Función Pública. El gigante voraz.
El Gobierno andaluz destinará el año que viene un tercio de su presupuesto.
10.241.822.142 euros a pagar las nóminas de sus más de 270.000 empleados públicos, una partida que no ha hecho más que crecer en las dos últimas décadas, pese a los recortes impuestos por el Gobierno central ante la presión de Bruselas. Andalucía, con más de 200 entes, es la segunda comunidad del país con más Administración paralela.
Fantasmas en nómina + El pufo de las 94 UTEDLT
¿Por qué el Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz y con anterioridad Manuel Chaves y José Antonio Griñan, se ha resistido siempre a entregar los listados de efectivos reales que trabajan en la Administración andaluza? ¿Porque la negativa pese a las más de 20 sentencias que le obligan?
¿ Y para que se crea y sirve la Administración paralela, instrumental y juntera, esa donde el dinero público desaparece y vuela?
TRIBUNALES. Nueva ronda de declaraciones ante el juez.
- Declaran como imputados ante el juez los socios de las empresas Cedes Electria y CSI que recibieron 1,55 millones de euros de forma irregular.
Fantasmas en nómina + El pufo de las 94 UTEDLT
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/11/26/5838a6bcca4741bb268b461c.html
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20 AÑOS DE EL MUNDO DE ANDALUCÍA
La función pública
Despilfarro y enchufismo
25/11/2016 18:01
La Junta de Andalucía y su entramado de empresas públicas, fundaciones,
consorcios y todo tipo de entes satélites no han hecho más que crecer y engordar
en los últimos veinte años, por mucho
que la crisis y las restricciones impuestas por el Gobierno central ante la
presión de Bruselas hayan obligado a la Administración a apretarse el cinturón
en los últimos tiempos.
Actualmente,
ya hay más de 270.000 trabajadores con nómina de la Junta, la mayor empresa de
la comunidad andaluza. El capítulo de personal
acaparará el próximo año nada menos que 10.241 millones de euros del
presupuesto del Gobierno andaluz, que ascenderá a 33.239.509.031 euros. El pago de los salarios de los
empleados públicos representa un 30% de las cuentas andaluzas, la mayor partida de todas y
el triple de lo reservado, por ejemplo, a la inversión pública por el Gobierno
andaluz, que preside la socialista Susana Díaz.
En las dos últimas décadas,
el gasto de la Junta en su gigantesca y voraz función pública no ha hecho más
que aumentar. Comparando las cuentas
andaluzas de los últimos años se puede comprobar que tan sólo hubo un par de
años, 2011 y 2013, en los que hubo leves reducciones en la partida de personal.
Fue el efecto de los recortes salariales sufridos por los empleados públicos de
todo el país impuestos por el Gobierno central ante los ajustes solicitados por
la Unión Europea (UE).
Pero la dieta de los últimos años ha sido insuficiente
para recuperar la línea y perder grasa después del festín de contrataciones a
dedo y de allegados al PSOE en la conocida como administración paralela andaluza. Durante la última década, el conglomerado de entes instrumentales
del Gobierno andaluz ha ido también al alza. Bajo la excusa de que son mucho más ágiles que la
administración pura y dura para acometer cualquier trabajo, el Gobierno andaluz
ha recurrido a ellos para hacer y deshacer a su antojo, saltándose los férreos
controles que imperan en las consejerías.
Actualmente, el Gobierno andaluz cuenta con más de
200 entes instrumentales. Es la segunda comunidad
autónoma del país con más administración paralela, seguida de Cataluña. Según el inventario elaborado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, Andalucía pasó de tener 307 empresas públicas, consorcios y
fundaciones el 1 de enero de 2004 a 367 seis años después, el 1 de julio de
2010. Sin embargo, el 1 de enero de 2016 la cifra bajó hasta los 326.
Las cantidades globales se han reducido, pero la partida de personal
no.
Menos entes, pero más gasto
en el pago de nóminas. De hecho, el Gobierno andaluz suele presumir de haber bajado
la cantidad de agencias, pero no haber despedido a nadie. Las cifras del presupuesto así lo corroboran. En la
última década, los gastos de personal de las agencias públicas y los entes
instrumentales andaluces han crecido un 18%,
al pasar de los 3.781 millones de euros del presupuesto del año 2007 a los 4.596
millones de las cuentas para el próximo ejercicio. En ese mismo periodo, la
partida para pagar las nóminas de los funcionarios de las consejerías de la
Junta ha pasado de los 5.033 millones de euros de 2007 a los 5.645 millones
para 2017, un 11% más.
La tasa de crecimiento de los presupuestos fue de un
13% entre 2007 y 2017. De esta forma, las nóminas de los trabajadores de los entes
instrumentales aumentaron 5 puntos por encima de la media de subida del
presupuesto, mientras que los gastos en
personal de las consejerías se situaron dos puntos por debajo.
Esta preferencia del Gobierno andaluz por sus entes instrumentales y el temor de los socialistas a perder el poder en
las elecciones autonómicas de 2012 -las primeras que ganó en Andalucía el Partido
Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando la posibilidad de que
gobernara Javier Arenas- derivaron en la polémica reordenación del sector
público andaluz, primero como decretazo en julio de 2010 y después como ley en
febrero de 2011. Tanto rechazo generó la reforma que la Ley 1/2011 de
Reordenación del Sector Público es más conocida como ley del enchufismo, ya que
supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000
empleados del entramado de empresas públicas. Tras treinta años gobernando en
Andalucía y ante las encuestas que vaticinaban la alternancia, el PSOE quiso
dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo empleado público por la
puerta de atrás al personal de los entes, también a los enchufados.
Buena parte de los funcionarios se levantaron en
contra de esta reforma, protagonizando manifestaciones históricas, como la que
recorrió el centro de Sevilla el 13 de noviembre de 2010, con más de 30.000
personas pidendo la derogación del 'decretazo'.
El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el
entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recibieron la primera
pitada de los funcionarios en un acto en la Plaza de España el 17 de octubre de
2010. Más tarde, el entonces presidente e impulsor de la reordenación del
sector público, José Antonio Griñán, los consejeros, altos cargos y hasta
ministros socialistas fueron abucheados por los empleados públicos en sus
visitas por las ocho provincias.
"Pumba, pumba, pumba, el cortijo se
derrumba" o "Griñán, cariño, colócame a mi niño" fueron los
cánticos más repetidos durante el año largo de protesta de los empleados públicos,
que se lanzaron a la calle a criticar el despropósito que suponía que quedaran
integrados en la Administración andaluza todos aquellos que habían sido
colocados a dedo y sin superar ningún proceso de selección en entidades como la
Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se extinguió en
2011, dejando un agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin
justificar, tal y como detectó la Cámara de Cuentas de Andalucía y ahora
investiga una juez de Sevilla.
Esta fundación de la Junta, creada en el año 2003,
durante la etapa como consejero de Empleo del investigado por los ERE José Antonio
Viera, pasó de tener una plantilla de 120 trabajadores a 1.700. Durante los
ocho años que mantuvo la actividad, gestionó más de 300 millones de euros. En
aplicación de la Ley de Reordenación del Sector Público, el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) absorbió a todo el personal de la Faffe, entre los que había
numerosos ex alcaldes, ex concejales y familiares de destacados socialistas.
La Faffe encaja a la perfección con uno de los lemas
utilizados por los funcionarios para combatir la ley del enchufimo: "La
Administración partidista y clientelar es otra forma más de corrupción", denunciaron
entonces los empleados públicos, anticipándose a todo lo que se ha sabido
después de esta fundación y de su papel en el presunto fraude de los cursos de
formación. "Por la transparencia y el control del dinero público de todos
los ciudadanos; no cabe la opacidad", clamaban los funcionarios, que
salieron a la calle a decir "basta ya al nepotismo, a la corrupción y al
despilfarro".
Paradigma también de despilfarro y clientelismo es el
episodio ocurrido antes de las elecciones autonómicas de 2000, cuando la empresa
pública de la Junta Egmasa realizó pequeñas obras en varios institutos
andaluces a un coste superior al del mercado y sin atender las prioridades de
los centros.
Varios institutos denunciaron que los presupuestos estaban
inflados y que la Junta no consultó con los responsables de los centros las
necesidades de los mismos. En la mayoría de los casos, Egmasa, empresa creada
por la Junta para servicios medioambientales, se limitó a pintar fachadas y
realizar pequeños trabajos. Según los testimonios publicados por EL MUNDO, se
trataba de «lavar la cara» a los edificios unos meses antes de que se celebraran
las elecciones andaluzas. Los casi 6.000 empleados de la extinta Egmasa se
vieron beneficiados también por la Ley de Reordenación del Sector Público y
fueron integraron en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).
Para combatir esta reforma, los empleados públicos se
organizaron en plataformas al margen de los sindicatos tradicionales y organizaron
colectas para litigar en contra de esta ley. Inicialmente, el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón, con demoledoras sentencias
contrarias a la Junta en las que alertaba sobre el "desprecio al Estado de
Derecho" que suponía la reforma por la "flagrante vulneración"
de derechos fundamentales.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido dando la razón
al Gobierno andaluz y finalmente el Tribunal Constitucional también dio su
visto bueno a la Ley de Reordenación andaluza en noviembre de 2015, al rechazar
el recurso interpuesto por el PP y descartar que la finalidad real de la ley
sea realizar cambios para poder desarrollar una administración paralela, como
mantenía el recurso de los populares. El Gobierno andaluz, como la banca en los
casinos, vuelve a ganar.
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/11/26/5838a6bcca4741bb268b461c.html
TRIBUNALES
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Invercaria dio ayudas millonarias sin control por orden de la Junta
TRIBUNALES
Nueva ronda de declaraciones ante el juez
- Declaran como imputados ante el juez los socios de las empresas Cedes Electria y CSI que recibieron 1,55 millones de euros de forma irregular
La empresa pública de capital riesgo de la Junta, Invercaria, habría otorgado ayudas millonarias sin control a la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible, Cedes Electria, y a la Consultora CSI por orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, dirigida entre 2004 y 2009 por Francisco Vallejo, investigado -antes imputado- en el caso Invercaria y en los ERE.
De esta forma, la empresa de capital riesgo de la Junta, que un juez de Sevilla investiga desde hace tres años por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, repartía el dinero y participaba en empresas sin ninguna intervención técnica y siguiendo las órdenes expresas de la Consejería.
Es lo que se deduce, según dijeron a EL MUNDO fuentes del caso, de las declaraciones que han prestado durante tres jornadas, desde el pasado miércoles este viernes, ante el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, instructor del 'caso Invercaria', varios responsables de la empresa de capital riesgo y de la Agencia IDEA, además de los socios de Cedes Electria y la Sociedad Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI), las compañías que recibieron de manera irregular unos 1,55 millones de euros de la Administración andaluza.
Electria es la sociedad a la que se alude en la polémica conversación grabada entre la ex directora de Invercaria, Laura Gómiz, y el que fuera director de Promoción de esta entidad, Cristóbal Cantos, en la que la primera le ordena al segundo que falsee, presuntamente, expedientes. En esa charla, se deja caer que Invercaria invirtió más de un millón en Electria sin que estuviera completo el expediente administrativo.
El atestado policial 2156/15 de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, del que ya informó este diario, remarca que Invercaria inyectó 400.000 euros en CSI, constituida el 30 de diciembre de 2008 en Madrid, con el único aval de un correo electrónico con escasísima documentación adjunta remitido por un empleado de la Agencia IDEA a otro de Invercaria.
De la investigación se desprende, según el juez instructor, que Cedes Electria se constituyó en 2008 mediante la alianza de un grupo de empresas y con un capital en el que Invercaria aportaba 42.000 euros, pese a que «la decisión de entrar en el capital social no consta con el respaldo del departamento de inversión de Invercaria, no ha sido aprobada por el comité de inversiones y se realizó por decisión de su presidente, el investigado Tomás Pérez-Sauquillo, sin atender a una petición previa de Cedes».
Isofotón.
Entre los empresarios investigados -antes imputados- que han declarado ante el juez por las inversiones irregulares en Electria y CSI figura Federico Mañero, el histórico líder de las Juventudes Socialistas a principios de la década de los 80, ex marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano e íntimo amigo de Felipe González; y José Luis Manzano Seco, el autor material del falseamiento de cuentas en Isofotón que abocó a la liquidación al gigante fotovoltaico. Invercaria dio ayudas a Manzano cuando éste ya era investigado por un juzgado mercantil de Madrid por las irregularidades contables en Isofotón.
Ambos dijeron al juez que todas las negociaciones se hicieron con el entonces consejero Francisco Vallejo y que no tuvieron que hacer ninguna gestión en Invercaria, según las fuentes del caso consultadas por este diario. Aunque las reuniones eran con el consejero, la persona de contacto más habitual fue Isabel de Haro, secretaria general de la Consejería de Innovación.
Por su parte, Pérez-Sauquillo, que también testificó ante el juez el pasado miércoles, señaló que Invercaria inyectó unos 1,2 millones de euros en el proyecto de Cedes «por mandato» de la Consejería y con la «mediación» de Isabel de Haro. Admitió que el personal de Invercaria no intervino en ningún estudio de Cedes, ya que todo venía de la Consejería de Innovación.
Sin embargo, De Haro trató de desvincularse y alegó que desconocía el contenido económico del proyecto de Cedes Electria.
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