- La Junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo.La juez Mercedes Alaya sostiene en sus autos de imputación que desde la Consejería de Empleo se habría ordenado que “No se controlara” el dinero.
- La CEA recibió 11 millones de euros de la junta por cursos de formación que no ha impartido.
- Operación 'Barrado' La juez Alaya acusa a la Junta de crear 'una red de clientelismo político' a través de la formación Según la magistrada, desde la Consejería de Empleo "se impartían órdenes"Alaya resalta la "coincidencia" en el tiempo de ocho operativas "identicas" desarrolladas por ocho altos cargos "distintos" lo que evidencia que hubo instrucciones de "no controlar el dinero."
- Dos denuncias contra el ex alto cargo de la Junta. = ¿modelo "Irene Sabalete?; modus operandi = ¿"la familia socialista lo primero"?
- La CEA recibió 11 millones de la Junta por cursos que no ha dado. Tras sucesivas prórrogas, el plazo para finalizar la formación concluyó hace tres meses
Alaya acusa pero Susana Díaz no se da por aludida.
La captación de la clientela electoral se hacía sobre la base del robo al ciudadano desde la Junta de Andalucía se ha organizado una red para delinquir.
Los andaluces han votado hace cuatro días y han
dado su respaldo mayoritario a un Gobierno del que se sabe hace mucho tiempo
que ha amparado prácticas fraudulentas de la peor estofa y cuyos miembros, por
lo menos los de segundo nivel, se han enriquecido con el dinero público
destinado a los parados. No ha votado ni engañado ni
ignorante el pueblo andaluz.
Por eso tiene una carga enorme de melancolía cualquier
consideración que se pueda hacer ahora, con motivo de los últimos autos de la
juez Alaya. Porque más claro no se puede decir, y más
terrible no puede ser. Lo que la juez afirma con todas las palabras es que desde la Junta
de Andalucía se ha organizado una red para delinquir. No sé si tanto escándalo repetido nos ha acabado
anestesiando y ya no tenemos capacidad de reacción o es que nos hemos
acostumbrado a considerar normales o, por lo menos, tolerables enormidades como
la que apunta la juez en sus escritos.
Ella afirma que desde la Junta se daban
las órdenes a las delegaciones de Empleo de las provincias andaluzas ¡para que
no controlaran el dinero que recibían para destinarlo a la formación! En
definitiva, que se instruía a los delegados para que facilitaran y lubricaran
el robo de los fondos públicos. Hay una
cantidad enorme de detenidos y el fiscal pide para algunos de ellos fianzas
millonarias y, sin embargo, aún no se ha producido la más mínima explicación, ni la
menor dación de cuentas, ni la dimisión de ningún responsable político de esa
Junta, salvo las renuncias de los detenidos que
aún conservaban sus puestos en la administración.
Pero esto exige que la recién elegida
presidenta se presente ante la opinión pública y se cubra la cabeza de cenizas,
porque es tan escandaloso este desfile ante la Justicia de la recua de altos
cargos, que no puede de
ninguna manera permitirse el lujo de considerarse exenta de plena
responsabilidad y darse por no aludida. Hay
situaciones que entran de lleno en lo intolerable y ésta lo es. Pero a la hora de cierre del periódico Susana Díaz no había
dicho ni una palabra.
El enésimo escándalo que cerca
al Gobierno autonómico andaluz apunta cada vez más arriba y cada vez con mayor
concreción. Dice la juez que de lo que se trataba era de crear
una red de clientelismo político, y a fe que lo lograron. Lo tremendo del caso
es que esa captación de clientela electoral se hacía sobre la base del robo a
los ciudadanos. Con ese método y con el método Sabalete, por el que se amenazaba a los trabajadores con la pérdida de
su empleo si no se lanzaban a la calle para hacer campaña a favor del PSOE,
se ha forjado
en Andalucía el sometimiento de muchos votos. Votos férreamente cautivos
pero votos tan válidos
como los votos libres. Todos ellos juntos,
sumados y revueltos dieron el domingo el espaldarazo a esa forma de gobernar.
¿Es o no para sumirse en la melancolía?
Operación 'Barrado'
La Red clientelar andaluza
La juez Alaya acusa
a la Junta de crear 'una red de clientelismo político' a través de la formación
Según la magistrada, desde la Consejería de Empleo "se
impartían órdenes"
La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía
habría creado "una red de clientelismo político" a través de la
formación, según expone en los distintos autos
de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos
por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto
fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.
Fuentes del caso han informado de que, en sus autos, la
magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde
la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las
distintas delegaciones provinciales de Empleo "para que no se controlara
el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red
de clientelismo político".
La juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros ocho detenidos que han comparecido en sede
judicial, la última de ellas la hasta ayer delegada de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, que se ha negado a
declarar y que ha quedado en libertad con cargos después de que la magistrada
le haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales
públicos y fraude de subvenciones.
También han quedado en libertad con cargos la exdelegada de
Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado
Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su "absoluta
inocencia"; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y
la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de
las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán,
para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis
millones de euros.
Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con
cargos la pasada madrugada a las ex directoras generales de Formación
Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara -para quien la Fiscalía
Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de
euros- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene
Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte
(Huelva), Ana María Orihuela.
Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún
tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de
Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de
Empleo Antonio Fernández.
Hasta 13 de los
detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados
provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y
Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron
inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.
Nuevas revelaciones
La CEA recibió
11 millones de la Junta por cursos que no ha dado
Tras sucesivas
prórrogas, el plazo para finalizar la formación concluyó hace tres meses
La Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) recibió 11 millones de euros de la Junta de
Andalucía para que impartiera cursos de
formación destinados a desempleados que no se han dado.
Distintas fuentes empresariales consultadas por EL MUNDO
confirman que la CEA no ha impartido ni un solo curso formativo
destinado a desempleados, de la última convocatoria ofertada por la Junta de
Andalucía, la del año 2011, a pesar de que el
plazo para que se celebraran concluyó hace tres meses, el pasado 30 de diciembre
de 2014.
Si la CEA ha recibido una cantidad millonaria por unos cursos
que no ha impartido, ahora tendrá que devolver el dinero con los
correspondientes intereses legales a la Junta, que debe abrir el correspondiente expediente de reintegro,
como ha ocurrido con UGT, al que la Junta reclama la devolución de 15,3
millones de euros tras el escándalo de las facturas falsas, o con decenas de
empresas.
Precisamente la CEA,
junto a los sindicatos UGT y CCOO y otras empresas, forman parte de las
pesquisas de la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude de los cursos de
formación, como beneficiarias de ayudas millonarias que la Junta repartió sin
control. A este caso
corresponde la redada contra la corrupción del pasado lunes, en la que la
Guardia Civil detuvo a 16 cargos y ex cargos de la Administración andaluza.
La CEA, que preside Javier González de Lara, solicitó a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que dirige en funciones Luciano
Alonso, sucesivas prórrogas para ampliar el plazo en el que podrían celebrar
las acciones formativas subvencionadas. La Administración andaluza accedió,
pero el último plazo expiró hace tres meses, sin que se hubiesen desarrollado
los cursos, como reconocieron todas las fuentes consultadas. Tras ser
requeridas por este diario, ni la CEA ni la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte quisieron ofrecer detalle alguno sobre este asunto.
Los 11 millones de
euros que se embolsó la CEA corresponden a un anticipo concedido por la Junta
correspondiente a la subvención de 18,7 millones aprobada en Consejo de
Gobierno el pasado 27 de diciembre de 2011, durante la etapa de José Antonio
Griñán como presidente de la Junta. En aquel
Consejo de Gobierno se repartieron 89,9 millones de euros entre la CEA y los
sindicatos UGT-A y Comisiones Obreras de Andalucía para que impartieran 2.825
cursos de formación profesional dirigidos tanto a desempleados como a
trabajadores en activo. En teoría, esas
acciones formativas iban a beneficiar a 93.203 personas durante 2012.
Además de los 18,7 millones de euros para cursos para
desempleados, la CEA recibió en aquel Consejo de Gobierno del año 2011 otros
17,4 millones de euros para acciones formativas para trabajadores en activo.
Fraude de 24 millones
Otras fuentes empresariales
consultadas por este diario elevaron la cuantía del presunto fraude de la CEA
con los cursos a nada menos que 24 millones de euros. Según estas fuentes, la Confederación de Empresarios
andaluza ha recibido como anticipo el 50 por ciento de las subvenciones que le
concedió el Gobierno andaluz en la convocatoria de 2011, que ascendieron a 48
millones de euros, y no ha celebrado ni un solo curso. «La CEA no ha ejecutado
nada, ni un solo curso de la convocatoria de 2011. Es de dominio público»,
remarcó la fuente.
Internamente, el secretario
general de la CEA, Antonio Carrillo, se ha reunido con los secretarios
provinciales y les ha expuesto la situación crítica en la que están inmersos. En esos encuentros habría reconocido que
la Junta les ha pagado un anticipo del 50 por ciento de los 48 millones de
euros concedidos. La CEA celebra hoy en Antequera una asamblea general.
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