- La presidenta de la Junta se comprometió en su investidura a acotar la libre designación a los cargos con un nivel 30
- Tras su toma de posesión, se han producido más de 139 nombramientos directos del tipo que se supone se iban a erradicar
Y con los compañeros, que llegarón más tarde....
Ante el TSJA por protección de los derechos fundamentales
'Entre los funcionarios de la Junta hay miedo a denunciar los cargos a dedo'
- La presidenta de la Junta se comprometió en su investidura a acotar la libre designación a los cargos con un nivel 30
- Tras su toma de posesión, se han producido más de 139 nombramientos directos del tipo que se supone se iban a erradicar
El incumplimiento de una promesa le podría salir caro a la presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz. Un funcionario de la Junta ha interpuesto este viernes una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Susana Díaz por no limitar los nombramientos de libre designación, más conocidos como a dedo, en la función pública.
La investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, el 11 de junio pasado, estuvo precedida por su compromiso de materializar durante esta legislatura 70 medidas de regeneración democrática, reactivación económica y cohesión social en Andalucía, que fueron pactadas por el PSOE andaluz y Ciudadanos. En el apartado sobre la «regeneración democrática de la Administración» consta la medida número 23 sobre la «limitación de los cargos de libre designación a nivel 30: subdirector general. A todos los puestos por debajo de ese nivel se accederá mediante oposición pública y transparente», dice literalmente el compromiso.
«En su discurso de toma de posesión, usted se ratificó en su compromiso de impulsar decidida y ágilmente tales medidas», advierte el funcionario José Antonio Rodríguez en el escrito remitido a Díaz. La carta es un derecho de petición -un derecho fundamental recogido en la Constitución- al que Díaz debía haber respondido en tres meses. El escrito fue remitido el 24 de julio pasado.
Ante la falta de respuesta de la presidenta de la Junta, el funcionario puede interponer una demanda para la protección de los derechos fundamentales en la jurisdicción contencioso-administrativa del TSJA. Y eso es lo que ha hecho José Antonio Rodríguez este viernes. No es más que «usar un cauce democrático y legal para hacer valer nuestros derechos», ha indicado a EL MUNDO José Antonio Rodríguez, que ha decidido dar este paso para «plantarle cara a las situaciones injustas» de las que los empleados públicos se quejan a la hora del café con el compañero.
Rodríguez lleva 20 años trabajando como funcionario de la Junta. Actualmente, es asesor técnico en la Dirección General de Adminstración Local, dentro de la Consejería de Presidencia y Administración Local. La convocatoria para interponer en los juzgados de Sevilla la demanda contra Susana Díaz ha corrido como la pólvora por los correos electrónicos y los whatsapp de cientos de empleados públicos.
«Algunos compañeros no quieren destacarse... Desgraciadamente, impera una ley del silencio que hace muy complicado que salgan adelante iniciativas de este tipo, pero yo me guío por mi conciencia», explica. Entre los empleados públicos, es frecuente que se indignen con nombramientos de familiares o amigos de algún cargo político y ante eso «hay un ambiente penoso de resignación, pasividad y miedo».
El funcionario pedía «expresamente» a la presidenta Díaz que iniciara con carácter «prioritario y urgente» los trámites legales para modificar la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública con la finalidad de que se elevara «a rango de norma legal el compromiso asumido por usted referido a la medida 23 de regeneración democrática de la Administración» sobre la limitación de los puestos a dedo. Pese al compromiso, desde la investidura de Susana Díaz hasta el pasado 3 de noviembre, el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) ha publicado nada menos que 139 nombramientos de puestos de libre designación en niveles inferiores al 30, según los cálculos del funcionario que interpondrá la demanda.
«Somos muchos empleados públicos los que hemos advertido la evidente contradicción que han supuesto, con respecto a la medida 23 de regeneración democrática de la Administración, ciertas resoluciones» del Gobierno andaluz, publicadas «poco después de su toma de posesión como presidenta de la Junta», recoge el escrito remitido a Susana Díaz.
El funcionario anima a la presidenta a que cumpla su promesa y limite los nombramientos de libre designación. Si se lleva a cabo podría conseguirse una Administración «mucho más seria, efectiva y democrática», dotada de cargos directivos que hayan accedido a los mismos «con los criterios de igualdad, mérito y capacidades».
Las resoluciones de estos empleados públicos serán gestionadas, «con toda seguridad, desde un punto de vista técnico y objetivo, sin hallarse sometidas a influencias y presiones de carácter político», subraya el funcionario.
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