INFORME DE FISCALIZACIÓN. La Diputación de Sevilla paga a sus funcionarios la asistencia médica
privada y los gastos farmacéuticos
- Un informe de la Cámara de Cuentas advierte del descontrol en la política de personal de la institución presidida por Rodríguez Villalobos, cuestionando las retribuciones y el acceso a los puestos, además de las transferencias a entes públicos
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Villalobos tenía en 2012 más de 121 personas contratadas 'a dedo'
- La Cámara de Cuentas censura los criterios de selección y avisa de complementos irregulares
INFORME DE FISCALIZACIÓN
La Diputación de Sevilla paga a sus funcionarios la asistencia médica privada y los gastos farmacéuticos
- Un informe de la Cámara de Cuentas advierte del descontrol en la política de personal de la institución presidida por Rodríguez Villalobos, cuestionando las retribuciones y el acceso a los puestos, además de las transferencias a entes públicos
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado un amplio grupo de anomalías, pagos y mecanismos discutibles en la Diputación Provincial de Sevilla. Entre ellos destaca el hecho de que la institución pague a sus funcionarios la asistencia médica y farmacéutica. En ese cuestionamiento de la política de personal, se advierte de la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos los funcionarios, que «no responden a ningún sistema de aportación, subvención o ayuda de cualquier género para fines de provisión, so pena de nulidad de los créditos concedidos para tal fin».
En ese capítulo de personal se destaca el descontrol existente. La Cámara señala, de una parte, las figuras jurídicas que usa la Diputación para la designación de candidatos con la asignación de funciones de superior categoría, la interinidad laboral o funcionarial y la comisión de servicios, apuntando que este procedimiento, «que con carácter general sólo se aplica a los empleados de la corporación, conculca la normativa vigente por la vulneración de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad». El enchufismo, de nuevo, como trasfondo.
Se indica también que los empleados seleccionados para ocupar un puesto de superior categoría perciben la totalidad de la retribución del puesto que van a desempeñar, cuando en el caso de desempeño temporal «lo adecuado sería la percepción sólo de las retribuciones complementarias del puesto que realmente desempeñen». Sobre el control interno del personal, se señala que «no se ha establecido un procedimiento homogéneo para la acreditación de las circunstancias que dan lugar a determinadas retribuciones variables e indemnizaciones por razón del servicio», lo que provoca que «en cada área se justifiquen con un grado de información diferente». Es más, se expone que «los datos que se incluyen en las nóminas no son revisados por persona distinta a la encargada de su introducción».
Transferencias «inconvenientes»
Además, han quedado de nuevo en entredicho las transferencias realizadas desde una administración pública. El informe expone que la Diputación usa para la financiación de sus entidades íntegramente dependientes las«transferencias genéricas» para financiar los gastos de explotación, como también las encomiendas o los mandatos de ejecución, destacándose de estas operaciones que «no figura en ninguno de los expedientes examinados la acreditación de la conveniencia u oportunidad de utilizar este procedimiento en relación con otras alternativas». No son convenientes esas transferencias a entes o empresas públicas, pero se realizan. Tal es el descontrol que se apunta que la institución «no dispone de información sobre la participación que mantiene en 26 de las entidades en las que participa directamente».
El documento de la institución cameral, que fiscaliza el ejercicio 2012, apunta que «en determinados expedientes se ponen de manifiesto debilidades relacionadas con el objeto del encargo, pues tratan de convalidaciones de gastos por actuaciones no incluidas en el mandato inicial, por el surgimiento de necesidades posteriores y por actividades realizadas con anterioridad a la formalización de la correspondiente encomienda, evidenciándose en este último caso la falta de título suficiente producido por el órgano competente que justificara la actuación de la sociedad». A esa falta de una debida justificación a esas transferencias se añade que los mandatos o encargos analizados «no están retribuidos por ningún sistema de tarifas ni por otro procedimiento» y de las encomiendas analizadas se observa que las entidades encomendatarias, «por falta de recursos propios, subcontratan todo o casi todo el contenido de las actuaciones». Las transferencias a los entes «satélite» de la Diputación carecen de las convenientes justificaciones, controles y procedimientos reglados, según el informe, que en su literalidad recuerda bastante a las conclusiones sobre las transferencias que venía realizando la Junta de Andalucía durante años a la agencia IDEA y que han dado lugar al Caso ERE y un sinfín de imputaciones.
En cuanto a las subvenciones cuyo régimen jurídico corresponde al previsto en la Ley General de Subvenciones, sólo el área de «Innovación y Empleo no dispuso en 2012 de Plan estratégico o Plan provincial». En el Plan del Área de Concertación de 2012 «no se aporta una valoración en términos de eficacia y eficiencia de las acciones planteadas y de los objetivos alcanzados». Además, el informe analiza un grupo de 17 expedientes de subvenciones excepcionales y, de ese repaso, se destaca la «falta de acreditación de las razones que dificultaron su convocatoria pública». ¿Por qué se dieron de forma directa y sin publicidad? Por si eso fuera poco, en cuanto a la justificación de subvenciones, la Cámara de Cuentas observa incidencias en sus memorias, como, por ejemplo, la falta de firma y fecha en su cumplimentación, que se incluyan actividades realizadas fuera del ámbito temporal del convenio o que no se recoge información de las actividades realmente desarrolladas. Un oscurantismo impropio de la administración pública que queda patente en este amplio informe.
Para la Diputación, son «apreciaciones»
La Diputación salió ayer al paso del contenido del informe de la Cámara de Cuentas, al que relativizó como «apreciaciones». Desde la institución presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos se señaló que muchas de las cuestiones planteadas «ya han sido objeto de mejora», recordando que «todos los gastos y acciones realizadas desde la institución provincial están fiscalizados por la intervención y los servicios jurídicos y económicos, con sus respectivos informes favorables», por lo que «no hay nada punible desde el punto de vista legal».
Tras subrayar que está abierta «a todos los cambios en materia de transparencia que haya que introducir», indicó a ABC que el informe contiene información de 2012 a 2015, por lo que «muchas cuestiones ya han sido objeto de mejora», poniendo como ejemplo que en octubre de 2014 ya se aprobó la Relación de Puestos de Trabajos (RPT), una de las demandas que aparecen en el informe.
Además, la Diputación destacaba que presentó antes de la publicación de este informe observaciones y alegaciones que, muchas de ellas, han sido aceptadas en la Cámara de Cuentas. «De hecho, hubo un grupo de trabajo conjunto entre ambas entidades», se añadía, matizando que el informe incluye «observaciones y apreciaciones de mejora» que la institución provincial «está analizando y estudiando».
En relación con los asuntos vinculados a los trabajadores y la política de personal, se explicaba que todas las medidas expuestas han estado «respaldadas y adoptadas dentro del acuerdo de funcionariado y convenio colectivo, acordados dentro de la negociación sindical y con informe favorable de la intervención. En ningún caso son imposiciones», advertía la Diputación.
Acerca de las transferencias genéricas para financiar gastos de explotación, por otro lado, se indicaba que una parte se trata de las encomiendas de gestión que la Diputación traslada a sus sociedades, «algo que no deja de ser un modelo de gestión, un procedimiento».
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Villalobos tenía en 2012 más de 121 personas contratadas 'a dedo'
- La Cámara de Cuentas censura los criterios de selección y avisa de complementos irregulares
La más que
cuestionada política de personal de la Diputación de Sevilla ha vuelto a
recibir un duro revés. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe en el que pone
negro sobre blanco numerosas irregularidades en los
criterios de selección de trabajadores, en la cobertura de
puestos superiores e incluso en el pago de complementos salariales. Muchos de
estos aspectos vendrían a vulnerar diferentes normativas vigentes, según
destaca este balance fiscalizador del año 2012.
En el área
analizada como personal, el informe destaca un dato que podría resumir la
criticada política de contratación del gobierno del socialista Fernando Rodríguez Villalobos, a quien se le acusa
desde hace años de configurar una plantilla con personal elegido a dedo, muchos
de ellos compañeros del PSOE. Así, en 2012, un total de 121 trabajadores de la
Diputación de Sevilla era personal eventual, de los que diez se correspondían a
directores de área pero con la consideración de «personal directivo».
El resto de la plantilla
presupuestada de ese año, 2.028 personas, se dividen entre personal funcionario
(un 39,7%) y eventual, que copa más de la mitad de la plantilla con un 54,2% de
personas. En ese año, la institución provincial aún no tenía aprobada la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -que se acordó en 2014- y, por tanto, la
Cámara de Cuentas desconoce «los criterios utilizados por la entidad para que los
mismos se ocupen por personal funcionario o laboral».
Directivos.
Sobre estos 121 empleados que
figuran como personal eventual, el informe señala que la Diputación ha vulnerado la ley, ya que «debió
distinguir al personal eventual del directivo, superando con ello la distorsión
introducida por el artículo 176.2 del TRRL (Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local), aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, en virtud del cual se permitía el desempeño
de puestos de carácter directivo personal eventual».
Esta situación no fue
corregida hasta finales de 2013, cuando el gobierno de Villalobos realizó una
convocatoria pública «para la cobertura de las diez plazas de directores
generales como directivos profesionales».
Otra de las incertidumbres
que muestra la Cámara de Cuentas es qué pasará con el personal contratado para diferentes programas.
Así, el informe explica que estos trabajadores eventuales están reclamando en
los tribunales que se les reconozca como empleados indefinidos en la
Diputación, una reclamación que se está siendo aprobada por los
jueces.
De hecho, ya en 2012
existían al menos cuatro sentencias
favorables para
estos trabajadores inicialmente eventuales. Siguiendo esta tendencia, el
informe avisa de que la corporación provincial deberá crear nuevas plazas,
hacer frente a los salarios de tramitación y a las diferencias salariales
derivadas del convenio que se aplica. Por ello, llama al gobierno socialista a
«valorar el riesgo y la responsabilidad que supone esta situación».
En el apartado de mejoras
económicas y asistenciales, la Cámara de Cuentas también detalla algunas
posibles irregularidades. Por ejemplo, dice que se «recogen conceptos retributivos que conculcan» dos normativas, tales
como «el premio a la jubilación ordinarias que supuso en el ejercicio
fiscalizado 248.945,27 euros de obligaciones reconocidas; y el premio a la
constancia consistente en el abono de una serie de mensualidades al cumplir 20,
25, 30, 35 y 40 años de antigüedad, que en 2012 ascendió a 795.735,02 euros».
Otro aspecto que «no se
considera ajustado a la legalidad presupuestaria» es el acuerdo de valoración de puestos de trabajo y el incremento retributivo.
Según la Cámara de Cuentas, este punto «trataba de corregir las consecuencias»
derivadas de los recortes que aplicó el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en 2010.
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