POLÍTICA
- Así ha sido aprobado en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática tras el acuerdo alcanzado entre todos los partidos
La nueva etapa que vive la vida política comienza a traducirse en situaciones pioneras. Novedades parlamentarias derivadas de las nuevas preocupaciones y prioridades de los partidos. Y de las demandas sociales. Por primera vez, el Congreso de los Diputados evaluará la procedencia de crear un órgano específico destinado a la lucha contra la corrupción y estudiará los posibles mecanismos que puedan utilizarse para proteger a la figura del denunciante de los casos de corrupción.
Así fue aprobado el pasado jueves en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, tras el acuerdo alcanzado entre todas las formaciones. Se trata de unas reivindicaciones de un sector importante de la sociedad y de los propios funcionarios, que han alertado en varias ocasiones de la imposibilidad de comunicar casos o tramas corruptas por temor a las represalias.
POLÍTICA
- Así ha sido aprobado en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática tras el acuerdo alcanzado entre todos los partidos
La nueva etapa que vive la vida
política comienza a traducirse en situaciones pioneras. Novedades
parlamentarias derivadas de las nuevas preocupaciones y prioridades de los
partidos. Y de las demandas sociales. Por primera vez, el Congreso de losDiputados evaluará la procedencia de crear un órgano
específico destinado a la lucha contra la corrupción y estudiará los posibles
mecanismos que puedan utilizarse para proteger a la figura del denunciante de
los casos de corrupción.
Así fue aprobado el pasado jueves
en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad
Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y
Legales, tras el acuerdo alcanzado entre todas las formaciones.
Se trata de unas reivindicaciones de un sector importante de la sociedad y de los
propios funcionarios, que han alertado en varias ocasiones de la
imposibilidad de comunicar casos o tramas corruptas por temor a las
represalias.
Esta comisión, de nueva creación en
el Congreso, aprobó solicitar a la Mesa -el órgano rector de la Cámara- la
creación de una subcomisión relativa a la mejora de la contratación
pública, la evaluación de la creación de un órgano específico de
lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes de los casos.
Está previsto que los trabajos comiencen en las próximas semanas y que se
presenten sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su
constitución, según el documento aprobado.
Toni Cantó, diputado de Ciudadanos y presidente
de esta comisión parlamentaria, tenía especial interés en que estos tres temas
fueran los primeros que se trataran en un órgano que va a ser mirado con lupa
durante esta legislatura y que, además, se aprobaran por consenso de todos los
partidos. A ello hay que añadir que suponen tres banderas del programa de su
partido.
El análisis de los mecanismos que
hagan posible una mejora en los procedimientos de contratación
pública, así como el estudio de mecanismos para proteger a los denunciantes de
los casos de corrupción en la Administración, fueron asuntos
rápidamente acordados. Más reticencias y debate supuso el consenso sobre la
procedencia de crear un órgano específico destinado a la lucha contra la
corrupción. Fue el último punto en cerrarse.
Castilla y León,
pionera
Hace unas semanas, Castilla y
León se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una ley para
incentivar a los funcionarios a delatar casos de corrupción. El propósito
de la normativa, respaldada por el PP y Ciudadanos, era otorgar precisamente
protección a estos denunciantes.
Sin embargo, la
Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) -colectivo de
trabajadores públicos de la Junta- la rechaza y la
califica de ley mordaza, por considerar que el proceso lo
tutela el Gobierno regional y existe riesgo de represalias.
Esta iniciativa figura como una de
las reformas recogidas en el pacto de investidura firmado entre el PP y
Ciudadanos. Su punto 119 recoge: «Aprobar una Ley de Protección de los
Denunciantes de Corrupción con el fin de reconocer y
proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés
general».
La decisión del Congreso supone dar
cumplimiento a una de las principales demandas de Plataforma x la
honestidad, un movimiento que surgió en apoyo de Ana Garrido,
denunciante de la trama Gürtel, en su lucha
por desenmascarar a las redes corruptas. Este colectivo y Garrido se reunieron
en octubre con los partidos para pedir esta protección.
Garrido, que ha estado esta semana
en el Parlamento Europeo con motivo del
encuentro Human rights and whistleblowers, y antes de
conocer el acuerdo de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática y
la Lucha contra la Corrupción, reflexionó que «es difícil que salga la ley
adelante en España, teniendo en cuenta que el Gobierno actual está compuesto (y
sustentado) mayoritariamente por los partidos más salpicados por casos de
corrupción».
«Pueden decir buenas palabras»,
viene a argumentar, «pero, en el fondo, no les interesa, ya que el entramado es
de tal magnitud que si se denunciara la corrupción se rompería el engranaje que
facilita su estado de bienestar y sus negocios». Sin embargo, el Partido
Popular y el PSOE forman por el momento parte del acuerdo
para estudiar posibles mecanismos de protección a los denunciantes de
corrupción.
Moragas, Florentino
Pérez y Villar Mir
Las primeras comparecencias
solicitadas en esta Comisión son las de Jorge Moragas,
Florentino Pérez y Villar Mir. La primera la ha pedido Unidos Podemos
para dictaminar si el jefe de Gabinete de Rajoy tenía conocimiento del cobro de
comisiones ilegales por parte de Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la
Serna, un caso destapado por este diario.
Las presencias de Pérez y Villar
Mir las ha pedido el grupo Mixto tras la declaración de Francisco
Correa en el juicio de la trama Gürtel, donde
manifestó que a sus empresas se les adjudicó obra pública a cambio de dinero.
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