lunes, 29 de septiembre de 2014

Articulo de opinión de los compañeros de Aguas, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El dedo en una Administración pública es inadmisible.

La pregunta del millón...

¿Piensa el Gobierno poner un mecanismo para debatir y aprobar los proyectos de ley, el referido “por cojones” o “por huevos” y si es así, podría explicarnos el Gobierno en qué consiste exactamente este mecanismo?.





Es claro deducir que el control sobre los políticos y funcionarios......es una función de nuestro Estado Garante por lo que la pregunta del millón es pertinente y de urgente respuesta. 

El político de alto rango, al tomar posesión de su cargo “jura” o “promete” por su conciencia y honor, desempeñarlo bien y fielmente, igualmente lo hace el funcionario, sea o no de alto rango, aunque uno se piense, en ambos casos, que es puro trámite. Si se falta al juramento se es un perjuro y si se incumple la promesa se es un falsario. Al tomar posesión del cargo, tanto el político como el funcionario se deben al ciudadano, no siendo su cometido anteponer, en ningún caso, ni los intereses personales ni partidistas, ni mucho menos el ánimo de lucro.




  • ASÍ ACTÚA EL POLÉMICO COMISARIO DE AGUAS de CHG.  El ‘número dos’ del Guadalquivir otorga a dedo más de 3 millones a empresas amigas


 

  • TRAS LAS REVELACIONES DE ‘EL CONFIDENCIAL’ El Ministerio ya investiga las adjudicaciones a dedo del presidente del Guadalquivir 


Desembalse en la cuenca del Guadalquivir (EFE)


http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-09-29/el-numero-dos-del-guadalquivir-otorga-a-dedo-mas-de-3-millones-a-empresas-amigas_218037/

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-09-24/el-ministerio-ya-investiga-las-adjudicaciones-a-dedo-del-presidente-del-guadalquivir_211372/

La pregunta del millón....

En el año 2008 un diputado pregunto al Gobierno de la Nación lo siguiente: 

¿Piensa el Gobierno poner un mecanismo para debatir y aprobar los proyectos de ley, el referido “por cojones” o “por huevos” y si es así, podría explicarnos el Gobierno en qué consiste exactamente este mecanismo?.

Esta pregunta fue finalista del Concurso la Pregunta del Millón, una de las categorías de premios anuales que concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios a los diputados del Congreso, senadores y europarlamentarios de España a las preguntas más singulares formuladas. Simples chascarrillos, que en el caso del referido “por cojones” o “por huevos es lo que se viene dando en las decisiones que, motu proprio,toman algunos gestores de organismos y administraciones públicas obviando la existencia de legislación, normativa e instrucciones varias de obligado cumplimiento.

Hay otras preguntas, como las que fueron realizadas por un grupo parlamentario en el Congreso de los diputados a finales de 2013, cuyas respuestas parecieron dar total satisfacción a las cuestiones planteadas, excepto a los empleados públicos afectados que llevaban meses alertando sobre el asunto. Al igual que la pregunta del año 2008, estas interpelaciones del año 2013 quedaron en simple anécdota, pero en este caso no optaron tan siquiera a ser clasificadas para su participación en el Concurso la Pregunta del Millón.

Normalmente, la pregunta del millón, resulta ser una frase que se suele utilizar para referirse a una “pregunta clave”, y que, se supone, será aquella que nos dará las luces necesarias para entender una situación, sacar conclusiones y tomar la decisión más acertada.

En innumerables ocasiones es inútil buscar respuesta a preguntas que no la tienen. Incluso, es tarea compleja, decidir, en cada caso, la pregunta del millón exacta. Si además elegimos una respuesta al azar a esta pregunta del millón ¿cuál es la probabilidad de que sea correcta?, pues todo da a entender que prima la intuición. Estadística básica.

Como cita pongamos esta: "Sobre un río hay un puente que divide dos propiedades y sobre el puente rige la siguiente ley: Quien pase por el puente ha de ser preguntado por sus intenciones, si dice la verdad podrá pasar, si miente, será ahorcado. Un juez debe determinar la suerte del que pase. Pero un cierto día, un individuo que pasó por el puente, preguntado por sus intenciones, respondió: vengo a ser ahorcado en esa horca y sólo a ello. En estas condiciones, el juez del puente se encuentra en un dilema". Capítulo 51 de la segunda parte de El Quijote.

Es obvio, que esto es un claro ejemplo de paradoja por aquello de “la pescadilla que se muerde la cola”: Si ahorcan al individuo habría dicho la verdad y deberían haberle dejado pasar, pero si lo dejan pasar entonces habría mentido y debería haber sido ahorcado.

Es claro deducir que el control sobre los políticos y funcionarios, y particularmente sobre aquellos que forman parte del primer escalafón; el propio Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y Ministros), del segundo escalafón; Secretarios de Estado, Directores Generales, del tercer escalafón; Subdirectores Generales y otros titulares de plaza en los altos cuerpos de la Administración del Estado y así en toda la línea jerárquica hasta su base, es una función de nuestro Estado Garante por lo que la pregunta del millón es pertinente y de urgente respuesta.

El político de alto rango, al tomar posesión de su cargo “jura” o “promete” por su conciencia y honor, desempeñarlo bien y fielmente, igualmente lo hace el funcionario, sea o no de alto rango, aunque uno se piense, en ambos casos, que es puro trámite. Si se falta al juramento se es un perjuro y si se incumple la promesa se es un falsario.

Al tomar posesión del cargo, tanto el político como el funcionario se deben al ciudadano, no siendo su cometido anteponer, en ningún caso, ni los intereses personales ni partidistas, ni mucho menos el ánimo de lucro. 

Atribulados e ignorantes, el estudio comparativo de las circunstancias de estas situaciones para tratar de prever su evolución y encontrar su solución, no nos cuadra.

No hace falta consultar con vidente alguno para saber que el barco de la gestión de los recursos públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace agua.Muchos no creen que la sangre vaya a llegar al río, ni el río a dividir su cauce. Pero... basta con mirar el panorama desde el puente.
  
Desearíamos ser capaces de formular la pregunta exacta, la del millón, y encontrar, en su respuesta, a aquel iluminado que postule un cargo conociendo de antemano cuáles son sus obligaciones. La sociedad lo necesita.

"Please Explain" ("Por favor, expliquen") las dudas legales sobre esta pregunta, para los profanos, la respuesta es enigmática.


ASÍ ACTÚA EL POLÉMICO COMISARIO DE AGUAS DE CHG

El ‘número dos’ del Guadalquivir otorga a dedo más de 3 millones a empresas amigas

Desembalse en la cuenca del Guadalquivir (EFE)


Rafael Álvarez Giménez, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva adjudicados en contrataciones a dedo más de tres millones de euros a empresas amigas. El cordobés Álvarez Giménez es el número dos de la confederación, cargo relevante en el organigrama de la CHG, y persona de máxima confianza del presidente, Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada. El Ministerio ya investiga las adjudicaciones de la confederación tras las revelaciones de El Confidencial.
El comisario de Aguas mima a las compañías Gabinete de Ingeniería Civil del Sur (GIS), Viguecons Estévez SL (estas dos de Córdoba) y Caminos y Cauces SA. En el caso de GIS, creada en 2000, ya ha conseguido un millón de euros desde que Álvarez fuera nombrado por Romero Ortiz en enero de 2013. En todo 2012 no logró ni un contrato. La empresa, cuyo administrador único esPedro Luis Juan López, está localizada en Córdoba, donde el comisario mantiene un despacho oficial, a pesar de que su puesto de trabajo se encuentra en la Plaza de España de Sevilla. Álvarez se reúne con frecuencia casi diaria con Juan López en Córdoba, no en la capital andaluza, según confirman a este diario empleados de la confederación.
Sólo en el último año ha obtenido seis contratos por el procedimiento negociado sin publicidad valorados en 72.000 euros cada uno. Se trata de “la digitalización de expedientes de uso privativo por disposición legal en las bases de datos a consecuencia de la integración de competencias sobre aguas al Estado en la zona de Córdoba”; la ejecución de trabajos de soporte técnico para “la revisión cartográfica, escaneado de documentos y grabación de datos en el sistema informático Alberca en la zona de Sevilla” y el desarrollo de trabajos de carácter técnico “para la mejora de la capacidad de desagüe de los cauces de la cuenca del Guadalquivir en Andalucía”, como se pruebe comprobar en la plataforma de contratación, externalizando las labores que antes eran realizadas por empleados públicos de la confederación.

Hay tres adjudicaciones más. Algunas con una denominación muy similar, como esta para “las aguas regables estatales de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir” en varios términos municipales; otra en la zona de Córdoba, además de trabajos a desarrollar en la sierra de Cazorla y en Úbeda,financiados con los fondos Feder. Todo esto sin tener en cuenta que la ley no considera necesaria la publicación en la plataforma de contratación de contratos menores y otras actuaciones de escaso presupuesto.
Contratos cuando Álvarez mandaba en la Junta
GIS, que también utiliza otras denominaciones (Despacho de Ingeniería Civil SL, Consultoría urbanística Andalusí SL y GIS Investments and Management, como acredita el Registro Mercantil), sí consiguió adjudicaciones públicas de Egmasa y de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) cuando la Junta de Andalucía asumió las competencias del río Guadalquivir (enero 2009-noviembre de 2011, que tumbó el Tribunal Constitucional). En esa etapa Álvarez fuegerente de la agencia pública en la provincia de Córdoba.
El grueso de la tramitación de los expedientes de concesiones y comunidades de regantes en la agencia era asumido por personal de TRAGSA y de EGMASA, incluidos los informes de campo. Esa plantilla iba encadenando contratos a través de empresas amigas del comisario, como ya alertaron funcionarios de la agencia. Las normas internas aplicadas para el servicio de Comisaría durante la gestión en la AAA, al igual que en la actualidad en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contravienen en muchos aspectosel Reglamento de Dominio Público Hidráulico del Ministerio, “marco legal para el correcto funcionamiento de la Comisaría de Aguas y para la prestación de ese servicio público al ciudadano”, según expone un ingeniero del organismo consultado por este diario.
Un servicio “bajo mínimos”
Hay más: estas instrucciones elaboradas por Rafael Álvarez de modo unilateralestán paralizando las funciones de los empleados públicos que desarrollan su trabajo para la Comisaría de Aguas perjudicando gravemente el servicio público que se debe prestar en cada provincia a la ciudadanía”, insisten estas mismas fuentes de la confederación, que alertan que el servicio de la Comisaría de Aguas se encuentra “bajo mínimos”. ¿Una de las consecuencias? La oficina de atención al ciudadano creada en Sevilla no funciona. Los usuarios que llaman intentando averiguar cómo va su expediente no son atendidos e incluso las resoluciones no se localizan.
Rafael Álvarez, primo de Rafael Ruiz Giménez, director general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, también ha entregado esta vez como obra de emergencia para “adecuación y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba” a Viguecons Estévez SL, pilotada por Francisco Rafael Estévez García, buen amigo también del comisario, por 1,8 millones de euros según acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo.
Carmen Crespo, junto a Manuel Romero.Carmen Crespo, junto a Manuel Romero.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó el 18 de diciembre de 2013 como noticia destacada en su página web la finalización de estos trabajos de limpieza. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, destacó que esas actuaciones contarían con una inversión de 1.860.000 euros. La CHG amplió la inversión inicial de esta actuación (prevista en 1,5 millones de euros) en 360.000 euros más, con el objetivo de reparar los desperfectos ocasionados en el Puente del Arenal por un incendio intencionado.
En UTE con Prointec, Viguecons logró este verano la adjudicación para el mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de nueve presas de titularidad estatal en Sevilla por un valor de 2,1 millonescomo consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de junio y en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 17 de junio.
González Vigo, parlamentaria del PP-A
El comisario de Aguas, con el visto bueno del presidente de la confederación, ha permitido un reparto de cromos provincial: Viguecons se quedó con este contrato de Sevilla e Isotrol con el de Córdoba. El presidente de Isotrol, José Luis Calvo Borrego, es la pareja de Carolina González Vigo, parlamentaria autonómica del PP-A y ex portavoz de Medio Ambiente del partido en Andalucía. González Vigo fue quien eligió a Romero Ortiz en un casting. Ambos son de Granada. El presidente de la confederación llegó a reconocer a este diario que la diputada del Partido Popular de Andalucía, ex mano derecha de Javier Arenas en el partido, era una “vieja amiga suya”. Isotrol también controla el sistema para evitar inundaciones en el río Guadalquivir, tras 22 años en manos de la multinacional Abengoa.
La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)
La adjudicación de las presas de Sevilla, por procedimiento abierto, está firmada por la secretaria general de la confederación, Consolación Vera, íntima amiga del comisario, y artífice de la vuelta de Álvarez a la CHG. Vera se habría saltado la norma al externalizar por concurso la tramitación y seguimiento de las licitaciones convocadas por el órgano de contratación y seguimiento de los convenios, como indica la plataforma. “Son tareas que requieren potestades públicas", denunció un ingeniero consultado por este diario, como se precisa en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se enfrenta a una denuncia ante la Fiscalía
El comisario de Aguas ya se enfrenta a una denuncia judicial presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva por Ecologistas en Acción ante unapresunta prevaricación al considerar que no actúa “contra las extracciones ilegales” del acuífero de Doñana, que se encuentra en “pésimo estado”. Según la organización, el comisario “no hace actuar a la Policía de Cauce de la Confederación a fin de perseguir actuaciones que podrían contravenir varias normas tanto en relación con la gestión del agua como de la ordenación del territorio, ni actúa en la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo”, señala la organización ecologista.
El Confidencial se puso en contacto telefónico con Rafael Álvarez, quien declinó hacer declaraciones a este diario. 


TRAS LAS REVELACIONES DE ‘EL CONFIDENCIAL’

El Ministerio ya investiga las adjudicaciones a dedo del presidente del Guadalquivir

Revisión a fondo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente investiga las adjudicaciones de contratos a dedo del presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz, que lleva publicando El Confidencial desde el pasado mes de julio. “Ya está al tanto la Inspección de Servicios. En el momento en que se conozcan los términos de lo ocurrido se actuará en consecuencia”, declararon a este diario fuentes oficiales de la secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Hasta ahora altos cargos del Ministerio como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, habían ignorado las denuncias de funcionarios de la confederación contra el trato de favor en adjudicaciones públicas otorgadas por Romero Ortiz, a amigos y empresarios relacionados con políticos del PP-A, como el presidente de Isotrol, José Luis Calvopareja de la parlamentaria andaluza Carolina González Vigo, persona muy cercana aJavier Arenas. El gabinete de prensa del secretario de Estado ha declarado aEl Confidencial: "En ningún caso ni se ha ignorado ni se está al margen de este caso. Es muy importante". 

  
El caso de Ramos de Armas no es aislado en el Ministerio. El ex número 1, el actual comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias-Cañete, también conocía la existencia desde enero de 2013 de presuntas irregularidades y el método de gestión del presidente de la confederación y su equipo de confianza (formado por la secretaria general, Consolación Vera, y el comisario de Aguas, Rafael Álvarez), como acreditó una denuncia presentada en 2013 por 50 funcionarios del organismo público.
En este escrito se pone de relieve cómo el equipo de Romero Ortiz infringe “de forma flagrante y reiterada” las Normas de Contratación impuestas por la “Instrucción de 22 de mayo de 2012 de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente Medidas de Austeridad y Racionalización del Gasto del Departamento y sus Organismos Autónomos”. Y añaden: “La contratación por el procedimiento negociado sin publicidad y el recurso de contratos menores han aumentado desorbitadamentedurante los últimos meses, igualmente las obras de reforma y gastos en mantenimiento han supuesto un aumento y, el ahorro en electricidad, combustible y otras fuentes de energía brillan por su ausencia”.


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La situación ha empeorado en los casi dos años que distan de este escrito a la situación actual. El presidente ha llegado a reuniones acompañado en el coche oficial de Calvo, la pareja de la parlamentaria del PP. También se reúne de modo continuo con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y adjudica contratos como el otorgado a su amigo Eduardo Ortiz, arquitecto, funcionario de la Junta de Andalucía, con quien coincidió en su etapa en el Parque de Sierra Nevada.
“Que investiguen todo”
El contrato para los servicios de mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de 14 presas de titularidad estatal en la provincia de Córdoba tiene una duración de 36 meses prorrogables. Hasta ahora era una gestión que llevaban a cabo empleados públicos de la CHG. "La gestión de la seguridad de las presas, cuya finalidad es la de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, se deja en manos privadas cuando es una función del Gobierno", subrayan a este diario fuentes expertas del sector.de desvío el arroyo Calzas Anchas. (EFE)
Arias Cañete inaugura el canal de desvío del arroyo Calzas Anchas. (EFE)
El presidente del Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla, Manuel Jiménez, pidió ayer, en declaraciones a El Confidencial, que la Inspección de Servicios aclarara “todo lo que está ocurriendo” en el organismo estatal. Que investiguen todo lo que esté mal hecho y que se descubra todo lo que tiene que salir. Los que estén implicados que apechuguen con las consecuencias. Es lo mejor para la confederación y todos los ciudadanos”, indicó Jiménez.
Lo certifica el BOE: “Sin control interno”
El pasado lunes se publicaron en el BOE las cuentas anuales de la confederación del año 2013. El informe, aunque “favorable con salvedades”, no obvia la mala gestión de Romero Ortiz. “No se ha aportado una relación detallada que permita comprobar la adecuación y composición del saldo de las cuentas que integran el Inmovilizado material a 31 de diciembre de 2013 y su adaptación a las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública. No se dispone de las herramientas de control interno suficientes para realizar dicha comprobación”, señalan los auditores.
“Considerando estas circunstancias –indica– no nos ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otros alternativos para obtener evidencia adecuada y suficiente de los elementos y la valoración de estos activos tal como constan y se describen en las cuentas anuales auditadas, constituyendo una limitación al alcance en el trabajo realizado. No obstante, en las pruebas realizadas en esta parcela podemos asegurar que la distinción entre las Construcciones e Inmovilizaciones materiales en curso es inadecuada”.     

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