martes, 9 de febrero de 2016

Máxima difusión. CCOO-A y la CEA recibieron 515 millones para cursos en 11 años + La juez deja sin investigar las ayudas millonarias a la CEA y CCOO = ¿Pero que es lo que esta pasando aquí, Sra. Bolaños? ¿Quien defiende el dinero público de todos los ciudadanos, cuando la corrupción sistémica e institucionalizada está en la propia Junta? ¿Que hace el CGPJ y la Fiscalía, cuando ve como actúa la Sra. Bolaños; le deja que prosiga "este cúmulo de despropósitos"; se permite la dejación de funciones? ¿Es que en Andalucía todos están comprados, con dinero público de todos?


GASTO PÚBLICO.  CCOO-A y la CEA recibieron 515 millones para cursos en 11 años
  • La Junta llegó a hacerles 98 transferencias en un solo día por importe de 9,9 millones
  • La Guardia Civil investigaba los movimientos bancarios



El fraude de la formación. La juez deja sin investigar las ayudas millonarias a la CEA y CCOO
  • Núñez Bolaños excluye también del caso de los cursos a entidades que, como Ojeda, se beneficiaron de subvenciones de Delphi
  • La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) recibió 11 millones de euros para cursos que nunca llegó a impartir





GASTO PÚBLICO
CCOO-A y la CEA recibieron 515 millones para cursos en 11 años

La Junta llegó a hacerles 98 transferencias en un solo día por importe de 9,9 millonesLa Guardia Civil investigaba los movimientos bancarios


La Junta hizo pagos a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a CCOO-A por importe superior a los 515,95 millones de euros en materia de formación entre 2004 y 2014, según consta en el sumario de la macrocausa que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por presunto fraude en los cursos.

Los datos están extraídos del sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía (Júpiter) y alcanzan hasta el 4 de mayo de 2015.

Desglosados, la patronal andaluza recibió 321,93 millones y la federación andaluza de Comisiones Obreras otros 194,02 millones, lo que da una idea del volumen de recursos públicos movilizados para financiar la formación.

El 76% de los 515,95 millones (392,23) se imputó a la partida presupuestaria 32D de 'formación profesional para el empleo', en el punto de mira desde el inicio de las investigaciones policiales. A ese montante se suman otros 123,72 millones que se cargaron al programa 32L sobre 'empleabilidad, intermediación y fomento del empleo'.

En concreto, los fondos se ingresaron en dos cuentas bancarias -una en el Banco Popular (CEA) y otra en Unicaja (CCOO)- a través de 2.002 abonos realizados entre el 11 de mayo de 2004 y el 2 de octubre de 2014.

En un auto dictado el 26 de mayo de 2015, la juez Alaya ordenó -a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- que se libraran oficios a cinco entidades financieras para que detallaran los movimientos registrados entre los años 2007 y 2012 en una decena de cuentas, entre ellas las de ambas organizaciones.

Llama la atención el flujo que se registró el 12 de marzo de 2010. Ese día, la Junta hizo a la CEA 50 ingresos y 48 a CCOO-A, casi todos de 100.000 euros excepto cuatro por cantidades que oscilaban entre los 66.329,37 y los 149.497,69 euros. En total, 9,9 millones de euros en un solo día.

En el montante recibido por la patronal andaluza, presidida en dicho periodo por Santiago Herrero, se encuentran los 11 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2011 que la Administración autonómica le concedió para que impartiera cursos de formación destinados a desempleados y que se destinaron a otros fines distintos.

La CEA solicitó a la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte sucesivas prórrogas para ampliar el plazo en el que podrían celebrar las acciones formativas subvencionadas. La Administración andaluza accedió, pero el último plazo expiró hace en diciembre de 2014 sin que se hubiera puesta en marcha ninguna.

Desde 1993, es la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Forem-A) la entidad filial a través de la que CCOO-A realiza todos sus cursos.

Además de filial, Forem-A es también inquilina de CCOO-A. En los últimos años, el sindicato suscribió préstamos hipotecarios ante entidades financieras para hacer frente a la compra de locales en los que su fundación imparte los cursos de formación.



Arrendamientos


Sólo entre 2009 y 2012, el sindicato ingresó 559.982,03 euros en concepto de arrendamiento de los inmuebles donde Forem lleva a cabo la formación subvencionada por las administraciones públicas. El desglose es el siguiente: 112.796 euros en 2009, 177.728,94 en 2010, 160.198,11 en 2011 y 109.258 en 2012. Con estos ingresos, CCOO-A «compensa» las cuotas de los préstamos suscritos para financiar estas inversiones inmobiliarias, como ha reconocido en sus informes de cuentas. De esta forma, el sindicato incrementa con subvenciones públicas su patrimonio.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional investigó a CCOO-A tras una denuncia interpuesta por Manos Limpias a raíz de que este periódico informara de que el sindicato había imputado ayudas de la Junta para formación de trabajadores, parados y autónomos a pagar sueldos de sindicalistas y empleados de alto nivel sin relación alguna con los programas formativos. El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla archivó la denuncia.



El fraude de la formación
La juez deja sin investigar las ayudas millonarias a la CEA y CCOO

  • Núñez Bolaños excluye también del caso de los cursos a entidades que, como Ojeda, se beneficiaron de subvenciones de Delphi
  • La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) recibió 11 millones de euros para cursos que nunca llegó a impartir

 

La juez que instruye la macrocausa de la formación dejará sin investigar las ayudas para cursos concedidas por la Junta a CCOO y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sobre las que sí habían iniciado pesquisas la magistrada Alaya y la Guardia Civil.

Como informó este periódico, la patronal y el citado sindicato han recibido en conjunto más de 515 millones de euros en los últimos 11 años para impartir acciones formativas, según consta en las actuaciones que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla antes de la llegada de la nueva instructora. Además, la Junta consintió pagar el 100% de las ayudas concedidas para los cursos a CCOO, UGT y la CEA, a pesar de que lo habitual es que se abonara el 75% de la subvención y cuando se justificara, el 25% restante.

La juez también excluye a otras entidades beneficiarias de las subvenciones para formar a los trabajadores de Delphi pese a que las presuntas irregularidades son las mismas que las que se achacan al ex consejero Ángel Ojeda, sí investigado.

En un auto dictado el pasado 21 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla,  Núñez Bolaños, acordó la división de la causa en nueve piezas. A saber: una sobre las ayudas recibidas por el entramado societario de Ángel Ojeda, incluidas las subvenciones para formar y becar a los ex trabajadores de Delphi; otra sobre el conglomerado del empresario José María Pérez González; otra sobre el grupo controlado por el ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco; cuatro sobre consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI); otra sobre la concesión, tramitación y destino de ayudas gestionadas por la extinta Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), y otra centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La instructora, de esta forma, accedía a la petición que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de septiembre para que se dividiera la causa, siguiendo el mismo planteamiento que había mantenido en el caso de los ERE fraudulentos.

La intención de la juez es centrar en esta nueve piezas la investigación y no seguir desgajando más ramas del tronco principal, pese a que existan irregularidades análogas que afectan a otros beneficiarios.

En el auto de división, Núñez Bolaños justificaba la no apertura de una pieza sobre las ayudas recibidas por UGT-A por el hecho de que parte de esos fondos para cursos de formación ya eran investigados por otro juzgado.

Pero ni abre pieza ni ofrece ninguna justificación para explicar por qué quedan fuera del perímetro de la investigación las subvenciones a CCOO y a la CEA, los otros actores de la concertación social.

Se da la circunstancia de que la patronal andaluza recibió 11 millones de la Junta para formar a desempleados -con cargo a la convocatoria de 2011- que no se han impartido.

Llama también la atención que queden fuera de la causa otras entidades que, al igual que el grupo de Ángel Ojeda, recibieron fondos para la formación y contratación de los ex trabajadores de Delphi.

La primera pieza creada por Núñez Bolaños sobre el presunto fraude de la formación es la relativa a las subvenciones excepcionales por importe de 33.309.789,16 euros concedidas a cinco entidades de Ojeda para la formación y contratación del colectivo de Delphi. En total, Gobierno y Junta otorgaron a ese objetivo 105.987.407,54 euros, por lo que el ex consejero recibió el 31,42 por ciento.

Otros 41,43 millones también se investigarán en la octava pieza creada por la instructora, centrada en las ayudas dadas por la Consejería de Empleo a la Faffe, integrada hoy en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Pero quedarán 31,24 millones en zona de sombra, según se desprende del diseño que ha acordado Núñez Bolaños y que ha dado por bueno la Fiscalía Anticorrupción al dejar pasar el plazo sin interponer recurso.

En un informe enviado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla al considerar que los hechos detectados podrían tener relevancia penal, fechado el 30 de mayo de 2014, la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social detalla las irregularidades que se habrían cometido presuntamente tanto en el procedimiento de concesión como de gestión de las ayudas tras el cerrojazo de Delphi. Entre los principales reproches figura el de simulación de relación laboral, por lo que ha levantado actas de infracción por 8,38 millones.

Además del entramado de Ojeda y de la Faffe, también se beneficiaron de esas ayudas Gadir Solar SA (909.000), SK 10 Composite Aerospacial SLU y SK 10 Desarrollo y Tecnologías SLU (4.188.000 euros), Escuelas Profesionales Sagrada Familia (2.270.900), Fundación Forja XXI (3.636.554,10) y la Fundación de la Universidad de Cádiz (20.236.626,57 euros).

A excepción de Gadir Solar y SK 10 Composite Aerospacial SLU y SK 10 Desarrollo y Tecnologías SLU, los inspectores concluyen que las subvenciones se concedieron a proyectos temporales en los que se contrató a ex trabajadores mediante simulación de relación laboral.


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