubilaciones” pagadas con dinero público en vez de asumir dicho coste las
empresas, porque quebraría España. A lo sumo, los Gobiernos nacional y
autonómicos deben crear el mejor escenario económico-financiero y
jurídico-laboral posible para que los trabajadores no vean quebrantados sus
derechos y para que los ciudadanos encuentren empleo a la mayor brevedad
posible y las cifras de paro se minimicen, sin entrar en la gestión de las
empresas salvo en el caso de incumplimientos legales (alzamiento de bienes,
evasiones fiscales, etc.).
En 2011, publicaba Canal Sur (la de Susana) que “en
función de los acuerdos sociales previstos en el Plan Linares Futuro, que
asumió "de forma activa" el Plan de Acción Social (PAS) de Santana
que se firmó en 2008,...quienes se incluyen en el denominado grupo A (mayores
de 50 años) podrán comenzar a solicitar las prejubilaciones, de cuya gestión se
encarga la Asociación de Promoción Social 28 de febrero. Por su parte, los
empleados que forman parte del grupo B (menores de 50 años) deben ser
recolocados "de forma inmediata" en empresas de la zona con contratos
indefinidos.”
¿Que “deben” ser recolocados en “empresas de la
zona” de forma inmediata y “con contratos indefinidos”? Si así es como entiende
la gestión empresarial el PSOE en la Junta de Andalucía, no es de extrañar que estemos a
la cola en casi todos los ranking, salvo en el de la corrupción y el desempleo,
donde Andalucía es imparable.
Ayudas a la Asociación de Promoción
Social “28 de febrero”
Con fecha 15 de abril de 2011, la empresa Santana Motor
formaliza un préstamo con la Asociación de Promoción Social “28 de Febrero” por
un importe de 1’49 millones de euros, que correspondía a cantidades
entregadas en 2009, 2010 y 2011 (hasta marzo).
Es decir, se formalizó con posterioridad a la entrega del dinero. El
mismo, según se declara en la Memoria de 2011 de la rendición de cuentas de la
empresa, se encuentra totalmente deteriorado, es decir, se da por perdido.
Asimismo, la empresa Santana Motor, dentro del “Plan
Linares Futuro”, prestó a distintos trabajadores 1’6
millones de euros, comprometiéndose los mismos a devolverlo. No he podido
averiguar la situación de dichos préstamos.
De estos mencionados préstamos no he encontrado nada
publicado en algún diario, y se desconoce si en la instrucción judicial del
caso se ha investigado este asunto, y eso que se
trata de más de 3 millones de euros en total.
Según publicó Andalucía Información en marzo de
este año, en la instrucción de la Magistrada Núñez Bolaños
aparece una ayuda excepcional a la Asociación Promoción Social “28 de febrero”
para el
pago de honorarios de abogados satisfechos al despacho Olivencia-Ballester,
ascendentes a 119.828 euros y que incluye la
intervención profesional en las ofertas a presentar a las potenciales
adjudicatarias de las áreas a externalizar, contratos de compraventa de
activos, arrendamientos de inmuebles, o contratos de suministros.
Asimismo, se menciona también una Resolución de
17 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Trabajo, por la que se concedió a la misma Asociación una ayuda sociolaboral de carácter
excepcional para gastos de personal y prestación de servicios a extrabajadores
recolocables de Santana Motor por importe de 603.291
euros.
Asimismo, en el Auto que dictó la Magistrada
Mercedes Alaya el 24/04/2012, se menciona igualmente que “destaca
sobremanera el asesoramiento jurídico absolutamente dilatado en el tiempo, costeado
por la Junta de Andalucía, que prestó Estudios Jurídicos
Villasis, a la Asociación 28 de Febrero de Santana Motor, siendo uno de sus socios
Antonio Gutiérrez Castaño, amigo personal del hoy imputado”, refiriéndose al
ex-Consejero Antonio Fernández.
Es decir, el dinero llegaba a la citada
Asociación desde la Junta de Andalucía, o bien directamente (incluso pagando
facturas de asesoramiento jurídico), o bien a través del IFA –Agencia IDEA- o
desde la propia empresa Santana Motor a través de cantidades que se entregaban
directamente a los trabajadores o la Asociación de estos en calidad de
“préstamos”.
Premio de voluntariado 2016.
El pasado 2 de diciembre de 2016, fue entregado
por la Junta de Andalucía el Premio Andaluz de Voluntariado 2016 en la
modalidad de “Entidad de Voluntariado” a la Asociación Promoción
Social “28 de Febrero”, en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus de la
Universidad de Córdoba. Asimismo, hay que recordar que esta entidad ya fue
distinguida por la Agencia Andaluza de Voluntariado en 2009 con la Bandera de
Andalucía.
Declaraba su Presidente en el Blog de “Andalucía, Compromiso Digital”, Francisco Checa, que
“nosotros somos 66 voluntarios en la asociación... en Andalucía Compromiso
Digital tenemos a 7 voluntarios. Entre nuestras actividades está la realización
de talleres de Andalucía Compromiso Digital en la misma asociación, ya que
disponemos de salas y ordenadores. Llevamos a cabo muchas acciones formativas
gracias a nuestros voluntarios.”
En 2013, en la edición de Jaén del diario Ideal,
decía igualmente el Presidente de la Asociación: “«El voluntariado se ha
convertido en un aspecto fundamental para la asociación porque es la mejor vía
para devolver a la sociedad lo que hemos recibido en este tiempo. Son muchos
los proyectos que se desarrollan en este aspecto y que ha tenido reconocimiento
tanto a nivel local como provincial y regional a pesar de que fundamentalmente
se trata de un beneficio para la ciudad de
Linares»”.
No tengo nada que objetar a la dedicación de los
trabajadores “prejubilados” a hacer “voluntariado” con la Asociación en áreas
como la deportiva, medioambiental, cultural, social, etc., que siempre es de
agradecer, aunque echo en falta una dedicación al segundo tema que más preocupa
a los andaluces: la corrupción, y eso que les “ha rozado” en
la empresa de Santana Motor, según la instrucción judicial. Yo les animo a que
investiguen y denuncien toda la corrupción que invade la Junta de Andalucía y
sindicatos UGT y CCOO, tal como hacemos unos pocos andaluces, un área más para
su “voluntariado”. Deberían tener en cuenta que mientras menos dinero se desvíe
en la corrupción, mejores servicios sociales disfrutaremos todos. Obviamente,
si lo hicieran, la Junta de Andalucía no volvería a premiar jamás a la
Asociación por su labor.
Sin embargo, lo que no puede admitirse es que la
Asociación aún no haya aclarado esta cuestión: ¿quién
o quiénes recibieron el préstamo de casi 1,5 millones de euros que les concedió
la empresa Santana Motor -dinero público- y si ha sido devuelto finalmente? Porque en caso de no
hacerlo, o en el supuesto más grave de tratarse de otro caso de corrupción,
como andaluz exigiría ahora mismo la devolución del dinero con sus intereses,
de la Bandera de Andalucía y del Premio Andaluz del Voluntariado. Por ello,
desde estas páginas les exijo que sean tan transparentes con todos los
andaluces como voluntaristas con los linarenses.
Asimismo, hay otras
cuestiones que debería responder la Junta de Andalucía:
• ¿Qué
actuaciones realizó la Consejería de Hacienda cuando recibió la Memoria de 2011
de la empresa Santana Motor en la que se decía que dicho préstamo estaba
deteriorado íntegramente? ¿Denunció a los
responsables?
•
¿Qué ha pasado con el resto de préstamos -1’6
millones de euros- concedidos a otros trabajadores de la empresa?
•
¿Qué ha ocurrido con estos 3’1 millones de euros,
al margen del resto de millones que está investigando el Juzgado?
martes,
29 de agosto de 2017
Pulso al Estado
Artículo de Luis Marín Sicilia
- “Hay que estar preparados para el final que se avecina sobre el pulso que al Estado pretenden echarle unos potenciales sediciosos a quienes, sin ambages, habrá que aplicar el peso de la Ley, solo la ley, pero toda la ley”
- “El pulso del separatismo catalán al Estado lo van a perder, porque la ambición política y los intereses partidarios de los políticos no pueden estar por encima del interés general de los españoles”
De las diversas crónicas que he leído sobre la
manifestación "antiterrorista" del sábado en Barcelona, me quedo con
dos anécdotas contadas por dos reporteros asistentes a la misma.
Bajo el título "Pobres muertos", el periodista
catalán Enric González explica en El Mundo cómo "las pitadas, las
pancartas y las fotos preparadas fueron la demostración de que Cataluña es hoy
un escenario donde se hace teatro de ambición política". Enric sostiene
que en la manifestación "no estuvo presente la inocencia, acaso sí la
ingenuidad". En realidad, los organizadores no querían protestar contra el
terrorismo, les importaba más opinar "sobre lo suyo". De ahí que al
periodista barcelonés no le sorprendió que un matrimonio de mediana edad
ubicado en la esquina de Paseo de Gracia con Córcega viera lo que vio y se
largara después de exclamar: "¡Qué vergüenza! No vamos a participar en
esta manipulación". La colocación estratégica de los
esquiroles separatistas [tal y como muestra la siguiente foto de EFE] acredita
el grado de manipulación y por qué están indignados quienes, de buena fe,
acudieron a la manifestación.
En otra crónica, Iván Gil y Pablo Gabilondo escriben
en El Confidencial sobre la cena secreta que, tras la manifestación, celebraron en la casa del comunista
multimillonario Jaume Roures, Junqueras, Domenech y Pablo Iglesias. Vaya por delante que celebro que haya
millonarios, pues a ello propendemos todos con nuestro trabajo, nuestra
inteligencia e, incluso, con un golpe de suerte. Y por supuesto tengo el máximo
respeto por la ideología comunista, como no podría ser de otra manera en una
mente democrática. Otra cosa es que puedan casarse fácilmente las proclamas
anticapitalistas mientras se van llenando las alforjas...
En la cena con el dueño de Mediapro parece que se abordó la forma de
articular un entendimiento, después del 1 de octubre, entre ERC, los catalanes
de "En Comú" y Podemos. O sea, secesionistas y podemitas juntos
para abrir un proceso que llaman constituyente y que, en palabras de Domenech,
debe "decidir sobre todo".
Pues bien; como parece que los buenos oficios y la
templanza con los que el Gobierno de la nación ha tratado el desafío catalán no
están siendo correspondidos, hay que estar preparados para el final
que se avecina sobre el pulso que al Estado pretenden echarle unos potenciales
sediciosos a quienes, sin ambages, habrá que aplicar el peso de la Ley, solo la
ley, pero toda la ley.
Ni en Londres, ni en París, ni en
Niza, ni en Bruselas, ni en Madrid, ni en Nueva York, ni en ningún rincón del
mundo víctima del terrorismo, se vieron banderas ni mensajes no unitarios de
repulsa del terror. En Barcelona, muy a pesar de la mayoría de los barceloneses, se han
prostituido los legítimos sentimientos de las víctimas y los corifeos del
secesionismo, con sus ofensas a quienes representan al conjunto de los
españoles, han expandido su odio a todos nosotros. Ante tamaña ofensa, los
españoles, catalanes incluidos, debiéramos:
1) Exigir al Gobierno, sin que
le tiemble el pulso, las medidas coercitivas y sancionadoras que la ley tiene
previstas para los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia,
desórdenes públicos, amenazas, desobediencia y sedición, a medida que los
hechos constitutivos de los mismos se vayan produciendo.
2) Reclamar de las fuerzas
políticas que abandonen posiciones ambiguas ante el reto planteado,
especialmente aquellas opciones que elucubran con intereses electorales
pretendiendo mentirnos con aires de credibilidad.
3) Reafirmar el compromiso de
que no se puede exigir diálogo con quienes no respetan el orden constitucional
y hacen ostentación pública de no cumplir los veredictos del Tribunal que vela
por el respeto a nuestras normas de convivencia.
4) Pedir el máximo respeto al
orden político internacional, dejando claro, con arreglo a los postulados de
Naciones Unidas, que no existe para Cataluña, ni para otra comunidad española,
el derecho de autodeterminación, eufemísticamente bautizado por los sediciosos
(en otra más de sus grandes mentiras) como el "derecho a decidir".
5) Reclamar que se diga
claramente que ni Cataluña ni ninguna otra comunidad "da más de lo que
recibe". España es un Estado democrático y social donde no son los
territorios los que cotizan sino las personas en función de sus rentas. Resulta
lamentable que sea la izquierda la que ponga en jaque tal principio, cuya
reducción al absurdo nos llevaría a que los barrios "ricos"
reclamaran más que los barrios "pobres".
6) Pedir que se acabe con la
entelequia del respeto a la identidad. Jamás en democracia ha tenido Cataluña,
al igual que el País Vasco, mayor respeto a su identidad. Tienen instituciones
propias, se potencia y protege sin límites su propia lengua y disponen de una
policía autonómica de la que carecen la mayor parte de las restantes
autonomías.
A partir del día 1 de octubre, fecha del pretendido
referéndum, habrá que abordar muchas cuestiones básicas para evitar que unos pocos quieran quedarse
con lo que es de todos. Y tendrán que retratarse los partidos de izquierdas,
alineados incomprensiblemente, y en contra de su ideario social, con lo más
insolidario del panorama político nacional.
Como ya dijo un exministro socialista, "cuando alguien quiere comer aparte es que
quiere comer mejor". No estaría de más que tal aserto lo
aprendiera de una vez por todas el actual líder de su partido, Pedro Sánchez,
el cual, si aprende la lección, debiera aprovechar su cercanía con Pablo
Iglesias para convencerlo de algo tan sencillo como que el nacionalismo es lo
más alejado de una política social y de progreso propia de la izquierda.
En cualquier caso, el pulso del
separatismo catalán al Estado lo van a perder, porque la ambición política y los
intereses partidarios de los políticos no pueden estar por encima del interés general
de los españoles. Y lo van a perder
porque el Estado tiene de su parte la razón y el poder coercitivo de la
Ley.
CODA.- Ayer, un grupo de políticos
catalanes de ínfimo nivel presentaron la que, pomposamente, llaman "Ley de
desconexión o de ruptura".
El nivel jurídico de la pretendida
norma es tan deprimente y delirante como la categoría política de quienes la
presentaron. El bochorno de la culta, moderada y
sensata Cataluña, que es muy mayoritaria, debe ser indescriptible. La "asonada" de los
incompetentes está llegando, desde el mayor de los ridículos, a su estación
terminal.
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