- La Guardia Civil acusa de malversación a Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de Guadaíra y número 3 al Congreso por Sevilla.
- Se investiga su gestión al frente de la empresa municipal ACM CASO
- ACM una empresa con Tácticas mafiosas; ¿actuaban como organización criminal?
- La insostenible situación del candidato Limones.
- Tras alcanzar la Presidencia de Invercaria, Juan María González Mejías amplió capital en Electria
- Ello salvó al ex responsable de Isofotón de tener que garantizar a los técnicos la devolución del dinero
Número 3 al Congreso por Sevilla
Un candidato de Díaz, bajo sospecha
- La Guardia Civil acusa de malversación a Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de Guadaíra y número 3 al Congreso por Sevilla
- Se investiga su gestión al frente de la empresa municipal ACM
El alcalde
de Alcalá de Guadaíra y número 3 del PSOE de Sevilla a las próximas elecciones generales, Antonio Gutiérrez Limones, es
responsable máximo de las múltiples ilegalidades que se cometieron desde la
empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), como el supuesto desvío de dinero
para gastos particulares de sus directivos y de cargos del Ayuntamiento
incluyendo al propio regidor socialista. Ésa es la conclusión a la que han
llegado, tras más de un año de trabajo, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil
de Sevilla, que
van más allá y acusan directamente a Gutiérrez Limones de, al menos, un delito
de malversación de caudales públicos.
En el informe, remitido al
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra y al que ha
tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, la Guardia Civil apunta sin vacilaciones
contra el candidato al Congreso de los Diputados e histórico alcalde socialista al
situarlo en la cúspide de una trama que falsificaba facturas, llevaba una doble
contabilidad, cargaba gastos privados a la empresa pública o chantajeaba a
proveedores para que accediesen a sus pretensiones.
De acuerdo con los
investigadores, Gutiérrez Limones no sólo estaba al tanto de lo que sucedía en
Alcalá Comunicación Municipal, sino que lo amparó y consintió, hasta el extremo
de que bloqueó los intentos del interventor municipal por auditar ACM y poner
freno a las irregularidades.
El informe anticipa una más
que probable elevación del caso al Tribunal Supremo, dado el aforamiento de
Limones, para que decida, a la luz de las pruebas recopiladas, si imputa al
candidato socialista.
Dicen los agentes del
instituto armado que la responsabilidad del alcalde alcalareño es «directa» y
que han llegado a esta conclusión «sin ningún género de dudas». Sobre todo a
raíz de las declaración prestada por el interventor, Francisco de Asís Sánchez-Nieves, quien contó como
en reiteradas ocasiones, y por escrito, alertó tanto a Gutiérrez Limones como
al resto de su Junta de Gobierno de lo que sucedía en ACM y reclamó medios
materiales y personales para fiscalizar la sociedad sin obtener, en ningún
caso, respuesta. Ni positiva ni negativa.
Igualmente, subraya el
documento que el alcalde tenía la potestad de haber nombrado a un auditor para
verificar las cuentas anuales y el informe de gestión de ACM. Pero no lo hizo.
Por qué no se nombró un auditor
Por qué no se nombró un auditor
«¿Por qué el señor Gutiérrez
Limones en esa doble función de alcalde de la localidad y presidente de la
Junta General de ACM_SA, sabiendo las carencias puestas reiteradamente de
manifiesto por el interventor municipal desde 2007, hizo caso omiso de éste y,
cuando menos, no aplicó las posibilidades que le otorgaba el artículo 28, como
un mal menor, nombrando un auditor para la verificación
de las cuentas anuales?», se pregunta la Guardia Civil.
El gobierno municipal del
PSOE, apuntan los investigadores, hacía y deshacía a su antojo valiéndose de
sus continuas mayorías absolutas. Éstas les sirvieron, por ejemplo, para
modificar los estatutos de Alcalá Comunicación Municipal y transformar su
objeto social en algo «ambiguo e indeterminado» que debería haber supuesto, a
juicio de los investigadores y basándose en jurisprudencia, la nulidad.
Pero Antonio Gutiérrez
Limones no está solo en lo que a responsabilidades se refiere en el caso ACM.
Los investigadores del Equipo de Delincuencia Económica involucran a los
miembros de los órganos de gobierno de la sociedad pública, con sus presidentes
del frente:_el propio Gutiérrez Limones y algunos de sus más estrechos
colaboradores, como los ex concejales Guillermina Navarro, Rafael
Chacón y María José Borge, que ocuparon, sucesivamente, la
presidencia del consejo de adminstración de ACM.
Todos ellos, apostillan los
investigadores, no hacían sino facilitar y/o fomentar actuaciones delictivas en
el seno de la empresa y que constituirían delitos de malversación de caudales
públicos, prevaricación y falsedad coumental.
El dedo acusador de la
Guardia Civil se dirige también contra los concejales que, al igual que el
alcalde y candidato a diputado, fueron advertidos por el interventor y no
tomaron medidas. Se trata de los ediles de Urbanismo, Miriam Burgos, y
Hacienda, Salvador Escudero, y la ex concejal Gloria Marín.
Y las responsabilidades
alcanzarían así mismo a los miembros de la Junta de Gobierno Local que en mayo
de 2005 aprobaron una inyección desde el Ayuntamiento a ACM de casi medio
millón de euros para proceder a su liquidación.
La lista de acusados la
completan el ex director comercial de la empresa municipal, Rafael Blanco, y otras
siete personas, la mayor parte de ellos proveedores que accedieron a cooperar
en las irregularidades de ACM.
CASO INVERCARIA
El sobrino de
González favoreció al 'lobby' que lo colocó luego en EEUU
- Tras alcanzar la Presidencia de Invercaria, Juan María González Mejías amplió capital en Electria
- Ello salvó al ex responsable de Isofotón de tener que garantizar a los técnicos la devolución del dinero
Juan María González Mejías, el sobrino carnal del ex presidente socialista del Gobierno Felipe González cuya meteórica carrera política en la Junta se frenó brusca y providencialmente poco antes de ser citado a declarar por vez primera por el caso Invercaria, favoreció nada más alcanzar la Presidencia de esta empresa pública de capital riesgo del Gobierno andaluz al lobby empresarial que, una vez que perdió la condición de alto cargo del Ejecutivo de Susana Díaz, lo recolocó en Estados Unidos.
EL MUNDO de Andalucía ha
tenido acceso al acta de la primera reunión del consejo de administración de
Invercaria a la que asistió el sobrino de González en calidad de presidente, en
sustitución del entonces recién cesado Tomás Pérez-Sauquillo. Fechada el 31 de
mayo de 2010, se puede decir que quien a posteriori acabaría siendo secretario
general de Innovación quiso iniciar su andadura en la empresa pública con buen
pie: marcando distancias con el pasado al imponer más controles a las empresas
subvencionadas para aminorar al máximo el riesgo de pérdida de fondos públicos.
Nuevo
procedimiento
En concreto, para todas
las compañías que estuvieran incumpliendo las condiciones fijadas en las
pólizas de crédito, González Mejías planteó un nuevo «procedimiento de
actuación» tendente a la «recuperación de la inversión realizada por
Invercaria» y que consistía en dejar en manos de los especialistas en capital
riesgo a sueldo de la empresa pública las propuestas de novación de contrato
que realizaran las sociedades con demoras de más de un año en los plazos de
amortización de los préstamos.
«Las empresas que se
encuentren en esta situación podrán solicitar una novación del contrato y la
idoneidad de dicha novación será analizada por los técnicos de Invercaria»,
acuerda el primer consejo de administración presidido por el sobrino de Felipe
González, que apuntala la subida del listón añadiendo que «en todo caso» las
deudoras deberían «acreditar» tres cuestiones al pedir nuevos plazos: primera,
la «situación financiera actual que refleje la falta de liquidez»; segunda,
«nuevos escenarios que recojan proyecciones financieras donde tenga cabida la
devolución de la deuda»; y, tercera, los «contratos firmados que justifiquen
necesidades de inversión y, por tanto, falta de liquidez».
En lo más duro de la
recesión, Invercaria se autoimponía una mayor exigencia para con los
empresarios morosos, a los que dejaba a merced de los técnicos exigiéndoles la
demostración documental de que sus impagos eran coyunturales. Pero justo aquel
mismo día y durante la misma sesión del consejo de administración, González
Mejías hace una excepción y plantea novar los préstamos de casi 1,2 millones de
euros otorgados a favor de la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible
SL (CEDES), la promotora del proyecto Electria cuyos socios privados -como ya
ha detallado la Policía Judicial en un atestado remitido al Juzgado de
Instrucción 16 de Sevilla- crearon paralelamente una empresa pantalla
(Consultora para la Sostenibilidad Integral, CSI) para lograr 400.000 euros
extras burlando el preceptivo control del Consejo de Gobierno de la Junta.
De la operación salen
beneficiados «algunos ejecutivos» de la empresa Anitec (Alianza por la
Naturaleza, la Innovación y la Tecnología SL) a los que no se cita con nombres
y apellidos como socios privados participantes junto a la propia Invercaria en
el proyecto Electria. Pero resulta que el socio único de Anitec no era otro que
José Luis Manzano Seco, el antiguo consejero delegado de Isofotón responsable
del falseamiento de cuentas que abortó la salida a Bolsa y abocó al cierre y
liquidación del primer fabricante de paneles fotovoltaicos tras haber recibido
casi 38 millones de euros en incentivos y subvenciones de la Junta.
«A fecha de hoy, la deuda
vencida líquida y exigible que tiene Electria con Invercaria, compuesta por
amortización e intereses, asciende a 106.675,68 euros», detalla expresamente el
acta de esta primera reunión presidida por González Mejías, quien sin embargo
optó por contradecir el procedimiento de actuación que acababa de imponer para
todas las empresas incentivadas al novar el crédito al antiguo responsable de
Isofotón, esgrimiendo un supuesto informe carente de firma que valoraría la
necesidad de garantizar la capitalización del dinero sin recuperar para
preservar el control sobre el 20% del capital social de CEDES/Electria.
El resto de la historia
es conocido. Aunque a la postre pueda verse como algo fundamental, la presencia
del sobrino de Felipe González al frente de Invercaria fue casi testimonial: a
partir de agosto de 2010, y de la mano del ex consejero de Economía, Innovación
y Ciencia Antonio Ávila, ya empieza a descollar en el organigrama de la
Consejería al frente de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, ascendiendo luego a secretario general de Innovación y
ampliando por último las áreas de Industria y Energía.
Dimisión
inesperada
El 28 de diciembre de
2012 González Mejías dimite por sorpresa, alegando «motivos personales». Al mes
siguiente ya estaba declarando por vez primera en comisaría -en calidad de
testigo- por la ayuda de 1,36 millones de Invercaria a Ferias Internacionales
Virtuales de Andalucía (FIVA), un proyecto en el que curiosamente tuvo
participación su padre, Juan María González Márquez, el hermano del antiguo presidente
del Gobierno que habría conocido el proyecto de la feria virtual «desde mucho
antes» de la llegada de su hijo al Gobierno andaluz, hasta el punto de
recomendar al comercial idóneo para vender los espacios en la fracasada web.
El colofón es el fichaje
en 2013 de González Mejías por MAPA Group, el lobby estadounidense de energías
renovables que encabeza Michael Peck y que está tan vinculado a la antigua
firma de José Luis Manzano Seco, Isofotón, que hasta presume de haber
gestionado los más de 15 millones de euros en ayudas para instalar una planta
en Ohio. Como ex presidente de Invercaria, ya no se le podía imputar
incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta por
aquella excepción hecha a favor de Electria en el primer consejo de
administración, al haber transcurrido más de dos años desde la toma de
decisión.
El secretario general y
candidato del PSOE a La Moncloa, Pedro Sánchez, ha prometido un endurecimiento
de la normativa de incompatibilidades con el objetivo de que tenga que
transcurrir un mínimo de cinco años entre la salida del despacho oficial y la
contratación por empresas favorecidas. El caso del sobrino de Felipe González
podría servirle de ejemplo.
A 'coste
cero' y 'con todos los avales'
La versión del ex
presidente
Fuentes cercanas a Juan María González Mejías subrayaron
ayer que la operación tuvo «coste cero» para Invercaria y que fue avalada por
«el comité de dirección, el de inversión y por el consejo de administración».
«No había dinero»
«Lo que González Mejías hizo los meses que estuvo en
Invercaria fue denegar ayudas; no había dinero», resaltan en su entorno, donde
niegan la mayor: que el fichaje por MAPA Group tenga que ver con el trato a
CEDES/Electria. «Él es amigo de Juan Verde; de José Luis Manzano, no»,
aseguran.
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