Disculpe el lector –tan paciente y benevolente como desocupado- el
ejercicio de petulancia, pero tengo que decir que el desenlace de esta desigual
contienda ya estaba anunciado desde sus inicios.
Ya lo advertí cuando, a finales del año 2010, comenzaba la lucha: “Yo, que
practico el pesimismo racionalista, pienso que esta guerra está perdida,
porque, como dijo De La Boetie –hace ya cinco siglos-, el hombre no ama la
libertad, porque si la amara sería libre. No obstante, del mismo modo pienso
que, aunque sea una causa perdida, hay que dar la batalla. Por dignidad.” (Por
dignidad)
Unos días más tarde, en el ocaso del año, el Sindicato Andaluz de
Funcionarios (el único entre los sindicatos de la Administración andaluza que
mantiene la dignidad y la toga limpia de polvo del camino) presentó querella
contra el presidente de la Junta de Andalucía y todo el Consejo de Gobierno por
presunto delito de prevaricación cometido con la aprobación del decreto-ley
5/2010 –vulgo decretazo o ley del enchufismo-; querella que fue admitida a
trámite por el Tribunal Supremo. Volví a manifestar entonces (Griñán ante el
Sanedrín) mi escepticismo respecto a la suerte de la querella. Dije entonces, y
sigo sosteniendo ahora porque nada ha cambiado, que no hay esperanza en un
sistema en el que los distintos poderes del Estado se retroalimentan para
defender sus intereses oligárquicos. Sostuve que nada cabe esperar de una
justicia sometida al poder político; y que la justicia aquí agravia más que el
delito. Y, efectivamente, el TS acabó dando carpetazo a la querella al estilo
de Muñoz Seca: tengo su escrito delante, pronto la tendré detrás…
(Por cierto, el Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente que el
Consejo de Gobierno usurpó la potestad legislativa con tal acto; o dicho de
otro modo, los hechos -y la calificación jurídica de los mismos- denunciados
por el Sindicato Andaluz de Funcionarios ante el TS se revelaron ciertos; o
sea, el Consejo de Gobierno actuó contra la Constitución y, sin embargo, a
pesar de la querella, eso no ha merecido por parte de la justicia, no digo ya
un reproche penal, sino ni siquiera una apariencia de investigación; no se han
molestado siquiera en subir el telón y representar la farsa, pese a habernos
cobrado la entrada.)
Un par de años más tarde, unos días antes de las elecciones, cuando la
efervescente revolución funcionarial llenaba las grandes alamedas de bravos
efímeros luchadores y de contumaces oportunistas, seguí advirtiéndolo (A
vueltas con la justicia): “Hace algún tiempo que, en estas mismas acogedoras
páginas, manifesté mi escepticismo respecto a que esta vía –la judicial-
pudiese proporcionarnos alguna satisfacción (…) Así pues, abandonen toda
esperanza aquellos que confiaron en la solución del conflicto por la vía
judicial (…) La única rendija abierta a la esperanza se llama cambio político.
La única oportunidad de vencer en este conflicto es acabar con este régimen
putrefacto y fétido. Ahora tenemos una ocasión, tal vez la última. Delenda est
Cartago.”
Y así, en otras diversas ocasiones.
De modo que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional ni me
ha sorprendido ni, menos aún, decepcionado, ya que ninguna justicia espero de
los jueces; y, como dijo un socrático personaje de Hitchcock –el capitán
Wiles-: “bienaventurados los que nada esperan, porque no quedarán
decepcionados”.
Para quien no esté enterado, si queda alguno, el garante de la Constitución
ha venido a dar la razón en esta guerra contra el enchufismo al régimen andaluz
y la puntilla al modelo constitucional de Administración Pública consagrado en
la Constitución de la que, supuestamente, eran garantes. También han liquidado
el modelo de Función Pública imparcial, profesional y meritocrática; y el
acceso de la ciudadanía a la misma en condiciones de igualdad.
El Tribunal Constitucional ha consagrado el mayor atentado cometido hasta
la fecha contra los principios constitucionales de acceso a las funciones
públicas y contra el modelo constitucional de Administración Pública. Ha
consagrado que la gestión ordinaria de los asuntos públicos quede en manos de
entidades de naturaleza privada o híbrida, no sometidas al derecho
administrativo y, por tanto, a los controles jurídicos que garantizarían que su
actuación se somete al imperio de ley y se realiza en favor del interés
general.
Por si eso no fuese suficientemente grave per se, el garante (jajaja) de la
Constitución da también sus bendiciones a la mayor prevaricación de la historia
de España: la conversión en empleados públicos (y que se deje de palabrerías y
distinciones bizantinas que lo único que ponen de manifiesto es que tienen
plena conciencia de lo que hace) de una legión de aproximadamente 30.000
personas, que han accedido al empleo público sin que mediara convocatoria
pública, ni concurrencia en régimen de igualdad, ni pruebas objetivas de acceso
conforme a criterios de mérito y capacidad, ni transparencia en el
procedimiento de selección, ni, en suma, ninguno de los requisitos ni garantías
exigibles para ello en un estado de derecho.
Con esta sentencia infame el Tribunal Constitucional abre una vía
inquietante y muestra el camino a seguir a las administraciones y a los
ciudadanos. A las administraciones les manda el mensaje de que, pese a lo que
establece la Constitución, su voluntad está por encima de las leyes; que pueden
hacer de su capa un sayo para eludir los controles legales, bajo el argumento
de la potestad de autoorganización.
Y, siendo eso malo, es peor aún el mensaje dirigido a los ciudadanos.
Permítame el lector que lo ponga en román paladino, con el que suele el pueblo
hablar a su vecino; vienen a decir los magistrados (excepto uno, lúcido y más
decente): “Señores ciudadanos, que tontos y que ingenuos son ustedes. Mira que
creerse lo que dice la Constitución. Pero so pánfilos, no veis que es todo
mentira, desde el artículo 1, ese que dice que la soberanía reside en el
Pueblo. Jajaja, pero que cándidos, ¡creerse eso de la igualdad en el acceso a
las funciones públicas, conforme a los principios de mérito y capacidad!, para
partirse. No se dan cuenta ustedes que lo que hay que hacer, en vez de estudiar
y prepararse, es apuntarse a un partido político o tener una buena
recomendación o un buen enchufe. Aprendan ustedes de nosotros, no sean
idiotas”.
No puedo evitar acordarme de Pacheco, el ex-alcalde de Jerez –el que dijo
que la justicia es un cachondeo, y se quedó corto- y de Quevedo. De Pacheco por
su cortedad de miras y su tibieza. Si hubiese creado una empresa municipal y
hubiese metido a toda su familia, a todo su partido y a medio Jerez y luego
hubiese creado una agencia municipal e integrado en ella la empresa con toda su
cohorte de enchufados, todos serían empleados públicos y él estaría colmado de
bendiciones, y hasta seguiría de alcalde. Como un señor. En lugar de eso, en
vez de enchufar a 20.000, sólo metió a dos; y está en la cárcel (el fiscal le
pidió 20 años). Pobre imbécil.
Y es que, como dijo Quevedo, en España los grandes crímenes se premian; se
coronan, dijo. Aquí lo que no está bien visto es el delito al por menor, el
menudeo.
No hay remedio, ni esperanza, esto durará sin duda alguna más de lo que
duró el túmulo sevillano a Felipe II. ¡Oh, gran Junta!, Roma triunfante…
http://www.porandalucialibre.es/informativa/opinion/propia/item/7303-el-tribunal-constitucional-bendice-la-sacrosanta-tradicion-patria-del-enchufe
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