lunes, 3 de agosto de 2015

Máxima difusión. Funcionarias denuncian vejaciones por revisar unas ayudas de la Junta = Todos somos uno en esto....ALTO, CLARO Y SIMPLE: NO A LO INADMISIBLE.

  • Sufren los «insultos y amenazas» de una superior que les impidió supervisar subvenciones 

  

Ante lo inadmisible, un paso al frente.


Todos somos uno...

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/03/55bf493722601d98268b457b.html

Funcionarias denuncian vejaciones por revisar unas ayudas de la Junta

Sufren los «insultos y amenazas» de una superior que les impidió supervisar subvenciones 
Dos funcionarias de la Junta, con categoría de asesora técnico y jefa de área, han denunciado a la Inspección de Trabajo "trato vejatorio con insultos y amenazas" por parte de una superior, que les recriminó que quisieran revisar unas subvenciones otorgadas por la Administración andaluza en materia de prevención de riesgos laborales, por un montante cercano a 1,5 millones de euros.
Dicha revisión se encontraba dentro de sus competencias, por lo que quisieron abordarla para no caer en dejación de funciones, según la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo, y que obra en poder de este periódico.
Según el relato de los hechos que consta en la denuncia, las afectadas enviaron un escrito a la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Marta Rueda, e informaron, en copia de correo electrónico, a la directora del Centro de Riesgos Laborales de la Junta, María Encarnación del Águila, de que querían proceder a la comprobación de las subvenciones convocadas en 2009 para proyectos e inversiones en materia de riesgos laborales.
Según estas dos empleadas públicas, dichas ayudas obligaban a que los bienes objeto de subvención se mantengan y dediquen a los fines previstos en la solicitud durante un periodo como mínimo de cinco años, a contar desde la fecha de la concesión, en caso de bienes inscribibles en un registro público y como mínimo dos años para el resto de los bienes.
En este caso se da el agravante de que las comprobaciones no se habían llevado a cabo, pese a ser comunicada esta intención en varias ocasiones de forma verbal al superior jerárquico y no obtener respuesta. Por ello quisieron dejar por escrito su propósito a la más alta responsable política provincial.
Estas funcionarias trataban de supervisar que la maquinaria y otros utensilios en su mayoría subvencionados -muchos de ellos por cuantías aproximadas a los 18.000 euros-, siguieran en poder de sus dueños y no hubieran sido revendidas o usadas por otros. Esto provocó que la directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga, Encarnación María del Águila, les llamara inmediatamente a su despacho para recriminarles tal intención, según denuncian.
En ese momento, las denunciantes mantienen que les insultó y amenazó verbalmente con unos descalificativos que llegan a decir que "no corresponde reproducir dado su fuerte carácter vejatorio, y que dio lugar a una crisis de ansiedad en ambas". Las dos funcionarios acudieron a la consulta del médico la misma tarde, y el facultativo les diagnosticó síntomas claros de un cuadro de ansiedad, para cuyo tratamiento les recetó reposo de 24 horas.
Las denunciantes siguen reclamando hasta hoy que la administración les reconozca un accidente laboral por agresión verbal, cosa que hasta ahora no han conseguido. Las denunciantes intentan que la consecuencia traumática del incidente no quede registrada como una "ausencia injustificada" a sus lugares de trabajo.
Ante estos hechos, tanto el sindicato CSIF como el SAF, que representan a ambas trabajadoras públicas, han tomado cartas en el asunto. El CSIF, por ejemplo, ha pedido que intervenga la Inspección de Trabajo, así como la Junta de Personal de la Junta de Andalucía en Málaga.
Esta central sindical ha subrayado que, "en contra de lo que pretende la Administración en este caso, la ausencia de las trabajadoras en su puesto de trabajo no se debe a enfermedad común, sino que estuvo claramente provocada por la agresión verbal que sufrieron, como avalan los informes médicos". El caso también ha sido remitido por ellos a la secretaria general de la Delegación territorial, de la que aún se espera respuesta.
Por su parte el SAF presentará un escrito en el que pedirá que también se investigue por qué sentó tan mal a la directora del Centro de Riesgos Laborales que estas trabajadoras quisieran realizar su trabajo.
"Pediremos que se esclarezcan los hechos porque no sabemos si lo que molestó es que se sepa si ha habido irregularidades en el uso de este dinero público", indicó David Delgado, delegado provincial del SAF.
Ambos sindicatos también están interesados en saber si la directora a la que acusan, cargo de confianza del PSOE, cumple la obligatoria capacitación profesional para su cargo, "porque no tiene ni los conocimientos, ni los estudios; solo el mérito de formar parte de UGT"

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