- El TSJA investiga si la Junta esta legislando para saltarse los controles. Funcionarios recurren el decreto que modifica los estatutos de IDEA y le da más competencias.
- Colecta para litigar; las agencias de la "administración paralela"; IDEA y la Agencia de la Energía; Cooperación internacional.
- Burofax a la vicepresidenta Soraya Sáez.
Todo el que no haya ingresado, puede hacerlo, hay están los enlaces a consultar.
Ver enlace, margen superior derecho del blog.
Nueva CUENTA DE INGRESO para nuestra defensa judicial.
Cuenta de ingreso DMD
Nombre entidad: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA (0019) Sucursal: 0050 - PL. DE LA MAGDALENA, 9,41001 SEVILLA
Nº Cuenta: 0019-0050-08-
IBAN: ES19-0019-0050-08-4010104425
Concepto: Pago recursos + defensa Asoc DDyGP (Consignar provincia)
Titular: Luis Escribano del Vando -gestor de la cuenta DMD
¿Expolio generalizado de fondos públicos? ¿Corrupción institucional : ERES, Invercaria, IDEA, Empresas Públicas, Faffe, Formación....?¿Todo en los entes de la Administración instrumental y paralela?
Y la ESPA nos dice:
La lucha continúa. Los funcionarios con nuestras aportaciones hemos conseguido que la Asociación Defiendo Mi Derecho denuncie a la Junta y sea investigada por el TSJA.
¿Se saltan los controles legislando ad hoc? Aún estás a tiempo de ingresar los 20 euros precisos para ello- Si no luchas por lo tuyo, nadie lo hará por tií. Los funcionarios no somos sino la base organizativa y garante de la Administración (la de verdad, sin "paralelas"). --
Maxima Difusión, en prensa. 2 ª vía judicial contra la Reordenación del Sector Público = recursos IDEA +AAE+ AACID. En junio realizaremos otra colecta para completar el presupuesto de los recursos judiciales en marcha.
El
TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles
28-3-2015 La intervención señala a los auditores en el fraude formación.
28-3-2015 La intervención señala a los auditores en el fraude formación.
El TSJA investiga
si la Junta está legislando para saltarse controles
- Funcionarios recurren el decreto que le da más competencias a la IDEA
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está
investigando si el Gobierno andaluz está legislando para saltarse los
controles, a pesar de que alardea de lo contrario.
Aunque la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía,
la socialista Susana Díaz, presume de que se están incrementado los controles
para evitar que se repitan casos de corrupción como el de los ERE irregulares,
que acumula ya 275 imputados, lo cierto es que se están dictando normas que van
en el sentido contrario, ya que se están traspasando competencias clave a
agencias públicas, donde los controles son mucho más laxos que en una
consejería.
El TSJA está ya analizando la
demanda interpuesta por la asociación de funcionarios de la Junta de Andalucía
Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública contra el decreto de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero en funciones
José Sánchez Maldonado, que modifica los estatutos de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
La Agencia IDEA está en el epicentro del mayor caso de
corrupción de la historia andaluza, como caja pagadora de los ERE que investiga
la juez Mercedes Alaya.
Con la excusa de
adaptar la Agencia IDEA a la polémica Ley de Reordenación del Sector Público
andaluz, más conocida como ley del enchufismo -supuso la integración en la Administración de más de
25.000 trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones
públicas-, el Gobierno andaluz aprobó el 26 de agosto de 2014 el decreto
que modifica los estatutos de IDEA.
Entre los motivos que se hicieron públicos el año pasado
para justificar el cambio legal, se subrayó que era para «avanzar en la
transparencia y reforzar el control y la gestión interna y externa».
Una modificación relevante que se ha incluido es la que atribuye al Consejo
Rector de IDEA las funciones de autorizar y aprobar las actuaciones e
inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000
euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros, frente a los 1,2 millones
anteriores. El Consejo de Gobierno
ratificará posteriormente aquellas autorizaciones de gasto que superen esta
cantidad, equiparándola así con los límites previstos en la Ley de la Hacienda
Pública de Andalucía.
Respecto a las competencias, los estatutos especifican que corresponde a la Agencia IDEA la gestión de los denominados
«fondos sin personalidad jurídica, o fondos reembolsables». Estos instrumentos de ayuda, actualmente once con
una dotación global de más de 1.000 millones de euros, cubren todas las «fases
del desarrollo empresarial», según la Junta.
La asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra el
decreto sobre IDEA, mantiene que los controles en esta Agencia y en general en
todo el entramado de la conocida como administración paralela son menores que
en una consejería.
Como ejemplo, explica que los expedientes en IDEA se tramitan sin la fiscalización previa por parte de
la Intervención General de la Junta,
tanto de los compromisos de gasto como de las órdenes de pago de fondos
públicos. Esta fiscalización constituye «uno de los pilares del control férreo
al que están sometidos los expedientes de gastos en la Administración General,
y que impide un uso indebido del dinero público», dice Luis Escribano, miembro
de la junta directiva de la asociación de empleados públicos.
Todo el sistema para
repartir ayudas sería irregular. Si la Agencia IDEA tramita subvenciones, como el
decreto recurrido ante el TSJA le permite, lo haría con personal sujeto al Derecho Laboral, que «no debería hacerlo,
salvo que a sabiendas lo hicieran incumpliendo el ordenamiento jurídico»,
destaca Defiendo mi Derecho.
Para Escribano, «es de tal calibre la aberración de la
normativa andaluza» que habrá «unas contradicciones muy graves, creando una
gran inseguridad jurídica que el Estado de Derecho no debe permitir».
La Junta «sigue
empeñada en vaciar a la Administración general, con las consejerías y las
agencias administrativas, de las funciones administrativas que implican el
ejercicio de potestades públicas de la misma» y que deben ser ejercidas por
funcionarios, argumentan desde el colectivo.
Burofax a la
vicepresidenta.
Hasta el despacho de
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha llegado la lucha
de los funcionarios de la Junta contra el traspaso de competencias clave al
entramado de agencias y fundaciones, más conocido como 'administración
paralela'.
La presidenta de la asociación 'Defiendo mi Derecho y la
Gestión Pública', Guillermina Bermejo, ha remitido un par de burofax a Sáez de
Santamaría, en los que la alerta sobre «la corrupción institucionalizada» en Andalucía.
Bermejo solicita a la vicepresidenta su «intervención urgente»
ante la «ingeniería jurídica» que ha derivado de la Ley de Reordenación del
Sector Público andaluz, aprobada en 2011 y que ahora está recurrida ante el
Constitucional.
La Reordenación es más conocida como 'ley del enchufismo'
porque supuso la integración en la Administración de más de 25.000 trabajadores
del conglomerado de agencias y fundaciones, tildados de 'enchufados'. «En Andalucía se está desmantelando la
Administración General de la Junta», subraya el escrito remitido a la
vicepresidenta del Gobierno.
El colectivo advierte que en Andalucía se está montando un
«sistema ilegal, diseñado en fraude de ley por el Gobierno andaluz», que excede
de la lucha del colectivo de funcionarios, por lo que pide al Gobierno que
intervenga.
El pasado julio, un asesor de Sáenz de Santamaría le remitió
una carta a Guillermina Bermejo en la que le indicaba que las competencias en
este asunto son de la comunidad autónoma. «Por lo tanto, espero que entienda
que el Gobierno debe respetar el ejercicio de las competencias que son propias
de otras administraciones públicas», finaliza la misiva.
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