jueves, 24 de julio de 2014

Importante. Maxima difusión. Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA.......la FAFFE, ya sabemos para que sirve....

...dando un paso al frente...


El sindicato llevaba 'años sin justificar' los cursos pero siguió obteniendo ayudas
•La CEA impidió de facto revisar sus aulas al convocar 100 cursos la víspera de su inicio
•UGT-A ordenó borrar el nombre de Manuel Pastrana en la factura de un viaje

21 Julio 2014 El responsable de la Formación Ocupacional de la Junta denunció a la juez Alaya la implicación de altos cargos en las irregularidades

2012-04-24. QUISO DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES.La Junta andaluza "empareda" a un funcionario díscolo.  Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades así que lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo.



Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA

·    El sindicato llevaba 'años sin justificar' los cursos pero siguió obteniendo ayudas

·         La CEA impidió de facto revisar sus aulas al convocar 100 cursos la víspera de su inicio

·         UGT-A ordenó borrar el nombre de Manuel Pastrana en la factura de un viaje 

La confesión de un alto funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto en el disparadero judicial no sólo a UGT y sus facturas falsas destapadas por EL MUNDO, sino también a CCOO y a la patronal andaluza, a los que el empleado autonómico acusa también de irregularidades en los cursos de formación.

Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional -adscrito ahora a la Consejería de Educación de la Junta que dirige el socialista Luciano Alonso-, denunció en agosto de 2013 (justo en medio de las revelaciones de EL MUNDO sobre la financiación ugetista) las "graves irregularidades" en la gestión de los cursos de formación que habrían consentido los sucesivos gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.

En su declaración ante los especialistas en Delincuencia Económica de la Guardia Civil -que figura en el segundo tomo del sumario que terminó asumiendo el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla tras pasar por las manos de la juez Mercedes Alaya-, no deja títere con cabeza.

Despreciar la inspección

Además de señalar con el dedo a UGT, Montes acusa en firme al otro sindicato mayoritario, CCOO, y a la patronal andaluza, la CEA, de despreciar y burlar sin ningún complejo a los funcionarios de la Administración regional encargados de inspeccionar y controlar los cursos de formación, principalmente porque «los informes negativos o con impedimentos» que elevaban a los antiguos responsables de la Consejería de Empleo no tenían «ningún efecto», puesto que, «al contrario de lo que pudiera pensarse», la Junta les beneficiaba «con más adjudicaciones» de cursos al año siguiente.

Esa impunidad ha provocado que, según este jefe de departamento, «CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones». Cobra sentido que los responsables de UGT de Andalucía hayan estado presumiendo, desde que estallara el caso de las facturas falsas, de haber sido la organización que más cursos había realizado y justificado ante la Junta: una forma sutil de acusar al resto de firmantes de los acuerdos de la concertación social impulsados sucesivamente por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mucho antes de comprobar la justificación efectiva de los cursos celebrados, la Administración regional tenía que homologar los centros de formación donde se iban a impartir aquéllos. Pero esa fase de control previa tampoco era efectiva, entre otras razones por artimañas de los agentes sociales. Ahí Montes señala con el dedo a la patronal andaluza, ya que la CEA habría llegado a presentar «más de cien cursos justo el día anterior» de su comienzo, «lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo».

Malos controles

El funcionario resalta que, paradójicamente, sindicatos y empresarios han llegado a alegar ante la Junta que, si iniciaban los cursos sin tener los centros homologados, era «por el mal funcionamiento del departamento de control». Y al final salían ganando, ya que los responsables de la Consejería de Empleo mantuvieron abierto el generoso grifo de las ayudas para la formación mientras internamente se dedicaban a dar «órdenes» para poner «todo tipo de impedimentos» a la labor inspectora.

El Gobierno andaluz también habría ajustado la ley a la medida de los presuntos infractores. Como las ayudas concedidas eran multimillonarias, se comprobó que «los agentes sociales no eran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas». Con esa reforma, asegura el alto funcionario, se permitió a sindicatos y empresarios cobrarle a las subcontratas una «comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%», justo el porcentaje al que apelaba el pasado viernes la líder de UGT-A, Carmen Castilla.

En el resumen de la declaración de Montes remitido por la Guardia Civil al juzgado, se resalta que «pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes», destacando los agentes de la UCO que éstas «permitían que los fondos dedicados a cursos de formación se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta».

  

El responsable de la Formación Ocupacional de la Junta denunció a la juez Alaya la implicación de altos cargos en las irregularidades

Teodoro Montes Pérez, responsable del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,  declaró en el juzgado de Mercedes Alaya que se adjudicaron "de manera arbitraría a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, así como de ia propia Junta de Andalucía." Además, denunció que se daba dinero para cursos que no tenían control ni inspección y que "el control económico de las facturas justificativas de los gastos no se realizaba." Con esta declaración, la Operación EDU se extiende a toda Andalucía y pone de relieve la participación de altos cargos del PSOE y de la Junta en su entramado. LEA SU DECLARACIÓN COMPLETA AL FINAL DE ESTE ARTÍCULO


Según el informe policial sobre estas declaraciones, "el análisis de las declaraciones de Teodoro MONTES pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes En este sentido identificó una partida de fondos para Formación Profesional Ocupacional gestionada directamente la Dirección General de Trabajo a nivel Comunidad Autónoma. En sus declaraciones Teodoro Montes describió una serie de ejemplos irregularidades por él detectadas en cursos financiados dentro de dicha partida."

Cuando el funcionario denunció todos estos hechos ante la Junta de Andalucía, fue víctima de un acoso tal que llegó al "emparedamiento", hostigamiento que fue denunciado por Libertad Digital hace más de dos años. Como Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio finalmente la razón al funcionario y condenó a la Junta. 

Extractos de la declaración de Montes: arbitrariedad y partidismo en la concesión de cursos

- A nivel provincial, "la asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas a las entidades encargadas de organizarlas, se ha hecho por parte de las autoridades administrativas sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Dándose la circunstancia que' existen entidades formativas a las que se le asignan muchos más cursos de los que pueden .asumir. Estas entidades suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones."

- " Además de este bloque "provincial" existe la asignación realizada por los servicios centrales (Dirección General de Empleo, código 98), la cual, a su juicio, se efectuaba de manera discrecional."

Muchos cursos no se realizaron
"PREGUNTADO para que diga si se han detectado irregularidades.
 
MANIFIESTA que sí. Que para señalarlas debe identificar individualmente .Ios expedientes concretos. Que por ejemplo se han detectado una cantidad significativa de cursos que no se han realizado o que no tienen conocimiento de su realización. Que para la identificación de estos expedientes concretos aportará a la Autoridad Judicial una lista de los expedientes en los que se detectan estas irregularidades.

PREGUNTADO si puede relatar alguna irregularidad que haya detectado, en el ejercicio de sus funciones, en la ejecución de las acciones formativas.

MANIFIESTA:  - La justificación de asistencia a cursos de alumnos que realmente no han asistido al mismo.
- .La no presentación de documentos justificativos de realización del curso ante el órgano de gestor, encargado del control y seguimiento.


No hay constancia de la realización de 450 cursos de la Fundación Andalucía del Fondo Formación y Empleo, FAFFE

- "Existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la FAFFE, que administrativamente según el departamento de gestión, encargado del control y seguimiento, no se puede certificar su materialización. 

Quiere añadir que una vez que el Servicio Andaluz de Empleo se subroga a todas las obligaciones de FAFFE, personal del mismo acude al SAE y participa en la. gestión, alterando y modificando los' expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos, y ante su queja,  personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna, por lo que el dicente como responsable de la custodia de esta documentación, presentó denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla. Copia de la denuncia presentada se une a la presente mediante DOC. 4."

La Junta desmanteló el departamento de control ante el temor de una investigación judicial
Además de subrayar cómo el propio procedimiento de la Junta favorecía el "sobredimenxionamiento del coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta", dijo que él era "el  encargado del análisis y control del gasto y que es a él al que se le deben presentar las facturas justificativas del gasto producido en cada una de las acciones formativas.
 
, PREGUNTADO por la situación actual de su departamento

MANIFIESTA que desde los últimos dos años, coincidiendo con la aparición de noticias sobre el caso de los Eres fraudulentos, y con la sentencia favorable al manifestante sobre el caso de "mobbing", ha percibido una tendencia en aumento por parte de la Administración, a acabar con su departamento, prohibiéndose a todo el cuerpo técnico su salida para la función de control, e incluso removiendo a su personal, de manera que desde el día 15 de abril (de 2013) el departamento está constituido únicamente por el manifestante.

De hecho, las programaciones de cursos que se están ejecutando en la actualidad son las correspondientes a las del año 2011, incluso un 70% de la misma se encuentra sin ejecutar, lo que pone nuevamente de manifiesto, que por parte de la Administración existe una necesidad imperiosa de controlar que una posible actuación judicial sobre estos fondos no produzca daños a sus responsables.'


La Junta cambió la ley  para que los Agentes Sociales practicaran la subrogación de los cursos quedándose con el 20 por ciento de su importe

Los proyectos de formación continua se iniciaron en el año 2005, con la intención de formar a personal ocupado en los diferentes sectores productivos, incluyéndose también financiación con finalidades de investigación. La formación continua se dividió en dos grupos, el sectorial y el intersectorial. Las entidades que ejecutaban las acciones formativas eran los Agentes sociales "y tres entidades más, que no recuerda el nombre, dedicadas a funciones sociales." En el intersectorial, fundamentalmente los Agentes sociales.

Pero "la cantidad de fondos aplicados a la formación continua, hizo que los Agentes sociales no fueran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que se cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas. Estas subrogaciones permiten por ley que cada una de las entidad adjudicatarias cuando firma la subrogación, obtengan de la subrogada una comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%."


En estos cursos persistió la falta de control: " El mecanismos de control es doble, el presencial, exigiendo la norma entre un 12%-15% de cursos visitados, control que por el número de técnicos es imposible llevar a cabo, y un segundo control mediante llamada telefónica a los interesados."

Además, "existe una excepción en las acciones formativas desarrolladas por la propia Delegación provincial, que no tienen partida presupuestaria asignada, 'desconociendo cómo se pagan."


Los responsables son los altos cargos de la Junta

"PREGUNTADO Para que diga quienes, a su juicio, son los responsables de las irregularidades descritas, manifiesta que todos sus superiores jerárquicos, sin excepción."


Y culmina su declaración de este modo: "Preguntado para que diga dónde se encuentran las pruebas documentales que demostrarían las irregularidades descritas, manifiesta: Que existen cuatro depósitos de documentos:

En la calle República Argentina, 21 de Sevilla,
En localidad de La Rinconada. En unas naves industriales que tiene allí la Junta. '
En el "Centro Guadalquivir", en ,el barrio de Amate de Sevilla.
En la propia Consejería de Empleo.

Que para identificar los expedientes concretos los podría identificar el mismo y, a partir de ese momento, existe un protocolo de recuperación documental. Que en los servidores informáticos centrales, ubicados en la Consejería de Empleo, se encuentra toda la documentación en soporte informático."


QUISO DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES

La Junta andaluza "empareda" a un funcionario díscolo

Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades así que lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo.

Pedro de Tena 2012-04-24
En Andalucía hay una larga tradición de "emparedamientos", sobre todo el voluntario de mujeres religiosas, encerradas de por vida, si bien según el historiador Carlos Álvarez, en el sur este procedimiento era más liviano que en Castilla donde adquiría carácter penitencial severo. El emparedamiento criminal fue destacado, entre otros, por E.A. Poe en su cuento El gato negro.

Pero hay otra clase de emparedamiento, más bien un entabicado, que ha sido puesto de relieve por la Junta de Andalucía y su gobierno socialista. Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades así que lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al funcionario y ha condenado a la Junta. Teodoro Montes era el jefe de Servicio de Gestión de los fondos de formación y estorbaba los planes de la Junta.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha dado la razón a Teodoro Montes Pérez y ha ratificado definitivamente que efectivamente este funcionario de 63 años, con 42 al servicio de la Administración, ha sufrido "conductas de acoso y hostigamiento" por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que tales actuaciones deben cesar inmediatamente. Al mismo tiempo, el fallo, siendo firme, condena a la Consejería de Empleo de la Junta a reponer a Montes Pérez en su puesto de Jefe del Servicio de Gestión de FPO, asignándole las funciones propias del mismo.

La sentencia es categórica y aclara que el funcionario ha soportado un auténtico calvario, impidiéndole cualquier ejercicio de funciones, colocándolo en un despacho que era un antiguo archivo, aislándolo físicamente del personal técnico y del resto de la oficina, proporcionándole un ordenador sin las claves para poder trabajar con él e incluso incoándole un expediente para su traslado forzoso, con el fin de que se marchase de su actual destino. Una de las maneras de aislarlo fue construirle un tabique que trata de impedir su relación con otros funcionarios.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, tacha la actitud de la Junta de Andalucía como, cuanto menos, intolerable, miserable y deplorable, más aún cuando acosa a su propio trabajador por querer desempeñar su labor de forma honesta. Este compañero funcionario obtuvo un permiso para ausentarse un mes de su plaza con el fin de realizar actividades en una ONG, pero con reserva de plaza. Al regresar de nuevo, no se le reintegró a sus funciones, que eran las propias de Jefe del Departamento de Gestión de FPO, ni se le devolvió su despacho, pese a que lo solicitó en reiteradísimos escritos.

Todo comenzó para este funcionario cuando, en su labor de control de los cursos, detectó numerosas irregularidades y las denunció o también se negó a dar el visto bueno a determinados cursos impulsados por sindicatos, fundaciones o ayuntamientos.


Aquí comienza su suplicio. Ante la tremenda presión psíquica a la que fue sometido, el funcionario tuvo incluso que darse de baja por depresión en varias ocasiones. Las declaraciones aportadas en el juicio respaldan la tesis de Montes y la propia Inspección General de los Servicios en un informe establece "que las personas entrevistadas, de forma mayoritaria reconocen que el denunciante no desarrolla función ninguna; que no se le ha permitido ocupar su anterior despacho (...). También existen coincidencias en los testimonios, que indican que la ubicación actual donde se le ha instalado es una antigua salida de incendios, sin ventilación, ni luz exterior y con un tabique que ha sido instalado con posterioridad que el denunciante se incorporará y que lo mantiene aislado de los técnicos de su departamento". Es más, la Inspección asevera las consecuencias del vacío de funciones sufrido por el compañero, cuyos efectos podrían incluirse en el concepto de acoso moral.


"El Tribunal concluye -afirma la sentencia- que por los superiores jerárquicos del funcionario ahora recurrente, y con la intención de que este pidiera su traslado a otro departamento, se le hizo objeto de un trato vejatorio, discriminatorio, alienante y humillante, consistente, fundamentalmente, no ya en no adjudicarle las funciones propias de Jefe del Departamento de Gestión de FPO, sino en apartarle de cualquier función en el Departamento e, incluso, ubicarle físicamente en un habitáculo inapropiado para despacho. Todo lo cual supone una violación de los derechos recogidos en los artículos 23.2 de la CE, que declara el derecho de los ciudadanos".

SAFJA exige a la Administración que cumpla la sentencia dictada y deje inmediatamente de humillar a un funcionario por hacer su trabajo, ya que lejos de amilanarse ante esta gravísima situación el afectado confirma que el acoso ha ido a más. "No puedo más con esta tortura diaria", afirma Montes Pérez.

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