CURSOS DE FORMACIÓN
- La sustituta de Alaya archiva la pieza principal de la formación al descartar la red clientelar que sí apreció su antecesora
- La magistrada María Núñez asume las tesis de la Fiscalía, que no vio delito
¿Y para que crean la Administración paralela? ¿Personal laboral, de selección y acceso digital al empleo público; personal afín, al que blindan mediante la Ley de Reordenación del Sector Público, mediante, subrogación por sucesión de empresas aplicando el Derecho Laboral? ¿La Sra. Bolaños, habla ahora de funcionarios y administración pública, Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales? ¿Pero no han transferido los junteros el dinero y la gestión de las competencias a la Administración Paralela; no mezclan al personal subrogado con los funcionarios? ¿No igualan sus modelos de petición de permisos y demás...como si fueran realmente empleados públicos....?
La Junta crea puestos a medida para sus 1.118
empleados sin funciones
- El Servicio Andaluz de Empleo convoca los
primeros puestos provisionales para que elaboren estudios sobre el paro en
Andalucía
El Régimen al desnudo.
El Régimen al desnudo.
Más en esta Andalucía en la que su estructura clientelar se ve fortalecida porque uno de cada cuatro ciudadanos vive de la nómina pública. Si se les suman jubilados, parados y quienes no tienen intención de trabajar, sólo dos y bajando de sus 8,4 millones de habitantes generan actividad productiva. Añádasele su grado de dependencia ante una administración intervencionista, cuyo gasto se aplica en perpetuarse, haciendo que los beneficiarios de esas políticas clientelares superen en número a quienes las costean. Así las cosas, se entiende que Andalucía siga a la cola del desarrollo y gobernada por el PSOE desde el inicio de la autonomía. Por mor del neocaciquismo, Andalucía se condena a la postración y a una dependencia que le impide desatascar el bloqueo político, sometida a la demagogia y al populismo. Ofrecer dependencia, en vez de independencia es un seguro de vida electoral para un partido político, pero no hay país que prospere si sus habitantes no producen ni ahorran en manos de instituciones transparentes, sin corrupción, que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a unas reglas de juego claras.
.....Así, Griñán sorprendió con el anuncio de una reducción de la administración paralela refugio de la caterva de colocados del partido que viven del presupuesto que ha suplantado a la genuina Función Pública ya la que los tribunales han sentenciando en los términos más duros por ser instrumentos para evadir los controles del Estado de Derecho.
Ello ha desencadenado fraudes colosales como los de los ERE y los de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, sometidos a pesquisas judiciales. Inevitablemente, toda ayuda pública que se otorga sin atender a sus resultados fomenta la estafa.
.......
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/10/11/57fcc36e268e3ec33e8b4653.html
CURSOS DE FORMACIÓN
La juez no ve relevantes
las ayudas de la Junta a 45 empresas del entorno del PSOE
- La sustituta de Alaya archiva la pieza principal de la formación al descartar la red clientelar que sí apreció su antecesora
- La magistrada María Núñez asume las tesis de la Fiscalía, que no vio delito.
12/10/2016 09:24
La juez de Sevilla María Núñez Bolaños ha archivado la conocida como pieza 'política' del fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta
de Andalucía en un extenso auto en el que descarta que hubiera una «red
clientelar» vinculada al PSOE acaparando las ayudas o que los fondos
millonarios se repartieran con criterios de «clientelismo político», según
destaca el auto conocido este martes.
Tal y como desveló Núñez Bolaños a finales del pasado mes de junio, en
la recta final de la campaña electoral, finalmente ha
terminado dando carpetazo a esta pieza, en la que están
imputados 24 ex cargos del Gobierno andaluz, con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández a la cabeza.
La decisión de la juez instructora llega después de que la
Fiscalía Anticorrupción pidiera también el archivo, al apreciar «ineficacia» y «defectos
administrativos» en la gestión que hizo la Junta de las subvenciones para los
cursos, pero descartando en todo momento que esas deficiencias fueran
delictivas.
«Tampoco se ha constatado la existencia de una red clientelar.
Que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que
tienen alguna vinculación con el Partido Socialista no resulta significativo»,
alega la juez Núñez Bolaños en el auto.
El PP, que está personado en la causa, había pedido una serie de
diligencias en el juzgado tras constatar que la Junta había concedido al menos
101.160.469,63 euros en subvenciones para cursos a «una trama de 45 empresas vinculadas a cargos del Gobierno andaluz
o del Partido Socialista Obrero Español, o a socios y familiares suyos».
De esa cantidad, 52.760.475,04 euros corresponden a las
subvenciones recibidas por siete entidades de ex consejero de la Junta Juan
Ojeda Avilés, y los 48.399.994,59 euros restantes a otras 38 «empresas o
entidades administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o
actuales del PSOE y del Gobierno andaluz o a socios y familiares», según el PP.
Para la juez instructora, «no resulta significativo» que el PP «encuentre 38 [en realidad son 45, pero la juez cuenta sólo una de
Ojeda, cuando son siete] empresas beneficiarias cuyos
administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del Gobierno andaluz
o del PSOE o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar», atendiendo
al «número de beneficiarios entre los años 2009 a 2012».
«Ese examen adolece de los requisitos básicos para ser tenido en
consideración desde un punto de vista estadístico, carece del más mínimo rigor
que se exigiría en una investigación, al no realizarse una muestra de control
para valorar cuántas empresa vinculadas a otros partidos políticos, incluido el
PP andaluz, o, a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para
formación», afirma la juez.
La magistrada argumenta que sobre la falta de documentación
relacionada con las subvenciones para los cursos detectada por los
interventores «se construye la hipótesis o teoría de que esta irregularidad es
utilizada para conceder arbitrariamente las subvenciones, creando una red de
clientelismo político», en la que «se eligen arbitrariamente los
beneficiarios».
Sin embargo, los interventores «aclaran que el hecho de que se
haga constar en el informe especial que no está una documentación concreta, no
quiere decir que no existiera en el momento de su gestión y control previo»,
afirma la instructora.
Núñez Bolaños sostiene que para que el beneficiario fuera
seleccionado «arbitrariamente» por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de
entre aquellos que consideraba «afines al partido», el funcionario «debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende,
participaría de la trama organizada que realizaba estas conductas».
«Quiere ello decir, que no sólo el director general o los
delegados provinciales participarían de esta trama, sino que necesariamente
también debían participar los funcionarios que integraban los
Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales, quienes
recibirían instrucciones de sus superiores para que así actuaran», recoge el
auto judicial.
Para Núñez Bolaños, esta teoría parece «poco probable por no
decir inverosímil». «En todo caso, como señala el Ministerio Público en su
informe, no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este
sentido, ya sea verbal o escrita», remata
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