EMPLEO PÚBLICO. Andalucía tendrá oposiciones aunque se prorroguen los Presupuestos del Estado
- La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, asegura que la convocatoria respeta las medidas de equilibrio presupuestario y está diseñada para ser compatible con cualquier escenario.
- La Junta tiene previsto convocar 8.045 plazas: 3.553 para Sanidad, 2.468 para Educación y 2.024 para la administración general.
Después del dictado de la "Ley del Enchufísmo" para consolidar a su Administración paralela, alguna oferta de Empleo Público tendrán que sacar para los ciudadanos; hay que vestir el muñeco. ¿¿?? ¿Serán opsiciones limpias, o harán trampas, para consolidar a sus enchufados?
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/03/01/58b71067ca47415a028b45e9.html
EMPLEO PÚBLICO
Andalucía tendrá oposiciones aunque se prorroguen
los Presupuestos del Estado
- La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, asegura que la convocatoria respeta las medidas de equilibrio presupuestario y está diseñada para ser compatible con cualquier escenario.
- La Junta tiene previsto convocar 8.045 plazas: 3.553 para Sanidad, 2.468 para Educación y 2.024 para la administración general
La consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles
ante el Pleno del Parlamento que la Junta convocará este año un total de 8.045 plazas de empleo público en los
sectores de educación, sanidad y administración general, porque "jurídica y
presupuestariamente" está justificada, frente a la "presión" y
el "chantaje" que el Gobierno central quiere ejercer sobre las
comunidades con este asunto, para que los grupos políticos le apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio.
Durante su comparecencia, ha
recalcado que el Gobierno andaluz dispone de informes jurídicos que avalan su
competencia para la convocatoria de la oferta pública de empleo.
Así, ha confirmado que "este año habrá oposiciones en Andalucía" y que la oferta más importante corresponderá a sanidad, con 3.553 plazas,
seguida de las 2.468 plazas de educación y 2.024 para la administración
general.
Montero ha querido despejar
"cualquier atisbo de duda" sobre la oferta de empleo público, al considerar
que está justificada "jurídica y presupuestariamente" y que redundará
en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta así
como en el reforzamiento de los servicios públicos. Asimismo ha trasladado un
mensaje de "certidumbre
y tranquilidad" a los opositores que aspiran a un empleo público en la comunidad autónoma.
Montero ha explicado que el
Presupuesto de Andalucía para 2017 regula la oferta de empleo público y la tasa
reposición tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación
de carácter básico del Estado en el año 2016. "Nadie puede cuestionar que
hayamos ejercido nuestras competencias de forma responsable y teniendo en
cuenta en todo caso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha defendido la
consejera, quien ha incidido en que Andalucía ha sido "leal" con el
Gobierno central.
Oposiciones si en todos los escenarios.
"Todos los escenarios posibles nos
llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por
Andalucía", ha enfatizado la consejera, en referencia a que si hay Presupuestos Generales del
Estado, la tasa de reposición se
mantendrá como mínimo en el 100%, y si se mantiene la prórroga de los PGE 2016,
también quedaría prorrogada la tasa de reposición fijada en el 100%, sin
"argumentación política ni jurídica".
En su opinión, se trata de una "estrategia
de presión" del Gobierno a
las comunidades para que los grupos apoyen los PGE de 2017. Ha expresado que no
se entiende por qué el Gobierno ha querido generar esta "alarma e
incertidumbre".
"Tenemos garantías
jurídicas de que la prórroga de los PGE para 2017, si se produce, afectaría de
la misma manera en la tasa de reposición que se quedó fijada para el año
2016", ha indicado Montero.
La consejera ha recordado que
la Junta siempre ha mantenido su apuesta por el empleo público "estable y de calidad", agotando los límites de la tasa de reposición impuestas y, concretamente,
se ha referido a los dos últimos años (2015 y 2016) en los que se convocaron en
la comunidad 11.554 plazas (5.266 de Sanidad, 3.558 de Educación y 2.730 de administración
general).
No obstante, Montero considera
que aún es necesario dar un paso más y ha apelado a un pacto
de Estado por el empleo público que elimine las limitaciones y permita a todas las comunidades autónomas
aprobar ofertas de empleo "suficientes y adecuadas a las necesidades de un
Estado de bienestar reforzado", asegurando que las tasas de reposición no
sigan menoscabando la calidad de los servicios públicos.
En este sentido, ha lamentado
los efectos de las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central
durante los años de la crisis, ya que han supuesto un incremento de la temporalidad
en el empleo público, si bien ha destacado que la Junta de Andalucía ha minimizado
su impacto con medidas alternativas que han evitado "despidos masivos"
como se han producido en otras regiones, lo que ha permitido "mantener la
prestación pública de los servicios esenciales sin merma de su nivel de
calidad".
Montero ha defendido la
necesidad de reforzar
la estabilidad de las plantillas de personal, principalmente en los ámbitos sanitario
y educativo, lo que se podría lograr levantando la congelación de las
convocatorias de consolidación de empleo temporal. A su juicio, no supondría la
incorporación de más personal ni el incremento de gasto, pues las plazas se
cubrirían por personal funcionario de carrera o laboral fijo, de ahí que haya reclamado
al Gobierno central que estos procedimientos no computen a efectos de la tasa
de reposición.
Del mismo modo, María Jesús
Montero ha aludido al papel de coordinación que debe cumplir el Estado haciendo
posible la
"simultánea convocatoria" de procesos selectivos en el ámbito docente
y sanitario en todo el territorio nacional, sin entrar en competición entre
comunidades autónomas o en "indeseables
efectos llamada" de opositores de una región a otra.
La oposición reclama más plazas
públicas.
Por su
parte, el diputado del PP-A Pablo
Venzal ha indicado que su partido respalda y hace una
"defensa cerrada" al Gobierno andaluz para que se saque la oferta
pública de empleo, porque sus "argumentos jurídicos son correctos".
Ha denunciado que en Andalucía se ha producido una disminución de empleos públicos
en el último año, que ha afectado tanto a la sanidad como la educación, sin que
hubiera inconvenientes presupuestarios o jurídicos. Ha señalado además que el
decreto de reequilibrio financiero de la Junta era incluso "más
restrictivo" que el
Gobierno central en relación con los empleados públicos. Ha pedido a la Junta
que no se cree "alarmismo" y que vaya de la mano de los sindicatos.
La
parlamentaria de Podemos Begoña
Gutiérrez ha señalado que retrasar la oferta de empleo público no
es beneficioso para la calidad del sistema y ha preguntado a la consejera cómo
se van a recuperar los 5.000 empleos públicos perdidos en sanidad. En su
opinión, no son suficientes las plazas de empleo público que se sacan para el
sector sanitario. Asimismo, ha criticado que las plazas para educación también
resultan insuficientes, mientras que ha lamentado la temporalidad en plazas
públicas. Ha pedido a la Junta que no ceda "al chantaje" del Gobierno central y que se mantenga firme.
El
parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández ha
pedido a la Junta que sea "excesivamente prudente y que tenga la mayor
seguridad jurídica" posible para que no haya una posible impugnación por
parte del Gobierno central de la oferta de empleo público andaluza. Ha
advertido de que cuando una comunidad actúa por su cuenta, aunque tenga informes
legales de su parte, y sin tener en cuenta al resto de comunidades, surgen
problemas y fricciones y, al final, los ciudadanos son los afectados.
La
diputada de IULV-CA Elena Cortés ha acusado al Gobierno central de "entrometerse"
en una competencia exclusiva del pueblo andaluz, en relación con la
organización de su administración y con el empleo público. Ha denunciado que la "injusta"
tasa de reposición que ha impuesto el Ejecutivo central ha conllevado
"contratación en precario", algo en lo que la administración andaluza
es una "alumna aventajada".
El
parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha valorado que el PP-A diga que apoya a la Junta en la
oferta de empleo público y ha señalado que un debate sobre este asunto requiere,
sin duda, certidumbre, pero también justificación "templada". Ha
indicado que los efectos de la crisis sobre el empleo público son evidentes,
pero ha recordado que fue el Gobierno central el que impuso la tasa de
reposición y limitó los derechos de los empleados públicos.
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