LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. Caso Marismas
- El interventorJuan Luque declara como investigado ante el juez de Sevilla que investiga el'caso Marismas'
- Juan Luque presenta un informe del interventor general de la Junta que avala su actuación en el 'caso Marismas'
El interventor de
la Junta de Andalucía Juan Luque ha declarado este miércoles como investigado
ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en procedimientos de
contratación para ad-judicar obras seguidas por la comunidad de regantes Las
Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones
de euros para la modernización de su red de riegos y ha aler-tado de que la
"cascada" de imputaciones de interventores, técnicos y abogados de la
Junta en dis-tintas causas judiciales está provocando la "parálisis"
de la Administración autonómica.
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. Caso Marismas
Un interventor dice al juez que la Junta está "en parálisis" por las imputaciones
Juan Luque presenta un informe del interventor general de la Junta que avala su actuación en el 'caso Marismas'
El
interventor de la Junta de Andalucía Juan Luque ha declarado este miércoles
como investigado ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en
procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidas por la comunidad
de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención
de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos y ha alertado de que la "cascada"
de imputaciones de interventores, técnicos y abogados de la Junta en distintas causas
judiciales está provocando la "parálisis" de la Administración
autonómica.
Fuentes del caso han
informado a Europa Press de que el ex interventor delegado de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta y actual interventor en la Consejería de
Hacienda ha realizado esta reflexión durante su comparecencia en calidad de investigado ante el
juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, en el marco
de la cual ha negado haber cometido irregularidad alguna en este caso.
Durante su declaración, Juan
Luque, que también está imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha explicado que en la Administración se ha venido trabajando
según el principio de confianza, de manera que él, como
interventor delegado de la Consejería de Agricultura, tenía nueve funcionarios
a su cargo y firmaba los documentos que se le trasladaban en base a esa
relación de confianza.
Según ha precisado, todo
funciona como un "circuito
administrativo" formado por distintos eslabones,
donde "cada eslabón tiene su propia función", rigiéndose finalmente
por el "principio de confianza".
En este sentido, y tras
negar que "firmara a ciegas", ha puesto de manifiesto que en la
Intervención "nunca se había trabajado en alerta y prevención", pero la
"cascada" de imputaciones de técnicos, letrados e interventores de la
Junta en distintos procedimientos judiciales "ha provocado la parálisis de
la Administración" y que, de este modo, "se trabaje en alerta y
prevención".
Al hilo de ello, y según las
fuentes consultadas, Luque ha negado cualquier irregularidad y ha aportado un informe de siete
folios redactado por el actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández, que avala su actuación
en el caso Marismas.
El instructor lo ha citado a
declarar como investigado "por su participación como interventor delegado
de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a
la primera certificación" de las obras -4,2 millones- "desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los
requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".
Los agentes del Equipo de
Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ya
tomaron declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque,
ya que según los agentes habría firmado una serie de documentos
"imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga
efectivo el pago de la subvención en la primera certificación".
Asimismo, el juez ha citado
a declarar este jueves a seis personas en calidad de testigos, entre técnicos y funcionarios de la
Consejería de Agricultura.
También a petición del
Ministerio Público, el juez Juan Gutiérrez Casillas ordenó que dos técnicos de
la Junta que sean especialistas en regadíos y obra pública elaboren un dictamen
pericial donde se analice la obra realmente ejecutada,
la obra certificada y la obra realmente pagada, y donde también hagan una
comparación de los diferentes proyectos.
En esta causa, hay una veintena de personas
encausadas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta.
Según el juez, fue el 13 de
octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria
dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud
realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de
modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6
millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23
por ciento del total.
La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha apreciado indicios de delito en algunas actuaciones
de las autoridades de la Junta de Andalucía respecto a esta obra para modernizar la red de
riego en la provincia de Sevilla cofinanciada con fondos europeos.
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