- La juez Pilar Ordóñez Martínez entiende que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública
Según la juez, la adjudicación del contrato por el que prestó servicios
Umax a la consejería «se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido, no constando la existencia de tramitación de ningún
expediente de contratación con tal objeto».
¿Casualidad o causalidad juntera?
¿Para que sirve la Administración Paralela, y como entró su personal; Blanco o en Botella?
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-procesados-tres-exdirectores-empleo-junta-201603292213_noticia.html
CASO UMAX
Procesados tres exdirectores de empleo de la Junta por la
contratación fantasma de hasta 44 trabajadores
- La juez Pilar Ordóñez Martínez entiende que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública
La juez de Instrucción
número 10 de Sevilla ha procesado a cinco ex altos cargos de la Junta de
Andalucía, entre ellos los ex directores generales de Trabajo y Seguridad
Social Francisco Javier Guerrero, Juan
Márquez y Daniel Alberto Rivera, por los pagos realizados entre 2003 y
2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría
por lacontratación
fantasma de 44 trabajadores, «la mayoría cercanos al círculo de amigos
y familiares» del propio Guerrero.
En un auto fechado el día
25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Pilar
Ordóñez Martínez procesa a los ex directores generales de
Trabajo citados, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco
Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y al administrador de
Umax, Ulpiano Cuadrado, al entender que podrían
haber incurrido en un delito contra la Administración Pública. El
caso entra en solicitud de apertura de juicio oral.
El objeto social de Umax
fue el asesoramiento, formación y consultoría en general
Según la juez, la
adjudicación del contrato por el que prestó servicios Umax a la consejería «se
realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido, no constando la existencia de tramitación de ningún expediente de
contratación con tal objeto». La investigación
se inició tras requerir el gerente de la empresa 1,5 millones a la Junta por
impagos entre
los años 2007 y 2010 derivados de la prestación de servicios por parte de su
empresa, que desde 2003 puso a disposición de la Dirección General de Trabajo a
sus trabajadores para prestar servicios en la sede de la Consejería de Empleo,
obteniendo una retribución igual al sueldo de sus trabajadores más porcentaje
nunca inferior a 20%.
El
objeto social de Umax fue el asesoramiento, formación y consultoría en general, que después modifica a
fabricación, montaje, instalación y venta de productos informáticos». Los
trabajadores de Umax continuaron prestando sus servicios en la Dirección
General de Trabajo hasta 2010, año en el que «al
parecer son despedidos, aunque la mayoría de ellos fueron contratados inmediatamente» en la Faffe «y
posteriormente y hasta la actualidad» en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
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