EMPLEO. La Junta de Andalucía tiene en nómina a 1.118 trabajadores sin definir qué
hacen
- El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, admite que «no cuenta» con un catálogo de estos puestos de trabajo
¿Reordenación del
Sector Público, y FAFFE; un fraude monumental, a la vista de todos? ¿Catalogos
de puestos confeccionados por "ingeniería jurídica ad hoc"?Un
problema, la Administración pública es preferentemente funcionarial, dixti "el Tribunal constitucional".
Cuando sea política perderemos todos.
Ya
lo dijo el voto particular del tribunal constitucional, ver más en enlace,
"traje a medida juntero", para hacer lo "inadmisible".
El Tribunal Constitucional avala la Ley Reordenación del Sector Público andaluz ¿¿??? = Voto particular, cuyo texto revela la gravedad de lo que esta ocurriendo en Andalucía; ¿Los junteros han quebrado la Constitución y la garantía de los derechos de los ciudadanos? ¿Gestión de servicios públicos por derecho privado? ¿El Derecho privado que regula las relaciones entre particulares, es el que ahora van a aplicar los junteros a los poderes públicos? ¿El control de estos poderes públicos se hará por derecho privado y no por la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Empleo público por derecho privado de libre acceso por selección digital y afinidad política o clientelar; no por oposición ? ¿Que es lo que se protege, con el diseño de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, el interés del "Régimen" andaluz o el interés general de los ciudadanos? ¿Cual es el resultado de esto; la corrupción sistémica e institucionalizada implantada por los junteros, versus, EREs, Cursos de Formación, Fondos Jeremie....?. Lo que recoje el voto particular es lo que estamos defendiendo en sede judicial en los recursos de la Asociación ante el TSJA; hay que ver que pasa......
Máxima difusión. El Tribunal Constitucional avala la Ley del Enchufismo de la Junta; voto particular ¿se remodelan las instituciones hasta hacerlas irreconocibles"? = Traje a medida juntero, aprobado por el "rodillo socialista", cuyo resultado practico es los EREs, Cursos de Formación, Jeremie....versus ¿corrupción institucionalizada y sistémica? ¿ O dicho de otro modo, Sres. políticos sigan el modelo andaluz tiene réditos electorales suculentos....?
Importante Texto Sentencia TC sobre la Ley de Reordenación del Sector Público; Ponente la Magistrada doña Adela Asua Badarrita; cuya especialidad es la rama de Derecho Penal ¿¿?? = Lo que dice la Sentencia por un lado y los hechos por otro; un fallo en el que perdemos todos los ciudadanos. Lo que alegan los junteros sobre el papel y en su defensa, pura "ingeníeria linguística"; la realidad es la que se vive día a día en las dependencias administrativa; se ha diseñado un traje "a medida" para la Administración paralela y juntera, de la Junta de Andalucía -voto particular de la Sentencia-. A mayor abundamiento Ver mix de 13-11-2015 de la Plataforma de Agricultura y Pesca de los Servicios centrales...¿¿ Y esto es lo que hay..Y como el personal laboral digital privado subrogado, "NO PUEDE HACER LAS FUNCIONES RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO", cosa que deja muy claro la sentencia y lo sabe muy bien la junta, CCOO y UGT, que toca ahora después de la subrogación laboral y el vaciamiento progresivo de la Administración de base Territorial?; ¿LA PROMOCIÓN CRUZADA PARA METER EN EL EMPLEO PUBLICO A MÁS DE 25.000 PERSONAS y hacerlas funcionarios? ¿Después vendrán las bajadas de sueldos por que ni hay trabajo ni dinero para todos....?...
Modus operandi: primero
colocan afines, 25.000 personas, por selección "digital" (¿arbirtraria y discrecional?: después los
integran en la Administración por ¿subrogación laboral? (¿aplican derecho
laboral en vez de derecho administrativo; me pregunto ¿pero estó no era empleo
público, art. 23.2 CE?; a continuación diseñan un catalogo de puestos a medida, ad hoc, en el que participan los contratados. En el
caso de la FAFFE mezclan a los laborales digitales con el personal de acceso
reglado al empleo público, en un "totus revolutum", hay que vestir el
muñeco. En otros, como AGAPA, AMAYA, el
sistema tiene variantes; el resultado es que, por "encomiendas, contratos
programa...." vacían a la Aministración constitucional de competencias,
contenido y presupuesto, y ya tienen lo que quieren, la quiebra irreversible de
uno de los poderes del Estado, el poder
Ejecutivo, que ahora controla y está al servició del "Régimen" ¿es su brazo ejecutor? ¿Esa
Administración paralela e instrumental donde se producen todos los fraudes?.
Que desaparezca la Administración oficial y constitucional, al servicio de los
ciudadanos y del interés general y no de los políticos, es simple cuestión de
tiempo.¿Otra cosa, que hace el personal laboral digital juntero, potestades
públicas? ¿Pero esto no es delito -usurpación de funciones públicas-? . Todos
saben lo que ocurre; ¿la Andalucía silente y cómplice; el que se mueva sale en
la foto?.
Blanco y en Botella ¿No? y .....seguimos degenerando
TRIBUNALES.En un juzgado de lo penal de Huelva.Juzgan a dos ex directivos del SAS por un nombramiento ilegal: colocaron de forma irregular como directora de una unidad de gestión clínica a una médico en el Hospital de Riotinto. Lo hicieron sin seguir trámite alguno y castigando a Rafael Perea, el jefe facultativo que denunció los amaños.
- La acusación pide penas de hasta 10 años de inhabilitación especial.
- La médico beneficiada trabajó a las órdenes de una hermana de la consejera de la Junta María Jesús
¿Andalucía, un Régimen como la Cataluña de Pujol; silencios comprados con dinero público de todos?
En la Administración constitucional, crean la Administración paralela e
instrumental, en los Hospitales
las Unidades de Gestión Clinica, en
Educación tienen su propia Agencia ¿¿?? ¿Controlar todas los puestos, de la
Administración, de forma clientelar y
digital?¿De la justicia mejor no hablar después de lo ocurrido con la Ilma Sra.
Alaya, y los teje manejes del Consejero Llera,
con los fraudes junteros de los
EREs, Formación y demás, todos juntos y revueltos, maridaje, tela de Araña y la Sra. Bolaños; ...?. Un
camino sin retorno.
- El funcionario "ausente" de cadiz: entre KIchi, Spinoza y un cuñado del PSOE; por Andalucía libre, sin desperdicio.
EMPLEO
La Junta de Andalucía tiene en nómina a 1.118 trabajadores sin definir qué
hacen
- El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, admite que «no cuenta» con un catálogo de estos puestos de trabajo
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acoge en su
plantilla desde el año 2011 a 1.118 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin tener definidas sus funciones. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, del que depende esta agencia, ha reconocido que «no cuenta» con un catálogo de estos puestos de trabajo.
Es decir, carece de un documento que
determine qué hacen y
cuáles son los sueldos y
complementos del numeroso grupo de personal
integrado hace cinco años en el organismo de la
Junta que gestiona los servicios destinados a los desempleados. Su integración en el SAE se consumó al
amparo de la ley de reordenación del sector público andaluz.
El catálogo de puestos de
trabajo es
un instrumento que contiene la descripción de cada puesto
de trabajo, la dedicación y las retribuciones. Esta versión reducida de la Relación de Puestos de Trabajo permite a las administraciones públicas
determinar «la adecuada y eficaz aplicación de los recursos públicos» de cara a
«la consecución de los objetivos
de gastos», según la Ley de
Presupuestos.
La indefinición
con la que operan estos 1.118 trabajadores ha salido a la luz en la
respuesta del consejero de Empleo a una
batería de preguntas formuladas por el PP acerca
del personal del SAE, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía. El responsable autonómico contestó el 8 de enero que
«el catálogo de puestos de trabajo de la Agencia
se encuentra en elaboración, por lo que el Servicio Andaluz de Empleo no cuenta
con dicho documento».
Era su respuesta a una interpelación del mes de
agosto realizada por las diputadas del PP Teresa Ruiz-Sillero
y Patricia del Pozo, que le preguntaron «cuál es el catálogo de funciones y
puestos del personal laboral procedente de la extinta Faffe y el número de
personal procedente de la misma que presta servicios en unidades o centros de
la Red Andalucía Orienta».
Parte de este personal se dedica a gestionar la red
pública de centros de orientación a parados.
Sobre este último asunto, Maldonado fue parco en
detalles y señaló que «sólo parte de las unidades» de este servicio de asesoramiento laboral a desempleados
«son competencia del SAE, siendo el personal que la integra
personal laboral propio de la agencia». Entre los ex Faffe subsisten hasta seis
categorías diferentes: un directivo, nueve «mandos», 22 «mandos
intermedios», 784 técnicos, 161
administrativos y 141 clasificados como personal de «apoyo».
Junto a este «ejército» de
laborales sin unas tareas delimitadas, conviven en la agencia pública de
empleo otros 1.297 trabajadores que tienen unas funciones acotadas en un
documento. El denominado «personal de catálogo» incluye a 916
funcionarios, 73 interinos incluidos en
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT),
286 interinos contratados con fondos europeos y 267 laborales fijos.
El número total de plazas que
recoge la RPT de la agencia es de 2.966 plazas, «estando actualmente ocupadas 1.550
plazas». Es decir, el 48 por ciento de los puestos (1.416 en total) con que cuenta el organismo que aglutina las políticas
de empleo está sin cubrir
en una comunidad autónoma donde cada día 972.228 andaluces se despiertan sin
ocupación y no se desarrollan acciones formativas desde 2011.
Una integración polémica
Los 1.118 trabajadores de la
extinta Faffe encontraron acomodo laboral en el Servicio Andaluz de Empleo
gracias a la polémica ley
de reordenación del sector público, que dio cobertura legal a la eliminación de 111 empresas
públicas para agruparlas en 14 grandes agencias. La decisión del Gobierno andaluz, bajo el mandato de José Antonio Griñán, se
encontró de frente con los sindicatos con más respaldo entre los funcionarios
de la Junta, que pidieron
con desigual éxito su derogación en los tribunales y cuestionaron un plan que,
a su juicio, buscaba hacer empleados públicos por la puerta de atrás a miles de
asalariados provenientes de la administración paralela.
Tras disolver la citada fundación, que estaba
adscrita a la Consejería de Empleo, sus más de 1.500
trabajadores pasaron a integrarse en el SAE. Precisamente, Mercedes Alaya, la
anterior instructora de la causa abierta por el supuesto desvío de subvenciones
concedidas por la Junta para cursos de formación, identificó a la Faffe como una de las
denominadas «bolsas de fraude».
TRIBUNALES
En un juzgado de lo penal de Huelva
Juzgan a dos ex directivos del SAS por
un nombramiento ilegal
- La acusación pide penas de hasta 10 años de inhabilitación especial.
- La médico beneficiada trabajó a las órdenes de una hermana de la consejera de la Junta María Jesús
Dos ex directivos del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) se sentarán este lunes en el banquillo en un juzgado de lo penal de
Huelva acusados de un presunto delito de
prevaricación por un nombramiento ilegal, ya que colocaron de forma irregular como directora de una
unidad de gestión clínica a una médico en el Hospital de Riotinto.Lo hicieron sin seguir trámite alguno y castigando a Rafael Perea, el jefe facultativo que denunció los amaños.
En el banquillo también estará la médico beneficiada, que, antes
de desembarcar en el centro onubense, estuvo en el hospital Virgen del Rocío de
Sevilla a las órdenes de una hermana de la consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, que trabaja
como facultativa en este centro público.
Es la primera vez que la
polémica implantación de las unidades de gestión clínica ordenada por la Junta
hace más de una década, precisamente durante la etapa de Montero como
consejera de Salud, desemboca en un juicio penal. En la vía contenciosa-administrativa son
decenas las sentencias contra jefaturas fraudulentas en estas unidades de
gestión.
Colocación 'a dedo'
Los hechos que llegan a juicio se remontan a 2008, cuando la
médico interina acusada en el proceso penal, Margarita J.J., fue colocada 'a
dedo' por el entonces gerente del Hospital de Riotinto, Alfonso Haya, también
acusado, como directora de una unidad de
gestión clínica, por encima del ex jefe del
Servicio de Análisis Clínicos de ese centro Rafael Perea, con más méritos que
ella.
Tan descarado fue el proceso y tantas
irregularidades hubo que la facultativa interina llegó a
participar en el diseño de su plaza como hematóloga, como destaca
un auto de la Audiencia de Huelva en poder de EL MUNDO, que ordenó al Juzgado de Valverde del Camino que
estaba investigando el caso que
continuara con las pesquisas y no le diera carpetazo, como pretendía. Así, Margarita J.J. fue la única que concurrió a un puesto
diseñado para que se ajustara como un guante a los requisitos que ella reunía.
Perea, tras 25 años de trabajo
en el Hospital de Riotinto, se quedó sin la jefatura que ocupaba después de que
su plaza fuera amortizada por la supuesta duplicidad que se producía con la
unidad de gestión clínica, en clara represalia por denunciar en los tribunales los
amaños de los entonces directivos del SAS.
Los jueces de lo contencioso le han dado la razón
al facultativo apartado de forma irregular. El TSJA, en enero de
2014, anuló el nombramiento de
la médico interina Margarita J.J. al frente de la unidad de gestión clínica, al
haberse hecho prescindiendo de cualquier convocatoria o procedimiento legal,
como ya informó este diario.
El pasado 30 de noviembre, el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo 2 de Huelva dictó una sentencia en la que anula la decisión de
amortizar la plaza que ocupaba Rafael Perea, que adoptó en 2009 Mari Paz
Martín, la entonces gerente del Hospital de Riotinto. Mari Paz Martín, tras su paso por Riotinto y
otros cargos en Huelva, fue ascendida en octubre de 2013 a directora general de
Profesionales del SAS, puesto del que fue apartada el 28 de enero
de 2014, el mismo día que fue cesado el anterior gerente del SAS, José Luis
Gutiérrez, coincidiendo con una amplia
renovación de cargos en la sanidad pública, poco después de la marcha de María
Jesús Montero a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tras
permanecer nueve años como consejera de Salud. Mari Paz Martín es la segunda ex directiva del SAS que hoy
va a juicio por prevaricación.
La acusación que ejerce Rafael Perea solicita para Alfonso
Haya, que estuvo durante 23 años al frente del Hospital de Riotinto, multa de
15 meses y suspensión durante 15 meses de empleo o cargo público. Para la
médico Margarita J.J., reclama una condena de siete años de inhabilitación
especial y para la ex directiva del SAS Mari Paz Martín diez años de
inhabilitación especial.
En cambio, la Fiscalía de Huelva
no acusa a ninguno de los tres enjuiciados, ya que considera que,
aunque hay «irregularidades» en el proceso, éstas no tienen encaje en el ámbito
penal, sino en el contencioso-administrativo.
La 'cuñadísima'
del ex gerente del SAS, en el pleito
La letrada que ha representado al Servicio Andaluz
de Salud (SAS) y a Mari Paz Martín, la ex gerente del Hospital de Riotinto, en el proceso penal por
prevaricación impulsado por el médico Rafael Perea es Esperanza Gallego
Calvente, cuñada del ex gerente del SAS José Luis Gutiérrez. La propia Gallego
Calvente también protagonizó un presunto nombramiento irregular al frente de la
asesoría jurídica del SAS, cuando su cuñado era el máximo responsable del
SAS, como publicó EL MUNDO en febrero de 2011. El entonces gerente del SAS impuso a su cuñada al frente de la asesoría
jurídica a pesar de que ésta no reunía los requisitos y tampoco contaba con
nombramiento que la habilitara. La Asociación
de Letrados de la Administración Sanitaria llegó a presentar una denuncia en un
juzgado de lo contencioso y una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo. El SAS alegó entonces que no había
nombramiento de Gallego Calvente como jefa de la asesoría jurídica. Sin embargo, fuentes de solvencia mantenían que, de facto, ejerció como jefa, dando órdenes verbales a
letrados y administrativos, si
bien es cierto que no contaba con nombramiento, entre otras cosas porque no
reunía los requisitos exigidos. Esperanza
Gallego Calvente estuvo trabajando alrededor de una década como abogada externa
de la asesoría jurídica del SAS hasta que finalmente
aprobó las oposiciones,
precisamente cuando su cuñado era el gerente.
El funcionario "ausente" de
cadiz: entre KIchi, Spinoza y un cuñado del PSOE
Parecía raro
ayer que se destapara la "ausencia" del funcionario J.G.V. pero que
no se desvelara públicamente su identidad tras haber estado más de seis años
sin ir a trabajar y cobrando religiosamente. Pero, por una vez, funcionó el principio de Arquímedes de la verdad
según el cual una verdad tiende a subir a la superficie en proporción a la
libertad de expresión que exista en la sociedad. Esta vez ha funcionado.
Se sabe ya que se llama Joaquín García y que, cómo
no iba a ser algo así, es cuñado de un factotum
socialista gaditano, Fermín del Moral, que llegó a ser incluso candidato a la
alcaldía de Cádiz por el PSOE.
Cogido con las manos en la masa y condenado,
apela al nuevo alcalde Kichi González para que, recordando su sentido social
con los más desfavorecidos, le exima de pagar la pena judicial de menos de
30.000 euros, el equivalente sólo a uno de los seis años que cobró sin dar
golpe.
García, el
"ausente", procedía de la empresa privada Dragados y Construcciones según cuenta
El Mundo y tras unos trabajos en el extranjero, fue contratado en 1992 por la
alcaldía socialista de Cádiz - Teófila Martínez no llegó al cetro municipal
hasta 1995 -, como director técnico en Medio Ambiente. Por aquel entonces, el enchufismo en Cádiz y en la
Diputación eran tan abrumadores que hasta
Izquierda Unida publicó una lista de asi tres dígitos de enchufados en el
organismo provincial.
Joaquín
García fue colocado en las tripas municipales y luego destinado a la estación
de bombeo de aguas fecales "La Martona", conocida por tal nombre porque los funcionarios e
Cádiz decían que allí se vivía como los futbolistas
españoles en la finca La Martona durante el Mundial de Fúrbol de Argentina de
1978. Y se le quedó lo de La Martona.
Por cierto, que Martonas hay dos. Una, la
"martona" Ferrusola, que así se la conoce. Pero no es esa a la que se
refiere la denominación gaditana. Se refiere a Marta Casares, madre por cierto
de Adolfo Bioy Casares, el otroyo de Jorge Luis Borges y hermana de Vicente Lorenzo Caasares, el
dueño de una famosa fábrica de dulces de leche que estaba sita en esa hacienda
de la localidad de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. Pues como diría el
dandy argentino, lo que hizo el ausente García fue "exclusivar el renglón
de Alí Babá" y olvidarse de los demás.
Además, y sobre todo, Joaquín
García consiguió lo que podemos considerar un milagro y es hacer que los que ven
no vean. Nadie vio durante más de seis años que no acudió a su puesto
de trabajo. Durante
esos años, hubo protestas, accidentes laborales, concentraciones y obras en la
estación de La Martona. Había incluso un gerente. Pero nadie vio nunca
que el cuñado del prócer socialista no iba al trabajo. Ya se sabe que la disciplina política, el contubernio o la
complicidad producen cegueras que ni siquiera la ONCE podría soportar.
Pero en esto que llegó un
concejal del PP, Pepe Blas, que además es dueño de una asesoría laboral, y se
preguntó por la estación de bombeo y su personal. Y allí se hizo la luz. Joaquín García, otro cuñadísimo para la historia de
España y de Andalucía, fue expedientado por absentismo laboral y condenado por
los tribunales a pagar casi 27.000 euros, una minucia si se compara con los más
de 130.000 euros que había cobrado sin ir al trabajo.
A la espera de lo que decida Kichi González,
Kichín Salvochea para sus críticos, Joaquín García, que ahora tiene 69 años, nada más ser descubierto solicitó la jubilación
anticipada y siguió cobrando del dinero público sin tener que prestar sus
servicios. Ahora y entonces, negó las acusaciones, se
considera víctima de un caso de mobbing porque le mandaron a puesto sin tarea pero que
tenía un hermoso despacho incluso.
Sus defensores arguyen que iba al trabajo y
aprovechó tanto el tiempo que se dedicó a la lectura de Spinoza, filósofo de
quien se hizo experto. Pues no debió leer bien la Ética de Spinoza porque en
ella, en su Proposición XLVIII se advierte de los efectos perversos de la
sobreestimación (de sí mismo, claro) y el menosprecio (de los gaditanos,
añadimos nosotros).
Dos palabras sobre el cuñado Fermín del
Moral
La Empresa
Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de
los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez,
como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta
del PSOE de manera subrepticia. Los hechos tuvieron
lugar en el mes de julio de 1986. En aquel
momento el máximo responsable de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía era
el consejero Jaime Montaner y su representante en Cádiz, era su delegado
provincial, Alfonso López Almagro.
Fue el cuñado del ausente,
Fermín del Moral, luego viceconsejero de
Obras Públicas y después candidato a la
Alcaldía de Cádiz, quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de
Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción.
Estas cuentas eran las siguientes:
3011-024-001721-4;
3011-024-001746-3;
3011-074-000021-3;
3011-024-001747-6;
3011-074-000025-5;
3011-074-000035-2
y 3300-074-000320-6, todas ellas abiertas en la
Caja de Jerez.
¿Qué hizo del Moral?
Consentir que las liquidaciones de intereses de esas cuentas públicas,
1.101.281 pesetas, fueran ingresadas en una cuenta del Partido
Socialista, la cuenta 5411-082-700002-4, Agrupación Caja de Ahorros, entonces situada
en la Urbana de la calle Lacave de Cádiz y luego en la calle San José 30 de La
Línea.
La comisión de investigación
creada en el Parlamento andaluz a finales de 1995 a instancias del PP, del PA y
de IU trataba de averiguar tres asuntos: a) los 32 créditos condonados uno
de ellos de Del Moral, otro de Manuel Chaves y los demáas de 30 dirigentes más
del PSOE de Cádiz, b)los pormenores de la fusión entre la Caja de Ahorros de
Jerez y la Caja San Fernando, y c) el trasvase de dinero de EPSA
al PSOE, del que nos hemos ocupado.
La
convocatoria de elecciones anticipadas dio al traste con los trabajos de esta
comisión, en la que llegó a comparecer el propio presidente de la Junta, Manuel
Chaves. Tras las elecciones de 1996, nunca
más se supo de la Comisión de Investigación, pero los hechos quedaron para
vergüenza de sus protagonistas y para la verdadera historia de Andalucía.
Del Moral fue recuperado posteriormente por José
Antonio Griñán que lo colocó en 2010 de nuevo en la Empresa Pública del Suelo
de Andalucía(EPSA).
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