lunes, 30 de mayo de 2016

Máxima difusión. La Junta pone a revisar ayudas para cursos a personal sin competencias ¿¿¿Y actúa a sabiendas....??? = Esta es la Andalucía imposible ¿imparcialidad, independencia....? ¿o clientela digital del Régimen? ¿El lobo cuidando las gallinas?

FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Irregularidades en la revisión de los expedientes.

  • Son ex trabajadores de la Faffe que, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías

 


La Junta de Personal denuncia que los ex trabajadores de la Faffe elegidos, ahora en el SAE, son ajenos a la formación y, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías

Estos empleados llevan más de un mes revisando ayudas ante el riesgo de que prescriban







FRAUDE DE LA FORMACIÓN
Irregularidades en la revisión de los expedientes
La Junta pone a revisar ayudas para cursos a personal sin competencias

  • Son ex trabajadores de la Faffe que, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías






La Junta de Personal denuncia que los ex trabajadores de la Faffe elegidos, ahora en el SAE, son ajenos a la formación y, al no ser funcionarios, no pueden hacer el control con garantías


Estos empleados llevan más de un mes revisando ayudas ante el riesgo de que prescriban

La Junta de Andalucía ha puesto a revisar subvenciones para cursos de formación que están bajo sospecha, ya que están siendo investigadas por 18 juzgados andaluces, a personal de confianza de la Administración autonómica que carece de competencias para hacer este trabajo, lo que podría poner en peligro la recuperación del dinero presuntamente defraudado.

Varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han anulado sanciones que la Junta pretendía imponer a agricultores beneficiarios de ayudas que cometieron alguna irregularidad porque los controles de las subvenciones los hicieron trabajadores externos, en vez de funcionarios, y por lo tanto no tienen ninguna validez legal. Pese a que hay varios fallos en este sentido y numerosos precedentes contrarios a la Junta, la Administración insiste en esta práctica irregular, ahora con los expedientes de la formación y los ex empleados de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Una docena de ex trabajadores de la Faffe, ahora integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), llevan desde principios del pasado abril en las dependencias del Servicio de Formación perteneciente a la Delegación Territorial de Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, revisando expedientes de subvenciones para cursos, según pudo confirmar EL MUNDO.

Según los representantes de los funcionarios, es ilegal que los ex empleados de la Faffe revisen las ayudas de los cursos ya que el SAE, al que están subrogados, no es competente en formación. Además, las funciones relacionadas con la tramitación de subvenciones deben ser desempeñadas por funcionarios, ya que, de lo contrario, se podría estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Las fuentes consultadas indicaron que los ex trabajadores de la Faffe tienen encomendado revisar numerosos expedientes de formación que prescriben el próximo septiembre. Si llega esa fecha y la Junta no ha iniciado los correspondientes expedientes de reintegro, pierde la posibilidad de recuperar las cantidades desviadas. Por eso, ahora debe darse prisa.

La Faffe, bajo la lupa judicial

Y al frente de esa delicada tarea ha puesto a una docena de trabajadores procedentes de la extinta Faffe que no son funcionarios. La gestión irregular de esta fundación de la Junta en la formación es una de las vertientes del presunto fraude de los cursos que está investigando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, primero bajo la dirección de la juez Mercedes Alaya y ahora con la magistrada María Núñez Bolaños.

Como ha venido informando este diario, la Faffe funcionó durante años casi como una agencia de colocación para ex dirigentes del PSOE, familiares y allegados. En nómina de esta fundación de la Junta, creada en 2003 durante la etapa de José Antonio Viera como consejero de Empleo, estuvieron el ex alcalde de Lebrija, el socialista Antonio Torres, -ahora investigado por cobrar 535.000 euros de esta fundación sin ir a trabajar-, ex concejales del PSOE y familiares de Gaspar Zarrías, Antonio Rivas, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y Luis Pizarro, entre otros.

Este diario tuvo acceso a un requerimiento de «cesación de vía de hecho» en el que la Junta de Personal de la Administración General de la Junta de los servicios periféricos en Cádiz solicita al Gobierno andaluz que cumpla la «legalidad vigente» y ponga fin a la presencia del personal laboral subrogado perteneciente al SAE -ex trabajadores de la Faffe- en la sede del Servicio de Formación en Cádiz, a la que llegaron el pasado 5 de abril para «empezar a trabajar con expedientes de formación».

Los ex trabajadores de la Faffe están en el Servicio de Formación, «con ocupación efectiva de oficinas e instalación de equipos informáticos, sin acto administrativo previo alguno que lo legitime y sin que dicho personal haya superado las correspondientes pruebas de acceso a la Administración General de la Junta», avisa la Junta de Personal.

«Este personal subrogado [los ex Faffe] pertenece al Servicio Andaluz de Empleo, Agencia de Régimen Especial, y por tanto a la administración instrumental de la Junta y no a la Administración General de la misma», dice la Junta de Personal, que recuerda cómo el acceso a la Administración General de la Junta «se produce exclusivamente tras la superación de las oportunas pruebas selectivas dentro de la correspondiente Oferta de Empleo Público».

Actualmente, las competencias en materia de formación corresponden a la Administración General de la Junta, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Presidencia 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, que atribuye dichas competencias a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que dirige el consejero José Sánchez Maldonado. Estas competencias, en la administración periférica, recaen en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.



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