FRAUDE DE LA FORMACIÓN
- Los verificadores hallan numerosas irregularidades en las subvenciones para sus cursos
- Los importes de las ayudas concedidas superan los 20 millones de euros anuales
- El Gobierno andaluz 'oculta' su gestión en una nueva agencia de formación
El gobierno andaluz sigue intentando retrasar la bomba de relojería de la formación...
En todos los expedientes presentados, los encargados de comprobar que el uso de este dinero se ajusta a la normativa europea propones la "no certificación del gasto", dadas la numerosas irregularidades detectadas, según explica un informe interno.
La Agencialización Juntera = Administración instrumental y paralela de la Junta.
Kalfkiano.. = ¿Un fraude, millonario que pagamos todos...?
La Administración juntera se pide la devolución del dinero ¿a ella misma?
La Junta esta abriendo "numerosos " expedientes de reintegro a cada uno de los consorcios. = pide a sus 14 entes instrumentales que devuelvan el dinero de la subvención que ella misma les ha dado....
Se produce un caso similar al de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), investigada por la juez Alaya y extinguida por el Gobierno andaluz, cuya gestión también pertenecía a la propia administración autonómica. Tras el caso de la Faffe, los 14 consorcios de formación se constituyen en la segunda rama de irregularidad protagonizadas por la propia juna.
En el mes pasado, el Gobierno aprobó un Decreto Ley para integrarlos en una nueva agencia, la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. Acaba así con la forma jurídica que tenían y cambiaban su modelo económico. ¿ Por que?.....
La razón es un cúmulo de irregularidades en la financiación y gestión de los consorcios, que los ha llevado a una situación financiera «insostenible», según advierte el informe. Dada la opacidad de la Junta al respecto, la única estimación económica existente es un informe de la Cámara de Cuentas de 2013, que señala que el importe total concedido en los años 2008 y 2009 fue de 23.922.733 y 20.646.023 euros, respectivamente.
Maxima difusión -La normativa europea tumba la gestión de los consorcios de formación de la Junta
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/27/54771aa3ca47410e2f8b4584.html
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
La normativa europea tumba los gastos de los consorcios de la Junta
- Los verificadores hallan numerosas irregularidades en las subvenciones para sus cursos
- Los importes de las ayudas concedidas superan los 20 millones de euros anuales
- El Gobierno andaluz 'oculta' su gestión en una nueva agencia de formación
El Gobierno andaluz sigue intentando retrasar la bomba de relojería que supone el caso de la formación. En el gabinete de Susana Díaz existe un gran nerviosismo por el desarrollo judicial del caso, especialmente en las ramas en las que la Junta sería la protagonista de un posible fraude, en vez de la víctima, como se está presentando en el caso de los ERE y de posibles estafas por parte de academias de formación. Además, al contrario que los expedientes de regulación de empleo, la gestión de este fraude ha estado íntegramente en manos de la nueva coalición de PSOE e IU, por lo que el coste político del caso recaería en Susana Díaz.
El equipo de verificación del Fondo Social Europeo, encargado de comprobar que el uso de esas subvenciones se ajusta a la normativa europea, ha devuelto las justificaciones del gasto de todas las ayudas por las irregularidades detectadas en la gestión de los 14 consorcios escuelas de formación, calificados como «entes instrumentales» de la Junta de Andalucía desde 2007.
Según un informe interno al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, las incidencias puestas de manifiesto por la DirecciónGeneral de Fondos Europeos supone que los gastos totales de las subvenciones anualmente convocadas para los consorcios «no pueden ser certificadas ante el Fondo Social Europeo». «En todos los expedientes el equipo de verificación devuelve la documentación con un anexo, en el que manifiesta que de los expedientes analizados que se rigen por dicha normativa se detectan con carácter general incidencias que no permiten garantizar ni la elegibilidad del gasto, ni una correcta pista de auditoría conforme a lo establecido en la normativa comunitaria, por lo que se propone la no certificación del gasto», explica el informe.
Como consecuencia, la Junta está abriendo «numerosos» expedientes de reintegro a cada uno de los consorcios «por diversas causas derivadas de la gestión de los mismos». Es decir, la Junta pide a sus 14 entes instrumentales que devuelvan el dinero de la subvención que ella misma les ha dado, tras detectar una gestión irregular de las ayudas.
Se produce así un caso similar al de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), investigada por la juez Alaya, y extinguida por el Gobierno andaluz, cuya gestión también pertenecía a la propia Adminstración autonómica. Tras el caso de la Faffe, los 14 consorcios de formación se constituyen en la segunda rama de irregularidades protagonizadas por la propia Junta.
El mes pasado, el Gobierno andaluz aprobó un decreto para integrarlos en una nueva agencia, la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. Acababa así con la forma jurídica que tenían y cambiaba su modelo económico. ¿Por qué?
La razón es un cúmulo de irregularidades en la financiación y gestión de los consorcios, que los ha llevado a una situación financiera «insostenible», según advierte el informe. Dada la opacidad de la Junta al respecto, la única estimación económica existente es un informe de la Cámara de Cuentas de 2013, que señala que el importe total concedido en los años 2008 y 2009 fue de 23.922.733 y 20.646.023 euros, respectivamente.
La historia de los consorcios escuela de formación profesional comienza en 1991, cuando se constituyen 14 centros formativos en colaboración con las corporaciones locales donde se situaban. Entonces, eran considerados entidades locales y se regían por sus normas.
No obstante, la aprobación de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta convierte a los consorcios en «entes instrumentales de la Junta», en virtud de su artículo 12. Es decir, desde 2007, los consorcios pertenecen a la Administración autonómica, aunque sus estatutos nunca se adaptaron a ese cambio legal, por lo que han seguido aplicando el régimen jurídico y sistema contable de las corporaciones locales.
La financiación de estos entes se realizaba a través de una subvención directa del Servicio Andaluz de Empleo, sin ningún tipo de concurso público. Esas ayudas procedían al 80% del Fondo Social Europeo, en concreto, del Programa Operativo para Andalucía 2007/2013. Por este motivo, desde la concesión de la subvención hasta los gastos que se le imputan deben cumplir la normativa europea, algo que no ocurría como regla general.
«Se ponen de manifiesto numerosas irregularidades de procedimiento en la concesión de las citadas subvenciones, tanto en lo referido al procedimiento de concurrencia no competitiva, al no concurrir las circunstancias excepcionales que justificarían la elección de este procedimiento, como en cuanto al seguimiento de las acciones formativas y la justificación de los gastos realizados por los beneficiarios», asegura el informe.
Este cúmulo de irregularidades tuvo consecuencias: impago de nóminas, de gastos corrientes, embargos de la Seguridad Social, cortes de suministros básicos y facturas impagadas a proveedores.
La Junta está notificando los requerimientos de reintegro a los ayuntamientos que participan en los consorcios. De hecho, la única información facilitada al respecto es la presentada por la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, que recabó las reclamaciones a tres ayuntamientos del PP por unos 17 millones.
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