- Un fallo del TSJA deja en suspenso la cesión de potestades públicas al personal de la ITV.
- Fundamento sexto: De ahí, la seria preocupación de la Asociación sobre la que sea este personal laboral, el que lleve a cabo el ejercicio de potestades administrativas reservadas constitucional y legalmente a los funcionarios públicos. Preocupación que comparte este Tribunal.
- Fundamento Séptimo. Resulta obvio que por razones de oportunidad se ha optado en nuestra Comunidad Autónoma por una Administración Instrumental en detrimento de la Administración Central y de los funcionarios públicos que la integra, que están viendo mermadas su funciones y carrera profesional......
Noticias de Andalucía, Artículo de Luis Marín Sicilia
- “¿Qué razones existen para que los ciudadanos y los políticos mantengan su apoyo a un modelo que, en tres largas décadas, ha acreditado su incapacidad para generar riqueza, empleo y crecimiento económico?”
- “Sistema perverso y descorazonador para los funcionarios de carrera que no cesan en su empeño de devolver a la función pública andaluza el principio de independencia que es la base de una gestión eficaz del servicio público”
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
Ver enlace ..
http://www.eldemocrataliberal.com/2016/03/noticias-de-andalucia.html
La Junta merma la carrera de los
funcionarios, según los jueces
- Un fallo del TSJA deja en suspenso la cesión de potestades públicas al personal de las ITV
«Resulta obvio que por razones de oportunidad se ha optado en nuestra
Comunidad autónoma por una Administración instrumental en detrimento de la
Administración central y de los funcionarios públicos que la integran, que
están viendo mermadas sus funciones y carrera profesional».
Lo que antecede es un párrafo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por
la que se anula la cesión por parte de la Junta de potestades administrativas
al personal de la empresa Veiasa, encargada de realizar las ITV (Inspecciones
Técnicas de Vehículos). La medida impulsada por la Junta de Andalucía viene recogida
en un decreto aprobado en 2014 por el que se modifican los estatutos de la
Agencia IDEA, para convertirse en Agencia Pública Empresarial y adaptarse a la
ley de reordenación, conocida como «ley del enchufismo».
El decreto fue recurrido por la asociación Defiendo mi Derecho, y si bien
el fallo del TSJA sólo cuestiona el punto referido a la cesión de potestades
administrativas a Veiasa, el citado colectivo de funcionarios ha valorado que
por primera vez los jueces subrayen que en IDEA, al igual que en las 18
agencias instrumentales de la Junta, no se pueden ejercer tales potestades si
no cuentan con funcionarios.
Aunque en la sentencia se reprocha a la Junta que esté mermando la carrera
profesional de los funcionarios, también se añade que la ley a la que se adapta
el decreto cuenta con el aval del Constitucional. Para a continuacion recordar
el Tribunal andaluz que todas aquellas actividades que impliquen el ejercicio
de potestades públicas deben recaer en los funcionarios, y no en el personal
laboral. Según Luis Escribano, miembro de la citada asociación de empleados
públicos «el TSJA ha dejado constancia de su preocupación por lo que está
pasando».
Por su parte la Junta remitió un comunicado en el que destaca la validez de
los estatutos tanto de IDEA como de la Agencia de la Energía (recurridos en su
caso por el Sindicato Andaluz de Funcionarios), y minimiza el punto
concerniente a Veiasa. Según la Junta, las potestades administrativas que el
TSJA anula no se han ejercido, y pese a ello se está sopesando recurrir al
Tribunal Supremo.
Noticias de Andalucía, Artículo de Luis Marín Sicilia
- “¿Qué razones existen para que los ciudadanos y los políticos mantengan su apoyo a un modelo que, en tres largas décadas, ha acreditado su incapacidad para generar riqueza, empleo y crecimiento económico?”
- “Sistema perverso y descorazonador para los funcionarios de carrera que no cesan en su empeño de devolver a la función pública andaluza el principio de independencia que es la base de una gestión eficaz del servicio público”
Los datos de Eurostat del año 2014, último publicado, sitúan a Andalucía
muy por debajo de la media europea, en el furgón de cola del producto interior
bruto (PIB) por habitante. Mientras Madrid, primera comunidad española del
ranking, tiene un 125 % de la media europea del PIB, Andalucía está en el 67 %,
solo superada negativamente por Extremadura, con el 63 % de la media europea de
PIB.
Según el INE, a final de 2015, diez ciudades andaluzas estaban entre las
quince españolas con más paro, ranking encabezado por Sanlúcar de Barrameda con
el 42,3 % que casi triplica la media nacional. Y de los diez barrios españoles
con mayor índice de pobreza, siete están en Sevilla capital.
Mientras esto son datos ciertos y no voluntarismos políticos, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado, una vez más, que la función
pública no puede ejercerse por quien no es funcionario, desenmascarando la
burda utilización de las agencias públicas empresariales, diseñadas por la
Junta de Andalucía para eludir el derecho administrativo, disfrazándolo de unas
relaciones laborales que faciliten el enchufismo tan querido por la clase
dirigente.
¿Qué razones existen para que los ciudadanos y los políticos mantengan su
apoyo a un modelo que, en tres largas décadas, ha acreditado su incapacidad
para generar riqueza, empleo y crecimiento económico? ¿Cómo es posible que
dicho atraso se mantenga pese a las gigantescas transferencias de recursos
recibidos por Andalucía, desde el resto de España y desde la Unión Europea,
para el desarrollo de la región?
En contra de que algunos quieran justificar en la indolencia andaluza las
causas del atraso, no existen razones ni fundamentos para ello ya que, por una
parte, los andaluces triunfan profesional y empresarialmente fuera de su
tierra, y, por otra, históricamente
Andalucía fue una de las partes de España con mayores niveles de creatividad,
riqueza y bienestar, lo que excluye ADN negativos en sus genes.
Buscar en la inoperancia sustancial de sus políticos, monopolizada la
gestión por un solo partido en más de treinta años, sería un argumento
demasiado simplista, ya que no puede negarse a ningún político sus buenos
deseos en la administración de los intereses generales de la comunidad a la que
representan.
En realidad, la explicación del atraso andaluz debe residir en la errónea
elección del marco de acción política adecuado para el crecimiento
socioeconómico andaluz. Por los motivos que sean, los dirigentes andaluces han
instaurado un marco institucional que indefectiblemente conduce a consolidar y
perpetuar dicho atraso. El entramado de instituciones políticas y económicas,
diseñado y puesto en marcha por el PSOE, le supone contar con un soporte social
que le garantiza el mantenimiento al frente del Gobierno andaluz.
Lo anterior nos lleva a una economía cerrada y subvencionada, cuyo
paradigma es el famoso Plan de Empleo Rural, con la correspondiente nueva
terminología, insuficiente para los realmente parados, pero fuente de picaresca
y abusos que lleva a sus beneficiarios a usar su tiempo libre para conseguir
ingresos adicionales en el mercado negro. Esta y otras iniciativas han creado
una cultura de dependencia de efectos nocivos para la generación de incentivos
que motiven a la gente a otras fuentes de bienestar basadas en el estímulo de
su propio esfuerzo.
Además del llamado PER, otras iniciativas políticas han tejido una notable
red clientelar, entre ellas la derivada del enorme peso del empleo público en
la sociedad andaluza, donde uno de cada cuatro ocupados trabaja en las
administraciones públicas. Máxime cuando se utilizan éstas para la colocación y
el enchufismo de parientes, amigos, parejas y correligionarios. Sistema
perverso y descorazonador para los funcionarios de carrera que no cesan en su
empeño de devolver a la función pública andaluza el principio de independencia
que es la base de una gestión eficaz del servicio público.
Al margen de la cantidad de asuntos judiciales que acreditan cual perverso
e irregular es un régimen clientelar que condena al atraso económico a la
sociedad que lo sufre, es conveniente contestar a la pregunta de las causas últimas
de la situación de postración puesta de manifiesto con los datos al principio
indicados. Y para mentalidades que creen en la capacidad del hombre para
mejorar, en la inteligencia para aprender y en el estímulo para competir, se
concluye que la sociedad andaluza debe abrirse en base al esfuerzo, el
conocimiento, el mérito y el trabajo.
Curiosamente, en los datos de Eurostat, la comunidad de Madrid se ha
situado a la cabeza del PIB nacional, rebasando a las clásicas del País Vasco y
Cataluña, que tradicionalmente lideraban dicha parrilla. No por casualidad, en
Madrid se pusieron en marcha políticas liberales y de estímulos fiscales, en
vez de subvenciones y subsidios, elección ésta de su clase dirigente que algo
ha debido tener que ver en el enorme crecimiento de dicha comunidad. La asfixia
fiscal al contribuyente produce efectos muy negativos para el desarrollo de los
pueblos, lo que es palmario en Andalucía, como lo está siendo en Cataluña,
comunidad que se va alejando del criterio liberal que siempre la inspiró,
colocándola en la cima del desarrollo que hoy va perdiendo progresivamente.
En cualquier caso, la clase dirigente andaluza tiene que entender que la
dinámica de intercambio de favores por votos potenciales tiene ya escaso
recorrido, debido al ajuste presupuestario derivado del cumplimiento de los
objetivos de déficit. El alto porcentaje con el que el Estado financia el
sistema socioeconómico andaluz, cercano al 80 %, hace insostenible el
mantenimiento del marco clientelar construido en dicha región.
Mientras los funcionarios andaluces mantienen la defensa a ultranza de los
principios legales que justifican su cometido, en los juzgados de la comunidad
se siguen múltiples causas penales sobre comportamientos leoninos de quienes
aprovecharon los muchos canales de corrupción construidos alrededor del régimen
político.
Como la estructura de gasto andaluza, que facilitó el enchufismo y dio pie
a los abusos que se juzgan, es hoy infinanciable, la clase dirigente andaluza
debe poner en práctica otras políticas más flexibles y estimuladoras de la
actividad económica, sabiendo que ni los mercados, ni el Gobierno central, ni
otras comunidades, estarán dispuestos a aportar los fondos necesarios para el
mantenimiento de la estructura clientelar e ineficiente montada en Andalucía.
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