Cintas de audio de altos cargos y directivos confirman el
uso sistemático de fondos públicos para apuntalar la hegemonía socialista en
Andalucía
....compra de
voluntades con dinero público, red de favores, prácticas administrativas
viciadas, utilización de las subvenciones para amarrar votos, para acolchar el
clientelismo, para alimentar la dependencia económica en la región con más
parados per cápita de Europa.
- Laura Gómiz (imputada en el caso de malversación pública de Invercaria), «¿Y si no hay nada [plan de inversión] se inventa»
- Irene Sabalete delegada de Empleo de la Junta en Jaén entre 2009 y 2011(detenida e imputada en el fraude de la formación),«Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía»
- Daniel Ponce, uno de los gestores del mercado mayorista de Sevilla, «La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora».
Este es el “Régimen andaluz” = los hechos ya han hablando, el sistema se sostiene y ¿los sufragamos con
dinero público de nuestros impuestos? ¿Para los psociolistos todo vale.....?
PP, IU, Podemos y Ciudadanos, permitirán que
estos “trileros” sigan “gogernando”?; En la investidura veremos ¿qué persiguen el interés partidista
de sus formaciones o el interés
general de los ciudadanos?
Andalucía
Tres grabaciones que desenmascaran el clientelismo
de la Junta de Andalucía
Cintas de audio de altos cargos y directivos confirman el
uso sistemático de fondos públicos para apuntalar la hegemonía socialista en
Andalucía
Investigaciones, registros, autos de imputación,
archivadores repletos de expedientes, armarios blindados con las actas del
Gobierno, declaraciones de testigos clave... En el goteo de descubrimientos (el
muestrario es inagotable) que ha deparado la larga instrucción
judicial de los escándalos que han zamarreado la arquitectura del poder
autonómico más sólida de España (Mercasevilla, ERE, facturas falsas de UGT,
fraude de formación, Invercaria), no se encuentra un testimonio que iguale a la
certeza clamorosa de tres cintas de audio.
La grabación que dio origen al caso Mercasevilla y apuntaba
ya la trama de los ERE trucados y el fraude de la formación; las cintas en las que se oye a la
presidenta de Invercaria presionar a sus subordinados para justificar fondos
públicos invertidos sin control, y el archivo sonoro que muestra a una delegada
de Empleo conminando a sus subordinados a buscar el voto socialista «como los
Testigos de Jehová» en las elecciones autonómicas de 2012, ponen al descubierto de
forma descarnada cómo funcionaban las redes clientelares que han sostenido
durante treinta y tres años al monopolio de poder socialista en Andalucía.
Este material en bruto, con la retórica burda y desahogada
que utilizan aquellos que se creen impunes, constituye un auténtico prontuario para descifrar los códigos
ocultos de la corrupción. Porque en las citadas cintas, incorporadas como pruebas en los procesos
judiciales, prácticamente no falta ni un supuesto delictivo: compra de voluntades
con dinero público, red de favores, prácticas administrativas viciadas,
utilización de las subvenciones para amarrar votos, para acolchar el
clientelismo, para alimentar la dependencia económica en la región con más
parados per cápita de Europa.
La hegemonía territorial más larga desde la Transición (que
acaba de salir airosa, por décima vez, del juicio de las urnas) difícilmente
puede explicarse sin los tejemanejes y amenazas que se intuyen en las declaraciones grabadas con micrófono
oculto -cuando no hay que guardar las
apariencias- a altos cargos autonómicos y exdirectivos de la lonja municipal
Mercasevilla. Frases lapidarias,
convertidas en sórdidos
lemas de todo un sistema político con atmósfera de régimen, que imitan a los mejores guiones de Rafael Azcona y Luis
García Berlanga. Sus voces quedaron registradas con un magnetófono o un móvil
de última generación como siniestras psicofonías de la corrupción. En ellas se
oía a la entonces presidenta de la sociedad de capital riesgo de la Junta,
Laura Gómiz (imputada en el caso de malversación pública de Invercaria), instar
a sus subordinados a echar mano de la imaginación para montar expedientes con
los que justificar a posteriori inversiones fallidas con fondos públicos:
«¿Y si no hay nada [plan de inversión] se inventa».
«Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir
trabajando en la Junta de Andalucía», proclama con desenvuelta naturalidad la delegada de Empleo de
la Junta en Jaén entre 2009 y 2012, Irene Sabalete (detenida e imputada en el
fraude de la formación), en vísperas de la campaña electoral de 2012, cuando todas las
encuestas pronosticaban el fin de la eterna supremacía del PSOE. Por su parte,
Daniel Ponce,
uno de los gestores del mercado mayorista de Sevilla, retrata toda una época en una máxima premonitoria de las
tramas que la juez Mercedes Alaya ha ido desenredando en su tenaz búsqueda de
los responsables
últimos del saqueo: «La Junta tiene
normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien
colabora».
De los tres archivos de audio, el más valioso para la investigación es
la grabación de Mercasevilla, cuya transcripción
publicó en exclusiva ABC el 22 de abril de 2009. Reproduce el intento de extorsión del director y el
subdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente
(militantes del PSOE), a unos empresarios sevillanos a los que exigieron
450.000 euros como contrapartida por una subvención de 900.000 euros de la
Junta para montar una escuela de hostelería. Toda la conversación fue grabada el 26 de enero de 2009
por dos empresarios del grupo La Raza que entregaron la cinta al gabinete del
presidente de la Junta, entonces Manuel Chaves, quien en lugar de denunciar el
caso en el juzgado, depositó el explosivo material en bruto ante la Fiscalía,
sin denuncia de por medio.
La grabación encierra las claves
de las irregularidades que se conocieron años después. En ella sale por primera
vez a relucir un nombre que a priori pasó inadvertido, Juan Lanzas, el
«conseguidor» de los ERE, y se intuye una trama de favores vinculada a la
formación. «Si la
ciudadanía de a pie supiera todas estas cosas, la realidad política de todos
los partidos, de cómo se mueven, habría un golpe de estado ciudadano»,
sentenciaba Mellet en la cinta. No sabía lo equivocado que estaba.
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