Los
interventores, cuyo juicio se basa en el análisis aleatorio de algunos
expedientes, como si no les pagáramos para que los revisaran todos, han
relatado en Versalles, unos con más expresividad, otros con la frialdad propia
de los burócratas cuya función consiste en fabricar excusas, los problemas que tenían para inspeccionar las
subvenciones de la Junta que son la madre de todas las corrupciones de la
República Indígena.
El espectáculo de ver al aire libre las tripas del
susanato ha sido agotador. Y arroja matices suficientes para que cada grupo
político haga una interpretación particular, a la carta, que es lo que va a
ocurrir. Un ciudadano no versado en las
mentiras peronistas de las Cinco Llagas sacaría otra conclusión: el dinero (de todos) se
repartía (entre algunos) con asombrosa alegría. Sin papeles. Sin rendir
cuentas. En función de intereses ignotos. Nadie controlaba nada. Las exoneraciones eran
masivas. Los expedientes se perdían en los traslados. Los incumplimientos
legales recibían la justificación de la falta de medios. Carpetas vacías,
papeles que nunca llegan. Un auténtico desastre.
.«La Administración está hecha así», confesó uno de los
interventores, que admitió que las irregularidades afectan al 100% de los
casos. Quizás fue tan franco porque su afirmación, a efectos prácticos, no
tiene consecuencias. Tanto los beneficiados por las ayudas, cuyo uso quedará
para siempre en el territorio de las incógnitas, como el susanato saben que cuentan con un aliado imbatible: el paso de
los días, que deja en suspenso los derechos más sagrados, valida el
afano partidario y permite a la juez Núñez Bolaños, dado que la Junta no colabora, archivar causas como la que implica
a Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz. Gracias a esta eficacia, los comisionados
libres sólo podrán constatar la evidencia del caos. Los socialistas nos dirán,
como siempre, que Andalucía es Suecia. Y fuese y no hubo nada.
Lo peor no es el fraude. Es la imposibilidad de
perseguirlo.
Las ayudas
concedidas entre 2002 y 2008 -siete años largos- han prescrito. Están en el
limbo. Uno se pregunta cómo es posible. Los manuales de Derecho lo
explican con el argumento de la seguridad jurídica. Por lo visto, no rige para los contribuyentes:
sólo se aplica en beneficio de los supuestos delincuentes. Debemos ser comprensivos:
algunos se han reformado gracias a las plusvalías obtenidas tras muchos años de
cercanía al poder. Las pruebas han sido borradas. Y la alarma social se diluye cuando la
corrupción es una costumbre. Se cumple así la máxima agustiniana: el tiempo real, ciego
ante el pasado, impide que la justicia enjuicie, hace que los imputados no
recuerden nada cuando tienen que testificar y facilita que el mayor de los
saqueos quede en humo aéreo. De Llera, la mano que mece las causas, dice que
Chaves y Griñán son honrados «porque viven pobremente». Se ve que las
verdaderas estadísticas sociales las consulta poco. Los pobres no son ellos.
Somos todos nosotros, que
pagamos esta farsa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...