Una firma falsificada destapó el fraude en los cursos de formación: La Junta de Andalucía tardó 17 meses en investigar la denuncia de la monnitora

• La monitora de un curso denunció que una empresa de Ojeda simuló su rúbrica.
• La Junta de Andalucía tardó 17 meses en investigar la denuncia de la monnitora

LA RÚBRICA FALSA Y LA AUTÉNTICA. Sobre estas líneas se reproduce la ficha que constaba en la Junta de Andalucía de la monitora María Virginia L. T., donde se detallan datos inexactos y aparece una firma que no es la de ella. Este documento lo aportó la docente con la denuncia que presentó ante los juzgados de Algeciras el pasado 8 de junio de 2012 y que ya suma al menos dos imputaciones. La firma auténtica -en la imagen de la derecha- consta en un escrito de junio de 2011 en el que requiere documentación. ANDALUCIA La rúbrica data del año 2011

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/14/548cded522601d4c668b4580.html

ANDALUCIA La rúbrica data del año 2011

Una firma falsificada destapó el fraude en los cursos de formación

• La monitora de un curso denunció que una empresa de Ojeda simuló su rúbrica
• La Junta de Andalucía tardó 17 meses en investigar la denuncia de la monnitora

LA RÚBRICA FALSA Y LA AUTÉNTICA. Sobre estas líneas se reproduce la ficha que constaba en la Junta de Andalucía de la monitora María Virginia L. T., donde se detallan datos inexactos y aparece una firma que no es la de ella. Este documento lo aportó la docente con la denuncia que presentó ante los juzgados de Algeciras el pasado 8 de junio de 2012 y que ya suma al menos dos imputaciones. La firma auténtica -en la imagen de la derecha- consta en un escrito de junio de 2011 en el que requiere documentación.

Una monitora de un curso de formación impartido por una empresa del ex consejero Ángel Ojeda puso en conocimiento de la Junta de Andalucía en 2011 que habían falsificado su firma y que se habían incluido datos inventados en su ficha docente con la intención de superar los controles administrativos, lo que motivó un año después un procedimiento judicial que se ha cobrado ya varias imputaciones y con el que empezó a destaparse la trama de Ojeda.

A la espera de que avance la investigación que dirige la juez Alaya, las presuntas irregularidades en la gestión de la formación por parte de las empresas del ex consejero de la Junta han motivado ya que laInspección de Trabajo y Seguridad Social levantara actas de infracción por el impago de salarios (el 6 de junio de 2012) y que la Administración autonómica le abriera un expediente sancionador (el 2 de septiembre de 2013) por el desvío de parte de la subvención a otros fines.

En febrero de 2011, la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura -una de las entidades que formaban parte del entramado de Ángel Ojeda- seleccionó a la diplomada María Virginia L. T. para impartir un curso de auxiliar de enfermería en geriatría en Algeciras. Esa acción formaba parte de un paquete de 30 cursos financiados por la Consejería de Empleo mediante la concesión a Natura de una subvención de 1.499.047,50 euros en 2010.

La monitora empezó a impartir la formación el 28 de marzo de 2011 sin que se le hubiera formalizado aún el contrato de trabajo, que iba a ser bajo la modalidad de obras y servicios y con una retribución bruta mensual de 1.624 euros.

Según su denuncia, el 6 de abril le dijeron en la empresa que la Junta había modificado supuestamente la forma de pago de los salarios a los profesores y que debía darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Así, se le abonarían 6.360 euros mensuales, de los que ella tendría que transferir 3.960 euros aServicios Docentes Profesionales (Serpro) por ser la empresa que había invertido el dinero de la subvención en acondicionar las naves industriales en las que se impartirían los cursos.

Ante lo «extraña» e «ilegal» de la propuesta, María Virginia L.T. y otros dos profesores renunciaron el 14 de abril a seguir impartiendo la formación y al día siguiente presentaron una reclamación ante laDelegación de la Consejería de Empleo en Cádiz denunciando los hechos.

Las sospechas de la monitora se agravaron en mayo de ese año, cuando pudo constatar que la firma que figuraba en su ficha docente no era la suya y que no coincidían otros datos que aparecían en dicho documento. Las dos rúbricas no se parecen en nada, como se puede apreciar en las reproducciones.

El 8 de junio de 2012, una vez conseguida la documentación que acreditaba las presuntas irregularidades, María Virginia L. T. interpuso denuncia ante los juzgados de Algeciras al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Públicay contra la Seguridad Social.

«Fui al juzgado porque me percaté de que había una firma falsa y me preocupó. Qué documentos falsos podría haber por ahí firmados en mi nombre para justificar los 15 días que estuve impartiendo el curso», relató la monitora a este periódico.

17 meses sin investigar

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, si bien este órgano se ha inhibido ya en favor del juzgado de Mercedes Alaya por encontrarse esta investigando el desvío de fondos para formación a otros fines distintos. La causa suma al menos dos imputados que son empleados de Natura.

Llama la atención que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tardara 17 meses en abrir un expediente de información reservada en relación con las irregularidades denunciadas por la docente, que presentó la primera reclamación ante la Delegación de la Consejería de Empleo en Cádiz el 15 de abril de 2011.

De acuerdo con la documentación que consta en las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, la Junta era consciente de la gravedad de los hechos denunciados al menos desde el 2 de mayo de 2012. Ese día, atendiendo a la «notoria gravedad» de la denuncia de la monitora, la Dirección de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleoenvió un escrito al entonces delegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, por el que le pedía un «informe exhaustivo y detallado».

En su respuesta, Bouza argumentaba que la Dirección General no había dictado «instrucciones expresas» que marcaran una «hoja de ruta capaz de dar respuesta a cualquier situación». Por ello, proponía, «dada la problemática existente en el control y el seguimiento de las acciones formativas respecto a los formadores y tutores», que se creara un equipo de trabajo que analizara las irregularidades denunciadas por María Virginia L.T. a fin de elaborar un «protocolo sobre las labores de seguimiento y control en las acciones formativas».

No fue hasta el 18 de septiembre de 2012 cuando la dirección gerente del SAE acordó incoar expediente, resuelto por la instructora el 28 de marzo de 2013. Ésta concluyó que Natura había cometido una infracción muy grave por la «no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida».

El 2 de septiembre de 2013, la secretaría general de Formación Profesional y Educación Permanente acordó abrir un procedimiento administrativo sancionador por el motivo invocado por la instructora.

TRES AÑOS HASTA ALAYA

15/4/2011

María Virginia L.T. informa a la Delegación de Empleo en Cádiz de las irregularidades en un curso impartido por una empresa del ex consejero Ojeda.

27/5/2011

La docente constata 'in situ' que en su ficha de monitor consta una firma que no es la suya.

8/6/2012

Mª Virginia L.T. presenta una denuncia ante los juzgados de Algeciras por delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

18/9/2012

El Servicio Andaluz de Empleo acuerda abrir un expediente de información reservada tras las irregularidades denunciadas por la monitora.

7/3/2014

La juez Mercedes Alaya abre las diligencias 966/2014 para investigar el desvío a otros fines de subvenciones para formación. La juez ha asumido también la denuncia de la docente.