ACOSO A ALAYA. Las zancadillas a la juez que acorraló a la Junta; al apartarla de las macrocausas, perdió la justicia, perdímos todos. = La profesionalidad, la imparcialidad y la independencia; ¿que incomodan?; funcionarios que cumplen con su obligación y con el juramento que hicieron al cumplir el cargo, eso es lo que necesitamos; la política cuanto más lejos mejor. Alaya; un ejemplo a seguir.

En la instrucción del caso ERE, ha soportado escraches, presiones políticas y judiciales, ataques personales y demoras de documentos

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Las zancadillas a la juez que acorraló a la Junta
En la instrucción del caso ERE, ha soportado escraches, presiones políticas y judiciales, ataques personales y demoras de documentos

Mercedes Alaya ha permanecido cinco años callada. En contra de quienes pretenden encajarla en el molde de juez-estrella, ella prefería hablar a través de sus autos. La dinamita que hizo tambalearse la mayor trama de poder en España se la reservaba para sus escritos y para sus extenuantes interrogatorios de madrugada. Apartada desde junio del juzgado donde destapó los casos de Mercasevilla, ERE, formación y avales fallidos a empresas, la nueva magistrada de la Audiencia de Sevilla ha roto su voto de silencio. Lo ha hecho para denunciar que ha sufrido «presiones» inimaginables. El Gobierno autonómico le ha puesto «todas las trabas del mundo», aseguró tras recoger el premio Jurista del Año 2015 que conceden los Antiguos Alumnos de Derecho de la Complutense en Madrid.Lo que sigue a continuación es un catálogo de los principales obstáculos que se ha tenido que sortear en todos los frentes:

Intento de recusación

El PSOE, que ejercía como acusación el caso Mercasevilla, exigió a Alaya que dejara la investigación del intento de soborno de dos hosteleros por parte de exdirectivos de la lonja hispalense esgrimiendo que estaba «bajo sospecha» al trascender que su marido había auditado las cuentas de la empresa municipal. Hubo hasta un intento de recusarla por parte de una imputada que finalmente no prosperó. Mercasevilla fue el hilo que condujo a Alaya hasta la madeja de los intrusos empotrados en ERE financiados con subvenciones irregulares de la Junta.

Las actas de los consejos

El Gobierno de José Antonio Griñán no estaba por la labor de facilitarle el trabajo. Se negó a entregarle las 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010 requeridas por la magistrada. La Junta llevó su pulso hasta el Supremo. El septiembre de 2011, el Tribunal le dio la razón a Alaya. Las decisiones del presidente y sus consejeros no eran secretas. La «colaboración proactiva» de la que presumía el entonces consejero de Empleo, Manuel Recio (hoy imputado) también se vino abajo cuando la Guardia Civil descubrió que durante un fin de semana hubo un expurgo de «documentación comprometida» para la Junta.

Bulos y escraches

Se acercan las elecciones generales de 2011 y el PSOE pone en marcha una nueva estrategia de acoso que llega al terreno personal. De la negación del escándalo —«No tiene recorrido; ha pinchado un hueso» o la célebre «esto es cosa de tres o cuatro golfos»—, pasa directamente a la guerra sucia. Alfonso Guerra deja caer que «hay una relación fuerte personal entre la jueza y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido», licencia que le valió una reprobación del Poder Judicial. Desde el PSOE la acusaban de dictar autos mirando de reojo el calendario electoral. Tuvieron que ponerle escolta policial después de que miembros de UGT y CC.OO. le montaran un escrache sindical a las puertas de los juzgados al grito de «qué fea» y «hortera».

Instrucción al ralentí

A medida que iban cayendo piezas de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la trama de los ERE, la Junta y los imputados amplificaban sus flaquezas para desacreditar el sumario: la demora injustificada de citaciones, los interrogatorios «inquisitoriales», la imputación selectiva de políticos dependiendo de si estaban o no aforados... hasta que remitió la causa al Supremo. La Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) añadieron más presión instándole a abreviar la instrucción y dividir la causa.

Sin medios ni funcionarios

La súperjuez no quería compartir las macrocausas con otros togados. Ella pedía funcionarios y medios para trabajar y la Junta no los mandaba a pesar de que la apremiaba a agilizar la causa. No entregaba grabadoras para hacer copias ni funcionarios, como requería un juzgado con causas de tanto calado. Su sustituta, María Núñez Bolaños, se quejó de la misma falta de personal cuando llegó al juzgado.

Apartada de las macrocausas

Alaya solicitó (y ganó) una plaza en la Audiencia de Sevilla confiando en que el TSJA le iba a permitir seguir instruyendo las macrocausas contra la corrupción con una comisión de servicios. Pero no se percató de las maniobras que se tejían a sus espaldas para desactivarla. Declaró la guerra a su sustituta, acusándola en un insólito escrito dirigido al Poder Judicial de ser amiga del consejero De Llera. Después de meses deshojando la margarita, el TSJA y el CGPJ no dudaron en apartarla. A la misma juez que condujo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía ante un juez del Supremo.