domingo, 7 de diciembre de 2014

Máxima difusión. De lectura recomendada. Es peligroso asomarse.. .... Pasquau que no es magistrado de carrera y que accedió al TSJA a instancias del PSOE, y que sobreseyo aforados como Sanchez Gordillo, será el instructor de los aforados autonómicos implicados en el amaño de los ERE ¿¿¿???

A VUELTA DE PÁGINA 
Es peligroso asomarse 

¿Cómo puede pretenderse que instruya el saqueo de los ERE en el TSJA un magistrado como Pasquau, promovido a instancia del partido de los investigados? Por su propio prestigio y el de la Justicia, no debiera aceptarse. Si la mujer del César debe ser honrada y, además, parecerlo, no cabe menos en un juez.

IDÍGORAS Y PACHI


Pasquau no es magistrado de carrera, sino profesor de Derecho Civil en Granada. Accedió al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) a instancias del PSOE. Fue merced a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial -certificado de defunción de Montesquieu y su separación de poderes extendido por Alfonso Guerra, luego refrendado por el PP- que estipula que, en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores, una de cada tres plazas se cubran con un «jurista de reconocido prestigio» a propuesta del Parlamento autonómico. En esa entrada bloguera, donde se cuestionaba sibilinamente la legitimidad de su carácter de juez del TSJA, advertiría Pasquau que «Es peligroso asomarse», título del blog y que evoca la leyenda que figuraba en las ventanillas de los trenes antiguos

.....Para más inri, este magistrado y novelista, quien ha venido sobreseyendo a aforados como Sánchez Gordillo, amparado en la falta de pruebas de supuestos delitos grabados por televisiones, será el instructor de los aforados autonómicos implicados en el amaño de los ERE (los exconsejeros Vallejo, Ávila, Recio y Aguayo), una vez que el Supremo resolvió quedarse sólo con la investigación de los aforados en Cortes (los expresidentes Chaves y Griñán, así como los exconsejeros Zarrías, Viera y Moreno). En el estado actual de falta de credibilidad de la Justicia, ¿cómo puede pretenderse que instruya el saqueo de los ERE en el TSJA un magistrado como Pasquau, promovido a instancia del partido de los investigados? Por su propio prestigio y el de la Justicia, no debiera aceptarse. Si la mujer del César debe ser honrada y, además, parecerlo, no cabe menos en un juez.

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.....Mientras los que mandan designen a los jueces y dispongan sus medios, no valdrán leyes nuevas. Al decir del clásico, «el hombre tenía poder, el juez buenas ganas de hacerle placer». ¿A qué negarlo? Los gobiernos son los primeros beneficiados de que la Justicia no funcione. Elaboran reformas para atarla de pies y manos.


Aun cuando la politización de la Justicia sea extrema, nadie -ni el Rey- puede obligar a un juez a obrar injustamente, por lo cual es a ese juez al que hay que acusar. Más cuando la Justicia, y con ellos los ciudadanos, se juega más en el veredicto de los ERE que quienes gobernaron asistidos por la corrupción. Aunque entrañe sumo peligro asomarse a la ventanilla del tren, un togado, como vienen haciendo Alaya, la de los ERE, y otros colegas, debe atenerse a su deber y, una vez satisfecho, hacer suyo.......

La Fiscalía Anticorrupción se opone al recurso de la Junta contra la juez Alaya


¿Quien combate el «crimen organizado en sus manifestaciones más graves» por incumplimiento de la legalidad?



http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/07/54841846e2704e59718b456b.html


A VUELTA DE PÁGINA

Es peligroso asomarse

En  esta carrera a calzón quitado que parece haberse desatado por guardar las apariencias y aparecer como campeón en la lucha contra la corrupción, nadie rehúsa, especialmente aquellos que tienen más que callar, en presentar planes con medidas prometidas de hoy a mañana durante años, sin que ese mañana amaneciera nunca. Incluso, hay quienes echan su cuarto de espadas y animan a los seguidores de sus blogs a que se sumen a esta campaña de salud nacional. Como el juez ubetense Miguel Pasquau, quien glosa las iniciativas de sus seguidores. Pero hizo una excepción cuando uno de ellos le trasladó, sin ditirambos, que ni jueces ni fiscales fueran elegidos o propuestos por partidos, algo postulado -por cierto- esta semana en el cónclave nacional de Jueces Decanos. La callada por respuesta.

Pasquau no es magistrado de carrera, sino profesor de Derecho Civil en Granada. Accedió al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) a instancias del PSOE. Fue merced a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial -certificado de defunción de Montesquieu y su separación de poderes extendido por Alfonso Guerra, luego refrendado por el PP- que estipula que, en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores, una de cada tres plazas se cubran con un «jurista de reconocido prestigio» a propuesta del Parlamento autonómico. En esa entrada bloguera, donde se cuestionaba sibilinamente la legitimidad de su carácter de juez del TSJA, advertiría Pasquau que «Es peligroso asomarse», título del blog y que evoca la leyenda que figuraba en las ventanillas de los trenes antiguos.

Para más inri, este magistrado y novelista, quien ha venido sobreseyendo a aforados como Sánchez Gordillo, amparado en la falta de pruebas de supuestos delitos grabados por televisiones, será el instructor de los aforados autonómicos implicados en el amaño de los ERE (los exconsejeros Vallejo, Ávila, Recio y Aguayo), una vez que el Supremo resolvió quedarse sólo con la investigación de los aforados en Cortes (los expresidentes Chaves y Griñán, así como los exconsejeros Zarrías, Viera y Moreno). En el estado actual de falta de credibilidad de la Justicia, ¿cómo puede pretenderse que instruya el saqueo de los ERE en el TSJA un magistrado como Pasquau, promovido a instancia del partido de los investigados? Por su propio prestigio y el de la Justicia, no debiera aceptarse. Si la mujer del César debe ser honrada y, además, parecerlo, no cabe menos en un juez.

Tras los trabajos y los días de la juez Alaya, el interés del dictamen de estos altos tribunales estribará no tanto en la suerte que corran los ilustres justiciables como en saber el estado de la Justicia. Es menester averiguar si Chaves, Griñán et alii impulsaron o consintieron un sistema de corrupción institucionalizada, pero más calibrar la independencia de esas Salas con líderes de un partido clave del sistema.

Si el TSJA parece una dependencia administrativa de la Consejería de Justicia, como se encarga de subrayar su presidente, Lorenzo del Río, cada vez que opina, el Tribunal Supremo viene ejerciendo de Sala de Absoluciones de los aforados. Asemeja a la piscina probática de Jerusalén a la que, según el Evangelio de San Juan, un ángel descendía y agitaba el agua sanando al primer enfermo que se sumergía entre el gentío que anhelaba su aparición.

La consistente indagatoria de Alaya se lo ha puesto arduo a unos Altos Tribunales que han debido, al menos, abrir procedimiento. Su designio cogió a contrapié a Susana Díaz, quien se puso estupenda creyendo que la Corte Suprema daría con la puerta en las narices a la magistrada, como antaño hizo con la ayuda millonaria de Chaves a la sociedad minera apoderada por su hija y que, al cabo, la Junta reclama en los juzgados por no ajustarse a legalidad. Al salirle el tiro de la culata, ha reculado sobre cuando deberían dimitir sus padrinos y sitúa la raya en ese horizonte que se aleja a medida que se avanza.

Al atinar con el cabo de la madeja, Alaya tuvo el tesón y el genio de tirar del hilo desmadejando la red urdida en una década y que ha hecho al PSOE insumergible electoralmente. Una cadena recia de complicidades e ilegalidades, pero que podría haber saltado con aventurarse a intentarlo. Hubo de aguardarse a que la instructora de los ERE diseccionara la anatomía del régimen y escudriñara sus rincones. Viendo como se la cogen con papel de fumar quienes malversaron papeles de curso legal provenientes de fondos públicos para parados, trae a la mente la anécdota de quien inspecciona un huerto y certifica que se ha arramblado con toda la fruta y alguien le refuta, aportando como prueba en contra un par de manzanas y tres peras localizadas por su cuenta, como si ello rebatiera el fondo del asunto.

Después de descubrir el operativo de los ERE para contrabandear las arcas públicas y enjugar un sistema clientelar al servicio del partido en el Gobierno, hay quienes acechan a Alaya, cual fieras salvajes. No le perdonan el craso error, en esta sociedad de silencios maestrantes, de fijar su atención en lo que nadie quería ver y sólo irrita al cosecharse las uvas de la ira de la crisis. Luego de meter una y mil veces la cabeza en la boca del león, sacándola hasta ahora siempre indemne, algún malandrín no desperdiciará ocasión de arrancársela.

Aun con una legislación que parece estar hecha contra los robagallinas, según el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se puede mostrar dureza extrema con los ángeles caídos de la política como Pacheco o con una tonadillera para distraer a la plebe, y prodigar benignidades injustificables a quienes disfrutan de agarraderas. ¿Cuántos aforados han condenado el Supremo y el TSJA por corrupción? La respuesta explica la situación y encierra la razón de los actuales derroteros. Mientras los que mandan designen a los jueces y dispongan sus medios, no valdrán leyes nuevas. Al decir del clásico, «el hombre tenía poder, el juez buenas ganas de hacerle placer». ¿A qué negarlo? Los gobiernos son los primeros beneficiados de que la Justicia no funcione. Elaboran reformas para atarla de pies y manos.

Se entiende la inquietud de los afectados y del PSOE al sentenciarse un régimen con el marchamo de sus siglas. Pero menos a los desaprensivos que los disculpan tras corroborarse que uno de los «cuatro golfos» de los que habló Chaves puede ser precisamente el bueno de Manolo. Tratan de excusarlo arguyendo que cómo iba a estar en el ajo o agarrándose al clavo ardiendo de que no se habría lucrado. Tampoco Kohl, padre de la reunificación alemana, se embolsó un chavo del traficante de armas que financió ilegalmente a la CDU, finiquitando su carrera en 1999 tras ser condenado a una multa de 100.000 E. Si Blair, en el arreón contra la prensa de su adiós, parafraseó a un antecesor que achacó a ésta tener poder sin responsabilidad, prerrogativa de las rameras, menos es admisible tal poder sin responsabilidad en quienes lo encarnan.

Aun cuando la politización de la Justicia sea extrema, nadie -ni el Rey- puede obligar a un juez a obrar injustamente, por lo cual es a ese juez al que hay que acusar. Más cuando la Justicia, y con ellos los ciudadanos, se juega más en el veredicto de los ERE que quienes gobernaron asistidos por la corrupción. Aunque entrañe sumo peligro asomarse a la ventanilla del tren, un togado, como vienen haciendo Alaya, la de los ERE, y otros colegas, debe atenerse a su deber y, una vez satisfecho, hacer suyo el desquite de Samuel Johnson con el Conde de Chesterfield, cuando completó su Diccionario de la Lengua Inglesa, tras regatearle su mecenazgo: «No es un protector quien contempla con indiferencia a un hombre que lucha por su vida con el agua hasta el cuello, y cuando llega a tierra firme lo estorba con su ayuda».

francisco.rosell@elmundo.es

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