- Son ex trabajadores de la Faffe que, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías
La Junta de Personal denuncia que los ex trabajadores de la Faffe elegidos, ahora en el SAE, son ajenos a la formación y, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
Irregularidades en la revisión
de los expedientes
La Junta pone a revisar ayudas para
cursos a personal sin competencias
- Son ex trabajadores de la Faffe que, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías
La Junta de Personal denuncia que
los ex trabajadores de la Faffe elegidos, ahora en el SAE, son ajenos a la
formación y, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control
con garantías
Estos empleados llevan más de un
mes revisando ayudas ante el riesgo de que prescriban
La Junta de Andalucía ha puesto a revisar
subvenciones para cursos de formación que están bajo sospecha, ya que están
siendo investigadas por 18 juzgados andaluces, a personal de
confianza de la Administración autonómica que carece de competencias para hacer
este trabajo, lo que podría poner en peligro la recuperación del dinero presuntamente
defraudado.
Varias sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) han anulado sanciones que la Junta pretendía
imponer a agricultores beneficiarios de ayudas que cometieron alguna
irregularidad porque los controles de las subvenciones los
hicieron trabajadores externos, en vez de funcionarios, y por lo tanto no
tienen ninguna validez legal. Pese a que hay varios fallos en este sentido y numerosos
precedentes contrarios a la Junta, la
Administración insiste en esta práctica irregular, ahora con los expedientes de la
formación y los ex empleados de la extinta Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo (Faffe).
Una docena de ex trabajadores de la Faffe, ahora
integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), llevan
desde principios del pasado abril en las dependencias del Servicio de Formación
perteneciente a la Delegación Territorial de Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, revisando expedientes de subvenciones para cursos, según pudo confirmar EL MUNDO.
Según los representantes de los funcionarios, es ilegal
que los ex empleados de la Faffe revisen las ayudas de los cursos ya que el
SAE, al que están subrogados, no es competente en formación. Además, las funciones
relacionadas con la tramitación de subvenciones deben ser desempeñadas por
funcionarios, ya que, de lo contrario, se podría estar incurriendo en un delito de
usurpación de funciones.
Las fuentes consultadas indicaron que los ex
trabajadores de la Faffe tienen encomendado revisar numerosos expedientes de
formación que prescriben el próximo septiembre. Si llega esa fecha y la Junta
no ha iniciado los correspondientes expedientes de reintegro, pierde la
posibilidad de recuperar las cantidades desviadas. Por eso, ahora debe darse
prisa.
La Faffe, bajo la lupa judicial
Y al frente de esa delicada
tarea ha puesto a una docena de trabajadores procedentes de la extinta Faffe
que no son funcionarios. La gestión irregular de
esta fundación de la Junta en la formación es una de las vertientes del
presunto fraude de los cursos que está investigando el Juzgado de Instrucción 6
de Sevilla, primero bajo la dirección de la juez Mercedes Alaya y ahora con la
magistrada María Núñez Bolaños.
Como ha venido informando este diario, la Faffe
funcionó durante años casi como una agencia de colocación para ex dirigentes
del PSOE, familiares y allegados. En nómina de esta fundación de la Junta, creada
en 2003 durante la etapa de José Antonio Viera como consejero de Empleo,
estuvieron el ex alcalde de Lebrija, el socialista Antonio
Torres, -ahora investigado por cobrar 535.000 euros de esta fundación sin ir a
trabajar-, ex concejales del PSOE y familiares de Gaspar Zarrías,
Antonio Rivas, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y Luis Pizarro, entre otros.
Este diario tuvo acceso a un
requerimiento de «cesación de vía de hecho» en el que la Junta de Personal de
la Administración General de la Junta de los servicios periféricos en Cádiz
solicita al Gobierno andaluz que cumpla la «legalidad vigente» y ponga fin a la
presencia del personal laboral subrogado perteneciente al SAE -ex trabajadores de la Faffe- en la sede
del Servicio de Formación en Cádiz, a la que llegaron el pasado 5 de abril para
«empezar a trabajar con expedientes de formación».
Los ex trabajadores de la Faffe
están en el Servicio de Formación, «con ocupación efectiva de oficinas e
instalación de equipos informáticos, sin acto administrativo previo alguno que
lo legitime y sin que dicho personal haya superado las correspondientes pruebas
de acceso a la Administración General de la Junta», avisa
la Junta de Personal.
«Este personal subrogado [los ex
Faffe] pertenece al Servicio Andaluz de Empleo, Agencia de Régimen Especial, y
por tanto a la administración instrumental de la Junta y no a la Administración
General de la misma», dice la Junta de Personal, que
recuerda cómo el acceso a la Administración General de la Junta «se
produce exclusivamente tras la superación de las oportunas pruebas selectivas
dentro de la correspondiente Oferta de Empleo Público».
Actualmente, las competencias en
materia de formación corresponden a la Administración General de la Junta, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto de Presidencia 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, que atribuye dichas
competencias a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que dirige el
consejero José Sánchez Maldonado. Estas competencias, en la
administración periférica, recaen en las Delegaciones Territoriales de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
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