martes, 28 de octubre de 2014

Maxima difusión. FAFFE y SAE. CORRUPCIÓN El fraude de la formación La Junta se revuelve contra Alaya tras pedir documentos de la etapa presidencial de Susana Díaz ¿¿???. Y esto lo hace el Gabinete Jurídico de la Junta, que lo pagamos todos ¿?


  • Intenta anular la instrucción negando la competencia de la juez ratificada ya por la Fiscalía
  • El Gobierno andaluz cree nula la investigación, incluida la declaración del testigo clave.
  • Anticorrupción avisó de que 'no existen motivos' para una cuestión de competencia.



  • Susana Díaz, en un acto público con profesionales de Oncología y...
    Susana Díaz, en un acto público con profesionales de Oncología y asociaciones contra e cáncer. CONCHITINA


    La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha declarado definitivamente la guerra a la juez Mercedes Alaya nada más dar la magistrada el paso definitivo que sitúa al actual Gobierno andaluz -y no a los antiguos de José Antonio Griñán o Manuel Chaves- en el ojo del huracán de la corrupción por el presunto fraude masivo de la formación, en concreto por la escandalosa gestión desarrollada en los consorcios escuelas.




    Los auditores cuestionaron, para empezar, que las ayudas se dieran a dedo. Había casos paradójicos en los que el alto cargo que concedía las subvenciones era el mismo que las solicitaba a través de los consorcios. Aparte, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -que costeaba las ayudasincumplía «todas las condiciones y requisitos» en su tramitación: no había valoración técnica de los proyectos subvencionados ni constaban «las actas de revisión que evidencien que se haya comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria presentadas cumplen los requisitos exigidos». Finalmente, las cuantías de las subvenciones se determinaban de manera discrecional, constatándose «un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que el SAE haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro». 

     Todos estos elementos pueden justificar la solicitud de Alaya, que también reclama documentación de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe). En concreto, con base en las revelaciones de Teodoro Montesla juez concede diez días para que la Dirección General de Carlos Cañavate le remita un informe detallado de todos los expedientes en los que la Faffe actuó como agente externo, y que indique la fecha, el importe de la subvención, la entidad beneficiaria y los rendimientos económicos obtenidos por la Fundación en cada caso. 

     También requiere al SAE que aporte el organigrama en el que se establezca la estructura de la Faffe desde su inicio en el año 2003 hasta hoy, así como sus cargos directivos, tanto de dirección general como de las gerencias provinciales y oficinas de la fundación, donde la Cámara de Cuentas ya detectó un agujero de 48,8 millones de euros.



    Conclusión: Implacable contra la corrupción









    http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/28/544f459ae2704e4a6d8b456c.html


    CORRUPCIÓN El fraude de la formación

    La Junta se revuelve contra Alaya tras pedir documentos de la etapa presidencial de Susana Díaz

    • Intenta anular la instrucción negando la competencia de la juez ratificada ya por la Fiscalía

    • El Gobierno andaluz cree nula la investigación, incluida la declaración del testigo clave

    • Anticorrupción avisó de que 'no existen motivos' para una cuestión de competencia


    Susana Díaz, en un acto público con profesionales de Oncología y...
    Susana Díaz, en un acto público con profesionales de Oncología y asociaciones contra e cáncer. CONCHITINA





    La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha declarado definitivamente la guerra a la juez Mercedes Alaya nada más dar la magistrada el paso definitivo que sitúa al actual Gobierno andaluz -y no a los antiguos de José Antonio Griñán o Manuel Chaves- en el ojo del huracán de la corrupción por el presunto fraude masivo de la formación, en concreto por la escandalosa gestión desarrollada en los consorcios escuelas.

    Alaya reclama ahora el acta del Consejo de Gobierno presidido por Díaz el 28 de enero donde se acordó la disolución de tres consorcios. Y la respuesta inmediata de la presidenta ha sido la presentación de un recurso por parte del gabinete jurídico de la Junta para que la juez deje de investigar el destino de las ayudas formativas, acusándola de«autoatribuirse» una instrucción que -según los letrados autonómicos- sería nula en todo lo desarrollado por la magistrada, incluida la demoledora declaración del funcionario Teodoro Montes, el testigo protegido del supuesto fraude.

    Lo más sorprendente es que la Junta adopta esta medida pese a que el pasado miércoles la Fiscalía Anticorrupción avisó de que «no existen motivos» para plantear una cuestión de competencia en este asunto, ya que hace un año la Audiencia Provincial de Sevilla aclaró que a Alaya le corresponde investigar las supuestas irregularidades de los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz, entre otras razones porque ya tenía avanzada la investigación sobre las ayudas concedidas a empresas del conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas.

    Contra el criterio de la Fiscalía, el bipartito se lanza ahora en los tribunales contra la juez. Y no parece casual que lo haga en cuanto Alaya ha pedido el acta de un consejo de gobierno presidido por Díaz que resulta muy polémico no sólo a la luz del testimonio de Teodoro Montes en sede judicial, sino a tenor de lo manifestado por el actual director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Carlos Cañavate, durante su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el pasado 4 de julio.

    Tres consorcios

    En el Consejo de Gobierno del pasado 28 de enero, la Junta aprobó el desmantelamiento de tres consorcios, a saber: el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman) de Málaga; el Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de la localidad onubense de Almonte; y el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), en el municipio gaditano de San Fernando. La decisión se tomaba «tras un estudio de la situación administrativa y económica» donde se habrían puesto de manifiesto «motivos jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcio- namiento que aconsejan la conveniencia de la supresión».

    Alaya no sólo reclama el acta del Consejo de Gobierno, sino también la previa del consejillo -la reunión preparatoria de los viceconsejeros con el consejero de Presidencia- «y los informes emitidos y/o recibidos por la Junta en relación a dichos consorcios escuelas y a la situación de los restantes», seguramente para analizar los motivos por los que se optó por suprimir y no por denunciar judicialmente los hechos. Y es que, como adelantó EL MUNDO de Andalucía, Carlos Cañavate aseguró a la Guardia Civil que nada más llegar a la Dirección General tuvo que cerrar el grifo de las subvenciones a las tres entidades mencionadas -Forman, Formades y CTI- porque «estos consorcios, inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE».

    Cañavate, en definitiva, vinculaba a los tres consorcios suprimidos con «una de las posibles bolsas de fraude en la formación» cual sería la subcontratación de los cursos, una práctica que Susana Díaz se ha comprometido a erradicar de cara al futuro para -según declaró del director general- «evitar, si hubiera, la existencia de grupos de empresas que pudieran acudir de manera concertada para recibir subvenciones y justificar de manera fraudulenta».

    Por su parte, el funcionario Teodoro Montes testificó ante Alaya que «al menos dos veces» se había quejado internamente de que había que «hacer comentarios» sobre los consorcios. Sobre el que él supuestamente inspeccionaba en la provincia de Sevilla, la Escuela de Artesanos de Gelves, denunció que hasta 2014 «nunca ha habido control de lo que allí se ha desarrollado», ya que los datos de dicho consorcio directamente no aparecían en el sistema informático de seguimiento de los cursos de formación (el denominado Gefoc) porque no reunían «las características necesarias e imprescindibles» para poder inscribirlos «con normalidad».

    «No puede controlar porque no se graba, no puede grabar porque no se fiscaliza», explicó a la juez el jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de la Junta para denunciar «la ausencia de fiscalización previa del gasto». Por ello, en el auto en el que reclama el acta del Consejo de Gobierno de enero presidido por Díaz, Alaya también solicita a la Intervención General de la Junta que en el plazo de tres días le remita el informe de fiscalización que realizó del consorcio de Gelves «respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2009».

    Un imputado en el 'caso ERE'

    En este punto quizá haya que recordar que esta entidad estuvo presidida hasta octubre de 2008 por el antiguo delegado de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, imputado en el fraude de los ERE por su inclusión en la póliza de prejubilaciones de Calderinox pese a no haber trabajado nunca en dicha empresa. En un informe de fiscalización de la subvenciones de la Consejería de Empleo, la Cámara de Cuentas de Andalucía denunció el año pasado que, tras su cese en el consorcio, Rodríguez Cordobés también cobró una indemnización de 21.512 euros, costeada con la ayuda de formación para el empleo pese a no tener «naturaleza subvencionable».

    La Cámara de Cuentas arroja más sombras de duda sobre la actuación del Gobierno de Díaz investigada por Alaya. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la decisión de suprimir los tres consorcios se produjo hace diez meses, justo cuando el órgano fiscalizador detalló en otro informe numerosas irregularidades en la gestión de las ayudas otorgadas a la red escuelas de formación de la Junta.

    Los auditores cuestionaron, para empezar, que las ayudas se dieran a dedo. Había casos paradójicos en los que el alto cargo que concedía las subvenciones era el mismo que las solicitaba a través de los consorcios. Aparte, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -que costeaba las ayudas- incumplía «todas las condiciones y requisitos» en su tramitación: no había valoración técnica de los proyectos subvencionados ni constaban «las actas de revisión que evidencien que se haya comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria presentadas cumplen los requisitos exigidos». Finalmente, las cuantías de las subvenciones se determinaban de manera discrecional, constatándose «un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que el SAE haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro».

    Todos estos elementos pueden justificar la solicitud de Alaya, que también reclama documentación de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe). En concreto, con base en las revelaciones de Teodoro Montes, la juez concede diez días para que la Dirección General de Carlos Cañavate le remita un informe detallado de todos los expedientes en los que la Faffe actuó como agente externo, y que indique la fecha, el importe de la subvención, la entidad beneficiaria y los rendimientos económicos obtenidos por la Fundación en cada caso.

    También requiere al SAE que aporte el organigrama en el que se establezca la estructura de la Faffe desde su inicio en el año 2003 hasta hoy, así como sus cargos directivos, tanto de dirección general como de las gerencias provinciales y oficinas de la fundación, donde la Cámara de Cuentas ya detectó un agujero de 48,8 millones de euros.

    Tras sentir la respiración de Alaya en el cogote, el Gobierno de Susana Díaz se ha revuelto, denunciando judicialmente las dudas generadas durante el interrogatorio a Montes por el propio abogado de la Junta. Sin embargo, el criterio de hace un año de la Audiencia de Sevilla, refrendado por la Fiscalía hace una semana, se antoja difícilmente mutable. Pero hay orden expresa de extender la guerra de la Junta contra Alaya a los tribunales, un hecho que sorprende hasta al portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, quien se confiesa «entre asombrado y estupefacto» de ver «cómo Díaz está dedicada exclusivamente a atacar a la juez y a obstruir el caso de los cursos de formación», algo «totalmente inaceptable» y atribuible al «nerviosismo del PSOE andaluz».

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