jueves, 19 de marzo de 2015

Un juez investiga si hubo amaño en la mayor adjudicación de Díaz, y Susanidá dice que "es un lío de empresas" + Un concurso presuntamente amañado de Ambulancias Tenorio (245 millones de euros) ocurrió cuando Susana Díaz ya era presidenta de la Junta

 TRIBUNALES. En el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla
  •  Indaga sobre el concurso de ambulancias en Sevilla: unos 245 millones por 10 años.
  • Una empresa denuncia que cambiaron las reglas para favorecer a Ambulancias Tenorio
Una ambulancia de la concesionaria del SAS, en el complejo...

¿Un secreto a voces?



Queridos mortales: Me he propuesto ir desentrañando lo que yo llamo "Los misterios de Susana" en temas relacionados con la Su-Sanidá Andaluza. No son temas que estén escondidos, sino que han pasado desapercibidos por completo¿Sabéis la cantidad de gente que ha tenido ahora su primera noticia sobre, por ejemplo, el tema de las subastas? Cuando en mi círculo yo cuento determinadas cosas, en un 90% de las ocasiones la respuesta que obtengo es algo como "¡¡¿¿Pero qué diiiiiishe, miarmaaaa??!!" ( But, what are you sayiiiiiing, my weaponnnn??). 


Un concurso presuntamente amañado de Ambulancias Tenorio (245 millones de euros) ocurrió cuando Susana Díaz ya era presidenta de la Junta


Un concurso presuntamente amañado de Ambulancias Tenorio (245 millones de euros) ocurrió cuando Susana Díaz ya era presidenta de la Junta








TRIBUNALES

En el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla

Un juez investiga si hubo amaño en la mayor adjudicación de Díaz

  • Indaga sobre el concurso de ambulancias en Sevilla: unos 245 millones por 10 años
  • Una empresa denuncia que cambiaron las reglas para favorecer a Ambulancias Tenorio

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla está investigando el presunto amaño del mayor concurso público licitado y adjudicado por la Junta de Andalucía en la corta etapa de la Presidencia de Susana Díaz. Se trata de la contratación del servicio de ambulancias de la provincia de Sevilla a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos SL por un montante que puede superar los 245 millones de euros.

La empresa Andaluza de Ambulancias SL (ADA), que concurrió formando la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla junto con la sociedad Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía SL (SSGA), ha denunciado graves irregularidades durante el proceso mediante una querella criminal contra 16 personas, entre ellos altos cargos y medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El juez Juan Jesús García Vélez -el mismo que investiga el caso UGT- ha ordenado ya abrir diligencias al apreciar indicios de delito en un auto fechado el 9 de marzo al que ha tenido acceso EL MUNDO.

ADA, que denuncia la manipulación del concurso público mediante la modificación de las condiciones a mitad del proceso de licitación, exigiendo documentación no prevista en los pliegos, alude a presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas.

El concurso público se convocó el 10 de octubre de 2013, cuando Susana Díaz llevaba ya poco más de un mes al frente de la Junta de Andalucía y apenas unos días después comienzan las presuntas irregularidades, al ampliarse el plazo de presentación de ofertas hasta las 20 horas del 13 de noviembre de 2013. "No consta el motivo real de la ampliación del plazo", señala la querella.

Sólo dos empresas presentaron ofertas, la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla, a la que pertenecía la denunciante ADA, y la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos SL, que resultó finalmente adjudicataria. A partir de ese momento, se ralentizan los plazos del concurso.

La mesa de contratación se reunió en distintas ocasiones para ir abriendo uno a uno los cuatro sobres de las ofertas y el día 13 de marzo de 2014 se produce un hecho inesperado. En esas fechas, la mesa de contratación y la comisión técnica ya conocían la cuantía de las dos ofertas económicas presentadas, siendo la de la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla más ventajoso que el precio ofertado por Ambulancias Tenorio SL.

La comisión técnica preguntó a la mesa de contratación si procedía solicitar a los dos licitadores una documentación no prevista en los pliegos: permisos de circulación, fichas técnicas y originales o copias legalizadas notarialmente o compulsadas por el mismo órgano que emitió el original de las tarjetas de transporte de todas las ambulancias incluidas en la oferta, además, con fecha anterior al 13 de noviembre de 2013, el día que acababa el plazo para presentarse al concurso.

La mesa de contratación admitió la solicitud de la comisión técnica, pero con la condición de que no se tuviera en cuenta para puntuar el concurso, ya que se trataba de un trámite no contemplado en los pliegos. En éstos se recogía la entrega de dicha documentación una vez que el concurso se hubiera adjudicado y sólo por parte del adjudicatario final con carácter previo a la firma del contrato.

Los denunciantes consideran que carece de sentido exigir una documentación compulsada notarialmente para no tenerla en cuenta y, de hecho, basan su denuncia en que dicho cambio de las normas del concurso con éste ya iniciado resultó determinante para que finalmente Ambulancias Tenorio e Hijos SL fuera el adjudicatario.

Hay que recordar que esa petición se plantea en marzo de 2014, cuando las tarjetas de transporte de las ambulancias se han renovado con el inicio del nuevo año y las antiguas han sido sustituidas por otras actualizadas.

Pues bien, recoge la querella de ADA que, «en un ejercicio de clarividencia asombroso, Ambulancias Tenorio e Hijos SL presentó copias legitimadas notarialmente de las tarjetas de transporte de sus vehículos correspondientes a 2013» antes de saberse que la comisión técnica tenía previsto requerirlos pese a no estar contemplado en los pliegos.

Como la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla no tenía ya las tarjetas de transporte del año anterior, porque las había entregado al renovarlas el 1 de enero de 2014, presentó las vigentes. La mesa de contratación no le tuvo en cuenta dicha documentación, según los denunciantes, por lo que su oferta fue penalizada. Pero es que, además, «sorprendentemente», para el lote 1 del concurso, correspondiente a la provincia de Málaga, la mesa de contratación sí admitió las tarjetas de transporte con fecha 2014 y fueron puntuadas «favorablemente por la comisión de Málaga, mientras que la de Sevilla adoptaba el criterio justamente opuesto».

«La comisión no sólo ha tenido en cuenta tales documentos a la hora de puntuar, sino que ha basado su sistema de puntuación exclusivamente en dichos documentos», según la querella redactada por el abogado sevillano Carlos Román, que asegura que ello supuso para la UTE «la pérdida de puntuación de los vehículos ofertados».

Según los denunciantes, ha habido «una modificación sustancial de los términos de la licitación» ya que se cambiaron «de manera consciente, voluntaria y relevante las normas del procedimiento a mitad de su tramitación».

Para acreditarlo, ADA ha aportado un correo electrónico remitido el 27 de abril de 2014 por un directivo del SAS que participó en el proceso de adjudicación del lote de Málaga, admitiendo que «algunos criterios se han modificado» y que ello cambiaría el resultado del concurso en Málaga.

Después de que la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla protestara en el seno del proceso de adjudicación por el cambio de las reglas del juego a mitad del concurso, el 6 de junio de 2014 el SAS adjudicó el servicio de ambulancias de la provincia de Sevilla a Ambulancias Tenorio e Hijos SL por ser «la oferta económicamente más ventajosa».

Según la querella, si no se hubieran alterado las normas de contratación a mitad del proceso de licitación, la adjudicataria habría sido la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla, que además presentó una mejor oferta económica, 47,9 millones por los dos primeros años y 239,5 millones de euros, como máximo, en caso de que el concurso se renovara por diez años.


Un concurso presuntamente amañado de Ambulancias Tenorio (245 millones de euros) ocurrió cuando Susana Díaz ya era presidenta de la Junta

Un concurso presuntamente amañado de Ambulancias Tenorio (245 millones de euros) ocurrió cuando Susana Díaz ya era presidenta de la Junta

En 2013, la Sección Sindical de UGT de la empresa Ambulancias Tenorio, conocida desde hace años como empresa "amiga" de sectores del PSOE andaluz, confesaba haber presionado para que las adjudicaciones siguieran llegando a la empresa de sus preferencias calificando de  "empresas piratas" y de ganar dinero a costa de los enfermos a las empresas competidoras. Por ello, confesaba habían  efectuado gestiones con la Consejería de Salud en Sevilla, con las gerencias de algunos hospitales y centros de salud y con el PSOE de Sevilla con el fin de obtener la adjudicación del contrato para su empresa, Ambulancias Tenorio, SL. Y las gestiones tuvieron éxito en cuanto Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta. El concurso público se convocó el 10 de octubre de 2013, cuando  llevaba poco más de un mes al frente de la Junta de Andalucía y  días después comenzaron las presuntas irregularidades.


Ahora, cuenta El Mundo, el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla está investigando el presunto amaño del mayor concurso público licitado y adjudicado por la Junta de Andalucía en la corta etapa de la Presidencia de Susana Díaz. Y se trata de Ambulancias Tenorio e Hijos SL, con un montante de cerca de 250 millones de euros. La denunciante ha sido la sociedad Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía SL (SSGA), que ha denunciado graves irregularidades durante el proceso mediante una querella criminal contra 16 personas, entre ellos altos cargos y medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).













































Pero fueron ABC y Libertad Digital los que investigaron el caso hace más de seis meses. Desde julio de 2014, una única empresa, Ambulancias Tenorio e Hijos SL, había logrado el monopolio del transporte sanitario programado y urgente que generaban los 188 centros de salud y nueve hospitales de la provincia de Sevilla. A cambio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagaría 49,1 millones de euros cada bienio a esta empresa ubicada en la capital hispalense y administrada por Juan José Tenorio Rodríguez.
El «megacontrato», que se firmó el 18 de julio, permitía sucesivas prórrogas durante una década, por lo que podría llegar a facturar 236 millones de euros al organismo de la Junta. Ambulancias Tenorio e Hijos SL se hizo con este  contrato a pesar de que su oferta superaba en 1,2 millones a la de su único competidor en Sevilla. cuya oferta habría ahorrado 1,2 millones de euros a la sanidad andaluza.
Curiosamente Ambulancias Tenorio rompió  un preacuerdo que tenía con ADEA para concurrir unidos y la mesa de contratación rehusó puntuar gran parte de su flota de ambulancias de la competidora (hasta 94 vehículos) amparándose en que carecían de la tarjeta de transporte, que no puede obtener hasta 2014,  y de la autorización administrativa sanitaria, una documentación que no estaba prevista en el pliego. 
Ahora, el  juez Juan Jesús García Vélez –el mismo que investiga el caso UGT– aprecia  indicios de delito en la manipulación del concurso público mediante la modificación de las condiciones en el proceso de licitación, y menciona presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas.
El caso afecta a  los directores generales de Gestión Económica y Servicios del SAS Inés Bardón Rafael, que ocupó el cargo durante parte del proceso, y su sustituto, Horacio Pijuán González, que realizó la adjudicación. La querella se dirige también contra los siete miembros de la mesa de contratación de los servicios de apoyo del SAS –Luisa Marín, Carmen Fernández, Carlos González, Carmen Acero, Santiago Rodríguez, Dolores Bejarano y Florinda Rodríguez–, así como los integrantes de la comisión asesora que puntuó las ofertas (Dolores Rioja, Inmaculada Rodríguez, Rafael Márquez, José María Martínez, Francisco Bonilla, José Franco y Urbano Paz).

La consejera de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, garantizó que el concurso se había realizado con estricto cumplimiento de la ley y "respetando absolutamente los procedimientos y los plazos establecidos". El PP andaluz denunció que no se trataba de un procedimiento común, porque lo que se había hecho era otorgar "un monopolio", a partir de una actuación que está plagada "de incertidumbres". Por ello, preguntó a la consejera si era normal que se adjudicara el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara, con una diferencia de1,2 millones de euros. Además, a una de las empresas, añadió, no se le puntuó en la flota de ambulancias la tarjeta de transporte porque carece de las mismas, obviándose que no se pueden obtener, por imperativo legal, antes del fallo del certamen. Y también preguntó por qué se puntuó una documentación "solicitada a posteriori" que no está prevista en el pliego de licitación, y si se puede garantizar que todos los vehículos de la empresa ganadora cumplen con la normativa vigente.

El PP se refirió al "tráfico de coincidencias" evidente entre las manifestaciones del sindicato UGT y la concesión del contrato a Ambulancias Tenorio. Otra coincidencia es que la empresa adjudicataria comprara 90 ambulancias con un riesgo de tres millones de euros "días antes del concurso" y sin conocerse el pliego de condiciones.


Ambulancias Tenorio y el caso Guerra
El caso Guerra fue muy amplio y llegó hasta los entresijos del Servicio Andaluz de Salud. Según informó ABC en 1991, dos amigos de Juan Guerra, José Pardo García y Rafael Fernández Campano fueron denunciados por Ambulancias Tenorio ante el gerente provincial de SAS en Sevilla.

El gerente del SAS entonces, Agustín Ortega Limón, refirió ante el juez instructor del caso, Ángel Márquez, que había recibido una visita de Juan Guerra, asistente de su hermano Alfonso por aquel entonces en la Delegación del Gobierno de Sevilla, para explicarle que en realidad, la empresa Ambulancias Tenorio quería quitar de en medio a sus dos amigos porque conocían las anomalías en la facturación de esta empresa. Es más, cuenta ABC que Juan Guerra mostró documentación que podría demostrar que Ambulancias Tenorio cobraba por servicios no realizados.

Pardo García y Fernández Campano eran por entonces los empleados públicos que ordenaban el tráfico de ambulancias en la provincia de Sevilla. A ambos se les abrieron sendos expedientes disciplinarios como consecuencia de la denuncia de Ambulancias Tenorio en 1991.

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