La
ley de transparencia se aprobó hace un año
- El Gobierno andaluz cumple en el límite del plazo legal con la difusión de una ingente cantidad de datos sobre la administración central pero se resiste a desnudar a sus entes instrumentales
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, ha acuñado como una de sus frases más célebres la promesa de
“abrir puertas y ventanas” en la administración como el mejor antídoto contra
la corrupción. En el nuevo
portal hay un gran avance en lo que se refiere a la administración central pero las puertas y
ventanas siguen medio abiertas en la administración paralela. Sólo se difunden los datos de
quienes tienen consideración de alto cargo. El resto de
empleados vips en agencias, sociedades, fundaciones y consorcios siguen
disfrutando de la penumbra. Para cada uno
de estos entes aparece una relación de puestos de trabajo (con una plantilla de
27.000 personas) pero no se aclara quiénes en su convenio gozan de los
privilegios de la alta dirección.
Las retribuciones declaradas en
la web para 245 altos cargos suman 13 millones de euros anuales. Sin
embargo, la partida en el presupuesto en el capítulo de gastos de alta
dirección de la Junta de Andalucía asciende a 125 millones de euros. Según fuentes de la
administración consultadas por El Confidencial, esos 112 millones de
euros en el limbo incluirían nóminas de esos otros directivos públicos que
no aparecen identificados más dietas y otros gastos que igualmente siguen sin
ofrecerse. Se facilitan las nóminas brutas
pero no otros complementos salariales (exclusividad
o productividad) que se cobran frecuentemente en las empresas públicas. En el apartado de dietas, únicamente figuran las retribuciones
mensuales a los altos cargos del Gobierno andaluz por vivienda. La cifra asciende a 57.722 euros cada mes para un total de
64 altos cargos que gozan de esa retribución.
La
ley de transparencia se aprobó hace un año
Díaz sigue guardando bajo
llave los sueldos de los directivos en las empresas públicas.
- El Gobierno andaluz cumple en el límite del plazo legal con la difusión de una ingente cantidad de datos sobre la administración central pero se resiste a desnudar a sus entes instrumentales
Un año después de que se aprobara la Ley de Transparencia de
Andalucía, al límite del plazo legal establecido para que la Junta colgara los
datos que desnudan a su administración, el Gobierno sigue sin
difundir algunos de los secretos mejor guardados. Entre otros, una cifra total
del número de directivos de sus empresas públicas y sus salarios, incluyendo
dietas y complementos.
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, ha acuñado como una de sus frases más célebres la promesa de
“abrir puertas y ventanas” en la administración como el mejor antídoto contra
la corrupción. En el nuevo
portal hay un gran avance en lo que se refiere a la administración central pero las puertas y
ventanas siguen medio abiertas en la administración paralela. Sólo se difunden los datos de quienes tienen consideración
de alto cargo. El resto de empleados vips en agencias, sociedades,
fundaciones y consorcios siguen disfrutando de la penumbra. Para cada uno de
estos entes aparece una relación de puestos de trabajo (con una plantilla de
27.000 personas) pero no se aclara quiénes en su convenio gozan de los
privilegios de la alta dirección.
En la televisión
pública de Andalucía se contabilizan un total de cinco directivos cuyo sueldo
está por encima del salario de la presidenta Susana Díaz
Las retribuciones declaradas en
la web para 245 altos cargos suman 13 millones de euros anuales. Sin
embargo, la partida en el presupuesto en el capítulo de gastos de alta
dirección de la Junta de Andalucía asciende a 125 millones de euros. Según fuentes de la
administración consultadas por El Confidencial, esos 112 millones de
euros en el limbo incluirían nóminas de esos otros directivos públicos que
no aparecen identificados más dietas y otros gastos que igualmente siguen sin
ofrecerse. Se facilitan las nóminas brutas
pero no otros complementos salariales (exclusividad
o productividad) que se cobran frecuentemente en las empresas públicas. En el apartado de dietas, únicamente figuran las retribuciones
mensuales a los altos cargos del Gobierno andaluz por vivienda. La cifra asciende a 57.722 euros cada mes para un total de
64 altos cargos que gozan de esa retribución.
La amnistía
salarial de la RTVA
La ley andaluza impide
a los directivos y altos cargos cobrar por encima de la asignación anual de la
establecida para la presidencia de la Junta (63.808,20 euros mensuales). Hubo una amnistía para la Radio Televisión Pública
de Andalucía. En la televisión pública
se contabilizan un total de cinco directivos por encima del sueldo de Susana
Díaz (dos cobran 78.522 euros anuales y
otros tres 73.450), entre ellos su subdirector, Joaquín Durán, en la actualidad
el máximo responsable de la cadena. En la radio pública, el jefe de contenidos
gana 73.450 euros al año. La directora de Canal Sur Radio, Inés Alba, que sí
tiene consideración de alto cargo, también supera el techo legal con 78.522 euros
anuales.
Joaquín Durán, subdirector de Canal Sur. El portavoz del
Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se comprometió a que el portal de la
transparencia estuviera activo “en plenitud” a partir de las siete de la tarde.
Dos horas después de la hora comprometida y tras “problemas técnicos”, el clic
que iba a bastar para saber dónde van a parar millones de fondos públicos
comenzó a funcionar. Como aperitivo, el Ejecutivo autonómico informó de que
cuenta con 196 altos cargos y 42 directivos de máximo nivel (en las web
aparecen 245). Estos datos, no obstante, no incluyen a la llamada
administración paralela de la Junta, empresas públicas, sociedades, fundaciones
y consorcios. También han dado a conocer por primera vez las cifras del
personal eventual. Componen este grupo de trabajadores de confianza designados a dedo un
total de 222 personas, 76 en gabinetes
de las distintas consejerías y otras 147 adscritas a protocolo y la oficina del
portavoz, en su mayoría periodistas.
Otro de los datos difundidos se refiere al número de ex altos
cargos que cobran cesantías tras dejar su empleo. En 2015, único dato disponible,
se han repartido en estas indemnizaciones un total de 126.729 euros en cuantías
mensuales. Entre quienes siguen cobrando se
sitúan el exvicepresidente Diego Valderas y el exconsejero de Turismo, Rafael
Rodríguez, de IU, que se embolsarán 4.186.70 euros al mes durante dos años en
cumplimiento de la ley de incompatibilidades. De momento solo puede consultarse la declaración
de la renta de la presidenta de la Junta y de su pareja, los documentos de hacienda del resto de su equipo de
gobierno no figura aún en la web. La Junta ha comunicado que dispone de 14.589 inmuebles,
muchos con consideración de suelo rústico,
y 4.086 vehículos, de los que 64 transportan a cargos políticos.
El número de directivos y eventuales en las plantillas del
sector público andaluz fue uno de los datos que impidió al PSOE alcanzar un
acuerdo con Podemos para la investidura de Susana Díaz. El Gobierno
rechazó ofrecer esas cifras estimadas por algunas fuentes no oficiales en unos
400 directivos. El Gobierno andaluz
arrancó en 2010, en el cenit de los recortes al presupuesto público,
un plan
para redimensionar su sector público, la conocida como administración paralela
de la Junta. Un entramado de empresas,
sociedades, fundaciones y consorcios financiadas con dinero público que
disfrutaban hasta ahora de una gran opacidad.
El número de directivos del
sector público andaluz fue uno de los datos que impidió al PSOE alcanzar un acuerdo
con Podemos para la investidura de Díaz
Durante el primer
gran tijeretazo impuesto a las cuentas andaluzas, la Junta impulsó una polémica
reordenación. Finalmente, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas acredita la supresión en los últimos años de 132
entes y una reducción de plantilla de 815 efectivos con un ahorro de 1.537
millones de euros. El
inventario de la página de Hacienda de la Junta contabiliza 117 entes
instrumentales. Estas supresiones no han estado exentas de polémica. La justicia ha doblado el pulso a la Junta por ejemplo con los 700 despedidos de las unidades de Empleo.
El
portal de la transparencia también ofrece otros datos curiosos. En
la Junta hay un total de 1.418 liberados sindicales, trabajadores con derecho a no acudir
a su puesto. La mayoría en la sanidad (660) y la administración central (505). El resto, forman parte de la plantilla
educativa. Respecto a los contratos de
publicidad suscritos por la Junta de Andalucía solo se ofrecen los datos que
por ley están obligados a publicarse en el BOJA, es decir los contratos de
publicidad mayores de 30.000 euros. El
portal restringe la información a 2015, año que por la celebración de
elecciones tiene la mayoría de sus convocatorias en blanco.
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