Máxima difusión.Funcionarios recurren el plan de la Junta para 1.118 laborales sin tareas = ¿necesidades de plantilla cubiertas por personal laboral digital y juntero? ; Las atribuciones que se están encomendando forma parte de la reserva funcionarial que rige nuestro modelo constitucional de Administración Pública; ya lo ha dicho el TSJA, ver más Sentencia IDEA. ¿Y permitirán la comisión de delitos, versus usurpación de funciones públicas, dentro de la Administración y "a sabiendas"?.

•  Nueva batalla judicial por la creación de puestos a medida con potestades públicas

Funcionarios recurren el plan de la Junta para 1.118 laborales sin tareas

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La pretensión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de acoplar a 1.118 empleados laborales procedentes de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que carecen de tareas específicas, ha encendido la luz de alarma en los sindicatos de funcionarios, que además de cuestionar el procedimiento temen que con la adjudicación de los trabajos se otorguen potestades públicas a un personal que legalmente no puede ejercerlas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha anunciado que «combatirá jurídicamente» tanto el método como las convocatorias que se hagan a su amparo, como ya se ha hecho con los recursos presentados en Sevilla y Cádiz.

A principios de febrero ABC desveló que el SAE tiene en nómina a 1.118 trabajadores de la extinta Faffe que carecen de funciones definidas, según había reconocido José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, departamento al que está adscrito aquel organismo.

Con posterioridad se publicó que el propio director gerente del SAE, Julio Coca, había firmado una instrucción para dar cobertura de forma provisional,por razones de urgencia u oportunidad, determinadas necesidades de plantilla con personal laboral. En principio se ha comenzado por un grupo de trabajadores que tendrá como tarea la realización de informes.

Al respecto, la CSIF ya puso de manifiesto que está en contra del sistema y de que este personal pueda asumir potestades públicas que no le corresponden. Otra organización, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha criticado el plan de la Junta.

Principio de legalidad

Según el SAF, se está cometiendo una «violación del principio de legalidad». Así, la referida instrucción «puede suponer un instrumento para el fraude de ley, en tanto que podría servir para promocionar a determinadas personas al margen de los procedimientos legales previstos y más allá de lo que en la actualidad posibilita el ordenamiento jurídico».

Señala el Sindicato de Funcionarios que la Dirección Gerencia del SAE «se arroga la competencia que corresponde a la Presidencia y al Consejo de Gobierno, esto es, la de determinar qué puestos deben ser desempeñados por funcionarios y cuáles por personal laboral, así como determinar la naturaleza y contenido funcional del puesto».

Resalta el SAF que tanto el Estatuto de los Trabajadores como la denostada por los funcionarios ley de reordenación, conocida como la del «enchufismo»,son contrarios al mecanismo legal utilizado en este caso.

Y en este sentido recuerda que en el proceso de integración del personal de la Faffe en el SAE quedaba establecida la imposibilidad de modificar el estatus jurídico de los trabajadores. Y refuerza los argumentos con una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2013, en la que se dice que «la integración no supone ningún plus adicional al estatus laboral que antes poseía el personal integrado, al quedar circunscrita, como ya se ha señalado, a que la Agencia (el SAE) ha sucedido en su actividad a las entidades públicas suprimidas».

Para el SAF, y a modo de conclusión, la instrucción y las convocatorias realizadas a su amparo «constituyen una artimaña jurídica para desposeer a los funcionarios del ejercicio de las potestades públicas y otorgarlas ilegalmente a los trabajadores».

E insiste en que las atribuciones que se están encomendando a los puestos convocados por el SAE forman parte de la reserva funcionarial «que rige nuestro modelo constitucional de Administración pública».