Uno de los pilares de la democracia,
junto a la división de poderes y la libertad de expresión, es, sin duda, la
existencia de una administración pública profesional, eficaz e independiente de
los partidos que sirva a la legalidad y a los ciudadanos por encima de
cualquier otro interés. El PSOE en Andalucía, una región donde logró un
resultado electoral extraordinario en 1982, pudo haber erigido una
administración autonómica donde lo público estuviese por encima de lo
partidario. Ni lo quiso ni lo hizo. Al contrario, siempre pretendió poner en
pie una administración al servicio de su partido y penetrada por su partido
desde su misma raíz, incluso antes del desarrollo del estado autonómico. De hecho,
metió a dedo a los que se conocieron luego como "los preautonómicos",
luego a los conocidos como "transitorios" y luego a muchos mas. Se ha
tratado y se trata de dominar, antidemocráticamente, los resortes de la
Administración andaluza haciendo que el poder socialista se imponga al Derecho
Administrativo y a la Constitución. Es lo que ha ocurrido desde 1979 y,
lamentablemente, parece que es lo que acaba de consagrar el Tribunal
Constitucional.
No es la primera vez. En 1991, el
Tribunal Constitucional dictó una de esas sentencias vergonzosas que legitiman
que se exija su desaparición. Desde 1979, el PSOE andaluz había invadido la
administración andaluza metiendo a dedo o con pruebas específicas ad hoc a sus
afines. Se tardaron casi diez años en convocar oposiciones regladas mientras la
administración autonómica crecía y crecía de forma irregular. De hecho, el
gobierno socialista trató de que se declararan empleados públicos sin más a todo aquel "ejército" al
margen de toda legalidad constitucional. En 1991, con el PSOE al frente del
gobierno de la Nación, se produjo la sentencia, inolvidable sentencia, del
Tribunal Constitucional(27/1991, de 14 de febrero) que dio validez a los
empleos público obtenidos sin garantía alguna para la igualdad de los ciudadanos.
La sentencia, inequívocamente política, se refirió al "carácter
excepcional de dicho sistema de acceso, que, por una sola vez, ha de coexistir
con el común de la convocatoria libre (procedimiento que, en lo sucesivo, habrá
de utilizar la administración autonómica a fin de permitir el libre acceso de
quienes no mantienen con ella relación alguna)". Y sentenció
increíblemente que tales procedimientos no vulneraban el artículo 23.2 de la
Constitución que dice que los ciudadanos tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos
que señalen las Leyes." O sea, que el dedo se convirtió en ley y los
afines quedaron colocados como funcionarios o empleados públicos para siempre.
Pero la sentencia consideraba
excepcional el procedimiento. O sea que para seguir colando afines en la
administración andaluza había que valerse de otro método. La piedra filosofal
hallada por el PSOE andaluz desde 1991 fue la construcción de una
"administración paralela" donde los amigos, adheridos, afines y
correligionarios entraran sin someterse a las pruebas que eran exigidas al
común de los ciudadanos en el acceso a la administración autonómica. Desde
entonces, vía empresas públicas, fundaciones, luego agencias y entes públicos varios
un nuevo contingente de 35.000 empleados, según UGT, fue contratado a lo largo
de más de veinticinco años sustancialmente a dedo. José Antonio Griñán quiso
legalizar al colectivo intruso mediante un "decretazo" convertido
luego en Ley. Se trató de hacer empleados públicos de la Junta a quienes habían
entrado en entidades paralelas a pesar de no haber realizado prueba homologada
de aptitud alguna. Tal situación, unida a que esta administración
"paralela" usurpaba las funciones públicas de los funcionarios de
carrera, la potestad administrativa entre ellas, provocó la indignación de los funcionarios y
empleados públicos que se manifestaron por decenas de miles en las calles
andaluzas en un hecho histórico insólito y esperanzador. Sólo el PP y los funcionarios
impulsaron y/o presentaron recursos de constitucionalidad.
Se acaba de
emitir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ya famosa Ley del
Enchufismo recurrida por diputados del PP, con Soraya Sáez de Santamaría al
frente, ante lo que consideraban una manifiesta inconstitucionalidad. Las primeras impresiones de los expertos son
pesimistas. Se conocerá a fondo el significado del fallo del Constitucional en
los próximos días, esto es, en plena campaña electoral. Tal y como ocurrió en 1991, la manipulación
sectaria, la usurpación de funciones públicas por personas no cualificadas y la
intromisión partidista en la administración pública puede ser legalizada. Y va
Ciudadanos, el señor Marín, y ya se alegra de sea así. Que Dios nos coja confesados
el próximo día 20 de diciembre.
.jpg)
