Todos somos Uno; Ni un paso atrás.
lunes, 27 de
marzo de 2017
Carta
abierta a Juan Marín.
Por la presente me dirijo a usted públicamente en su calidad de presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, aunque igualmente pudiera dirigirse el contenido de esta carta al resto de diputados que quedan en su grupo tras el abandono de una de las diputadas (María del Carmen Prieto) y, sólo en parte, a los diputados de los partidos de IU-CA, Podemos y PSOE, por los motivos que iré exponiendo a continuación........
Carta abierta de un funcionario de la Junta a Juan Marín
- Le acusa de no querer controlar las irregularidades del PSOE y de vetar la denuncia de las mismas en el Parlamento.
Gracias, Luis, y seguimos sumando. Necesitamos más funcionarios como tu.
Paciencia y perseverancia, hay que dar siempre un paso al frente y hacer lo correcto; ni un paso atrás....Y como dijo Margaret Mead " No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así"
- Los votos del PSOE y de Ciudadanos el pasado jueves impidieron que Luis Escribano hablara en el Parlamento, rechazando que los andaluces conozcamos la verdad
- El hecho de que se le impida la palabra a Luis es impedírsela a todos los ciudadanos andaluces
- Marín era el concejal de empleo de Sanlúcar de Barrameda, la ciudad con más paro de toda España con un 49,6 % y con la tasa de pobreza más alta de todo el país con un 40 % cuando llegó al Parlamento de Andalucía
lunes,
27 de marzo de 2017
Carta abierta a Juan Marín
Por la presente me dirijo a usted
públicamente en su calidad de presidente y portavoz del grupo parlamentario de
Ciudadanos en Andalucía, aunque igualmente pudiera dirigirse el contenido de esta
carta al resto de diputados que quedan en su grupo tras el abandono de una de
las diputadas (María del Carmen Prieto) y, sólo en parte, a los diputados de
los partidos de IU-CA, Podemos y PSOE, por los motivos que iré exponiendo a
continuación.
Como bien sabe usted, este 23 de
marzo se sometió a votación mi posible comparecencia en la Comisión de
Presidencia y Administración Local del Parlamento andaluz, que fue solicitada
por el grupo del PP a raíz del artículo que se publicó el pasado 8 de diciembre
de 2016 en El Demócrata Liberal, titulado “Mi cese, una oportunidad para el
Parlamento”,
del que se hicieron eco medios de comunicación como Libertad Digital, El Mundo
y ABC de Sevilla.
Con dicha comparecencia se me
daba la oportunidad de detallar los verdaderos motivos por los que se me había
cesado del puesto que ocupaba como responsable del Servicio de Cooperación Económica
de la Dirección General de Administración Local. A esta unidad de la Junta de
Andalucía le corresponden funciones de gran trascendencia relacionadas con el
mundo local: coordinación del Plan de Cooperación
Municipal, con una cuantía cercana a 1.000 millones de euros; líneas de subvenciones
regladas y excepcionales a municipios andaluces y entidades sin ánimo
de lucro, así como su vigilancia y control; retenciones a practicar de
la PATRICA de municipios, por deudas contraídas con las Mancomunidades
y Consorcios, a favor de estas últimas; informes de
viabilidad económica de entidades locales autónomas (ELAs) para su segregación como municipios; elaboración
de información de carácter económico de situación de las entidades
locales de Andalucía (datos
presupuestarios e información económica-financiera de entidades locales);
etcétera.
Mi cese, como podía haber
detallado en la comparecencia, no se debía a la alegada “pérdida de confianza”
del Director General por un mal desempeño del puesto de trabajo como
responsable del Servicio. De hecho, el mismo Director General ha valorado mi
trabajo hasta el mismo día del cese, yen base a datos técnicos
objetivos, con la máxima puntuación posible, que coincide con la del resto de funcionarios de
libre designación de la Dirección General, que no han sido cesados. Es evidente,
por tanto, que el cese se ha debido a otros motivos, relacionados en parte con
hechos concretos ocurridos en la citada Dirección General, que nada tienen que
ver con la satisfacción del interés general ni con el cumplimiento de la
legalidad aplicable. En las noticias publicadas en la prensa se mencionaban
algunos casos.
Estos sucesos son conocidos por
el titular de la Consejería de la Presidencia y Vicepresidente de la Junta de
Andalucía, no sólo porque se lo denunciara inmediatamente tras el cese, sino
además porque el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, adscrito a dicha
Consejería, conoce desde el pasado mes de febrero el contenido de la demanda
que he presentado en el Juzgado de lo Contencioso administrativo, donde se
explica con detalle todo lo ocurrido. Es decir, lo conocían desde semanas antes
de la votación de mi posible comparecencia.
Sería muy interesante que
manifestara públicamente, Sr. Marín, si usted o alguien de su grupo ha
solicitado al Consejo de Gobierno en el Parlamento copias de las denuncias que
presenté dirigidas al Consejero y Vicepresidente de la Junta de Andalucía y a
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, denuncias que ustedes saben
que existen desde diciembre de 2016, por las noticias y el artículo que escribí
y les hice llegar, o si han solicitado alguna otra información sobre el asunto.
¿No lo han hecho? Ya le adelanto que no, y le ahorro las manifestaciones. Con
su proceder queda demostrado que su interés y el de su grupo parlamentario por
las presuntas ilegalidades cometidas en la Consejería de la Presidencia ha sido
nulo.
Es obvio que al Consejero de la
Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Andalucía no le interesa que se
conozcan los sucesos acontecidos, y menos aún en el Parlamento de Andalucía, un
foro en el que un servidor hubiera podido explicar con detalle y transparencia
asuntos que a aquél no le interesa que se hagan públicos, y de los que no puedo
hablar libremente, con una adecuada concreción, salvo en los foros judicial y
parlamentario, ambos de control del poder ejecutivo, dada mi condición de
funcionario público.
Su grupo parlamentario, Sr.
Marín, no sólo ha incumplido con su función de controlar al ejecutivo, sino que
ha vetado la posibilidad de que se hagan públicas las presuntas ilegalidades
cometidas en la Dirección General de Administración Local y que ha ocultado el
Vicepresidente de la Junta de Andalucía como Consejero de la Presidencia, tras
habérselo denunciado. ¿Qué gana con ello, Sr. Marín? ¿Acaso tienen algo que
perder? Yo puedo entender algunas de sus razones, que obviamente me indignan:
se vive muy bien de diputado en el Parlamento al que usted ha llegado sin
demostrar su capacidad y sus méritos, y poner en riesgo su sillón, junto a los
del resto de diputados de su grupo y los del séquito que vive actualmente de su
grupo y del partido, por defender las libertades y derechos de los andaluces,
tiene para usted y el resto un coste que no están dispuestos a aceptar. Todo
vale con tal de no perder la mamandurria.
Para colmo de males, ante el
aluvión de declaraciones y noticias que criticaban la actuación de su grupo
parlamentario, han intentado justificar su postura con unos motivos absurdos e
insostenibles, como explicaré a continuación.
Ustedes alegan que ningún
interesado “particular” debe asistir al Parlamento por petición del mismo.
Caben dos objeciones evidentes: primera, yo no he
solicitado al Parlamento comparecer, como han hecho otras muchas asociaciones y
particulares, sino que ha sido el grupo parlamentario del PP quien lo ha
realizado en su labor de control al ejecutivo, tal como tiene previsto el Reglamento de la Cámara,
pues como bien expliqué en mi artículo, mi cese se debía a actuaciones irregulares
acontecidas en la Consejería, no a temas particulares de un ciudadano; y segunda, ¿desde cuándo un funcionario público que actúa en
ejercicio de sus funciones dentro de una Administración Pública y bajo las
órdenes de un Director General es un “particular”? Ese irracional argumento se
cae por su propio peso. No está de más recordarle las declaraciones de varios
jefes de Servicios de la Junta de Andalucía efectuadas en Comisiones de
investigación en ese Parlamento, al que asistían no precisamente por su
condición de “particulares”.
Asimismo, también ha alegado su grupo que sólo deben
pedirse explicaciones a los máximos responsables de las Consejerías, aunque el
Reglamento de la Cámara haya previsto también la comparecencia de funcionarios.
¡Qué cordura, Sr. Marín! ¡Preguntemos al “presunto delincuente” por su
“delito”, a ver si relata los hechos con el detalle suficiente para poder condenarlo!
Su concepto de la Justicia roza el ridículo: no preguntemos al denunciante,
sino sólo al denunciado, no vaya a ser que tengamos que reprocharle su
comportamiento... ¿Y usted se considera un digno candidato a la Presidencia de
la Junta de Andalucía? Sr. Marín, hay que tener poca decencia para defender tan
burdo argumento.
Y la última justificación merece un galardón a la
idiocia. Ante el revuelo montado en las redes sociales y en los medios de comunicación,
comunica su grupo que se pondrán en contacto conmigo para tratar el asunto como
a un “particular” más, como si yo defendiera algún interés asociativo o
privado. ¿De verdad cree que tengo grabada en mi frente la expresión “soy un
imbécil”?
Además, Sr. Marín, hablar ahora, ¿para qué? El pasado
2 de marzo me puse en contacto con las diputadas de su grupo Marta Bosquet y
Marta Escrivá, a las que conocía por distintos motivos (como conozco a varios
diputados de todos los partidos de la Cámara), y les remití un mensaje con la intención
de que su grupo no pusiera impedimentos a mi comparecencia, a fin de exponer en
la Comisión de Presidencia y Administración Local los motivos de mi cese como
Jefe de Servicio, por oponerme a incumplir la normativa y denunciar la
corrupción. Asimismo, les solicité que se lo comentaran a la diputada María
Isabel Albás, que es la portavoz en dicha Comisión.
Marta Bosquet ni siquiera me contestó, y Marta Escrivá
me respondió el mismo día que cuando quisiera hablásemos, aunque tenía que
esperar a la finalización de un Pleno que tenía en el Parlamento. Al final del
día me preguntó que si podía pasarle mi número de teléfono a usted, Sr. Marín,
para que contactara conmigo, porque creía que era mejor que lo habláramos usted
y yo directamente. A ello le contesté que no había problema si la decisión de
su grupo en la votación dependía de usted, pues los ciudadanos se merecían
conocer lo que pasó en la Dirección General.
El pasado 10 de marzo, ocho días después, como nadie
se ponía en contacto conmigo, volví a preguntarle a la única diputada interesada,
y me preguntó si ya había hablado con usted, a lo que le dije que no. Nunca
recibí esa llamada, ni de usted ni de ningún otro diputado de su grupo.
Lo razonable hubiera sido hablar antes de la votación
sobre lo que iba a hacer su grupo, no después, aunque realmente no fuera siquiera
necesario, porque ya conocían el contenido de lo publicado en mi artículo y en
la prensa. Pero, visto lo visto, la racionalidad y la lucha contra la
corrupción no es un punto fuerte de su partido en Andalucía.
Quizá no conozca que también me puse en contacto con Antonio Maíllo, diputado del grupo de Izquierda
Unida y coordinador de este partido en Andalucía, al que conocí en su etapa como
Director en la misma Dirección General de Administración Local. A él también le
solicité, como hice con ustedes, que su grupo no pusiera trabas a mi
comparecencia, así como que se presentara como testigo en la vista oral del
juicio contencioso administrativo, para que simplemente manifestara si era
cierto que el ex-Viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, siendo Susana Díaz la Consejera de Presidencia, le llamó por teléfono cuando
era Director General pidiendo mi cese como Jefe de Servicio de la misma
Dirección, al salir publicadas en el diario El Mundo las noticias sobre cuatro
denuncias que Eduardo Maestre y yo habíamos presentado en la Fiscalía Superior
del TSJA, en Granada, poniendo en conocimiento de la misma graves irregularidades
cometidas por altos cargos de la Junta de Andalucía.
Habiendo sido alto cargo en la Junta y ahora diputado
del Parlamento que debe controlar las acciones del ejecutivo, aún me resulta
increíble la respuesta que Antonio Maíllo me dio tras pensarlo unos días: no quería saber nada del tema. Como ya sabe usted, IU-CA y Podemos hicieron mutis por el foro cuando se votó mi posible
comparecencia en el Parlamento.
Desde el pasado día 24 de marzo, los diputados de su
grupo, Marta
Bosquet y Carlos Hernández, están intentando ponerse en
contacto conmigo para hablar del asunto. Ahora pretenden ustedes justificarse
ante los medios de comunicación y sus votantes, y demostrar que están interesados
en el tema. Pero yo no me voy a prestar a su interesado y perverso
juego.
¿Qué utilidad tiene hablar, a toro pasado, con diputados de un partido que no ha mostrado
una mínima sensibilidad e interés por el asunto, vetando una comparecencia en el Parlamento en la que
podía haber relatado las irregularidades para conocimiento de la Cámara y de
todos los ciudadanos? ¡Si ni siquiera se han preocupado de solicitar documentación
sobre lo ocurrido a la Consejería afectada!
Efectivamente, ninguno de los grupos parlamentarios
(Ciudadanos, IU-CA, Podemos y PSOE), han solicitado información alguna sobre lo
denunciado, ni han apoyado mi comparecencia. Eso sí, ahora se ha difundido
el bulo de que yo soy simpatizante del PP para justificar la oposición a la
comparecencia, aunque cualquiera que haya leído mis artículos sabe lo que pienso
del sistema actual de partidos. Además, ¿y si lo hubiera sido? ¿Sería eso un
motivo para no investigar las presuntas ilegalidades? Pero ya sabe usted, Sr.
Marín, que siempre se trata de “matar al mensajero” para tratar de ocultar la
verdad, o en este caso, como en otros muchos anteriores, “matar al
denunciante”.
Por todo ello, le ruego que no
insistan ustedes en ponerse en contacto conmigo, pues no trataré en privado el
contenido de las denuncias. Soy funcionario de carrera, y todo lo que tenga que
relatar lo haré exclusivamente en la Comisión correspondiente del Parlamento y
en los Tribunales. Yo no tengo nada que ocultar; sin embargo, el PSOE, al que
usted ha apoyado, sí.
El partido que usted dirige en
Andalucía ha anunciado a bombo y platillo que es necesaria una Ley que proteja
a los funcionarios que denuncien casos de presunta corrupción. Sin embargo, sus
actuaciones sólo revelan interés por ocultarla. El veto a mi comparecencia
muestra de nuevo su gran contradicción e incongruencia con sus propuestas.
Su grupo no hace más que propagar
que trabaja para mejorar la economía y el trabajo en Andalucía, Sr. Marín. Sin
embargo, la corrupción que su comportamiento alienta solo trae miseria social y
económica. ¿Cabe mayor irresponsabilidad e incoherencia?
En la página web de su partido
aparece publicado lo que consideran los “valores” de Ciudadanos,
aprobados por la IV Asamblea General (Coslada, 05 de febrero de 2017). Entre
esos “valores” le destaco los siguientes:
“Reivindicamos
una sociedad...donde los poderes públicos se
dediquen a garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos mediante el cumplimiento
de las leyes democráticas”.
“Es
necesaria una nueva cultura política basada en el respeto al adversario, el rechazo a las actitudes políticas intolerantes y sectarias, así como el combate incesante contra la corrupción”.
“Ciudadanos se compromete a
actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad,conforme a los valores expuestos
en este ideario”.
Asimismo, en el artículo 3.2 de
los Estatutos de su partido se indica lo siguiente para los grupos institucionales,
entre los que se encuentra su grupo parlamentario: “Tanto en su acción política como
en su organización interna los grupos actuarán en todo caso dentro del respeto
estricto a los principios y valores de Cs...”.
Claro queda, a la vista de sus
actuaciones, que usted y el resto de diputados que quedan en su grupo no sólo
incumplen sus funciones como diputados, sino incluso los propios estatutos de
su partido y esos fulgurantes “valores” venidos a nada y salpicados con grandes
manchas de hipocresía y dobleces, digno de farsantes y bandidos disfrazados de
políticos. Los andaluces no nos merecemos sus torcidos comportamientos.
Si usted y el resto de diputados
que queda en su grupo tienen realmente interés en conocer las irregularidades
acontecidas en la Dirección General de Administración Local, que constituyeron
parte de los motivos de mi cese, ya saben lo que tienen que hacer. No es
necesario hablar sobre ello. Dejen de hablar y actúen. Sólo los hechos
demuestran las intenciones, no las palabras.
Atentamente, Luis Escribano
(funcionario público de la Junta
de Andalucía denunciante de desviación de poder, vulneración de derechos y
libertades fundamentales e incumplimiento de numerosos preceptos legales)
Carta abierta de un funcionario de la Junta a Juan Marín
Le acusa de no querer controlar las irregularidades del PSOE y de vetar la denuncia de las mismas en el Parlamento.
Luis
Escribano del Vando, alto funcionario de la Junta de Andalucía y exjefe de
servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración
Local, que depende directamente del vicepresidente de la Junta y mano derecha
de Susana Díaz en la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha escrito una carta abierta a Juan Marín,
líder de Ciudadanos en Andalucía, donde la acusa de no ejercer la función de
control que corresponde a la oposición y de vetar su comparecencia en el
Parlamento andaluz de acuerdo con el PSOE.
Fue
el pasado 23 de marzo cuando se sometió a votación parlamentaria la
comparecencia de Escribano en la Comisión de Presidencia y Administración Local
del Parlamento andaluz, solicitada por el grupo del PP a raíz del artículo que
se publicó el pasado 8 de diciembre de 2016 en El Demócrata Liberal, titulado
"Mi cese, una oportunidad
para el Parlamento", del que se hicieron eco medios de
comunicación como Libertad Digital, El Mundo y ABC de
Sevilla.
Escribano
recuerda en su carta que a su servicio le correspondía la función de coordinar
el Plan de Cooperación Municipal, con una cuantía cercana a 1.000
millones de euros; líneas de subvenciones regladas y excepcionales a
municipios andaluces y entidades sin ánimo de lucro, etcétera.
Pero
a pesar de las felicitaciones recibidas, incluso de Izquierda Unida que lo
mantuvo en el cargo cuando cogobernó con el PSOE en la anterior legislatura y a
pesar de tener una puntuación muy elevada en la valoración de su servicio, fue
destituido el pasado 11 de noviembre de 2016, por "pérdida de confianza"
del nuevo Director General, Juan Manuel Fernández Ortega, con el
conocimiento y asentimiento del vicepresidente Jiménez Barrios.
El cese, según ha
documentado el funcionario, se ha debido a su negativa a la comisión de
irregularidades en la distribución de los fondos destinados a Ayuntamientos.
Las responsabilidades de Juan
Marín
Escribano señala que
Marín ni siquiera ha solicitado al Consejo de Gobierno en el Parlamento copias
de las denuncias que presenté dirigidas al Consejero y Vicepresidente de la
Junta de Andalucía y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, denuncias
que existen desde diciembre de 2016.
Y añade: "Su grupo
parlamentario, Sr. Marín, no sólo ha incumplido con su función de controlar al
ejecutivo, sino que ha vetado la posibilidad de que se hagan públicas las
presuntas ilegalidades cometidas en la Dirección General de Administración
Local y que ha ocultado el Vicepresidente de la Junta de Andalucía como
Consejero de la Presidencia, tras habérselo denunciado. ¿Qué gana con ello, Sr.
Marín".
Ante la argumentación de
Ciudadanos de que ningún interesado "particular" debe asistir al
Parlamento por petición del mismo, Escribano aclara que quien lo ha solicitado
ha sido el grupo parlamentario popular en su labor de control al ejecutivo ya
que "mi cese se debía a actuaciones irregulares acontecidas en la Consejería,
no a temas particulares de un ciudadano".
Además "¿desde
cuándo un funcionario público que actúa en ejercicio de sus funciones dentro de
una Administración Pública y bajo las órdenes de un Director General es un
"particular"?"
Marín, curiosamente, ha
dado, después de vetar la comparecencia, la orden de que se hable con
Escribano. Así lo han intentado sistemáticamente Marta Bosquet y Carlos
Hernández White durante este fin de semana. Pero no quisieron hacerlo antes,
aunque le pidieron permiso para pasarle su teléfono a Juan Marín.
Y
se pregunta: "¿Qué utilidad tiene hablar, a toro pasado, con diputados de
un partido que no ha mostrado una mínima sensibilidad e interés por el
asunto, vetando una comparecencia en el Parlamento en la que podía haber
relatado las irregularidades para conocimiento de la Cámara y de todos los
ciudadanos?
Escribano revela que
ninguno de los grupos parlamentarios (Ciudadanos, IU-CA, Podemos y PSOE), han
solicitado información alguna sobre lo denunciado, ni han apoyado mi comparecencia.
Muy significativo ha sido el comportamiento de Antonio Maíllo que no ha querido
testificar públicamente que la Junta le pidió a él mismo y con anterioridad el
cese de Escribano, a lo que se negó.
Y
concluye: "Claro queda, a la vista de sus actuaciones, que usted y el
resto de diputados que quedan en su grupo no sólo incumplen sus funciones como
diputados, sino incluso los propios estatutos de su partido y esos fulgurantes
"valores" venidos a nada y salpicados con grandes manchas de hipocresía
y dobleces… Los andaluces no nos
merecemos sus torcidos comportamientos".
La democracia está herida en el
Parlamento de Andalucía
- Los votos del PSOE y de Ciudadanos el pasado jueves impidieron que Luis Escribano hablara en el Parlamento, rechazando que los andaluces conozcamos la verdad
- El hecho de que se le impida la palabra a Luis es impedírsela a todos los ciudadanos andaluces
- Marín era el concejal de empleo de Sanlúcar de Barrameda, la ciudad con más paro de toda España con un 49,6 % y con la tasa de pobreza más alta de todo el país con un 40 % cuando llegó al Parlamento de Andalucía
La democracia está herida en el
Parlamento de Andalucía. Los votos del PSOE y de Ciudadanos el pasado jueves impidieron que Luis
Escribano hablara en el Parlamento para explicar lo que estaba
pasando en el Servicio de Cooperación Económica de la Consejería de Presidencia
y Administración Local. Los ciudadanos como yo tenemos derecho a saber, tenemos
derecho a estar informados de todo lo que ocurre en la Junta de Andalucía, y
más si es con dinero público. Y si ese derecho no se ejerce, como viene
ocurriendo en Andalucía, nos acerca cada vez más a una democracia que se
desangra por esa herida. El Parlamento representa a los ciudadanos, representa
la voluntad popular, pero los diputados no entienden estos conceptos. La
voluntad popular no son los intereses de un partido, son los intereses del
conjunto de los andaluces.
Por eso el “caso Luis Escribano”
era tan importante para la sociedad andaluza. Un funcionario pedía hablar en el
Parlamento sobre la gestión de la Junta de Andalucía. Iba con toda la
transparencia que le avalaban años de gestión al frente de ese Servicio de Cooperación,
incluso fue felicitado por Antonio Maíllo cuando IU ostentaba esa dirección
general. El hecho de que se le impida la palabra a Luis es impedírsela a todos
los ciudadanos andaluces, es silenciar a un pueblo, es amputar derechos y
libertades a todos y cada uno de los andaluces. Y el silencio mata la
democracia. Este silencio nos acerca, irremisiblemente, a todas las democracias
heridas que hay en el tercer mundo.
El Parlamento con los votos de
PSOE y Ciudadanos rechazó que los andaluces conozcamos la verdad, que sepamos,
que tengamos derecho a saber. Con sus votos contrarios, Ciudadanos se está
convirtiendo en una peligrosa rémora del PSOE en Andalucía, en una mala copia
del PA cuando mantenía la fachada de un régimen que
se caía a pedazos. Ciudadanos está contribuyendo a oscurecer una democracia que
nunca ha sido transparente en Andalucía. Y lo está consiguiendo dándole la
espalda a los ciudadanos, a sus votantes y a la democracia andaluza. Esa huida
hacia adelante sin contar con los ciudadanos (los de verdad) secuestra
definitivamente la voluntad popular que ellos dicen defender y representar.
Además, como ya se ha publicado, Luis Escribano fue uno de los componentes de una reunión celebrada al principio de esta legislatura -en el mes
de junio y en su sede- entre Ciudadanos y un grupo de funcionarios y periodistas, a requerimiento del partido naranja, en la que se
analizó durante horas la situación política andaluza, y se aportaron datos,
pruebas y evidencias sobre la manera de gobernar que tiene el PSOE en
Andalucía. A aquella reunión asistieron tres diputados de
Ciudadanos: Irene Rivera, Marta Bosquet y Carlos Hernández White. Tomaron muchísimas notas y hasta hubo foto final del
acto.
Ahora, en la vorágine del poder parlamentario, ya no les interesa saber
ni conocer la realidad andaluza, el magnetismo del poder y del escaño ya les ha
contagiado a todos con la soberbia del diputado. Algo que es todo lo contrario
a lo que dijo su Albert
Rivera al clausurar su congreso “Los liberales han vuelto para gobernar
España”, apelando, además, a
la semilla de la Constitución de 1812. Palabras que refrendó el pasado 17 de
marzo en el Palacio de Congresos de Cádiz cuando reivindicó a su partido como “los herederos
de la Constitución de Cádiz”, como “los liberales de Cádiz que han vuelto para
gobernar España” y para “librar la
batalla a los nacionalismos y a los populismos”. Planteando así el conflictivo
y belicoso siglo XIX de España como una especie de periodo glorioso,
olvidándose de todos y cada uno de los defectos, problemas y guerras (golpes de
estado incluidos y hasta repúblicas) que trajeron los liberales en el siglo
XIX.
El único parecido, querido Albert, es que en aquellas fechas se libraba
una guerra contra el conquistador francés, y las Cortes de Cádiz trajeron la Pepa un 19 de marzo entre cañonazos de los gabachos del
general Víctor. Lo que querían aquellos diputados era acabar con el Antiguo Régimen, algo
que curiosamente ya habían hecho los franceses con algo que
empezó el 14 de julio de 1789. Pero Ciudadanos en Andalucía no lucha contra el Antiguo Régimen del PSOE que ha
gobernado desde la llegada de la Democracia, sino que lo apuntala, da oxígeno y
se convierte en su cómplice. Y ese es el lugar exacto que te corresponde en
Andalucía. La historia no te absolverá, no Albert.
Lo que cada vez parece más claro es que el experimento andaluz va a ser
exportado a Madrid una vez el Susanato de
asiente sobre el trono del PSOE nacional. Un experimento que nació en Sanlúcar
de Barrameda a la orilla de un Guadalquivir moribundo y se transportó a
Sevilla. Esa complicidad es la misma que ya se ve en el Parlamento de
Andalucía. Es la misma que va en el AVE y llega hasta Madrid, y es la misma que
ronda ya por los jardines de La Moncloa. Pero están apoyando a la maestra
de la nada, al principio de Peter institucionalizado. Nunca
alguien sin haber hecho nada va a llegar tan lejos en España. Y eso es lo que
apoyas, Albert.
Ahora toca recordar, Juan Marín, cuando
fuiste concejal en Sanlúcar de Barrameda, donde llegaste a ser
teniente de alcalde y Concejal Delegado de Formación y Promoción de Empleo, Fomento de Empresas y Comercio. En el mismo mes que encabezabas la
candidatura para el Parlamento de Andalucía de 2015 el INE destacaba que Sanlúcar de Barrameda era la ciudad con más paro de toda España con un
49,6 %. Y no solo eso, sino
que también era el municipio español de más de 50.000 habitantes
con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza, concretamente el 40 %, según el estudio “La pobreza en España pueblo a
pueblo” realizado por la consultora AIS Group tomando datos del INE. Y esta es tu herencia de gestión como concejal de Empleo en Sanlúcar para colarte en el Parlamento de Andalucía.
Con estos datos alguien debería decirle a Albert que a lo mejor se ha
equivocado de hombre en Andalucía, que una cosa es cuando se gestiona y otra
cuando se apoya o se está en la oposición. Pero que el responsable de empleo
del pueblo con la tasa de paro y de pobreza más alta de toda España sea ejemplo
de su partido, de consenso o hasta de parlamentario es para nota, y para nota
alta. Para una medalla de esas de Andalucía que luego publica el BOJA.
Porque lo que a Marín le interesa de verdad es apoyar
al Susanato,
apoyarlo y apuntalarlo a muerte más allá de Despeñaperros, darle vida a ese
pacto que nació en Sanlúcar de Barrameda, que continuó en Sevilla y que debe
llegar a Madrid. Por eso hay que silenciar a toda la sociedad civil, callarlos
a todos. Solo llamaremos a nuestros socios de gobierno desde el rango de
Director General. Los ciudadanos ya tienen bastante con que les gobernemos, no
tienen que saber, no deben saber, no tienen ningún derecho a saber, porque los
ciudadanos somos nosotros en los escaños. Pero olvidas también a estas alturas que una cosa son
las encuestas y otra las urnas, Marín. Y a lo mejor te descabalgas en la
próxima legislatura.
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