jueves, 3 de marzo de 2016

Un interventor dice al juez que la Junta está "en parálisis" por las imputaciones = ¿Los interventores, técnicos y abogados de la Junta, que actuán como colaboradores necesarios de los junteros, puestos PLD, terminan imputados; porque será? El Sr. Luque dice que tenía nueve funcionarios a su cargo y firmaba los documentos que se le trasladaban en base a esa relación de confianza, que pretende ¿trasladar la responsabilidad de lo que firmaba al personal funcionario que trabajaban bajo sus órdenes?. Tomando nota. Cuando las barbas del vecino veas cortar pon las tuyas a remojar.

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. Caso Marismas 

El interventor de la Junta de Andalucía Juan Luque ha declarado este miércoles como investigado ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en procedimientos de contratación para ad-judicar obras seguidas por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos y ha aler-tado de que la "cascada" de imputaciones de interventores, técnicos y abogados de la Junta en dis-tintas causas judiciales está provocando la "parálisis" de la Administración autonómica.









LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. Caso Marismas

Un interventor dice al juez que la Junta está "en parálisis" por las imputaciones

Juan Luque presenta un informe del interventor general de la Junta que avala su actuación en el 'caso Marismas'


El interventor de la Junta de Andalucía Juan Luque ha declarado este miércoles como investigado ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidas por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos y ha alertado de que la "cascada" de imputaciones de interventores, técnicos y abogados de la Junta en distintas causas judiciales está provocando la "parálisis" de la Administración autonómica.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el ex interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta y actual interventor en la Consejería de Hacienda ha realizado esta reflexión durante su comparecencia en calidad de investigado ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, en el marco de la cual ha negado haber cometido irregularidad alguna en este caso.

Durante su declaración, Juan Luque, que también está imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha explicado que en la Administración se ha venido trabajando según el principio de confianza, de manera que él, como interventor delegado de la Consejería de Agricultura, tenía nueve funcionarios a su cargo y firmaba los documentos que se le trasladaban en base a esa relación de confianza.

Según ha precisado, todo funciona como un "circuito administrativo" formado por distintos eslabones, donde "cada eslabón tiene su propia función", rigiéndose finalmente por el "principio de confianza".

En este sentido, y tras negar que "firmara a ciegas", ha puesto de manifiesto que en la Intervención "nunca se había trabajado en alerta y prevención", pero la "cascada" de imputaciones de técnicos, letrados e interventores de la Junta en distintos procedimientos judiciales "ha provocado la parálisis de la Administración" y que, de este modo, "se trabaje en alerta y prevención".

Al hilo de ello, y según las fuentes consultadas, Luque ha negado cualquier irregularidad y ha aportado un informe de siete folios redactado por el actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández, que avala su actuación en el caso Marismas.

El instructor lo ha citado a declarar como investigado "por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación" de las obras -4,2 millones- "desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".










Los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ya tomaron declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque, ya que según los agentes habría firmado una serie de documentos "imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación".

Asimismo, el juez ha citado a declarar este jueves a seis personas en calidad de testigos, entre técnicos y funcionarios de la Consejería de Agricultura.

También a petición del Ministerio Público, el juez Juan Gutiérrez Casillas ordenó que dos técnicos de la Junta que sean especialistas en regadíos y obra pública elaboren un dictamen pericial donde se analice la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada, y donde también hagan una comparación de los diferentes proyectos.

En esta causa, hay una veintena de personas encausadas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta.

Según el juez, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha apreciado indicios de delito en algunas actuaciones de las autoridades de la Junta de Andalucía respecto a esta obra para modernizar la red de riego en la provincia de Sevilla cofinanciada con fondos europeos.


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