En esta Comunidad des-gobernada por el PSOE
andaluz, cualquier sector en el que se “rasque” un poquito, aparece siempre
detrás la mano torcida del régimen. Ahora le ha tocado el turno
al Parlamento andaluz, donde el PSOE ha disfrutado de mayorías absolutas
durante muchos años.
Al parecer, los funcionarios del
Parlamento (también sus interinos y eventuales) “juegan” en
una liga diferente al resto de funcionarios andaluces: aquellos, en
la Champions, y estos últimos, en Segunda regional .......
36.000 euros por jubilarse en el Parlamento
En esta Comunidad des-gobernada por el PSOE
andaluz, cualquier sector en el que se “rasque” un poquito, aparece siempre
detrás la mano torcida del régimen. Ahora le ha tocado el turno
al Parlamento andaluz, donde el PSOE ha disfrutado de mayorías absolutas
durante muchos años.
Al parecer, los funcionarios del
Parlamento (también sus interinos y eventuales) “juegan” en una
liga diferente al resto de funcionarios andaluces: aquellos, en la Champions, y estos
últimos, en Segunda regional (sin ánimo peyorativo para los deportistas que juegan en
estas ligas inferiores, que tienen todo mi respeto).
La Mesa del Parlamento de
Andalucía, en su Sesión del 22 de diciembre de 2003 (BOPA núm. 617, de 9 de enero de 2004), acordó
una gratificación por jubilación para sus funcionarios, cuyo importe
consistía en un pago de 150 euros por año de servicio, con un mínimo, que en
todo caso correspondería al jubilado, de 3.000 euros.
Transcurrido un año y medio, en su Sesión del 18 de mayo de 2005
(BOPA núm. 205, de 25 de mayo de 2005), además de lo anterior, se aprueba
también un premio de jubilación de 36.060,73 euros (¡el premio gordo de Navidad!), basándose en estos dos
motivos:
1) “resulta para la Mesa
conveniente, en una Institución de las características del Parlamento de
Andalucía, incentivar la no prolongación de la jubilación después de cumplirse
los sesenta y cinco años, facilitándose, por una parte, la posibilidad de
acceso de nuevas generaciones a la
función pública parlamentaria y/o la promoción de funcionarios a los puestos
que dejen vacantes los jubilados, y, de otra parte, el descanso del personal,
al servicio del Parlamento de Andalucía, con una edad avanzada”;
2) “el
Parlamento de Andalucía tiene suscrito un seguro colectivo a favor del personal
a su servicio que garantiza las contingencias de muerte e invalidez permanente absoluta
con un premio de 36.060,73 euros, quedando fuera de dicha póliza la percepción
de cantidad alguna al llegar a la edad de jubilación forzosa”;
Se acordó que “Los funcionarios del Parlamento de
Andalucía en situación administrativa de servicio activo, que hayan
permanecido en esta
situación de manera
ininterrumpida durante los
diez años inmediatos anteriores a la fecha en que
cumplan sesenta y cinco, o durante cinco
siempre que hayan prestado al menos 15
años de servicio en el Parlamento de Andalucía, y se jubilen al cumplir sesenta
y cinco años de edad, tendrán derecho a percibir un premio de
jubilación de 36.060,73 euros”. Esta cantidad va disminuyendo por cada año que permanezca
trabajando sin jubilarse hasta los 70 años de edad.
El mismo derecho corresponde al personal laboral
fijo al servicio del Parlamento de Andalucía, y asimismo, es de aplicación a
los funcionarios interinos y eventuales que se jubilen a los sesenta y cinco
años de edad y hayan permanecido desempeñando sus funciones en el Parlamento
con tal nombramiento, de forma ininterrumpida durante los diez años inmediatos
( o cinco años si han trabajado durante quince años en el Parlamento)
anteriores a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
¡Y se quedaron tan panchos!
¿Quién planteó esta iniciativa? Creo que todos los andaluces tienen el derecho a conocer
esas “características de la Institución” tan especiales que, según la Mesa del
Parlamento, las hacen merecedoras de ese pago, y que, dada la
cuantía, en nada deben parecerse al trabajo que se desempeña en la
Administración General de la Junta de Andalucía y en otras instituciones
públicas que no disfrutan de ese privilegio.
Para colmo, se metieron en el mismo saco a
“interinos” que, por su propia naturaleza, desempeñan su labor de forma
temporal hasta que se cubra urgentemente la plaza por un funcionario tras la
oportuna oposición, y a “eventuales”, que son cargos de confianza del político
de turno y, por tanto, debe considerarse un premio al amiguete.
El propio acuerdo de la Mesa es
un auténtico disparate: ¿cómo puede reconocerse jurídicamente que un interino
pueda estar diez años de forma ininterrumpida desempeñando un puesto que, según
la Ley, tenía que haberse convocado en una oposición con su incorporación a la
correspondiente oferta de empleo público nada más ocuparse el puesto
interinamente? Claro que, si todas las instituciones andaluzas de no-control
dieron por válido el “Acuerdo de Estabilidad” de los interinos de la Junta de
Andalucía, en vez de exigir que todas esas plazas se convocaran públicamente
para que los ciudadanos pudieran optar a las mismas, todo está dicho: Andalucía,
la Comunidad sin Ley. Y aunque exista, no se aplica, y punto.
Sin embargo, a los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía les corresponde una
gratificación de 156,22 euros por año de servicio (cantidad aprobada en 2011;
anteriormente era de 150 euros), de manera que un funcionario con
35 años de servicio initerrumpido en la Administración recibiría 5.467,70 euros, muy alejado de los 36.060,73
euros que se llevaría si hubiera desempeñado su labor en el Parlamento andaluz.
¿No debemos ser iguales los
españoles ante la Ley, según la Constitución? ¿Por qué este trato
diferente a los funcionarios del Parlamento respecto al personal funcionario y
laboral fijo de la Administración General de la Junta de Andalucía? ¿Qué peculiaridades les diferencia? Uno lee el Estatuto delPersonal del Parlamento de Andalucía o la Relación de Puestos de Trabajo del mismo, y no
se observan tales “diferencias”. Bueno, sí las hay: para colmo,
hay puestos en el Parlamento con idénticos niveles a los de la Administración
que incluso tienen mayores retribuciones económicas.
RPT de eventuales del Parlamento andaluz
Y la pregunta del millón: ¿por qué a los
funcionarios de las Administraciones Públicas de la Junta les han rebajado sus
retribuciones desde 2012 y les eliminaron las ayudas de acción social –para cumplir con las
cuentas de la Comunidad, decían-, y a los
empleados del Parlamento les han mantenido el “premio gordo” de la jubilación?
Otras dudas razonables: ¿ocurre igual con los
funcionarios de la Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo? ¿También se han
visto perjudicados los funcionarios de educación, sanidad y justicia?
¿Qué criterio racional han utilizado los políticos
del PSOE andaluz para establecer la existencia de esas diferencias entre los
empleados de unas instituciones y otras? Si tenemos en cuenta que varios de
los funcionarios que desempeñan su labor en puestos del Parlamento proceden de
la Administración General de la Junta de Andalucía, menos se entiende aún que
puedan existir tales “diferencias”.
Y nuestros políticos…¿algo que
decir?
Ciudadanos, ni sabe ni contesta ni le pía al PSOE, su socio en Andalucía. ¿Han
presentado alguna iniciativa al respecto? Pero, ¿y el PP, Podemos e IU? ¿Podrían
los Diputados del Parlamento explicar a todos los funcionarios de las
Administraciones andaluzas y a los ciudadanos por qué existen esas diferencian
de trato y cuál es el verdadero motivo de beneficiar con ese “premio gordo” a
los funcionarios del Parlamento?
Coda: No estoy defendiendo el “café para todos”,
sino que se exterioricen los motivos de ese trato tan diferente, porque es muy
complejo entenderlo desde la óptica de la justicia, la razón y el sentido
común.
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